Estado a prueba con caso de indígenas violadas


MÉXICO

Por Anayeli García Martínez * IPS/ Cimac

MÉXICO, 23 nov (IPS) – En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de México debe ahora investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de dos indígenas tlapanecas.

Esa fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la violación en 2006 de 14 mujeres en las poblaciones de San Salvador Atenco y Texcoco, pertenecientes al central estado de México.

Lo mismo sucedió con el caso de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en la población de Castaños, en el estado nororiental de Coahuila, en ese mismo año.

A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la fiscalía especial, conocida por su acrónimo Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro del Cristo Negro, ambos en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez.

Son casos que llaman a la reflexión sobre la actuación del Estado mexicano cuando este viernes 25 se celebra el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, que abre 16 jornadas de actividad internacional contra el maltrato y los crímenes por razón de género.

Beneficio de la duda 

Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo lograron que su caso pasara del fuero militar al civil.

En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra las dos tlapanecas, en el estado suroccidental de Guerrero.

Al considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte ordenó «conducir eficazmente la investigación penal» de ambos casos.

El 7 de abril de este año Fernández y Rosendo solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus casos.

Tres meses después, el 28 de julio, ellas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la CoIrDH.

El 12 de agosto la PGJM notificó formalmente que las averiguaciones fueron remitidas a la PGR, instancia que a su vez las remitió a la Fevimtra.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y quien da seguimiento a los casos, explica que el 15 de septiembre fue informado de que los expedientes se turnaron a la Fevimtra.

El defensor de Fernández y Rosendo señala que el coordinador general técnico de Fevimtra, José Antonio Pérez Bravo, dijo que la agente del Ministerio Público Lourdes Palacios estará a cargo de los casos.

«Nosotros lo que estamos enfatizando es que los casos serán una prueba idónea para que la Fevimtra demuestre si es cierto que efectivamente incorporó estándares de investigación adecuados y una perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales», advierte Aguirre.

Historia de incumplimientos 

La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el norcentral estado de Chihuahua.

Aunque toma su nombre como tal en 2008, desde 2003 se creó la Fiscalía Especial Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres, que al año siguiente se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.

En 2005 la institución amplió su campo de trabajo y se transformó en la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Violentos Contra las Mujeres, misma que en 2006 se nombraría como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim).

El 31 de enero de 2008 la Fevim se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de trata de personas.

Como Fevim, la instancia de PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Sin embargo la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor dela estadal Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

El argumento fue que los probables responsables eran agentes de ese estado y por tanto correspondía a las autoridades locales investigar los hechos. La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance alguno.

Este caso recientemente fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto con la CorIDH conforman el sistema de protección humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006.

En ese asunto, la Secretaría de Defensa Nacional declinó su competencia en las investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estadal.

En los casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua.

Ello porque, aseguró, no había delitos del ámbito federal que perseguir.

Oportunidad para el Estado 

Alda Facio, precursora de la perspectiva de género en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional, sostuvo a Cimacnoticias /IPS que las sentencias de la CorIDH contra México son una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia.

La jurista costarricense y consultora en temas de género de diversos organismos de Naciones Unidas, explicó que las dos sentencias refuerzan lo que ya se sabe a nivel internacional: «Que las mujeres en México tiene poco acceso a la justicia».

Facio señala que hay otras muchas mujeres que están igual de desprotegidas y que enfrentan las mismas prácticas que las dictaminadas por la CorIDH, a pesar de que las leyes cambiaron.

«Llega la persona o el familiar a denunciar una desaparición y tiene que esperar 72 horas para que la policía la vaya a buscar, eso ya no está en la ley ni en ningún código. Pero los policías y los agentes fiscales siguen acatando una justicia androcéntrica», afirmó.

Pero la jurista reconoció que el Estado está haciendo un esfuerzo por implementar algunas partes de las sentencias, aunque esto sea mínimo.

«Es un país muy grande y lo que se hace es poco», reconoció la experta.

* Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.(FIN/2011)

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99653

Cóctel fatal de violaciones e impunidad


MUJERES-MÉXICO

Por Emilio Godoy

Grafiti en la ciuidad de Mexico: No más feminicidios
 / Crédito:Dennis Bocquet/CC BY 2.0
Grafiti en la ciuidad de Mexico: No más feminicidios 

Crédito: Dennis Bocquet/CC BY 2.0

MÉXICO, 24 nov (IPS) – La violencia sexual contra las mujeres crece de modo exponencial en México, a la par de la intensificación del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las mafias de narcotraficantes, alertan organizaciones defensoras de los derechos de género.

«Hemos visto un incremento en la violación tumultuaria, hostigamiento sexual, tocamientos y violación de niñas», dijo a IPS la activista Imelda Marrufo, fundadora y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que aglutina a 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, registró unas 7.000 violaciones en 10 de los 32 estados de México en 2010, dato que podría ser mayor tomando en cuenta que las víctimas no denuncian todos los actos de violencia.

La edad promedio de las víctimas es 26 años, añade el informe.

La agresión sexual es la tercera forma más grave de violencia contra de las mujeres, detrás del asesinato y la desaparición. En sitios como Ciudad Juárez, invadida de policías, militares y narcotraficantes, grupos de hombres «levantan» (secuestro sin pedido de rescate) a niñas y mujeres, las ultrajan y luego las liberan.

«Es muy grave la situación. Los casos no se investigan y hay mucha impunidad. Las organizaciones nos han pedido que documentemos los casos», indicó a IPS la coordinadora ejecutiva del OCNF, María Estrada, también a cargo del programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de la red Católicas por el Derecho a Decidir.

La represión gubernamental aplicada en la localidad de San Salvador Atenco, a unos 45 kilómetros al oriente de la ciudad de México, es una muestra paradigmática de las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo de 2006, policías desalojaron violentamente a un grupo de pobladores y detuvieron a 47 mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron abusos sexuales, según la organización «Atenco, mujeres en resistencia».

Ante la virtual impunidad de esos hechos, 11 víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que aceptó el caso para su análisis.

La represión de Atenco «se ha vuelto un patrón, se repite en otros sitios», aseguró Edith Rosales, de 53 años de edad y una de las peticionarias ante la comisión especializada del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Se ha dado una utilización de la mujer, son obligadas a participar en el narcotráfico y son utilizadas sexualmente. Les quitan su vida normal», detalló Rosales a IPS.

«La violencia contra la mujer está enraizada en la sociedad. Se permite torturarlas, violarlas y asesinarlas, considerándolas lo más bajo de la sociedad, y luego se las tira como a despojos», señaló a IPS la representante del Consejo General de Abogacía Española, Isabel Valriveras.

Valriveras integra la misión internacional «Por el acceso a la justicia para las mujeres», que recorre México, Guatemala y El Salvador desde el 17 de este mes para inspeccionar la situación de la violencia de género y analizar las medidas tomadas al respecto. Su trabajo finalizó este jueves 24, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Estado mexicano fue condenado tres veces entre 2009 y 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal en el marco de la OEA, por violaciones a los derechos de las mujeres.

En noviembre de 2009 fue hallado culpable por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del «Campo Algodonero», por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres.

En agosto del año pasado, la Corte dictó dos resoluciones condenatorias más, por las violaciones de que fueron víctimas a manos de militares en 2002 las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el sureño estado de Guerrero.

Luego de asumir el gobierno de México en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón dispuso que las Fuerzas Armadas colaboraran con la policía en una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes, en una campaña que ya causó la muerte de por lo menos 50.000 personas, según recuentos periodísticos.

La Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó que al menos 159 militares están bajo investigación por denuncias de abusos de autoridad, tortura y homicidios, otros 57 están bajo proceso y siete más fueron sentenciados, procesados bajo el fuero castrense.

La organización humanitaria Amnistía Internacional dio cuenta, a su vez, que al menos 60 indígenas y campesinas han sido violadas por soldados entre 1994 y 2011.

«No es sólo la invasión del cuerpo, sino que la violación se ejerce desde aspectos culturales, por ser madres y parejas de quienes están dentro del crimen organizado. Y no se ven mensajes claros del Estado de que no se va a permitir la violencia de género», analizó para IPS la académica Julia Monárrez, del estatal El Colegio de la Frontera Norte y quien fue perito de la acusación en el caso del «Campo Algodonero».

«No hemos encontrado justicia en México, aquí domina la impunidad», lamentó Rosales.

Entre enero de 2010 y junio pasado, 1.235 mujeres fueron asesinadas en ocho estados, mientras otras 3.282 desaparecieron en nueve demarcaciones territoriales, según el Observatorio Ciudadano.

(FIN/2011)

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99658

COLOMBIA: COMUNICADO DE LAS MADRES COMUNITARIAS.


Comunicado a la Opinión Publica

 

«La violencia es quizás la más violenta violación de los derechos humanos y quizás la más generalizada. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.»

Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas, 1999

 

EN EL MARCO DE LA COMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LAS MUJERES MADRES COMUNITARIAS SEGUIMOS UNIENDO NUESTRAS VOCES  POR NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ECONOMICA Y LABORAL QUE DURANTE 24 AÑOS A SIDO NUESTRA REALIDAD   .

 

En nuestra condición de mujeres, ciudadanas colombianas y de trabajadoras vinculadas a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que durante 24 años de existencia del programa, hemos cuidado y atendido a cientos de niños y niñas de los estratos más pobres de la población, desde las grandes ciudades hasta los rincones más apartados de la geografía colombiana; indignadas ante el desconocimiento inveterado por parte del Estado de nuestros derechos humanos y sociales fundamentales, y ante el endurecimiento de la grave situación de precariedad de las condiciones de vida y de trabajo que venimos padeciendo de tiempo atrás, producto de las políticas antidemocráticas y anti populares que se imponen a través del modelo neoliberal que hoy encabeza el presidente Juan Manuel Santos y de la persistente y sistemática postura de las autoridades del ICBF, de desconocer nuestros más elementales derechos a unas condiciones de trabajo que reivindiquen los aportes que le hemos hecho a la sociedad colombiana en la prestación del servicio público de Atención a la Primera Infancia, hemos tomado la decisión legítima de presentar al Gobierno Nacional nuestras justas demandas y exigencias:

Con fundamento en los Postulados Constitucionales consagrados en los Artículos 1, 2,13, 23, 25, 38, 39, 43, 53, 54, 55 y 93; los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, especialmente, el 095 de 1949 sobre protección del salario; el 100 de 1951 sobre igualdad de remuneración; el 111 de 1958 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación; la Recomendación 166 de 1958 sobre la terminación de la relación de trabajo; la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, (CEDAW), ratificada mediante la Ley 51 de 1981, entre otros, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, así como también y las previsiones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo relativas a la observancia del principio de favorabilidad, no discriminación y progresividad; el que contiene los siguientes aspectos:

I.    ESTABILIDAD LABORAL Y REGIMEN SALARIAL

1.    El reconocimiento como trabajadoras con plenos derechos laborales y sociales.

2.    Estabilidad y permanencia de las mujeres madres comunitarias en los hogares familiares y grupales.

3.    El pago del salario mínimo legal vigente

4.    La aplicación de las Recomendaciones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitidas en los años 1995 y 2001, relativos al reconocimiento del estatus de trabajadoras con plenos derechos laborales y sociales a las 79.000 madres comunitarias vinculadas al Programa de Hogares Comunitarios del ICBF

 

II.   SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES

1.      El reconocimiento y pago de las licencias por maternidad o por enfermedad general de acuerdo al valor del salario mínimo legal mensual  vigente.

2.      El reconocimiento y pago de una Pensión a las Madres Comunitarias que serán retiradas del Programa de Hogares Comunitarios del ICBF por razones de la edad.

3.      La realización de un Censo Extraordinario, que el ICBF deberá efectuar en el menor tiempo posible a objeto de establecer la cuantía y los niveles de cotización a pensiones de las madres comunitarias a fin de poder establecer las cuantías de los recursos que se requieren para el reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez.

4.      La aplicación del Régimen de Transición establecido en la Ley 100 de 1993, para efectos del reconocimiento y pago de la Pensión a las Madres Comunitarias.

5.      Ordenar al Consorcio Prosperar la reparación del registro de Madres Comunitarias que de manera arbitraria y unilateral fueron retiradas con motivo de una aplicación errónea del artículo 6o  de la Ley 509 de 1999.

6.      La reglamentación de la afiliación a la ARP y la tipificación de los riesgos de las madres comunitarias por el trabajo que realizan.

7.      Los demás que se consideren pertinentes.

 

III.   POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL

1.    La profesionalización de las mujeres madres comunitarias. Nivelación de básica primaria y básica secundaria.

2.    La suscripción de Convenios con Universidades Públicas o Privadas para efectos de garantizar la formación profesional de las madres comunitarias en carreras afines al servicio público de Atención a la Primera Infancia, a elección de ellas.

3.    El otorgamiento de becas para acceso a la formación técnica, tecnológica o de nivel superior de las madres comunitarias y la garantía de disposición del tiempo libre dentro de la jornada ordinaria de trabajo.

 

IV.   POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

1.      Participación de las organizaciones de madres comunitarias en la definición de los lineamientos de la política pública de la primera infancia.

2.      La participación en la revisión y ajuste de los Estándares.

3.      Incremento del presupuesto para el funcionamiento de los programas de los  Hogares Comunitarios

4.      Garantizar la contratación de las Asociaciones de padres y madres usuarios para administrar los recursos de los hogares comunitarios

5.      Revisión y actualización de los Contratos de Aporte.

6.      Revisión y actualización de la dotación del material didáctico y logístico, teniendo en cuenta que su entrega en volumen, calidad y oportunidad corresponde en su totalidad al ICBF.

7.      Claridad  de los nuevos programas denominados Centros de Desarrollo Integral que implementan  la estrategia de Cero a Siempre, su contratación y lineamientos

 

MESA DE UNIDAD NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MADRES COMUNITARIA

 NUESTRAS VOCES SEGUIRAN UNIDAS EN LA DEFENZA DE NUESTROS

 DERECHOS ECONOMICOS Y LABORALES

 

SINTRACIHOBI

AMCOLOBIA

ADDHIP
Estimadas compañeras, mi cariño con ustedes Hoy 25 de noviembre seguiremos
uniendo nuestras voces en rechazo de las Violencias Económicas y Laborales
que vivimos las mujeres . Madres comunitarias  24 años de violencia
económica y laborales  hoy nos seguimos  pronunciamos .
un abrazo Mesa de unidad de organizaciones de Madres Comunitarias .

Sisi Bonilla

sisy52283@hotmail.com

Remitido al e-mail

Detienen a pastor de Iglesia Bautista por corrupción de menores y violación


Gustavo Andrade Puente presuntamente abusó sexualmente de dos jóvenes de 14 y 17 años.

Claudio Bañuelos, corresponsal
Publicado: 25/11/2011 16:25

Aguascalientes, Ags. Agentes de la Policía Ministerial del estado (PME) detuvieron al pastor de la iglesia bautista en esta entidad, Gustavo Andrade Puente, de 65 años de edad, bajo los presuntos delitos de corrupción de menores y violación, luego de que se presume atacó a varios infantes que acudían a orar a ese templo.

Por medio de un comunicado de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) se dio a conocer que padres de las afectadas interpusieron la querella respectiva en contra del «ministro de la iglesia Dios es Amor», que se ubica en la zona centro de esta ciudad, a raíz de que presuntamente abusó sexualmente de dos menores de 14 y 17 años.

De acuerdo con el documento, se mencionó que los padres de las menores notaron cambios en la conducta de sus hijas, por lo que al ser inquiridas al respecto, la mayor de estas terminó por confesar que Andrade Puente era «su novio» y que había sostenido relaciones sexuales con él». Tras lo anterior de inmediato se presentaron en las instalaciones de la fiscalía para denunciar los hechos ante la agencia especial para la atención de delitos sexuales.

Asimismo, se informó que a la menor de edad también había sido víctima de “tocamientos” por parte del pastor.

Luego de ello, se designó a un par de elementos de la PME para que cumplimentarán una orden de aprehensión en contra del sexagenario que fue ubicado en la calle Primo Verdad, en pleno centro de esta capital, justo cuando al parecer -avisado por una de las adolescentes de que habían quedado al descubierto los hechos- pretendía darse a la fuga rumbo al Estado de México.

Al encarar a los policías ministeriales, y en su primera declaración, reconoció las acusaciones hechas en su contra y aceptó los cargos, al tiempo que se entre sus pertenencias se encontró un teléfono celular con fotografías de las jovencitas en ropa interior; por los que se inició el proceso judicial en su contra para determinar la culpabilidad y la posible sentencia que reciba.

Mientras se define su situación jurídica, quedó en calidad de arraigado en la sede de la fiscalía local.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/11/25/16251137-detienen-a-pastor-de-iglesia-bautista-por-corrupcion-de-menores-y-violacion

La violencia contra las mujeres es un problema político


Lily Muñoz

ALAI AMLATINA, 25/11/2011.- Casi siempre que se habla de la violencia contra las mujeres, en la opinión pública predomina la idea de un problema doméstico, intrafamiliar, del ámbito privado. Por eso, pareciera que la solución es tan sencilla como sensibilizar a los hombres para que no sean tan machistas y violentos y trabajar con las mujeres para que conozcan sus derechos.

Pero esa ha sido una concepción muy reduccionista del problema que no llega a examinar su raíz. Encerrar el problema de la violencia contra las mujeres entre las cuatro paredes de la casa es no sólo un error, sino que es también una trampa. Porque esa es sólo una parte del problema, que en realidad está presente en las vidas de las mujeres en la casa, en los lugares de trabajo, en la calle, en las veredas y caminos, en los centros de estudio, en las fincas, en las iglesias, en la organización y en todos los sitios donde las mujeres nos movemos en nuestro día a día.

Y es que la violencia contra las mujeres tiene muchas caras. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, el incesto, la violación sexual, el acoso sexual, la pornografía infantil, la explotación sexual y/o laboral de las niñas y las mujeres, la heterosexualidad obligatoria, el embarazo forzado, el aborto forzado, las relaciones sexuales obligadas, la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual o laboral, la expropiación de bienes, el no acceso a la propiedad, los femicidios, las violaciones y abusos sexuales cometidos por los militares y paramilitares durante la época del genocidio, la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad en el marco de las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales, son las caras más visibles de la violencia patriarcal contra las mujeres en nuestra sociedad.

Pero invisibilizar, negar o rechazar la participación de las mujeres en la historia, en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la cultura, en la economía y en todos los ámbitos de la vida social, también es ejercer violencia contra ellas. La utilización de imágenes o discursos que denigran a las mujeres en los medios de comunicación, en las vallas y demás medios publicitarios, es violencia simbólica contra ellas, al igual que el uso generalizado del acoso disfrazado de “piropos”, los insultos, los chistes, las bromas y las canciones que ofenden la dignidad de las mujeres o reproducen los estereotipos y prejuicios que refuerzan y justifican la opresión y la discriminación de las mujeres en la sociedad.

Si la violencia contra las mujeres tiene tantas caras, tantos victimarios y tantos lugares comunes, es porque no se trata de un problema de los individuos sino de un problema social. Por eso he dicho antes que entender el problema de la violencia contra las mujeres como un problema privado es una trampa. Porque en realidad, es un problema estructural, un problema del sistema patriarcal en el que vivimos, un sistema que construye relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres, permitiendo que las mujeres vivamos en situaciones de opresión y discriminación, y los hombres, independientemente de la clase social y de la etnia a la que pertenezcan, siempre tengan el poder sobre las mujeres. Aun entre los grupos sociales más empobrecidos, es evidente que a las mujeres siempre les toca la peor parte, sufriendo hasta triple opresión, como en el caso de las mujeres indígenas empobrecidas. Es por eso que la autora mexicana Adriana Carmona afirma que la estructura patriarcal es una estructura de violencia que se aprende en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado[1]. Eso significa que todas las personas participamos en la reproducción social del patriarcado en los distintos espacios sociales.

Significa también que la violencia patriarcal contra las mujeres es también un problema político. La filósofa alemana Hannah Arendt escribió que el poder nunca es propiedad de un individuo, [pues] pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido[2]. El sistema patriarcal se ha mantenido por largos siglos, gracias a la forma en que ha sido estructurado y a una serie de estrategias que ha utilizado para perpetuarse, entre ellas, la violencia patriarcal contra las mujeres.

Por eso, para erradicar la violencia patriarcal contra las mujeres, es necesario avanzar hacia el desmantelamiento del sistema patriarcal y en la construcción de una nueva organización social, política, económica y cultural, con justicia e igualdad para todas y todos.

– Lily Muñoz es Investigadora Asociada de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO.

________________________________________
[1] La discriminación de género en la impartición de justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua (UNAM, 2004).

[2] Sobre la violencia (Alianza Editorial, 2006).

Mas informacion: http://alainet.org

Obispo Vera: «Soy un indignado»


El clérigo mexicano apoya al movimiento de Coahuila

Protestan contra la deuda siguiendo el modelo de Madridy W.Street

Redacción, 24 de noviembre de 2011 a las 16:31
Raúl Vera LópezRaúl Vera López

El obispo de Saltillo cuenta que también participó en el 68

Indignados de Coahuila, México/>

Indignados de Coahuila, México

Cuenta el periódico mexicano Vanguardiaque, tras declararse uno de los «indignados» de Coahuila, aunque no encabezando el movimiento ciudadano, el obispo Raúl Vera López confesó que los reclamos por la deuda de Coahuila son legítimos, como los que él hizo siendo joven cuando participó en el movimiento de 1968.

«Desde que los indignados empezaron enMadrid, y en Wall street, yo me acordé de mi juventud en el 68, yo era de los indignados y estuve en todas las manifestaciones de los estudiantes, por el futuro tan tenebroso que empezábamos a ver, por las trasnacionales, la deuda externa, por eso hoy estoy con losindignados de Coahuila, no es poca cosa lo que está pasando», declaró.

Dijo que el desarrollo sustentable se debe basar en que las cosas que se dejan para las siguientes generaciones sean para que puedan seguir desarrollándose y crecer, en lo cual, critica, no se basaron las autoridades de Coahuila al contraer la deuda. «Esto de dejar una deuda tan grande, no tuvo nada que ver con una decisión política seria», señaló.

Dejó claro que ningún clérigo ni miembro de la Iglesia tiene prohibido manifestarse pacíficamente sobre lo que le afecte como ciudadano, y que no debe ser señalado. (RD/Agencias)

http://www.periodistadigital.com

Exdictador Videla procesado por la muerte de obispo argentino Angelelli


El juez le impone también prisión preventiva.

El obispo Enrique Angelelli murió en un falso accidente automovilístico en 1976

Redacción, 24 de noviembre de 2011 a las 19:41
Angelelli (a la derecha) y sus tres presuntos asesinosAngelelli (a la derecha) y sus tres presuntos asesinos.

 Angelelli formó parte de un grupo de obispos que denunció las violaciones de derechos humanos

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Videla

El exdictador argentino Jorge Videla, quien fuera su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y el exgeneral Luciano Menéndez fueron procesados hoy con prisión preventiva por el crimen del obispo Enrique Angelelli durante la última dictadura, informaron fuentes judiciales. El juez federal de la provincia de La Rioja (noroeste) Daniel Herrera Piedrabuena les procesó junto a otros dos imputados, el exmilitar Luis Estrella y el expolicía Juan Carlos Romero, como «autores mediatos de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas».

Además imputó a todos los procesados la «tentativa de homicidio» del sacerdote Arturo Pinto, quien acompañaba a Angelelli en el momento del fallecimiento del obispo.
Asimismo, Herrera Piedrabuena dictó además hoy un embargo de 300.000 pesos (unos 70.093 dólares) sobre los bienes de cada uno de los procesados.

El magistrado ya había dictado el pasado abril la detención del primero de los cuatro presidentes de la última dictadura (1976-1983) y de Harguindeguy, quien, según el fallo difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), podrá fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, igual que Menéndez y Romero.

Videla, de 86 años, que el pasado diciembre fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba (centro del país) por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976, acumula ya varias causas por delitos cometidos durante el régimen de facto.

Actualmente afronta otros dos juicios por crímenes cometidos durante la dictadura, uno de ellos por el robo de bebés.
Harguindeguy cumple ya con un arresto domiciliario por otras causas en la que está procesado por crímenes de lesa humanidad.

Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, acumula seis condenas a prisión perpetua por delitos cometidos también durante la dictadura, entre ellos la desaparición en 1976 del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.

Debido a su deteriorada salud, el exgeneral, de 85 años, fue apartado este mes de dos nuevos juicios por crímenes perpetrados en las provincias de San Juan (noroeste) y Tucumán (norte).

Angelelli, que formó parte de un grupo de obispos que denunció las violaciones de derechos humanos, murió en extrañas circunstancias en 1976 al volcar la camioneta que conducía por una carretera de La Rioja, a 1.150 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

En el momento de su muerte, el obispo, que tenía 53 años, llevaba un informe con la investigación que había hecho sobre el asesinato de dos sacerdotes y un laico por parte de militares.
Según las organizaciones humanitarias, 19 sacerdotes desaparecieron o fueron asesinados durante la dictadura, en la que otros 11 religiosos fueron secuestrados y torturados antes de ser liberado y 22 fueron detenidos por persecución política. (RD/Efe)

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2011/11/24/exdictador-videla-procesado-muerte-obispo-argentino-angelelli-iglesia-religion.shtml?utm_campaign=Boletin+RD+25%2F11%2F11&utm_medium=email&utm_source=jetmails.com

Comunicado de la Federación Internacional de Fe y Alegría sobre el Derecho a la Educación


La Federación Internacional Fe y Alegría reivindica el Derecho a una educación de calidad para todas las personas a lo largo de toda la vida” expresaron los miembros de la Federación al concluir su 42 Congreso Internacional celebrado en Bogotá los pasados 11,12 y 13 de Noviembre.

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular presente en 20 países de América Latina, África y Europa. Representantes de todos estos continentes se reunieron este año en Colombia para conmemorar la cuarta década de trabajo en educación y promoción social en el país, a través de sus colegios, centros de capacitación para adultos, hogares de desarrollo comunitario y promoción social.

Fe y Alegría es consciente de los esfuerzos que se vienen haciendo en algunos países de América Latina y el Caribe durante los últimos años. Sin embargo, estos esfuerzos han sido hasta ahora insuficientes debido a la profundización de la crisis de la educación pública en la región. Comprobamos con gran preocupación cómo el Derecho a una educación de calidad para todos y todas a lo largo de la vida se vulneran una y otra vez especialmente entre los sectores más empobrecidos y excluidos donde Fe y Alegría se hace presente.

Los estudiantes, los docentes, las organizaciones de la sociedad civil y los padres y madres de familia de Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Haití y Brasil están manifestando su descontento por el fracaso de las sucesivas reformas educativas, denunciando la profunda inequidad educativa, la baja calidad de la educación o la financiación insuficiente lo que conlleva al incumplimiento de la ley.

Fe y Alegría quiere reivindicar una vez más que la educación es un bien público, básico y prioritario y que es underecho humano del que todos y todas debemos disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este derecho va a posibilitar el disfrute de los otros derechos esenciales.

Fe y Alegría desde su trabajo en las aulas, las radios, los centros de promoción y alfabetización de personas adultas, renueva cada día su compromiso con el derecho a la educación, y no a cualquier educación, sino a una educación de calidad.

Fe y Alegría siente que la educación es un asunto que concierne a toda la sociedad. En primer lugar es responsabilidad de los Estados, garantes de los derechos de la ciudadanía, pero también es asunto que concierne a toda la sociedad civil: ong, gremios de docentes, estudiantes, partidos políticos, empresas. Por eso Fe y Alegría hace una llamada al diálogo y a la concertación social. Sólo mediante amplios pactos sociales podremos alcanzar una verdadera educación de calidad que permita superar la pobreza y la exclusión y posibilite el fortalecimiento de nuestras democracias, la cohesión social y un verdadero desarrollo humano y sostenible para todos.

La defensa de los derechos humanos es un deber de todos. Estado y sociedad deben asumir su deber y responsabilidad.

http://kaired.org.co

Asesinan a comunero indígena colombiano


Luis Ever Casamachín fue secuestrado y asesinado por presuntos paramilitares en la comunidad del Resguardo de Toribio, en el departamento colombiano del Cauca. Así lo denunció este jueves la Asociación de Cabildos Indígenas de esa región.
Según esta organización indígena, 4 hombres armados raptaron y luego asesinaron a Luis Ever Casamachín, de 45 años. Ocurrió en las inmediaciones de la finca San Rafael.

Asimismo, la Asociación de Cabildos Indígenas informó que los asesinos se identificaron como parte de un grupo paramilitar.

Este grupo irrumpió en el predio y amenazó de muerte a los comuneros presentes. Luego revisaron la casa con el argumento de buscar armas.

Posteriormente, ordenaron asesinar a todos los habitantes la vivienda. Sin embargo, uno de los supuestos paramilitares se opuso.

Por tal motivo, procedieron a encerrar a los comuneros en una de las habitaciones del inmueble mientras secuestraban a Ever Casamachín.

Tras estos hechos, los comuneros encerrados pudieron salir de la casa y alertaron al resto para organizaron grupos de búsqueda. Finalmente, el cuerpo amarrado y sin vida de Casamachín fue encontrado, en las cercanías de la finca.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cuaca (ACIN) denunció que por los antecedentes de la región y la forma de operar, el hecho fue cometido por paramilitares.

Asimismo, la asociación responsabilizó al Gobierno colombiano y exigió a la justicia un inmediato proceso de investigación para dar con los responsables del asesinato. (PÚLSAR)

www.agenciapulsar.org

Las religiones ¿asunto de marketing?


Las religiones ¿asunto de marketing?
 Cuando la religión pierde significado, corre más riesgo de ser equiparada a un producto que se elige en la oferta de un supermercado.

24 DE NOVIEMBRE DE 2011, SUIZA

El estudio de las religiones correspondió desde antiguo a teólogos e historiadores, a quienes se sumaron luego sociólogos, psicólogos y politólogos. Ahora también cuenta el aporte economicista desde una perspectiva técnica, sin tener en cuenta a las creencias.

 Por ello interpretar el fenómeno religioso desde la economía –así como releer de ese modo la historia del cristianismo– es la nueva tendencia entre los especialistas que buscan de ese modo arrojar luz sobre qué mueve a la gente a creer en Dios y a buscar la plenitud espiritual.   Esta perspectiva, que concita a defensores y detractores, centró el simposio “Religiones como marcas. La marketización de la religión y la espiritualidad”,  celebrado recientemente en la Universidad de Lausana (Suiza).

 Según Mario Ferrero, especialista en Economía Política de la Universidad de Piamonte Oriental (Italia),   la labor del apóstol Pablo se puede ver como la de un sagaz estratega del marketing  cuando, en los albores de la Iglesia cristiana, decidió no obligar a los conversos a la nueva fe a seguir las normas de la ley mosaica, como la circuncisión para los varones y la prohibición de ciertos alimentos. «Con esa decisión, Pablo aplicó un modelo económico; redujo el coste de hacerse cristiano», sentencia Ferrero, en el marco del simposio.

 Él y otros especialistas se preguntan -al margen de la fe- si pueden las religiones ser vistas como empresas proveedoras de servicios, los fieles ser tratados como clientes o consumidores, y la liturgia convertirse en producto.  Los defensores de este tipo de análisis suelen sostener que la competencia entre credos para atraer fieles enriquece el mercado religioso.

 CERTIFICADOS ISO
 En lo que los analistas coinciden es en que quienes echan mano del marketing no son las religiones y su mensaje en sí, sino las instituciones que las articulan, que a veces se postulan –tal vez no a sabiendas– como marcas publicitarias.

En este sentido, Alexander Moutchnik, profesor de Gestión de Comunicación de la Mediadesign Hochschule de Munich, Alemania, dice haber detectado que parroquias, mezquitas, sinagogas y templos de varios credos solicitan cada vez más los certificados ISO, que acreditan sistemas de gestión de calidad estandarizados. «Las instituciones religiosas que tramitan estos certificados piensan en términos de marketing –afirma Moutchnik–; quieren demostrar que tienen estándares de gestión, e incluso exhiben el diploma en paneles exteriores, para que los fieles los vean».

 DISTINTIVOS DE MARCA
 Lenguaje empresarial y transparencia informativa pueden convertirse en distintivos de marca.  Como ejemplo, Moutchnik menciona el caso de la catedral católica de la Inmaculada Concepción, en Syracuse (Nueva York, EE.UU.), encabeza su página web con una mission statement (declaración de misión) similar a la de una empresa, y tiene colgado en YouTube su informe de ingresos y gastos del 2010, que arranca con la siguiente frase: «Como buenos administradores, tenemos la intención de mantener una estrecha vigilancia sobre nuestros activos y de monitorizarlos cuidadosamente». Una retórica que busca ganar credibilidad empresarial, según el experto.

 MARCA RELIGIOSA
 Moutchnik considera que la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el masivo encuentro trienal de la juventud católica con asistencia del Papa –cuya última edición se celebró el pasado agosto en Madrid–, se ha convertido en una excelente marca religiosa.

«Si la religión es vista como proveedora de diversos servicios religiosos y se la reconoce como producto, su mercantilización se convierte en algo natural, obvio», añade Jean-Claude Usunier, especialista en marketing de la Universidad de Lausana.

Los productos –sean bienes o servicios– están tipificados en la Clasificación Central de Productos -CPC, según las siglas inglesas-, que usa como base la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En esa CPC figura una categoría (la 9591) dedicada a «servicios religiosos», con subcategorías como: servicios religiosos bautismales, servicios religiosos matrimoniales, retiros espirituales organizados por órdenes religiosas, servicios religiosos fúnebres… Ese marco refleja la realidad social y, según Usunier, ilustra cómo se da «una apertura de mercados religiosos en todo el mundo» y «una creciente aplicación de herramientas del marketing a la religión y a los servicios religiosos».

Sentirse proveedor de servicios influye en el concepto de la institución. «Las Iglesias pueden ser entendidas como organizaciones y corporaciones, basadas en las mismas precondiciones y estrategias de marketing que las empresas comerciales», dice Peter Seele, doctor en Economía y en Filosofía, y profesor de la Universidad de Lugano (Suiza).

 IGLESIAS ELECTRÓNICAS 
 Dicen los economistas reunidos en el mencionado Congreso que esas estrategias de marketing se tornan más agresivas cuando se trata de grupos religiosos que quieren competir con las religiones históricas, y lo hacen utilizando el lenguaje multimedia no sólo para vehicular el mensaje sino para enriquecer el ritual, como ocurre con la llamada iglesia electrónica.

En un reciente estudio sobre las nuevas iglesias evangélicas que se han ido implantando en Suiza, el pastor Leo Bigger, de la International Christian Fellowship (ICF) de Zurich, lo planteaba así: «Para nosotros, las ceremonias religiosas son fiestas con todos los modernos elementos creativos».

«Como el mensaje, es decir, el producto, es casi idéntico en todas estas nuevas iglesias, todas de inspiración cristiana, las consideraciones de marketing acaban situándose en primer plano», alerta Mirjam Schallberger, especialista en Pedagogía Religiosa de la Universidad de Saint Gallen (Suiza). Según el citado estudio, sólo entre el 2% y el 4% de la población helvética va a alguna de estas nuevas iglesias, y muchos lo hacen sin dejar de asistir a su parroquia protestante de toda la vida, sin que ello les suponga conflicto alguno.

 DISIDENTES
 Para otros autores, aunque creen que la economía toca también el ámbito religioso, la aplicación de modelos económicos como los mencionados al análisis de la religión es cuestionable.

 Steve Bruce, sociólogo de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), es uno de los que cuestionan de lleno el planteo y sostiene que «el negocio principal es la salvación, pero no podemos testar la bondad del producto, ¿cómo saber qué religión es la verdadera?».

 A la hora de optar por «la mejor oferta», el razonamiento económico no resulta convincente . «¿Somos realmente libres de elegir religión? – cuestiona Bruce-. Los creyentes de una fe la adquieren y desarrollan al nacer dentro de ella, como adquieren el lenguaje; y además existen presiones psicológicas y sociales que nos constriñen a no cambiar de religión» o incluso a dejarala; como es el caso de Europa; que vive un proceso de secularización y es más corriente que decaiga la práctica religiosa de las personas, o que la abandonen sin siquiera apostatar, a que se conviertan a otra fe.  Bruce alerta de que no es lo mismo ser fiel a una religión que comprar detergente, pero admite que en la sociedad secularizada, cuando la religión pierde significado social, corre más riesgo de ser equiparada a un producto que se elige entre la oferta de un supermercado.

«Las Iglesias europeas, tanto las protestantes y reformadas como la católica, operan en un mercado regulado, en el que o son Iglesias nacionales o tienen algún reconocimiento jurídico del Estado; en realidad, no tienen por qué competir entre ellas», arguye Jochen Hirschle, sociólogo de la Universidad de Innsbruck (Austria).

 La verdadera competencia, según Hirschle, se da entre la sociedad del consumo y la práctica religiosa . «El tiempo tiene un coste –dice–, ir a misa quita a la persona un tiempo que no puede dedicar a otra actividad; el consumo propone una alternativa social en forma de bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, parques, grandes almacenes…”, con lo que a las actividades religiosas les toca competir con todo eso.

 Copyright foto (c) 123RF Stock Photos

Fuentes: La vanguardia

© Protestante Digital 2011

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