UN DOCUMENTO HISTORICO!
Nosotros los pueblos indígenas, desde los acervos culturales, las
pertenencias étnicas y los patrimonios colectivos que nos enorgullece;
como sujetos colectivos de derechos reconocidos por el Estado colombiano
que se obliga constitucionalmente a nuestro reconocimiento y protección;
como ciudadanos colombianos en el ejercicio pleno de nuestros derechos;
como fundamento y forjadores de la nacionalidad colombiana y patrimonio de
la humanidad; históricamente nos hemos caracterizado por defender la
vida en toda sus manifestaciones, conservar y proteger el equilibrio y la
armonía con la naturaleza, defender la libertad y rechazar toda forma de
esclavitud; así como respetar el Estado social de derecho.
Nuestras luchas y reivindicaciones siempre han estado ajustadas al
derecho y la legalidad vigente. Nunca hemos reclamado, quitado o
recuperado nada que no nos pertenezca. Nuestras luchas siempre han sido
orientadas a defender y hacer respetar lo propio que hemos heredado de
nuestros ancestros los pueblos originarios. Estos ideales y derechos han
sido reconocidos en su oportunidad por las naciones del mundo mediante
instrumentos internacionales para nuestra protección y pervivencia; así
mismo y tras esfuerzos centenarios y la pérdida de nuestros mejores
hermanos por el Estado colombiano.
Hoy luchamos por nuestros derechos que incluyen la construcción de un
Estado plurietnico y multicultural, incluyente y tolerante, igualitario y
respetuoso de los derechos humanos. Luchamos para que se respete nuestro
derecho a participar con garantías ciertas en la vida económica,
política, social y cultural de nuestra nación, desde las particularidades
y derechos colectivos que nos asisten. Luchamos y trabajamos por una
solución política al conflicto armado, social y político que vive nuestro
país; afirmando el concepto de Paz con Justicia Social como condición para
la reconciliación nacional y para superar las causas estructurales del
conflicto.
Luchamos por construir un modelo de desarrollo para la nación que no se
base en la entrega a las compañías trasnacionales de nuestros recursos
naturales, de biodiversidad y genéticos. Luchamos por la seguridad
alimentaria, el bienestar, la protección social y las garantías de futuro
para todos los colombianos.
Pero mientras los pueblos indígenas nos comprometemos con el futuro, la
vida y la paz, existen sectores y núcleos de poder de la sociedad
colombiana que se empecinan en tratarnos como animales dañinos que se
deben eliminar, al igual que los conquistadores españoles, el General
Uribe Uribe, los colonos del llano que salían a cazar indígenas en las
tristemente celebres guahibiadas de mitad del siglo pasado o
evangelizadores que prefieren vernos muertos a dejarnos disfrutar de
nuestras culturas, usos y costumbres.
Ahora que nuestras luchas de resistencia social y pacifica están
encaminadas en mayor grado a defender nuestros territorios, la madre
tierra que nos da vida e identidad, somos considerados como un obstáculo
al desarrollo económico del país. Por defender nuestros territorios somos
tratados como objetivo militar, confinados, exterminados, condenados a
morir de inanición, obligados al desplazamiento forzado y a refugiarnos en
países. Se criminalizan nuestras reivindicaciones y organizaciones y se
nos condena a desaparecer.
La lógica que nos señalaba como animales dañinos, es la misma que hoy nos
considera un obstáculo al desarrollo y ambas tienen en común que necesitan
estigmatizarnos, negarnos y discriminarnos para que quienes las pregonan
puedan apropiarse o realizar negocios con nuestros territorios y sus
recursos.
Ese es nuestro conflicto, de ahí se deriva el genocidio que enfrentamos y
la tragedia humanitaria que nos corresponde sobrellevar. Sin embargo para
el Gobierno Nacional y así lo pregona ante la comunidad internacional, los
pueblos indígenas disfrutamos a plenitud de nuestros derechos y tenemos
garantizado y protegido nuestro futuro. Por lo mismo califica nuestra
protesta y movilización social como actos de terrorismo que buscan
desestabilizar el estado.
Nosotros consideramos que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional, no
protegen, ni garantizan nuestros derechos y se erigen como nuestros
victimarios o cómplices de terceros.
Así caracterizamos los pueblos indígenas colombianos al Estado protector
que se vende a nivel internacional para atraer capitales de inversión:
1. Porque se niega a reconocer a la totalidad de los pueblos indígenas del
país, por desgreño institucional y para no reconocerles derechos
territoriales y sobre sus recursos naturales.
En Colombia perviven 102 pueblos indígenas debidamente ilustrados por
fuentes documentales. Algunos de estos pueblos son reconocidos por el
Estado a través de instituciones como la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, el DNP, el Ministerio de Defensa,
el INCODER y el DANE, a partir de relaciones propias que incluyen y
excluyen pueblos indígenas de acuerdo a intereses y políticas de gobierno.
Cabe señalar que en este momento no existe un acuerdo institucional a
ningún nivel del Estado sobre el número de pueblos indígenas que honran la
diversidad étnica del país.
En 1998, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior, entidad encargada de determinar para el Estado quien es indígena
en nuestro país, avalaba la existencia de 81 pueblos. El Ministerio de
Defensa en el 2002, establece una relación donde determina que son 83.
Posteriormente en el 2004, el Departamento Nacional de Planeación
relaciona 83 pueblos. El DANE, a partir del Censo General de 2005
determinó que en Colombia existían 87 pueblos indígenas plenamente
identificados. El problema a nivel institucional con el reconocimiento
étnico estriba en que este es un primer paso y de carácter obligatorio
para el reconocimiento y restablecimiento de los derechos territoriales y
colectivos de los pueblos indígenas. Sin reconocimiento étnico, no hay
derechos territoriales, ni colectivos.
También suele ocurrir con bastante frecuencia que se desconoce la
pertenencia étnica de una comunidad integrante de un pueblo indígena
reconocido, dependiendo de la presencia de recursos naturales en sus
territorios ancestrales. Esto les ha ocurrido, entre otros, a los Bari,
los Sikuani, Siona y Awá cuando se han enfrentado a ECOPETROL y a las
multinacionales vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Los
pueblos indígenas que en la actualidad no existen para el Estado son:
ANDAKIE, HUPDU, JUHUP, JUJUPDA- JUPDA, KICHWA, MACUSA, MOKANA. PACABUY,
QUILLACINGA, TAMA, TANIGUA, WIPIWI, YAMALERO, YARÍ y YARURO.
2. Porque de manera negligente y obedeciendo a intereses neo coloniales ha
sido incapaz de establecer de manera transparente y confiable el censo
nacional de población indígena, a pesar de las demandas que al respecto
han efectuado la Corte Constitucional, el sistema internacional de los
DDHH y los mismos indígenas.
La información demográfica sobre pueblos indígenas esta inmersa en un caos
que beneficia a quienes política, económica o militarmente se lucra de
estas inconsistencias para expropiarles sus territorios y apoderarse de
sus recursos naturales. A manera de ejemplo señalemos que a tres años del
Censo General de 2005, aún ignoramos cual es la población indígena
nacional discriminada por etnia y municipios.
El DANE, Censo General 2005, presenta una población indígena total para
Colombia de 1.378.884 personas y una población indígena asentada en
resguardos de 933.800 personas que incluye resguardos contemporáneos y los
históricos de origen colonial y republicano. De acuerdo con esta
información institucional en Colombia existen 445.084 indígenas que viven
por fuera de resguardos o no poseen un territorio colectivo reconocido.
3. ¿Porque desconoce o dice desconocer la localización de los pueblos
indígenas en nuestro país?.
Interrogante que esta despajado en lo concerniente a los indígenas
andinos y de las macro regionales Occidente y Centro Oriente. No sucede lo
mismo con los pueblos de la amazonía y la Orinoquía, pero sobre todo para
aquellos ubicados en zonas de frontera. Al pueblo Yeral asentado en el
departamento del Guainía, en la frontera trinacional entre Venezuela,
Brasil y Colombia, se le suele dar un carácter de extranjero en sus
territorios ancestrales, pues a nivel institucional los consideran
brasileros.
4. Porque no existe una base de datos nacional sobre pueblos indígenas que
con claridad y rigor señale cuales son, cuantos y donde están ubicados en
nuestro país.
5. Por la negativa a realizar y reconocer los derechos territoriales y
colectivos del 27% de la población indígena nacional.
Esto es, los 445.084 indígenas que viven por fuera de resguardos, con el
pretexto que los pueblos indígenas son propietarios de 1/3 del territorio
nacional; además que la problemática de dotación de tierras a los pueblos
indígenas ya ha sido superada y por lo tanto en la presente administración
nacional no se les dará un centímetro de tierra más, tal y como lo reitera
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otra parte, la
constitución de resguardos, es tan solo uno, entre los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, quienes también demandan
ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas
existentes.
6. Porque se niega a reconocer aproximadamente 100 títulos coloniales y
republicanos de propiedad colectiva sobre territorios indígenas de
resguardo.
Cabe señalar que nosotros conservamos títulos históricos de propiedad
territorial sobre nuestros territorios ancestrales y que el Estado
colombiano se ha negado de manera sistemática a reconocerlos en su
integridad. En esta condición tenemos 64 resguardos que aún esperan el
reconocimiento de los títulos que acreditan nuestra propiedad. Su
reconocimiento y la garantía de nuestros derechos sobre estos territorios
hacen parte de nuestras luchas y exigencias al Estado.
7. Porque engaña a la comunidad nacional e internacional cuando señala que
las demandas y derechos territoriales de los pueblos indígenas están
completamente satisfechas y garantizados.
El Estado colombiano le ha titulado 31.2 millones de hectáreas a los
pueblos indígenas, de las cuales 24.7 millones, esto es 79%, se encuentran
en la amazonía y la Orinoquía, territorios con vocación forestal que no
son aptos para la producción agropecuaria y en los que habitan 71.000
indígenas, que representan el 5% de la población indígena nacional. Otros
territorios indígenas incluidos en esta cifra están ubicados en paramos,
desiertos como la guajira, donde se encuentran un millón de hectáreas; así
como en zonas que no son habitables, ni laborables y en áreas de
protección forestal. Como si fuera poco, más de 3’000.000 de hectáreas de
los territorios indígenas titulados se encuentran en traslape con parques
nacionales.
En síntesis los pueblos indígenas que tienen territorio reconocido poseen
3.12 millones hectáreas de tierras susceptibles de ser utilizadas en
labores agropecuarias. Lo cual da menos de tres hectáreas por indígena.
Aquí hay que señalar que las unidades familiares de producción
agropecuaria no son homogéneas en el país, y existen áreas donde estas
se ubican por encima de las 35 hectáreas. Así mismo debemos anotar que los
indígenas somos el 14.2% den la población rural del país y poseemos el
6.8% de la tierra con vocación agropecuaria.
8. Porque engaña a la comunidad nacional e internacional cuando señala que
ha dotado de tierras suficientes a los pueblos indígenas.
Es importante dejar en claro que de las 31.2 millones de hectáreas
tituladas el Estado colombiano, apenas ha comprado cerca de 200.000
hectáreas que han sido adquiridas por el INCORA y el INCODER, desde el año
de 1961 hasta la fecha, durante los cuarenta y siete años de reforma
agraria.
La inmensa totalidad de los territorios que han sido titulados, el 99.35%
son un reconocimiento a la ocupación histórica como titulo originario de
propiedad territorial en America de los pueblos indígenas. Estas tierras
eran nuestras, nosotros somos los pueblos originarios del país y estos
territorios son parte de nuestro patrimonio colectivo, nadie nos los ha
regalo o nos hizo favores, son la herencia de nuestros mayores. Además,
para lograr el reconocimiento de estos derechos territoriales hemos
desarrollado más de quinientos años de lucha y resistencia.
Durante los últimos 30 años según datos del INCORA, se titularon 664
Resguardos con una extensión de 31’066.430 hectáreas, que representan
cerca del 28% del territorio nacional. De este total 28.527.911 hectáreas
fueron para constitución y el resto destinadas a ampliación en primera y
segunda instancia. El Estado invirtió la suma de $234.171 millones para
adquirir 189.716 hectáreas, entre 1966-2001 (Sánchez y Arango, DNP 2004).
9. Por su negativa a garantizar la pervivencia y brindarle especial
protección a los pueblos YAMALERO, MAKAGUAJE, PISAMIRA, TSIRIPU, EDURIA,
PIAROA, WIPIJIWI, MUINANE, YARURO, DUJOS, JUDPA, YAUNA, BARA, OCAINA,
YOHOP, AMORUA, CHIRICOA, NUKAK MAKU y NONUYA, los cuales se encuentran en
alto riesgo de extinción demográfica, agobiados por los actores del
conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de derechos
fundamentales por el Estado colombiano que los conduce al exterminio, a la
merced de multinacionales y empresarios agroindustriales y enfrentados a
flagelos que les niegan su pervivencia.
10. Porque incumple y omite sus responsabilidades, competencias y
funciones en materia de reconocimiento, garantía, protección y
restablecimiento de los derechos territoriales y sobre los recursos
naturales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas de Colombia.
Para la pervivencia de nuestros pueblos es fundamental la titulación de
los territorios indígenas como propiedad privada, colectiva,
imprescriptible, inembargable e inalienable, reconocida a nivel
constitucional y legal.
11. Porque se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas a
la propiedad territorial y a los recursos naturales establecidos en el
Convenio 169 de la OIT, aprobado mediante la ley 21 de 1991 y el derecho a
la autodeterminación, establecido en la Ley 74 de 1968 (26 de diciembre),
mediante la cual se adoptaron y aprobaron en la legislación nacional el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1966; que
establecen en su “Artículo 1: Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación.
En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y
proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el
logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicios de las obligaciones que
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
12. Por el desgreñe administrativo, el limbo jurídico y la ausencia de
bases de datos confiables en lo relacionado con la realización de derechos
territoriales de los pueblos indígenas, tal y como lo señalo en su
oportunidad la Procuraduría General de la Nación en un análisis de las
funciones de INCODER.
13. Porque ha sido cómplice de la expropiación de nuestros territorios y
sus recursos naturales, apoyando y participando del genocidio que
extermina a nuestros pueblos. Hoy como ayer, los pueblos indígenas somos
considerados y tratados como un estorbo a eliminar por quienes tienen
como política y fin expropiarnos de nuestros territorios y recursos
naturales y desconocer nuestros derechos ancestrales, humanos, especiales
y colectivos.
14. Por los obstáculos para establecer y garantizar de manera concertada
y participativa los procesos de Verdad, justicia y reparación diferencial
e integral para las victimas indígenas del conflicto armado.
Para los Pueblos indígenas la reparación de las víctimas colectivas e
individuales se fundamenta en: la recuperación, fortalecimiento y
reestructuración de la autonomía ejercida por nuestras autoridades y
organizaciones; el restablecimiento del equilibrio y armonía; la
devolución o restitución de los territorios de la población desplazada
indígena en condiciones dignas, seguras y de estabilización socio
económica; la indemnización de los daños culturales, espirituales, morales
y materiales causados a los pueblos, comunidades, familias y personas
indígenas, etc.
15. Porque ha incidido para evitar el castigo para los victimarios de
los pueblos indígenas impidiendo que paramilitares y genocidas respondan
por sus crímenes en nuestro país.
El Gobierno Nacional con argucias y componendas se dedica a obstruir la
función de la justicia que investiga delitos de Lesa Humanidad cometidos
por el narco-político-paramilitarismo, sus asociados y cómplices. Durante
los últimos siete años han sido asesinados en Colombia 1.244 indígenas. En
el último mes fueron asesinados 33 indígenas. Entre el 2002 y octubre de
2008, han ocurrido 22 masacres de indígenas que han dejado 135 victimas.
Donde están los responsables de estos crímenes. No existe hasta el momento
una sola persona judicializada por estos asesinatos y ningún pueblos
indígena ha obtenido verdad, justicia y reparación por los mismos.
16. Por su incapacidad para brindarle atención humanitaria diferenciada e
integral a 75.000 indígenas que se encuentran en situación de
desplazamiento forzado, victimas del conflicto armado, la seguridad
democrática, los megaproyectos y las trasnacionales. Queremos a nuestros
desplazados de regreso a sus territorios con todas y plenas garantías.
17. Por su negativa inexcusable desde el Estado Social de Derecho que nos
rige, para aprobar sin reservas la Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU y adoptar en su integridad la
Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la
OEA. Demandamos el compromiso político del Gobierno Nacional de no
denunciar el Convenio 169 de la OIT.
18. Por su desacato a las recomendaciones de los sistemas universal y
americano de los derechos humanos (OIT, Alto Comisionado y Relator
Especial), para la protección de los derechos humanos, especiales y
colectivos de los pueblos indígenas.
19. Por el incumplimiento de las Resoluciones Defensoriales para pueblos
y comunidades indígenas.
20. Por su incapacidad para cumplir a cabalidad las medidas cautelares y
medidas de protección efectivas para alertas tempranas.
21. Por obstaculizar, negar y criminalizar nuestros derechos a la Libre
Asociación, Opinión y Expresión, y el derecho a la protesta social.
22. Por la estigmatización de nuestras autoridades y procesos
reivindicativos, así como la manipulación de la opinión publica por parte
de agentes del gobierno comprometidos con el unanimismo presidencial.
Además porque ccalifica a nuestras autoridades como delincuentes y ofrece
recompensas económicas por ellas cuando en su pleno derecho actúan para
proteger, defender y restituir nuestros derechos territoriales. Nuestras
autoridades y lideres indígenas son señalados por gobierno nacional como
terroristas, por el hecho que nos oponemos a una represa hidroeléctrica,
al establecimiento de cultivos extensivos destinados a la producción de
agro combustibles, a las exploraciones y explotaciones petroleras o la
explotación de minas en nuestros territorios ancestrales y de resguardo,
proyectos que afectan nuestra integridad cultural.
23. Por la burla reiterada a la aplicación integral del derecho a la
consulta previa, libre e informada como un proceso que debe surtirse desde
antes de la toma de decisiones administrativas o legislativas que afecten
directamente a los pueblos indígenas, durante todo el tiempo de ejecución
de obras públicas, programas, proyectos, agricultura de plantación,
prospección, exploración y explotación de recursos renovables y no
renovables en los territorios y resguardos de los pueblos indígenas y
garantizar el pago de los daños y perjuicios culturales, morales y
materiales, así como, la participación de los pueblos y comunidades
correspondientes en los beneficios que se deriven de las actividades
resultantes, para garantizar la pervivencia y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los pueblos indígenas. Todo lo cual debe hacerse de
manera participativa y concertada con sus autoridades.
24. Por su incapacidad para garantizar y proteger nuestro derecho a
realizar nuestros planes de vidas y estrategias de desarrollo propio.
25. Por la implementación de leyes inconstitucionales e inconsultas como
las del TLC, Estatuto de Desarrollo Rural, Código Minero y el Acto
Constitucional de Reforma al Régimen de transferencias entre otras.
26. Por el desmonte de derechos legales y el desconocimiento de los DDHH
de los pueblos indígenas, para favorecer y garantizar la intervención en
nuestros territorios de compañías trasnacionales y empresarios
agroindustriales.
27. Por su negativa e incapacidad para cumplir los acuerdos suscritos con
los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas, sobre todo tratándose
de mediadas de reparación o restitución de derechos por delitos de lesa
humanidad o para atender nuestra tragedia humanitaria y crisis de
derechos.
28. Por sus omisiones para garantizar nuestra soberanía alimentaria y el
bienestar y futuro de nuestras generaciones.
29. Por la ausencia de una política publica para pueblos indígenas que
proteja nuestros derechos humanos, especiales y colectivos, y garantice
nuestra pervivencia.
30. Por sus omisiones y negativas a pagar la deuda histórica con los
pueblos indígenas y evadir responsabilidades desde el entendido que
debemos solucionar nuestros problemas de pervivencia y desarrollo con los
recursos de transferencia.
31. Por su negativa y los obstáculos interpuestos para desarrollar la
Constitución Política de 1991, sobre todo en el tema de las ETIS.
32. Por los obstáculos interpuestos para adecuar las instituciones a la
Constitución Política de 1991. Las instituciones del Estado vigentes
corresponden al diseño constitucional de 1886.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA-ONIC-
PUEBLOS INDÍGENAS, ESTADO PROTECTOR Y GOBIERNO GARANTE
!!!!LA MINGA NO TERMINA CON EL DEBATE CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA!!!
(Remitido al e-mail por la ONIC.com)
Evangelizadoras de los apóstoles 
Debe estar conectado para enviar un comentario.