Selección de textos sobre problema de El Quimbo
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El presidente Uribe prevalido de la confianza inversionista y la seguridad democrática entregó a Emgesa la obra de El Quimbo y afirmó en la instalación de la mesa de concertación que el proyecto hidroeléctrico es irreversible y sentenció: «va porque va».
II
El Minambiente convoca la audiencia pública en la cual las comunidades señalaron los impactos económicos, sociales y ambientales negativos y denunciaron cómo Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen sus tierras.
III
Campesinos marchan desde el Pital a Balseadero y en Neiva, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria por la defensa del territorio, el agua, el Río de La Magdalena, el Macizo y la biodiversidad.
IV
El gobernador del Huila presiona y compromete a los Alcaldes en la firma del acta de capitulaciones en favor de Emgesa: dádivas y promesas a cambio del control del territorio, el agua y la biodiversidad de los huilenses. Corrupción y soborno encubiertos.
V
Los medios anuncian la entrada en operación del batallón especial energético N° 12 en la Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, para «garantizar la seguridad del proyecto». Esta es una prueba contundente de la imposición por la fuerza del megaproyecto. ¿Por qué los diarios regionales informan que «La Jagua estrenará batallón energético» cuando aún no se ha expedido la licencia ambiental?
VI
Un comentarista afirma que «invertiremos de los recursos públicos de toda la Nación más de lo que Emgesa ofrece dizque como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto. Esto es una perfecta estupidez; que tal si invertimos ese dinero en solucionar problemas de salud, educación o tantas calamidades como las que están sucediendo por esta época invernal. No claro, en eso sino piensan, verdad».
VII
El Acta de capitulaciones se firma en secreto, contra la voluntad de la mayoría de los asistentes a la audiencia pública, como uno de los requerimientos básicos exigido por Minambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.
VIII
Las autoridades Ambiental, de Cultura, Minas y Energía no ordenaron los estudios socioeconómicos independientes que establece la Ley 56 de 1981 ni la ampliación de los trabajos de prospección arqueológica y de identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la Nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa El Quimbo. Tampoco consultaron a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para verificar, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo en el Departamento del Huila.
IX
Los tribunos militares nuevamente anuncian por la prensa local en la Semana Mayor del vía crucis: «Listo batallón energético en la Jagua», para garantizar la seguridad democrática a Emgesa que significa: represión, despojo, desplazamiento forzado y desarraigo de las comunidades.
X
Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, afirma que «el conflicto no tiene solución por la vía armada» y llama a concertar un acuerdo mínimo sobre la base del principio de la no violencia.
XI
Nueve de abril de 2009: día de la última cena y del aniversario 51 del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Es premonitorio. No sería extraño que el Ministro (E) y la viceministra de Ambiente estén dedicados, no a reflexionar sobre el grave atentado contra los ecosistemas y los intereses regionales de construirse el embalse, sino, a la redacción de la sentencia final de entrega de nuestro territorio a la Triple E (Enel-Endesa-Emgesa).
XII
No olvidemos la historia. Estamos en el inicio de la desobediencia civil y popular -la resurrección- en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra dignidad. ¡O Jesús de Nazaret, condénalos porque ellos si saben lo que hacen!
XIII
El Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, durante las marchas que se realizarán en todo el país, pediremos a los trabajadores y al pueblo en general sumarse a la desobediencia por la defensa del territorio y contra la base militar en la Jagua. Vendrá un nuevo juicio a los responsables del atropello y la ignominia. Y las comunidades, despojadas del velo y la mentira, derrotarán a los líderes entreguistas del sanedrín.
Creación del Batallón Militar N°12
DIARIO DEL HUILA 08 abril 2009 | 04:22:37 Judicial
Listo Batallón Energético en La Jagua
JOSÉ IRNET RUBIO PÉREZ
En el antiguo aeropuerto de La Jagua, semidestruido tras un atentado dinamitero perpetrado años atrás, fue presentado oficialmente el proyecto de creación del Batallón número 12, para la vigilancia de la infraestructura vial y energética del centro del departamento.
La infraestructura tendrá un costo que supera los 142 mil millones de pesos, contará con 1.200 soldados y operará como centro de entrenamiento de la aviación militar.
Una vez se de inicio a la propuesta, la guarnición militar operará con soldados de los batallones Cacique Pigoanza de Garzón, Magdalena de Pitalito, Tenerife de Neiva y el ‘Jaime Rooke’ de Ibagué.
Inicialmente se adelantarán trabajos de ampliación de la pista, que tendrá mil 800 metros de extensión para permitir las operaciones militares y el entrenamiento de la aviación del Ejército como quiera que ésta será base para la preparación de los pilotos.
La actual instalación cuenta con 101 hectáreas y el proyecto contempla la compra de otras cien hectáreas, para complementar la unidad militar, recursos que serán aportados por la Nación, el Gobierno Departamental y municipios.
El comandante del nuevo batallón será el teniente coronel Carlos Enrique Rosero, quien estará al frente de la unidad táctica.
Acompañando la ceremonia hizo presencia el brigadier general Wílliam Fernando Pérez Laiseca, director del programa Educación y Adoctrinamiento del Ejército quien resaltó la importancia de materializar el proyecto.
“La intención que tiene el comando del Ejército es cumplir con este propósito para consolidar en esta región, primero un batallón especial que garantizará la infraestructura del sector productivo, como es el energético, petrolero, vial y del turismo; segundo, se constituye en el campo de entrenamiento para la aviación del Ejército, y por ello estamos impulsando este proceso”, indicó el oficial.
Para la compra del armamento, la dotación de uniformes y vehículos, se espera el concurso del sector público y privado, tal como ha ocurrido en otros departamentos, puntualizó el mando militar.
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La estupidez perfecta 08 abril 2009 15:09:52
César Useche
Invertiremos de los recursos públicos de toda la Nación más de lo que Emgesa ofrece dizque como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto. Esto es una perfecta estupidez; que tal si invertimos ese dinero en solucionar problemas de salud, educación o tantas calamidades como las que están sucediendo por esta época invernal. No claro, en eso sino piensan, verdad.
DIARIO DEL HUILA
Editorial 09 abril 2009 | 12:24:59
Batallón estratégico
Fue presentado oficialmente el proyecto de creación del Batallón número 12, en el antiguo aeropuerto de La Jagua y que estará al servicio para la vigilancia de la infraestructura vial y energética del centro del departamento. Con un costo en infraestructura cercano a los 1.200 millones de pesos, en este escuadrón se albergarán 1.200 soldados y operará como centro de entrenamiento de la aviación militar. De ahí, que los trabajos que se adelantarán inicialmente serán lo de ampliación de la pista con una extensión de 1.800 metros, que permitirá las operaciones militares y el entrenamiento de la aviación del Ejército, ya que ésta será una base para la preparación de pilotos.
En total el nuevo batallón tendrá un área de más de 200 hectáreas, ya se cuenta con las primeras 101 y próximamente se comprarán otras cien para complementar la unidad militar, en donde se invertirán recursos que serán aportados por los gobiernos Nacional, Departamental y los municipios del Huila que se verán beneficiados con la instalación de este centro militar.
Tan pronto entre en marcha la nueva guarnición militar para el departamento del Huila, operará con personal militar de los batallones del Huila Cacique Pigoanza de Garzón, Magdalena de Pitalito, Tenerife de Neiva y el ‘Jaime Rooke’ de Ibagué en el Tolima.
La intención que tiene el Comando del Ejército con la instalación de este batallón en esta zona del departamento del Huila es cumplir con su propósito de consolidar la tranquilidad de la región. Así con el batallón especial se garantizará la infraestructura del sector productivo, como es el energético, petrolero, vial y del turismo y segundo, se constituirá en el campo de entrenamiento para la aviación del Ejército.
Así mismo, por la ubicación estratégica que tiene la región se puede mantener un control vial, geoestratégico frente a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Tolima y Cauca. Por esto, desde ya se adelantan las gestiones necesarias para sacar adelante este proyecto, siendo el Gobernador del Huila, uno de los principales promotores del mismo, y que ya cuenta además con el aval del Presidente de la República, quien se comprometió con gestionar los recursos en el Congreso y a través de los ministerios del Interior y de Defensa, además del apoyo, necesario, de la empresa privada que será una de las más beneficiadas junto a la población civil.
De todas las cosas antes mencionadas, que hacen importante la instalación de este nuevo batallón, tal vez la que más destaca es el hecho que con la puesta en marcha del mismo se dan inicio los beneficios que consigo traerá la construcción de la represa de El Quimbo. Pero, contrario a lo que muchos piensan esta compañía militar no será instalada para en exclusiva salvaguardar el embalse, no. Éste estará puesto al servicio de toda la comunidad huilense, para su protección especialmente en el radio de acción que tendrá en un sector estratégico del departamento, porque aquí se entreteje todo un potencial económico, energético y vial del sur de Colombia. Esta unidad militar es fundamental para la seguridad de la región.
LA NACIÓN, Neiva 08 abril 2009
La Jagua estrenará Batallón Energético
En dos semanas entra en operaciones la unidad encargada de la seguridad en infraestructuras eléctricas, petroleras y viales en el Huila. Una base aérea de entrenamiento será alterna al Batallón de Ingenieros. El proyecto demandará recursos por $110 mil millones.
Rafael Rodríguez C.
Con soldados regulares de la Novena Brigada iniciará operaciones, a finales del mes de abril, el Batallón Especial Energético Vial Número 12. Una base aérea de entrenamiento funcionará alterna a la unidad militar. Además, estará habilitada para vuelos comerciales.
El batallón estará al mando del coronel Silvio Édgar Rosero Belalcázar y tendrá el puesto de mando en el antiguo aeropuerto de La Jagua.
La unidad militar, con 1.300 efectivos, garantizará la seguridad de la infraestructura petrolera, energética, vial y turística del departamento.
En su primera fase la unidad especial contará con 774 efectivos de los batallones Tenerife, Pigoanza y Magdalena que estarán “desplegados a lo largo y ancho del departamento cuidando el sector productivo”, manifestó el jefe de Educación y Doctrina del Ejército, general Wílliam Fernando Pérez Laiseca.
Según el alto oficial, los soldados regulares estarán adscritos un año a la unidad mientras se adelanta la selección de los soldados profesionales que tendrá el batallón.
Base alterna
Alterno al Batallón Especial la Aviación del Ejército ubicará una base aérea de entrenamiento para descongestionar la base militar de Tolemaida.
La “escuela de entrenamiento” funcionará simultáneamente con el aeropuerto comercial, que se rehabilitará en La Jagua. “La Aerocivil cedió las instalaciones del aeropuerto al Ejército”, expresó el alto oficial.
La base aérea, que tendrá una pista de 1.800 metros, contará con 100 hombres de la Aviación del Ejército. “Es una base que nos permite desarrollar operaciones aéreas para mantener la soberanía y el control territorial”, aseguró el coronel Villegas.
Agregó que fue ubicada por el posicionamiento estratégico que tiene la región. “Podemos mantener un control vial, geoestratégico frente al Caquetá, Putumayo, Tolima y Cauca”.
Financiación
El general Wílliam Fernando Pérez Laiseca indicó que la creación del Batallón Vial Energético Número 12 tiene un costo cercano a los 110 mil millones de pesos.
De estos, el Ejército ya colocó el 60%. “Ya se ha dispuesto que esos recursos tienen que ver con gastos de personal e infraestructura”. En las inversiones se incluyen obras de adecuación de la pista e instalaciones militares.
No obstante, aseguró que se requiere el 40% restante que equivale a 42 mil millones de pesos. “Estos recursos se pueden obtener con el concurso de la empresa privada y el sector público, que son los beneficiarios de la instalación de un batallón de estos”.
El excedente será utilizado para la dotación de los soldados que se van incorporar y el equipo, “que no están dentro del presupuesto del Ejército”, aseguró Pérez Laiseca.
Gestiones
El representante a la Cámara Carlos Ramiro Chávarro, uno de sus impulsores, se comprometió a gestionar recursos en el Congreso.
“Voy a gestionar una reunión con los ministerios de Hacienda y Defensa para ver cómo arrancamos con el presupuesto del año entrante como mínimo con 10 mil millones, de los 42 mil millones que vale la ejecución completa del proyecto”, manifestó al señalar que a la reunión deben asistir el Comandante de la Novena Brigada y los alcaldes de Garzón y Altamira.
Chávarro expresó que la base aérea permitirá además proteger con más certeza la zona de la cordillera Oriental en límites con el Caquetá, “donde todavía queda un lunar de la guerrilla entre San Guillermo-Algeciras-Gigante”.
Sostuvo que gestionará a través del plan de desarrollo se giren recursos al Ministerio de Defensa, para que mediante convenio pueda invertir en el aeropuerto.
Unidad estratégica
La unidad militar tendrá un radio de acción en un sector estratégico. No sólo por los campos petroleros que se abren en la zona. También por el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo y la Central Hidroeléctrica de Betania, la subestación de Altamira y la tercera línea de interconexión que lleva energía hacia el Ecuador.
“En la región se entreteje todo el potencial económico, energético y vial del sur de Colombia”, dijo el director Técnico de Ingenieros del Ejército, coronel Diego Villegas.
Los alcaldes Édgar Bonilla, de Garzón y Amín Losada, de Altamira, coincidieron en que la unidad militar es fundamental para la seguridad de la región, considerada estratégica.
“Con este batallón no solo se le está apostando a la seguridad sino al progreso y la economía de los municipios”, expresó Losada al señalar que estudiará con el Concejo Municipal la viabilidad de exonerar de impuestos al nuevo batallón y la base aérea.
Los comerciantes y el sector turístico de Garzón se mostraron satisfechos por la instalación de la base militar. “Estamos contentos con este proyecto y creemos que va a ayudar a salir del estancamiento comercial al centro del Huila”, manifestó el representante del gremio, Luis Eduardo Mosquera García.
Inversión primer año soldados regulares
Armamento: $9.000.000.000
Intendencia: $1.378.000.000
Transporte: $2.711.000
Telemática: $2.059.278.813
Gasto personal: $13.627.279.463
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La verdad de este batallón 08 abril 2009 21:48:42
HERNAN DARIO NARVAEZ
Este batallón lo crearon como una jugada para llevar a cabo el proyecto el quimbo este negocio va mover tanta plata que necesita de quien cuide de el, no crean que estos tipos van a hacer una obra de tal magnitud sin seguridad.
No crean que es para cuidarlos a ustedes opitas ilusos que se dejan engañar en todo. No crean todo lo que les dicen que les traerá progreso lo mismo de Betania es lo mismo es lo mismo de las regalías llegan y están ahí pero no sirven para nada a este pueblo ilusos opitas.
La Nación, Neiva. Al Cierre. Enero 10 de 2009
Base militar en El Quimbo
El coronel Sergio Alfonso Narváez López asumió el mando de la Novena Brigada ayer sucediendo al general Wílliam Fernando Pérez Laiseca.
La propuesta de una base militar en zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el centro del Huila, es estudiada por el Gobierno Nacional y el Ejército.
La ubicación de un Batallón Especial fue presentada por el gobernador del Huila, Luis Jorge Pajarito Sánchez, en la segunda reunión del Comité de Concertación celebrada el jueves anterior en la ciudad de Bogotá.
“La idea es que Emgesa, que construirá el megaproyecto energético, ayude a financiar la guarnición militar”, dijo una fuente al expresar que los asistentes a la reunión coincidieron en que el tema de la base sería abordado con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
El mandatario seccional sostuvo que con la instalación de la unidad especial se busca garantizar la seguridad del proyecto, y “evitamos que tengan la paralización por la presencia de grupos irregulares”.
La base, con 1.200 hombres, tendría como sede las antiguas instalaciones del aeropuerto de La Jagua. “El Ministro de Defensa tomó la decisión de la iniciativa haciendo la evaluación de los costos del batallón que tendrá que ser entregada el próximo viernes, 16 de diciembre”, dijo el Gobernador.
El coronel Sergio Alfonso Narváez López, comandante de la Novena Brigada, declaró que la ubicación de la base se ha consultado con el Comando Superior y el Comando del Ejército. “Nosotros estamos haciendo la evaluación de qué es lo más conveniente para prestar la seguridad al proyecto El Quimbo”.
Sin embargo, sostuvo que “preferimos no tener tropas estáticas sino móviles”, al manifestar que con el proyecto el Ejército debe emplear algunas unidades nuevas, con el propósito de fortalecer la seguridad en la región.
Las Farc están debilitadas
El oficial que asumió ayer la Comandancia de la Novena Brigada expresó que se intensificarán las operaciones contra la guerrilla de las Farc, que “están débiles pero no se han acabado y en cualquier momento podrían resurgir”.
Narváez López aseguró que la organización subversiva en la actualidad se encuentra en proceso de reestructuración de frentes y columnas. “Están analizando cómo van a retomar la iniciativa”.
Precisó que para contrarrestar a la guerrilla se adelantarán operaciones innovadoras que permitan convencer a los “terroristas” de que no hay forma de que vuelvan a tener la fuerza de antes. “Cada día los soldados están comprometidos y empeñados en derrotarlos militarmente”.
“No vamos a liberar la presión que tenemos sobre ellos, están debilitadas por esa presión permanente, por los golpes a estructuras de guerrilleros rasos, mandos medios y cabecillas”, reiteró el Comandante de la Novena Brigada.
Retornando a Caquetá
La fuerte ofensiva militar desplegada en zona rural del municipio de Colombia, norte del Huila, permitió cerrar el paso a células guerrilleras que pretendían pasar al departamento de Cundinamarca.
Narváez López sostuvo que el reporte del Comando de la Brigada 16 “es que las estructuras no pudieron pasar y se están replegando y regresando al Caquetá. Se les cortaron vías de abastecimiento”.
Las labores de inteligencia militar dejaron al descubierto que la organización subversiva estaba utilizando a la localidad huilense como corredor estratégico de movilidad. “Ingresaron insurgentes del frente 31 Rafael Reyes Malagón a prestar seguridad a alias ‘Romaña’ y el ‘Mono Jojoy’, cabecillas desplazados de La Uribe, Meta”, dijo una fuente militar.
La ofensiva es adelantada por tres brigadas móviles desplazadas desde Los Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar.
La Nación. Enero 13 de 2009. Columnistas
Vientos guerreristas
BELÉN ALARCON
Causó asombro a las mentes avisadas en el Huila la “impertinente” declaración del Gobernador a la reunión de la Mesa de Concertación el 8 de enero en la sede del Minminas en Bogotá. Tanto que el propio Viceministro diplomáticamente terció: “Tan delicadas decisiones serán tratadas en privado con el Ministro de Defensa”. La perla de Pajarito no daba para menos: “Se necesita la participación de Emgesa para crear un nuevo batallón que garantice la seguridad en la construcción del embalse de El Quimbo”.
Ahí las comunidades que sienten la amenaza de la entrega del territorio a la multinacional extranjera presintieron el recurso al patrioterismo uribista, (léase “garrote”) de la política gubernamental. Confianza Inversionista: entrega del patrimonio a los Españoles; Seguridad democrática: creación de batallón mercenario al servicio extranjero; Cohesión social: todos a proteger los intereses de EMGESA. ¿Es válido este proceder, cuando la Constitución ordena al Ejército Nacional proteger las fronteras y defender su cumplimiento? Esa misma Constitución asegura la participación ciudadana en su propio desarrollo.
¿Qué desarrollo podremos esperar, cuando el negocio Quimbo, representa una pérdida regional de más de $30.000 millones anuales, los que serían “compensados” por EMGESA con unos $7.000 millones, que sólo llenarán los bolsillos de unos burócratas de la rosca gubernamental? ¿Cuando el tejido social de las comunidades se está rompiendo, porque están siendo divididas entre el bando de líderes que aceptarían “dádivas” de la Multinacional para impulsar el despojo y el de quienes dignamente se oponen a la amenaza?
Frente al reto militarista gubernamental al servicio del interés extranjero sólo resta la auténtica cohesión regional: exigir el cumplimiento de la ley que prevé que sólo puede haber licencia ambiental para el megaproyecto, después de un estudio objetivo que obedezca a los intereses comunitarios, el cual ahora el gobierno niega, contraviniendo los acuerdos, por temor a la verdad de los resultados catastróficos que sobrevendrán a la barbarie antiecológica y antisocial de la represa.
Las comunidades harán valer sus derechos, promoviendo referendos municipales, la reclamación jurídica y la resistencia civil. Es urgente el referendo regional. Los Huilense han de pronunciarse: ¿preferimos la entrega de las mejores tierras a los recolonizadores, o una represa que, evitando la gran inundación, se financie con recursos regionales y fortalezca el desarrollo humano? Queda al gobierno nacional y departamental determinar si toma la senda del autoritarismo que multiplique los vientos de guerra o retoma la senda de la democracia participativa. Porque ya los municipios impulsan pronunciamientos plebiscitarios para resistir a la antidemocracia. ¡Todos a una como en Fuenteovejuna!
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En la foto: el gobernador Sánchez y Lucio Rubio Díaz, gerente general de Emgesa (sentados), firman el acuerdo los alcaldes Julián David Díaz (Gigante), Luceny Valenzuela Mayorga (Tesalia), Edgar Bonilla Ramírez (Garzón). También firmaron Héctor Horacio Castro Moreno (Agrado), Amín Losada Losada (Altamira) y Mauricio Durán Durán (Paicol)
La ’brillante’ idea del gobernador Jorge ’pajarito’ Sánchez de crear una base militar para El Quimbo tuvo un trámite veloz. Como no se trataba de la construcción de un colegio o de un centro de salud, en menos de lo que canta una gallo, y tan pronto los alclades y el gobernador firmaron el acta de capitulaciones en favor de Emgesa, los medios anunciaron la entrada en operación el próximo 10 de abril de «el batallón especial energético vial N° 12» en la Jagua con «1200 hombres equipados con tecnologia de punta». El batallón «busca garantizar la seguridad del proyecto» y «evitar que tenga paralización por la presencia de grupos irregulares». ¿Cuánto costará a los ciudadanos colombianos financiar el batallón del pajarito Sánchez?
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El 16 de marzo, en secreto, sin presencia de la prensa, ni de las organizaciones sociales, el gobierno que preside Jorge «pajarito» Sánchez, obedeciendo a los intereses de la multinacional Endesa -Emgesa y del gobierno de Uribe, suscribió con alcaldes y supuestos representantes de propietarios y de las comunidades de la zona afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, un «acta de capitulaciones» a favor de la multinacional.
Además pretenden de manera engañosa»justificar» ante Minambiente la existencia de «consensos» entre distintos actores regionales, para presionar el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental, cuando el mismo Minambiente fue testigo de que el 90% de los asistentes a la audiencia pública se opuso a la construcción de El Quimbo de Emgesa, tal como lo registraron medios de comunicación regional.
Uno de los representantes de la bancada parlamentaria del Huila, el liberal Luis Enrique Dussán, se hizo presente al iniciar la reunión y hoy nos enteramos por la prensa de su respaldo irrestricto a las capitulaciones, sin consultar a todos los integrantes de la bancada parlamentaria del Huila.
No se conoce la postura del senador conservador Hernán Andrade, presidente del Congreso. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, sin ser invitada al conciliábulo, asistió gracias a informes de terceros y dejó constancia contra la actitud excluyente del Gobierno Departamental que se negó a incluir en el «documento de capitulaciones» la propuesta de El Quimbo Huilense y las demás alternativas presentadas durante las sesiones de la llamada «mesa de concertación» y la audiencia pública.
Lo «acordado» con Emgesa no representa los intereses regionales ni comunitarios y, en consecuencia, es una declaratoria de guerra contra las comunidades afectadas que se verán presionadas por la Resolución 321 a abandonar el territorio a nombre del supuesto interés público que equivale a entregar a una empresa privada el patrimonio nacional, el territorio, el Río Magdalena, el Macizo colombiano, el agua.
Contra los movimientos de resistencia en defensa de lo nuestro ya está prevista la instalación de la base militar en la Jagua (Garzón) para defender a la multinacional. La región históricamente más pacífica y productiva del Huila la convertirá el Estado en escenario de violencia y represión contra los campesinos quienes después de ocupaciones legítimas recuperaron las tierras que le fueron reconocidas por efectos de la Reforma Agraria hace ya 40 años y donde construyeron sus proyectos de vida.
No queda duda: El Quimbo de Emgesa, patrocinado por el Gobierno, es la invasión de nuestro territorio. Como lo advierte Alfredo Molano en reciente crónica publicada por el Espectador: Emgesa viene por todo: el territorio, el río, el Macizo, el agua y las cuencas hídricas del Caquetá. En la sesión secreta se pudo constatar el afán del Gobernador del Huila por comprometer, vía telefónica, al viceministro de Minas y al ministro de Agricultura como partícipes en la firma del «acta de capitulaciones».
Estamos seguros de que al final firmarán y Minambiente se escudará en el «acta de Capitulaciones» para conceder la licencia ambiental a Emgesa de manera inmediata. En el rostro y en las declaraciones de Emgesa se expresan la alegría por la actitud sumisa del Gobernador del Huila, los alcaldes de los municipios afectados, los contratistas recomendados por el Gobierno, los viceministros; todos sometidos a la voluntad del príncipe Uribe, que comparte con el de Asturias los negocios del neocolonialismo Español.
Ya aparecen todos los agentes de la capitulación declarando a la prensa que lograron un triunfo histórico. La promesa de 150 mil millones de pesos hecha por Emgesa que equivale a escasos tres años de la productividad del área; cuando la multinacional se apropiará de 5.966.000 millones de pesos (US $2.651,55 millones) durante la vida útil del proyecto (Ver impactos Negativos en este mismo blog). Por esa suma entregan el control del Río Grande de la Magdalena, luego vendrán Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas y el Macizo Colombiano. Pretenden engañar de nuevo a las comunidades a quienes convocarán para que los acompañen en las próximas elecciones. Serán rechazados en las urnas porque los huilenses tenemos dignidad.
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales comprometida desde el principio con la defensa del territorio y contra El Quimbo de Emgesa convoca a todos los ciudadanos a continuar con la lucha de resistencia, a participar en las movilizaciones sociales previstas en los municipios de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva. A preparar paros cívicos regionales y a concitar la solidaridad nacional e internacional.
Todos a defender el territorio y la biodiversidad. A construir un movimiento social y político que asuma la dirección del poder regional donde los ciudadanos sean los actores directos en la construcción de una nueva alternativa de desarrollo integral, humano y sostenible. Otro Huila es posible.
Cargos a Emgesa por iniciación de obras en El Quimbo
Plataformasur.blogia.com:
Los medios de comunicación informan que ha sido notificada la multinacional Emgesa, por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, para que inicie el proceso de descargos por iniciar construcciones en El Quimbo sin contar con Licencia Ambiantel (Resolución Nº 227 del 11 de febrero de 2009 -no disponible en Internet).
Aquí no caben mayores ilusiones. Quienes juzgan terminarán subordinados a la multinacional Emgesa debido a que existen poderosos intereses económicos y políticos que impondrán, por la fuerza, el otorgamiento inmediato de la licencia desconociendo las voces mayoritarias y los argumentos sólidos de oposición al proyecto, al punto que según lo expresó la viceministra de Ambiente a la prensa antes de dos meses no podría conocerse una decisión sobre el asunto.
Así se otorgue la licencia ambiental continuaremos con la Resistencia Civil. Desde ya avanzamos en un acuerdo con organizaciones sociales, que esperamos sea respaldado por todos los ciudadanos, para empezar con una GRAN MOVILIZACION CIUDADANA EL PROXIMO 5 DE MARZO en Neiva y los Municipios afectados por el Megaproyecto, por la defensa del territorio, las comunidades, el río Magdalena y el Macizo Colombiano. TODAS Y TODOS A LA RESISTENCIA CONTRA EMGESA Y SUS SUBORDINADOS, EL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL.
El siguiente es texto completo de la comunicación dirigida al director colegiado de Plataforma Sur, Miller Armín Dussán Calderón:
Señor
MILLER ARMIN DUSSAN CALDERON
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales
Neiva, Huila
Colombia
Correo Electrónico: midussan@usco.edu.co
Referencia: Comunicado 4120-E1-5114, Expediente 4090, Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Cordial Saludo.
Con relación a su comunicado mediante correo electrónico con radicado 4120-E1-5114 con fecha 13 de enero de 2009 en el cual usted manifiesta su preocupación por el no pronunciamiento con relación al CONCEPTO TÈCNICO DE VISITA CONSECUTIVO DTC-634 de la CAM, que se refiere a la verificación de actividades constructivas en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, por parte de la empresa EMGESA S.A. E.S.P., y sobre la donación de unos documentos, me permito informarle lo siguiente:
1. Mediante resolución Nº 2339 del 16 de Diciembre de 2008, se ordeno apertura de investigación contra la empresa EMGESA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 830037250-6, por presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico «El Quimbo», localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, Agrado y Altamira, en el departamento del Huila, sin contar con Licencia Ambiental, incumpliendo con dicho hecho la normatividad ambiental vigente.
Además se ordeno una visita de inspección ocular por parte de la Dirección de Licencias, Trámites y Permisos Ambientales al túnel localizado en el predio Boquerón, vereda Matambo, municipio de Gigante, Departamento del Huila, con el fin de verificación de los hechos u omisiones, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 203 del Decreto 1594 de 1984. En fecha 16 y 17 de diciembre de 2008, un equipo de técnico de esta Dirección se desplazo hasta el predio Boquerón, vereda Matambo, municipio de Gigante, Departamento del Huila, con el fin de realizar la verificación de los hechos u omisiones por parte de la empresa. A la fecha se ha emitido la resolución Nº 227 del 11 de febrero de 2009, por medio de la cual se formula un cargo en contra de la empresa EMGESA S.A. E.S.P. por «por presuntamente iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico «El Quimbo», localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, Agrado y Altamira, en el departamento del Huila, sin contar con Licencia Ambiental, incumplimiento con dicho hecho la normatividad ambiental vigente».
2. El Estudio de Impacto Ambiental presentado por EMGESA S.A. E.S.P. fue desarrollado de acuerdo con los términos de referencia HE-TER-1-01 para proyectos hidroeléctricos, establecidos mediante resolución 1280 del 30 de junio de 2006, los cuales en su parte socioeconómica se basan en lo establecido en la Ley 56 de1981.
3. En cuanto a su solicitud de entregar en forma gratuita la totalidad de documentos del proyecto El Quimbo a la fundación EL CURIBANO, le informo que esto no es posible debido a que no esta entre las competencias y el presupuesto de este Ministerio, hacer este tipo de donaciones. No obstante si ustedes lo quieren para poder conseguir esta documentación, deberán consignar a la cuenta Nº 61011110 del Banco de la Republica, denominada Dirección del Tesoro Nacional – Otras Tasas, Multas y contribuciones no especificadas, código de portafolio 292 MINAMBIENTE, la suma de cuatro millones ochocientos setenta y dos mil pesos mcte ($4.872.000), teniendo en cuenta que el número total de folios es 8.000 (a $109 c/u) y 500 planos (a $8.000 c/u). Una vez realice la consignación le solicitamos hacernos llegar el recibo de pago para poder remitirle las copias.
Sin otro particular.
DIANA MARCELA ZAPATA PEREZ
Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
Reviso: CARLOS LONDOÑO
Coordinación Evaluación.
Proyecto: HERNANDO RESTREPO ARIZA, Biólogo Marino, Contratista
Copia Expediente 4090
La nación. Al Día. 17 febrero 2009
Cargos a Emgesa por obras en El Quimbo
Sorpresivamente el Ministerio del Medio Ambiente formuló cargos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin la respectiva licencia ambiental. “No son obras, son estudios geotécnicos”, reveló la entidad.
El Ministerio del Medio Ambiente formuló pliego de cargos a la empresa Emgesa por iniciar, presuntamente, la construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo sin contar con licencia ambiental, incumpliendo así la normatividad ambiental vigente.
La decisión está contenida en la Resolución 227, expedida el pasado 11 de febrero.
El anuncio fue hecho por Diana Marcela Zapata Pérez, directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, en un oficio remitido al docente Míller Dussán Calderón, quien había formulado una denuncia en ese sentido.
El proceso
La investigación, según lo precisó, fue ordenada el 16 de diciembre del año pasado mediante Resolución Nº 2339. Además, se ordenó una visita de inspección ocular por parte de la Dirección de Licencias, Trámites y Permisos Ambientales al túnel localizado en el predio Boquerón, vereda Matambo, en jurisdicción de Gigante, con el fin de verificar los hechos u omisiones, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 203 del Decreto 1594 de 1984.
La visita, según la comunicación, se realizó entre el 16 y el 17 de diciembre pasado por parte de un equipo técnico de ese organismo.
El tema fue planteado el jueves pasado durante la audiencia pública. Sin embargo, en esa oportunidad no se hizo alusión a la medida que se adoptó un día antes del evento.
Medida sorpresiva
La medida fue recibida con sorpresa por la compañía.
Lucio Rubio, gerente del proyecto y representante de la empresa Emgesa, reiteró que la entidad no ha iniciado obras, como se señala. Reconoció que el desplazamiento de personal y maquinaria al sector estuvo orientado exclusivamente a complementar los estudios técnicos.
“No es cierto, la compañía no ha iniciado obras, ni lo hará hasta no tener la licencia ambiental. La presencia de técnicos en la zona obedece a los estudios geotécnicos, para complementar la información geológica y la caracterización del subsuelo”, explicó Rubio en diálogo con LA NACIÓN.
Términos
La empresa Emgesa dispondrá de diez días para responder el pliego de cargos. Después el Ministerio tendrá otros 60 días para decidir si acepta los argumentos de la entidad o, en su defecto, impone algún tipo de sanción.
La medida fue comunicada en momentos en que se cumple la última fase de la evaluación para determinar si se le otorga la licencia ambiental, clave para iniciar el proyecto.
Los cinco días hábiles para pronunciarse sobre la viabilidad de las ponencias vencerá el próximo jueves.
DIARIO DEL HUILA Redacción Económica18 febrero 2009
Minambiente llama a descargos a Emgesa
El proceso de investigación que adelanta el Ministerio de Ambiente en contra de la multinacional Emgesa, por haber iniciado presuntamente obras en la zona de influencia de la represa sin contar con la respectiva licencia ambiental, avanza contra reloj.
El Ministerio de Ambiente notificó de manera formal a Emgesa sobre el proceso de investigación que se adelanta en su contra la Dirección de Licencias, Trámites y Permisos, al punto que la multinacional española fue llamada a descargos con el objetivo de que aclare la real situación que se presenta en la zona del Boquerón en la vereda Matambo ubicada en el municipio de Gigante, en donde presuntamente Emgesa viene adelantando actividades sin la respectiva licencia del Minambiente.
El subdirector de Regulación y Calidad de la Cam, Carlos Alberto Cuéllar, quien sostuvo ayer una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente, informó que hasta el momento el proceso que se adelanta en contra de Emgesa es de tipo administrativo, pero en ningún momento han sido imputado cargos en contra de la constructora de El Quimbo, tal y como lo han querido dejar ver algunos opositores al proyecto.
“El ministerio efectivamente abrió un proceso y formuló unos cargos en contra de Emgesa por haber iniciado, al parecer, obras de la hidroeléctrica sin contar con la licencia, situación que ya se notificó a Emgesa. En que va el proceso, en este momento llamaron a descargos a Emgesa para que ellos expongan sus planteamientos frente a las acusaciones, en este momento es solo un trámite administrativo en donde se está desarrollando un pliego de cargos, pero hasta el momento no le han imputado ningún cargo”, indicó Carlos Cuéllar al finalizar la importante reunión entre el Ministerio de Ambiente y Cam desarrollada ayer en Bogotá.
El funcionario de la Cam destacó que aunque oficialmente no se conocen los términos oficiales que tiene Emgesa para que realice los descargos, la multinacional española tendría al parecer un periodo de 15 días para que se defienda en contra de la acusaciones.
“Si los cargos no son comprobados el proceso se levantará de manera inmediata, pero eso se ordenará dependiendo de las investigación que realice el Ministerio de Ambiente”, indicó el subdirector de Regulación y Calidad de la Cam.
Diana Marcela Zapata, directora de la dirección de Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente, ordenó que se realizara una inspección al predio Boquerón ubicado en la vereda Matambo en el municipio de Gigante, con el fin de verificar si en realidad la firma Emgesa adelanta trabajos en la zona a inundar, sin haber sido expedida la licencia ambiental.
“En fecha 16 y 17 de diciembre de 2008, un equipo de técnico de esta Dirección se desplazo hasta el predio Boquerón, vereda Matambo, en Gigante, con el fin de realizar la verificación de los hechos u omisiones por parte de la empresa”, destaca un documento enviado por la Directora de Licencias a una organización social del departamento.
Requerimientos de la Cam
Por más de cinco horas el subdirector de Regulación y Calidad de la Cam, Carlos Alberto Cuéllar y el geólogo de la Corporación Ambiental sostuvieron una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente, en la cual se socializó oficialmente ante la Dirección de Licencias Permisos y Trámites la serie de requerimientos que ha planteado la Cam a la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, reunión definitiva dentro del proceso que se adelanta para el otorgamiento de la licencia.
Y es que tal y como lo anunció DIARIO DEL HUILA, en la reunión la Directora de Licencias del Ministerio pudo conocer detalladamente cada uno de los reparos que ha formulado la Cam al estudio de impacto ambiental que presentó Emgesa a fin de que se le otorgue la licencia para iniciar la construcción de El Quimbo, obras que según el propio cronograma de la multinacional española, deberán iniciar en el primer trimestre del presente año.
Incluso la reunión realizada ayer en el Ministerio de Ambiente puede llegar a ser definitiva para el proceso de licenciamiento que se desarrolla, máxime cuando hoy se vence el plazo para que la Dirección de Licencias de a conocer las actas de la audiencia pública que se llevó a cabo hace ocho días en el municipio de Gigante, documento clave para el futuro de la licencia ambiental.
Según Carlos Alberto Cuéllar, “la reunión fue de carácter técnico y en ella se sustentaron todos los requerimiento que ha formulado la Cam al proyecto en lo que tiene que ver con la parte ambiental”, destacó.
El funcionario reiteró que “en el proceso de otorgamiento de licencias, el Ministerio de ambiente debe tener en cuenta las observaciones que ha dado la Cam frente al proyecto. Esperamos que el Ministerio tome en cuenta cada uno de estos requerimientos y estaremos atentos a una respuesta por parte del Ministerio”, destacó Carlos Cuéllar.
Así mismo, puntualizó que se mantienen a la espera de la publicación del acta de la audiencia pública realizada hace ocho días en el municipio de Gigante, documento en donde se conocerá si el Ministerio de Ambiente requiere información adicional por parte de Emgesa antes de que se otorgue la licencia ambiental, y si se incluirá dentro del proceso de licenciamiento los requerimientos formulados por la Cam al proyecto, así como los expuestos por las comunidades y por las organizaciones sociales que le siguen la pista a la construcción de El Quimbo.
Foto: Enviado especial
La mala energía del Quimbo (I y II)
Por: Alfredo Molano Bravo / Enviado Especial, Huila | EL ESPECTADOR, 15 y 22 de Marzo
El investigador y sociólogo recorrió la región en la que se construirá un megaembalse que inundaría 8.800 hectáreas. Los proyectos sobre el Alto Magdalena son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, tres veces Betania. La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre duró varios años.
La tierra
El Huila, dicen los historiadores, quedó arruinado después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los beligerantes arreaban el ganado, que era la única riqueza de la región, para alimentar y calzar a sus tropas. En el conflicto con el Perú (1932) el departamento aportó gran parte de los contingentes que fueron a pelear en las selvas pretendidas por la Casa Arana, que competía con ferocidad a los caucheros huilenses, tolimenses y caucanos. José Eustasio Rivera lo cuenta.
Por la misma época se inicia la siembra de arroz con riego en Campoalegre y Palermo. El algodón, el sorgo, el tabaco y otros cultivos comerciales vendrían después de la Violencia (1946-53), cuando gran parte de las tierras más planas y fértiles a orillas del río Magdalena habían sido concentradas en pocas manos.
Los campesinos fueron desalojados y expulsados hacia las cordilleras y hacia las selvas. La gran mayoría de colonos que abrieron el Caquetá y el piedemonte del Meta eran opitas. En estas regiones, donde los campesinos apenas sobrevivían, echaron raíces las Farc, fundadas a raíz del triunfo del gobierno de Valencia y Ruiz Novoa en Marquetalia (1964).
Cinco años antes, Fidel Castro se había tomado el poder y poco después proclamado el socialismo en Cuba. Kennedy fundó, para contrarrestar su influjo en América Latina, la Alianza para el Progreso, uno de cuyos programas más destacados fue la reforma agraria.
En Colombia la lucha contra el latifundio venía afianzándose desde el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad (1936), pero fue en los años sesenta cuando, amparados en la AID, un acuerdo entre algunos liberales y unos pocos conservadores permite sacar adelante la Ley 135 de 1981, que autorizó reformar la rígida estructura agraria.
Durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) el campo vivió un notable revolcón más de expectativas que de realidades. El Incora titula tierras baldías en zonas alejadas, parcela rastrojeras empobrecidas de terratenientes a unos pocos campesinos, construye distritos de riego y organiza empresas comunales.
Los terratenientes y gamonales opusieron una tenaz resistencia que obligó al Gobierno a organizar el movimiento campesino en una poderosa asociación (ANUC), que pronto desborda el marco legal y se lanza a la invasión de haciendas.
En el Huila, donde el conflicto armado revestía gran fuerza, la reforma agraria fue particularmente tímida. El esfuerzo se orientó a la titulación de predios baldíos. No obstante, los campesinos sin tierra, muchos jornaleros en las grandes empresas arroceras, invadieron tierras que, por presión de los acontecimientos de orden público, terminaron siendo tituladas.
Al sur de Neiva y ribereñas del Magdalena, se organizaron ocho empresas comunitarias. Dos han sido muy nombradas: la de Escalereta, en el municipio de El Agrado, y la de Veracruz, en el municipio de Gigante. La primera fue resultado del tesón campesino y de la pobreza municipal.
Los jornaleros invadían, la Policía los encarcelaba y el Alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos. Así muchas veces, hasta que los invasores se quedaron con la hacienda.
En Gigante —donde aún crece la ceiba plantada en 1853 cuando se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia—, la falta de agua impedía que los cultivos de arroz, sorgo y maíz fueran rentables y el ganado lechero diera para el sustento.
La situación era tan crítica que los parceleros tuvieron que volver a jornalear. Hasta que un día un inversionista les propuso a los comuneros un negocio: tomar las tierras comunales en comodato durante 15 años a cambio de construir en ellas un distrito de riego.
Así fue. Los campesinos se volvieron primero peones en las obras de riego y luego en los cultivos beneficiados. Hace cinco años, los socios de la empresa comunitaria, ya viejos, pudieron gozar del logro de sus luchas y sacrificios. Después de cuarenta años, al menos sus hijos acariciaban el sueño de una tierra propia y fértil.
El agua
El sueño fue interrumpido una tarde cuando llegaron unos empleados uniformados a informarles que esas tierras irían a ser inundadas para construir la represa del Quimbo.
Los campesinos más viejos recordaban que desde los años cuarenta se oía hablar de la obra que finalmente confundieron con la hidroeléctrica de Betania, aguas abajo de la desembocadura del torrentoso río Páez en el Magdalena, contratada por Misael Pastrana, inaugurada por Virgilio Barco y privatizada por Gaviria.
Fue la más gigantesca y controvertida obra de generación eléctrica construida en el país: 7.400 hectáreas inundadas, a lo largo de 23 kilómetros que almacenan 2.000 millones de metros cúbicos de agua para producir 540 megavatios, el 8% de la demanda del país.
La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre duró varios años. Los años que duró la construcción de la obra y los años en que los sedimentos fueron reduciendo el volumen de agua y la generación de electricidad, efectos debidos a la deforestación de la cuenca del Alto Magdalena y en particular a las cargas de barro y arena arrastradas por el río Páez desde el nevado del Huila.
La empresa hispano-chilena Emgesa compró en 1991 la hidroeléctrica de Betania. Tanto el gobierno como la compañía eran conscientes de la acelerada sedimentación del lecho y por eso tenían prevista la construcción del Quimbo, así como ahora tienen proyectadas otras hidroeléctricas aguas arriba en la medida en que las de abajo vayan disminuyendo la generación de energía por idéntico fenómeno.
Los proyectos, todos sobre el Alto Magdalena, son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, con una potencia calculada en 1.424 megavatios: tres veces Betania. Y como una cosa lleva a la otra, tal como la propiedad de Betania lleva a la construcción y propiedad del Quimbo, Emgesa va por todo: la cuenca alta del río Magdalena.
Abriendo el zoom y mirando lejos, nuestro río madre, eje de nuestra civilización, quedará represado arriba, envenenado en el medio por todas las aguas negras que le botan pueblos y ciudades, y destruidas sus ciénagas y humedales en el bajo Magdalena al ritmo de la codicia terrateniente.
La obra
El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno de Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática.
La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En plata blanca: pura ganancia para la empresa.
La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.
La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón es simple: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica —Plan Puebla-Panamá— y el Caribe —Santo Domingo y Puerto Rico.
El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros e inundaría 8.800 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora.
*Espere el próximo domingo la segunda parte del reportaje, con los pros y contras de este proyecto.
Segunda Parte
Foto: Enviado especial de El Espectador
Según los documentos consultados, no se han calculado los reales efectos ambientales sobre ríos y bosques.
El sitio de presa sería construido a kilómetro y medio arriba de la cola de Betania, municipio de Gigante y su propia cola estaría en límites con La Jagua y afectaría también a Garzón y El Agrado. La escala del proyecto y sus contradictorios efectos han desatado una aguda controversia en la región.
Para el Gobierno y para Emgesa (la firma constructora) es un proyecto que cumple todas las de la ley y blinda al país contra nuevos apagones; para la bancada parlamentaria del departamento, la obra suprimiría 25.000 empleos, afectaría a más de 500 familias de pequeños campesinos y destruiría el alcantarillado de todas las cabeceras municipales rivereñas.
El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados —y nunca reparados— por Betania, han creado un movimiento de protesta acompañado por Plataforma Sur, una red de organizaciones sociales de la región, que ha convocado foros, mesas de discusión y concertación, y participado en las discusiones convocadas por el Congreso y por el Gobierno.
La iniciación de las obras de construcción depende de la licencia ambiental y ella en buena medida del estudio de impacto ambiental que el Gobierno contrató con Emgesa. Aunque legal, según la Ley 56, el procedimiento hace a la empresa juez y, al mismo tiempo, parte interesada.
Tanto la investigación de los impactos como el trámite de la licencia tienen plazos perentorios determinados por los compromisos financieros que Emgesa ha adquirido con la banca internacional. Segura de que el Gobierno aprobaría la licencia, la empresa inicio obras en el sitio donde en 1997, Ingetec, que hacía estudios de factibilidad, abrió un subterráneo que facilitaba tanto las pesquisas geológicas como la construcción del futuro túnel de desvío de aguas del Magdalena. La noticia circuló rápidamente y los críticos de la obra lograron fundamentar las irregularidades.
El 11 de febrero, un día antes de la audiencia pública realizada en Gigante y con asistencia de 1.500 ciudadanos, de los que el 80% estuvo en desacuerdo con el proyecto, el ministerio de Medio Ambiente dictó pliego de cargos contra Emgesa por haber iniciado obras sin licencia ambiental. Emgesa se defendió alegando que la ampliación del túnel no equivalía a la iniciación de la obras sino a nuevos estudios de factibilidad. Las garantías a los inversionistas suelen ir muy lejos.
Toda obra de magnitud como la proyectada en el Quimbo tiene efectos directos y colaterales, positivos y negativos. En un lado de la balanza están los contratistas, por lo general grandes compañías nacionales e internacionales que cuentan con un equipo profesional regular y contratan sólo mano de obra no calificada.
Emgesa habla de 3.000 puestos de trabajo que supuestamente benefician al departamento, pero no asegura que sean obreros de la región. El Gobierno hace la segunda voz y alega que el Sena prepararía a cientos de trabajadores. Por supuesto que estas contrataciones implican un sustancial aumento de la demanda de alimentos, vivienda que benefician al comercio local, pero también demandas de salud, educación y servicios que comprometen los presupuestos públicos.
Los políticos, aunque critican la obra, están ya pidiendo hojas de vida para llenar los cupos que el proyecto necesite. Ellos son contratistas o controlan los contratos de los contratistas en su propio beneficio económico y electoral. Por eso la oposición que hacen a la obra es un mecanismo para negociar su injerencia y acrecentar su poder local.
El segundo gran problema social del Quimbo es el desalojo de 380 familias campesinas, la compra de predios a grandes propietarios y la reubicación de 800 familias que residen hoy en la futura zona de inundación. A los grandes propietarios se les comprará a buen precio sus tierras, como es normal; ellos suelen ser también políticos o gente pudiente a nivel departamental o nacional. Son sólo siete hacendados. A los pobladores que residen y son afectados, la empresa les ha ofrecido la construcción compensatoria de barrios satélites. A los campesinos les está ofreciendo compra de predios y reubicación.
El Gobierno prevé una gran agitación social y una protesta de carácter político, para lo cual prepara la construcción de cuarteles de Policía —especialmente para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)— y la instalación de una base del Ejército en La Jagua, que el Gobernador del departamento pidió ser financiada por la empresa.
El presidente Uribe anunció en uno de sus famosos Consejos Comunales que “el Quimbo va porque va”. Estas medidas y declaraciones tienen un efecto natural y calculado: debilitar el poder de negociación de las comunidades afectadas que puede traducirse en el síndrome del ahogado: mejor echarle mano al sombrero.
Dentro del mismo paquete de garantías al inversionista está la declaración de utilidad pública del área, que le permite a Emgesa solicitar la expropiación por vía administrativa a propietarios que no se avengan a una negociación de predios donde en el mejor de los casos los afectados sólo cuentan con un único voto a su favor, pues los otros dos son de Emgesa y del Gobierno.
Para poner un ejemplo sobre la diferencia que separa las partes: el valor de la producción de la zona a inundar es avaluado por la empresa en 16.000 millones anuales, un ex director de la Corporación Regional del Alto Magdalena, Eduardo Patarroyo, lo calcula en 30.000 millones y Plataforma Sur en 50.000.
Uno de los temas más delicados es el ambiental. Plataforma Sur y un numeroso y documentado grupo de entendidos han denunciado dos grandes efectos negativos: la destrucción de un bosque ripario que hoy abarca unas 800 hectáreas y la obstrucción de los alcantarillados locales, puesto que el peso de la inundación impediría la salida de las aguas negras al vaso.
El bosque ripario busca ser compensado con dinero o con la siembra de árboles en un parque o de flores en antejardines. Respecto al problema de las aguas negras, la empresa aconseja la construcción de plantas de tratamiento, a pesar de saber, porque es su negocio, que esta solución eleva el costo del servicio en más del 20%.
Los efectos sobre la vida y los flujos de los peces no han sido discutidos. El presidente Uribe se alza de hombros y habla de hacer jaulas para mojarra o tilapia o cachama como se hace en Betania. La empresa balbucea, pero alega que el proyecto es unipropósito y, por tanto, de paso proclama que la energía producida no se venderá en la región y menos a precios subsidiados; agrega que si los municipios quieren ser parte del negocio le compren acciones en la Empresa de Energía de Bogotá, socia de Emgesa.
Tampoco la propietaria del proyecto quiere saber nada del turismo ni de la piscicultura, los caramelos con que Uribe ha engatusado a los gamonales municipales. En realidad, turismo y piscicultura serán imposibles no sólo porque el exclusivo propósito del embalse es la producción de electricidad, sino porque la cota de inundación variará en 70 metros, lo que haría insostenible cualquier entable.
Exportar energía, ¿a qué costo?
En pocas palabras, la represa del Quimbo cumple dos funciones principales, salvar a Betania que tiene rendimientos decrecientes y exportar energía eléctrica. El negocio está hecho y las modificaciones a favor de la población local o del entorno ambiental, fuera de las previstas y calculadas a favor de los beneficios de EMGESA, son nulas. Negocio es negocio.
Los efectos negativos son cada vez más claros para la gente de la región y poco a poco, como se está viendo, las protestas son más críticas, públicas y masivas. La empresa y el gobierno replican con una batería de argumentos que la experiencia de Betania tiende a invalidar.
Tratan de pagar a bajos precios los daños, imponen las cifras y buscan dividir a las comunidades, uno de los efectos colaterales mas graves e injustos. Frente a la protesta que el gran negocio del Quimbo puede desatar, el gobierno elabora una brutal estrategia basada en la fuerza o en la amenaza de ejercerla si la población no se somete a las condiciones de rentabilidad determinadas por EMGESA.
Plataformasur.blogia.com:
¡Se nos vino El Quimbo!
Desde que se construyó la represa de Betania, el temor por su desbordamiento o rompimiento ha estado siempre en el subconsciente de los huilenses, en particular de aquellos que viven aguas abajo del embalse y que además vivieron los trágicos hechos de Armero y Páez. Es tal el temor que hace poco más de dos décadas un grupo de borrachos gritaron ¡Se vino Betania, se vino Betania!, una noche por las calles de Neiva. Y el caso es que en esta tierra de incautos en la que un astuto seminarista pasó por Embajador de la India, la falaz noticia terminó en la radio provocando el pánico de medio Neiva y al cual más puso pies en polvorosa. Para fortuna, todo era mentira.
Viene a colación la historia a propósito de los debates y discusiones que ha provocado el proyecto del gobierno de Uribe y de la multinacional Emgesa de construir una nueva represa sobre el Río Magdalena, aguas arriba de la presa de Betania, como a dos kilómetros. La avalancha en este caso no ha sido de escombros sino de sorpresas. En primer lugar, los huilenses estábamos en ayunas porque el gobierno Nacional en complicidad con dirigentes del Huila preparaban casi a escondidas el proyecto para entregárselo en una subasta pública a la empresa Emgesa, subsidiaria de la multinacional española Endesa, y de la cual hace parte la Empresa de Energía de Bogotá.
Se trata nada más y nada menos que de regalar (así se puede decir) 8586 hectáreas de tierra productiva y de bosques y de fauna para literalmente inundarlos con el único propósito de crear un embalse para producir energía eléctrica. Recordemos que Emgesa es actualmente el dueño de Betania (que una vez fue nuestra) y la energía que se producirá no es para consumo nacional sino para exportarla. Tampoco es para evitar un colapso del sistema energético nacional como nos ocurrió en el gobierno de Gaviria. No, no. Colombia produce más del doble de energía de la que consume. Una nueva represa sólo es necesaria porque Betania ha perdido capacidad de almacenamiento de agua por la acumulación de sedimentos, y la nueva represa compensaría tal pérdida. Así que el proyecto surge no por una necesidad regional o nacional sino por conveniencia de Emgesa.
En esas 8586 hectáreas viven cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, que son grandes y pequeños productores agropecuarios, jornaleros, pescadores artesanales, entre otros, que a las buenas o a las malas serán despojados de sus tierras sin que nadie nunca los hubiera siquiera consultado. Más aún, en forma ilegal el propio presidente de la República se apresuró a declarar toda el área de inundación como de utilidad pública, una figurilla jurídica que permite la expropiación por vía administrativa y sin derecho a pataletas.
Como si fuera poco, la empresa Emgesa ha mentido desde un comienzo sobre el valor de las compensaciones que la ley obliga. En un principio dijo que la productividad cesante del área a inundar era de 15.100 millones de pesos anuales, y ante las críticas han reconocido recientemente la suma de 31.980 millones de pesos anuales. ¡No se equivocaban casi en nada! Peor aún. Los áulicos del proyecto han cacareado a los cuatro vientos que este sí va a ser el gran negocio para el Huila, que impulsará el desarrollo, el turismo, la piscicultura, etc., etc., etc., tal como nos echaron el cuento de Betania y mire usted a haber. Pero las cuentas son otras, fíjese bien. Mientras Emgesa reconocerá al Huila (en un lapso de 50 años) aproximadamente 351.900 millones de pesos, dejaremos de percibir (o sea perdemos) 1 billón 247 mil 100 millones de pesos que sería lo que ganaríamos si esas tierras no se inundaran y continuaron produciendo lo que actualmente producen. Por su parte, Emgesa se embolsilla en los mismos 50 años, 5 billones 966 mil millones de pesos, porque en los primeros doce años recuperarán la inversión inicial de 1 billón 575 mil millones de pesos. ¡Qué tal el negocio! Los dueños de la tierra, el agua, el rio y de todo lo que en esas tierras se mueve y produce terminamos siendo los grandes perdedores y perjudicados. ¡Qué nos pasa! No podemos seguir tragando cuanto cuento vienen a echarnos. Tal como está formulado el proyecto sólo hay un ganador: Emgesa y los áulicos del gobierno que traicionan al Huila y la Nación prestándose para tales engendros.
Y a todo ese negocio el gobierno nacional lo llama confianza inversionista. Feriar el país al mejor postor; comprometer con el extranjero los recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad y el paisaje y como si nada. Abramos los ojos: una vez Emgesa le eche mano a las 8500 hectáreas, estas estarán bajo su control y podrá pasar lo que está ocurriendo en lugares como Chile, donde Endesa niega el agua para el consumo humano y para la pesca.
La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos del Huila hacen al proyecto por sus negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas entre otras, es el anuncio de crear una base militar en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, muy acorde a estos tiempos de la Seguridad Democrática. Y aspiran a construir la base con dineros de Emgesa. Da miedo, ver lo que vemos cuando los indígenas se levantan para defender su territorio: más de 1200 asesinatos. O cuando se oponen a los proyectos de las multinacionales dentro de sus territorios. O lo que sucedió con la construcción de Urrá I y Urrá II.
El presidente Uribe está del lado de Emgesa, empecinado con el cuento de la confianza inversionista. El gobernador del Huila, defendiendo el nombramiento de sus amigos Jorge Fernando Perdomo, ex gerente de su campaña, que ahora será el asesor jurídico del proyecto; y Edgar Méndez Cabrera, ex secretario de Educación, que en adelante será el negociador de tierras por parte de Emgesa. Los mismos del Huila dándonos palo. Se ha creado una comisión dizque de concertación en la que la mayoría de sus miembros han sido nombrados a dedo y en la cual brillan por su ausencia los voceros de las comunidades perjudicadas y de las organizaciones sociales y ambientalistas que nos han alertado hasta ahora sobre el tema.
Quieren cuadrar todo para decir que hubo concertación, que todos estuvieron de acuerdo en tirarse por el barranco. De manera que pueda ser otorgada sin ninguna oposición la tan anhelada licencia ambiental, único requisito legal que le falta a Emgesa para echarnos el agua encima. A esos esfuerzos disociadores el gobierno les llama cohesión social. Bonito cuento para disfrazar el despojo, el desplazamiento forzoso y el desarraigo de las comunidades.
Pendientes debemos estar de la realización de una audiencia pública, requisito formal para otorgar la licencia, pero escenario ideal para hacer presencia con propuestas alternativas a las de Emgesa y con la movilización social para decir ¡no rotundo al saqueo pretendido!
Así están las cosas por ahora. Betania nunca se nos vino y quizás nunca se venga. Pero el negocio chimbo de El quimbo no es ningún chiste. Y ese sí se nos vino encima. ¿Permitiremos los huilenses un nuevo y descarado asalto a nuestro patrimonio y nuestro territorio? Usted tiene la respuesta en sus manos.
Neiva, 13 de enero de 2009.
EL PAIS DE ESPAÑA: INFORMACION FRACASO ESPAÑOL EN ENDESA.
El fracaso de esta multinacional nos debe convocar a todos los huilenses, social y ambientalmente responsables, a fortalecer la lucha de resistencia civil pacífica en defensa del territorio, del río Magdalena, de las comunidades, del Macizo colombiano y la biodiversidad.
«Con la venta a Enel, España pierde la oportunidad de crear un gran grupo energético nacional», editorializa el periódico El País de España, edición del 30 de marzo, a propósito de la compra de Endesa (la matriz de Emgesa) por el grupo italiano Enel. El tono de lamentación no es para menos.
Desde los intereses colombianos y de los huilenses, es apenas natural que se generen serias dudas, nuevas razones, para cuestionar el negocio de la construcción del Quimbo por parte de Emgesa.
Considera el diario español que la operación de venta de Emgesa a Endel es un fracaso político y económico, al fin y al cabo se trata de perder el control español sobre «la compañía eléctrica más importante de América Latina». Aunque no se lo reconoce explícitamente toda esta movida accionaria en las bolsas española e italiana es consecuencia de la crisis económica mundial. Que para el caso de España es visible en el ‘hundimiento’ de la industria de la construcción.
«Se ha perdido una gran oportunidad… para configurar un mercado energético español tan sólido e inatacable como… el alemán». Termina lamentándose el diario El País. Y no sin razón. Porque no deja de ser una paradoja que buena parte de ese modelo ‘sólido e inatacable’ que se le ha ido a los españoles como el agua entre los dedos, es lo que es gracias a que se funda en negocios ampliamente benévolos obtenidos en Latinoamérica con el beneplácito de varios y sucesivos gobiernos suramericanos, como es el caso del proyecto Quimbo en Colombia.
Vistos así los hechos, quién garantiza la confianza en las promesas del ‘negocio’ de Emgesa. Queda la duda de si el gobierno colombiano estaba enterado de la situación cuando escogió prácticamente con invitación privada a Emgesa para ser beneficiaria de un generoso contrato de concesión.
Recordemos que el proyecto Quimbo, fue ‘otorgado’ por el Gobierno con base en un esquema que sus técnicos económicos llaman «por cargo de confiabilidad», que según la Comisión de Regulación de Energía y Gas consiste en garantizar «un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista, asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión». En plata blanca, garantizar la rentabilidad para la empresa. En eso reside la denominada ‘confianza inversionista que promueve el Gobierno’. Ni más ni menos.
Una inmediata consecuencia de estas realidades económicas debería ser el replanteamiento del mecanismo de subasta por cargo de confiabilidad y de todo el sistema de concesiones y sus términos de contratación, que incluiría la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento ambiental pretendido por Emgesa.
El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia Segundo Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. El mega proyecto es el primero que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad.
En la Audiencia Ambiental sobre el megaproyecto El Quimbo, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, se confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden denunciados por las comunidades directamente afectadas, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la CAM, entre otros.
Los delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial han reconocido que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse.
La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias sobre como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras.
Así que Minambiente, tiene razones suficientes para proceder al no otorgamiento de la licencia ambiental para el megaproyecto el Quimbo: de una parte, los impactos económicos, sociales y ambientales negativos y las denuncias formuladas en la audiencia pública. Y de otra, la inseguridad y desconfianza económica que produce el «fracaso en Endesa».
Lo patriótico y consecuente ahora es actuar con responsabilidad social al quedar cuestionada la «confianza inversionista» como criterio esgrimido por el gobierno Nacional para el otorgamiento de la licencia ambiental a Endesa-Emgesa. El fracaso de esta multinacional nos debe convocar a todos los huilenses, social y ambientalmente responsables, a fortalecer la lucha de resistencia civil pacífica en defensa del territorio, del río Magdalena, de las comunidades, del Macizo colombiano y la biodiversidad.
El País S.L. | Prisacom S.A. .03/30/2009
EDITORIAL
Fracaso en Endesa
Con la venta a Enel, España pierde la oportunidad de crear un gran grupo energético nacional
Después de 17 meses de cohabitación tormentosa en Endesa, Acciona acaba de vender el 25% del capital de la empresa eléctrica española a Enel, el grupo italiano con un 30% de capital público y que ahora dominará el 92% de Endesa. Por muchas razones, la operación puede considerarse como un fracaso político y económico de primera magnitud. La primera razón y más poderosa es que la economía española pierde una referencia empresarial importante; no en vano es la compañía eléctrica más importante de América Latina y estaba llamada a convertirse en lo que se conoce como un campeón nacional, es decir, un grupo empresarial con capital español capaz de ocupar cuotas de mercado significativas en Europa y en América Latina. Ahora, esa posibilidad ha desaparecido y Enel ha dado el gran paso para dominar el mercado energético mediterráneo.
También confirma el fracaso de quienes, con el Gobierno a la cabeza, pretendieron fabricar un núcleo accionarial estable en la compañía española frente a las pretensiones de la alemana E.ON. La mayor responsabilidad de este fracaso hay que atribuirla al Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero no está de más recordar el turbio conflicto que ha acabado con Enel como dueño de Endesa. Los directivos y el Consejo de Endesa, nombrados a instancias de José María Aznar y Rodrigo Rato, boicotearon activamente en 2005 la OPA de Gas Natural sobre Endesa, una solución que podía haber consolidado la idea de un campeón energético español. Como parte de ese boicoteo, respaldado públicamente por el PP, los directivos buscaron a la empresa alemana E.ON, que lanzó una OPA sobre Endesa. El Gobierno aceptó públicamente un desafío que tenía que haber resuelto con mayor firmeza y discreción y, después de utilizar indebidamente a la Comisión Nacional de la Energía para cerrar el paso a E.ON, fabricó artificiosamente un núcleo accionarial mixto con Enel y la constructora Acciona para dirigir Endesa.
Hoy se puede decir que la solución no fue acertada. Las endiabladas relaciones entre Acciona y Enel no han aguantado ni siquiera el plazo de 2010 fijado para recomprar las acciones de Endesa. Tampoco fue muy afortunada la elección de una constructora como accionista capaz de dotar de estabilidad una compañía eléctrica tan compleja como Endesa. Ni su capacidad financiera, más deteriorada todavía por el hundimiento de la construcción, ni sus intereses profesionales, avalaban el papel de Acciona.
La constructora española ha obtenido en la operación unas plusvalías de casi 1.900 millones de euros. Si acudió a Endesa como un favor al Gobierno o lo hizo por iniciativa propia, el caso es que ha obtenido pingües beneficios. El beneficio de Enel es que controla una parte del mercado español y latinoamericano. Pero se ha perdido una gran oportunidad, quizá la única, para configurar un mercado energético español tan sólido e inatacable como, por ejemplo, el alemán. Y la historia de este fracaso puede repetirse en breve.
Audiencia pública 12 de febrero 2009 Gigante Huila
Plataformasur.blogia.com:
Fotografía: instalaciones ganaderas dentro de la zona de inundación.
En su condición de Observador Permanente de la Mesa de Concertación El Quimbo, el profesor Miller Armín Dussán Calderón, dió a conocer la propuesta de conclusiones sobre el trabajo adelantado por la llamada Mesa de Concertación. Aclaró además que en ningún momento los 22 integrantes de la Mesa aprobaron Acuerdos con Emgesa. Tampoco el Gobernador del Huila puso en consideración la aprobación de las actas, protocolos, ni se definieron mecanismos de consulta popular, ni se consideraron las conclusiones del Debate en el Congreso Nacional, la carta de los parlamentarios huilenses dirigida al presidente Uribe, ni el informe y concepto del contralor departamental en la última sesión, ni las exigencias de compensación de daños ambientales formuladas por la CAM a Emgesa que motivó el retiro de su director de la Mesa, ni las compensaciones formuladas por los alcaldes y comunidades de los municipios afectados, ni las propuestas alternativas presentadas por Plataforma Sur y el Ingeniero Marcos Silva (El Quimbo Huilense).
En consecuencia, dice Dussán Calderón, pretender ahora hacer aparecer como acuerdos con Emgesa los puntos de vista del Gobierno Departamental constituye un acto de falta de transparencia. Cada uno de los integrantes de la Mesa está en plena libertad de presentar sus ponencias en defensa de los sectores que representan, al igual que cualquier ciudadano, en la audiencia convocada para el 12 de Febrero por Minambiente en el municipio de Gigante.
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales presenta las siguientes observaciones que propone sean respaldadas por todos los integrantes de la Mesa y los ciudadanos del huila para que sean incorporadas como acuerdos y desacuerdos durante la audiencia pública, razones suficientes para exigir al Minambiente EL NO OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL A EMGESA.
ACUERDOS GENERALES
Conclusiones
1) El proyecto hidroeléctrico El Quimbo tal como está planteado por la empresa Emgesa es un negocio que favorece fundamentalmente los intereses económicos de la multinacional, afecta los intereses comunitarios, regionales y nacionales y es inviable e insostenible económica, social y ambientalmente.
2) La Resolución 321 del primero de septiembre que declaró de «utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa» tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se solicita su nulidad.
3) El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 quedando condicionado a los estudios de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia trajo como consecuencia que en la Mesa de Concertación El Quimbo no existió información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones. Razón por la cual se requieren como mínimo los siguientes estudios:
a) Establecer el valor real de la producción cesante ante la falta de confiabilidad en los datos suministrados por Emgesa, y el valor de las compensaciones que se derivarían de la mejora de la regulación y operación del embalse de la CHB (170%) respecto de las condiciones actuales y del incremento de la rentabilidad de la central a favor de la multinacional (35%).
b) Realizar un nuevo censo que permita establecer el número real de familias afectadas.
c) Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
d) Estudio de calidad de los suelos.
e) Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria del Municipio de El Agrado en el PIB (30%) ante el riesgo de perder su propia identidad.
f) Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
g) Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena.
h) Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
i) Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
j) Costos del tratamiento de aguas negras ante la inutilización de los alcantarillados de los municipios afectados (Garzón, Gigante, La Jagua e inspecciones) como consecuencia de la construcción del embalse tal como está diseñado.
3) Para evitar los daños al patrimonio y garantizar la soberanía sobre el territorio, el Río Magdalena y la defensa de los intereses nacionales, regionales y de las comunidades locales, se solicita al ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial el no otorgamiento de la licencia ambiental a Emgesa para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
DESACUERDOS
1.- Desacuerdo con el supuesto proceso de concertación (no aprobación de actas, protocolos, conclusiones, inspecciones) ni se consideraron las conclusiones del Debate parlamentario, carta de los parlamentarios al presidente Uribe, informe y concepto del contralor departamental en la última sesión, exigencias de compensación de daños
ambientales formuladas por la CAM a Emgesa que motivó el retiro de la Mesa de su director, compensaciones formuladas por los alcaldes y comunidades de los municipios afectados (adicionar al documento final las anteriores consideraciones y los documentos que las sustentan).
2.-No reconocimiento del patrimonio cultural (arqueológico, paisajístico, ambiental)
3.- Desconocimiento de los planes de desarrollo municipales, de ordenamiento territorial y planes de vida de las comunidades locales con una duración mínima a la vida útil del Megaproyecto.
4.- Capital semilla desarticulado de planes y programas de desarrollo local.
5.- Desconocimiento de otras alternativas al Megaproyecto de Emgesa acorde con el desarrollo regional, equitativo y sostenible. Adjuntar estudio de impactos negativos elaborado por Plataforma Sur de Organizaciones y propuestas del Ingeniero Marcos Silva (El Quimbo Huilense), y todos los documentos presentados en la Mesa de concertación.
La Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden que hemos denunciado. Así que, si se otorga la licencia ambiental, la responsabilidad política recae exclusivamente en el Gobierno Nacional, Departamental y en los dirigentes políticos y empresariales que han cohonestado con la entrega del territorio.
La gran asistencia, más de 1500 personas, es uno de los indicadores de la profunda preocupación que existe por la ejecución del proyecto, en especial en las comunidades directamente afectadas, como en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han reconocido los delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse. Al punto que según lo expresó la viceministra de Ambiente a la prensa antes de dos meses no podría conocerse una decisión sobre el otorgamiento de la licencia ambiental.
La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias sobre como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras.
Los grandes interrogantes sobre el proyecto continúan sin respuesta: ¿cuáles son los estudios, distintos a los de Emgesa, que conceden la viabilidad socioeconómica, cuando únicamente se han considerado con limitaciones y deficiencias los aspectos pecuarios y agrícolas? ¿Cuándo van a ordenarse los estudios alternativos que establece la Ley 56 de 1981? ¿Cuándo la Contraloría dará a conocer los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales? ¿Se mantendrá la Resolución 321 de declaración de utilidad pública a pesar de las graves afectaciones sobre el valor de los predios y los problemas con la titulación de los mismos? ¿Cuándo responderá Emgesa los reclamos precisos de la CAM sobre la pérdida de la biomasa (bosques) y los recursos hidrobiológicos? ¿Qué va a suceder con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los municipios afectados? En fin, ¿dónde están con precisión y de manera que puedan ser jurídicamente exigibles, los planes de compensación, reparación, mitigación de los efectos negativos del proyecto El Quimbo?
A pesar de las reuniones de la llamada Mesa de Concertación, la Audiencia demostró, contrario de lo que afirma el Gobernador del Huila, que no existe ningún avance significativo en la concertación. Por el contrario, son muchos más los interrogantes y las expectativas tanto de comunidades, organizaciones sociales como de gobernantes locales y autoridades ambientales.
En el inmediato plazo, Plataforma Sur se compromete a impulsar la realización de consultas y acciones populares en los municipios afectados y otras de orden jurídico; a seguir en la divulgación por todos los medios a nuestro alcance de esta problemática; y en acompañar a las comunidades en la organización y movilización que sean necesarias en la lucha por la defensa del territorio, las comunidades, el agua y el Río Magdalena.
Neiva, 15 de febrero de 2009
La Nación, Neiva. Economia. Enero 22 de 2009
Convocan a Audiencia para licencia ambiental
Martha Elena Camacho Belucci, asesora del ministerio del Medio Ambiente, convocó para el próximo 12 de febrero a las 8 de la mañana, en el municipio de Gigante, a la Audiencia Pública Ambiental dentro del trámite de licencia ambiental para la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo.
Mediante el mismo llamado fueron citados el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador Judicial Agrario del Huila, el gobernador, alcaldes y los personeros de los municipios afectados, entre otros.
La funcionaria también dio a conocer que habrá regiones previas informativas a la Audicencia en el Centro de Recreación Manila, Garzón, el próximo 26 de enero, y otra en Gigante al día siguiente.
Camacho Belucchi precisó que la fecha límite para la inscripción de las ponencias y escritos de los interesados en intervenir en la Audiencia, sería el 6 de febrero hasta las cinco de la tarde en la Dirección de Licencia, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio del Ambiente; en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y en las personerías municipales de Garzón, Gigante, Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira.
Igualmente, aclaró que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto El Quimbo, sobre el cual se otorgará la licencia, permanece dispuesto desde ayer en las instancias mencionadas arriba o en la web http://www.minambiente.gov.co/Ambiente/GazetaAmbiental.
La Nación, Neiva 12. febrero 2009
Quimbo alcanzó la máxima cota
La mesa principal de la audiencia pública estuvo integrada por el gobernador Luis Jorge Sánchez García, la viceministra Claudia Mora, y la directora de Licencias del Ministerio de Ambiente, Diana Zapata Peña.
Con la audiencia pública ambiental llevada a cabo ayer en Gigante se dio el último paso para que el Gobierno Nacional autorice la construcción de la obra. En su mayoría, las ponencias no respaldan el proyecto.
En un recinto abarrotado por unas 1.500 personas y bien custodiado por la fuerza pública, se llevó a cabo ayer en Gigante la audiencia para que el Ministerio de Ambiente decida si concede o no la licencia a la empresa Emgesa de construir la central hidroeléctrica de El Quimbo en el centro del Huila.
Con este objetivo, la cartera de Ambiente escuchó ayer 170 ponencias que previamente se inscribieron para argumentar por qué debe o no construirse la represa. En su mayoría, evidenciaron claro desacuerdo con el proyecto, por las consecuencias sociales, económicas y ambientales.
De hecho, algunos quisieron dejar en claro su desacuerdo con el proyecto, y aunque prepararon una manifestación pacífica, no pudieron entrar a las instalaciones del Colegio Ismael Perdomo Borrero, donde se desarrolló el evento.
También tomaron la palabra, entre otros, el gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García; los seis alcaldes de los municipios afectados, los representantes de la clase parlamentaria del Huila; el director de la CAM, Rey Ariel Borbón, voceros de los órganos de control nacionales y regionales y, por supuesto, el director general de Emgesa, Lucio Rubio, quien presentó el proyecto a los asistentes.
La jornada, con presencia de la fuerza pública ante posibles desmanes, fue instalada por Diana Zapata Peña, directora de Licencias del Ministerio de Ambiente, quien concedió a cada ponente cuatro minutos para sustentar su respectiva tesis frente a lo que debe ser el proyecto.
El evento, cuya duración fue estimada en once horas, en varias ocasiones estuvo a punto de ser suspendido por la presidencia de la audiencia, en cabeza de la señora Zapata Peña, debido a que la nutrida audiencia, buena parte procedente de las zonas rurales que se afectarán con la inundación del proyecto y que desde temprano bajaron en ‘chivas’ de sus lugares de origen, no respetó la orientación de no aplaudir ni abuchear.
A su turno, la viceministra de Ambiente, Claudia Mora, advirtió que la audiencia no era una instancia de debate ni un foro de decisión, sino que su propósito era ser un espacio para dar a conocer formalmente a la comunidad el estudio de impacto ambiental, con sus pro y contra, y escuchar las inquietudes de los afectados, lo que será llevado al expediente del trámite de licencia.
Dio a conocer, igualmente, que la decisión de la cartera de ambiente, la que se espera sea dada al finalizar el presente mes, debe ser motivada y dar respuesta a las ponencias expuestas en la audiencia
Por su parte, el Gobernador, en su intervención aclaró que las decisiones de las cuatro mesas de concertación llevadas a cabo hasta la fecha no tendrán incidencia directa en la decisión que debe tomar el Ministerio, autónomo para hacerlo.
De lo que se trata, dijo, es que la decisión sea la mejor para el Huila y se tenga en consideración que los afectados “son seres humanos y el corazón del departamento del Huila”.
Expresó también su preocupación porque el proyecto no tenga la misma trascendencia para el Gobierno Nacional como sí lo es para la región, por lo que pidió que la decisión de construir o no la central hidroeléctrica, que afecta directamente a seis municipios del Huila, sea la mejor.
Los compromisos
El mandatario seccional recordó algunos de los acuerdos llegados hasta ahora en la mesa de concertación con la constructora.
Dentro de ellos destacó el compromiso de la firma de irrigar al menos 5.200 hectáreas, de cerca de 8.000 que ha solicitado en este mismo sentido la clase parlamentaria, como compensación del área productiva que se perdería bajo las aguas del embalse, así como que financie el estudio definitivo para el proyecto de irrigación Hobo -Campoalegre- Neiva.
Insistió en que, de aprobarse la licencia ambiental, la empresa constructora debe comenzar inmediatamente con los programas de producción, para que cuando llegue el momento del llenado, los nuevos cultivos, por ejemplo el cacao, esté en edad productiva.
Sin embargo, Sánchez García recordó igualmente que existen aún algunos puntos donde no ha habido consenso, tales como la necesidad de que las tarifas de energía para el Huila, como gran productor, se reduzcan significativamente frente a las actuales, consideradas las más caras del país.
Nuevos temas
Al solicitar la inclusión de algunos temas precisos en la eventual licencia, el Gobernador requirió que en ésta se deje claro el futuro de la represa en su etapa de desmantelamiento o terminación del proyecto, lo cual no está incluido en el estudio de impacto ambiental.
“En consecuencia, la licencia ambiental debe fijar acciones de mitigación, compensación y disminución de los efectos ambientales para dicha etapa; así como la entrega sin costo alguno de las obras levantadas o construidas, incluidas las maquinarias y equipos que hayan sido utilizados en los últimos años de operación y como parte de la compensación por los efectos ambientales, sociales y económicos causados”, detalló.
Aclaró también que si al cabo de la vida útil de la obra, estimada en 50 años, la empresa decide continuar, deben establecerse nuevas compensaciones e indemnizaciones a las inicialmente otorgadas a favor de las entidades territoriales y comunidades afectadas con el proyecto.
La posición local
A su turno, el alcalde de Gigante, Julián David Díaz Moyano, tras dar a conocer los impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto , que significará entre otros motivos la pérdida de 2.200 toneladas anuales de alimentos, exigió una serie de compensaciones para resarcir esta falla.
Entre ellas resaltó que la constructora debe asumir el costo total del replanteamiento al Plan de Desarrollo y el EOT, y acondicionar 2.000 hectáreas con riego para producción agrícola.
Sin embargo, dejó en claro, a través de una constancia específica, que la hidroeléctrica no es favorable para los intereses del presente y futuro de esa tierra.
“Me ha correspondido liderar este proyecto, y no vamos a ceder un paso porque no vamos a permitir que afecten a nuestro pueblo, así nos entreguen todo el dinero del mundo”, enfatizó.
El pronunciamiento generó aplausos entre la audiencia, haciendo que la Presidencia de ésta diera su primero aviso sobre levantar la sesión.
Mauricio Durán, alcalde de Paicol, y Héctor Castro Moreno, de El Agrado, municipios que resultarían afectados con la construcción de El Quimbo, expresaron en su debida oportunidad respaldo al mandatario giganteño y anunciaron que están dispuestos a seguir su misma línea de no aceptar el proyecto hasta tanto no se compense de manera adecuada.
Sin embargo, el alcalde de Altamira, Amín Losada Losada, en una fuerte intervención, en la que acusó a colegas suyos de “acordar un cosa de noche y oponerse al otro día”, ratificó su posición favorable para la construcción de la hidroeléctrica, lo que le valió no pocas agresiones verbales de la audiencia, obligando así a las moderadoras de la misma a amenazar con una nueva suspensión de la audiencia.
Lucro cesante
Como uno de los voceros de la bancada parlamentaria del Huila, el senador Rodrigo Lara Restrepo pidió al Gobierno Nacional tener en cuenta que si bien la construcción de la represa de El Quimbo es necesaria para cumplir con los requerimientos de energía del país, “es un hecho traumático en la vida de los habitantes del Huila”.
Al igual que el Gobernador y el representante liberal Luis Enrique Dussán, Lara exigió también que en el plan de manejo ambiental propuesto por Emgesa se haga explícito un plan de desmantelamiento de la represa al cabo de su vida útil, que como se dijo se estima en 50 años.
También solicitó que en la valoración de los bienes y predios a comprar por la constructora, parar la ejecución del proyecto, se debe incluir un lucro cesante proyectado para los bienes con título o sin él, como se ha hecho en otros lugares y como lo dictan distintas jurisprudencias sobre el particular.
Mientras, el representante Héctor Javier Osorio Botello consideró como alternativa que el Gobierno Nacional se abstenga de expedir la licencia ambiental hasta que no se evacuen las diversas propuestas “que con argumentos sólidos se han planteado. Le pedimos al Gobierno que haga un cronograma de audiencia de respuesta”, añadió.
Nuevo estudio
En su intervención, el contralor Departamental, Constantino Trujillo Hernández, reconoció que a pesar de que en las Mesas de Concertación se ha avanzado bastante, aún falta mucho para resolver un gran número de aspectos antes de comenzar con la construcción de El Quimbo; esto teniendo en cuenta lo sucedido con la represa de Betania, donde el Huila recibió una cifra irrisoria tras su venta por parte del Gobierno Nacional.
Advirtió que como Contralor le preocupa que, no obstante la cercanía de la licencia ambiental, aún no aparecen propuestas concretas firmadas y pactadas, por lo que sugirió que la región debe contratar su propio estudio de impacto ambiental para conocer a ciencia cierta cuáles serían las compensaciones más adecuadas para ella.
Requerimientos ambientales
El director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, Rey Ariel Borbón Ardila, reiteró que la entidad, como responsable ambiental del departamento, espera unas mejores compensaciones en esta materia por parte de Emgesa.
Entre otros requerimientos, el directivo explicó que mientras en el estudio de impacto ambiental se plantea una compensación de 3.300 hectáreas, que darían alrededor de 900.000 metros cúbicos de madera, a un valor aproximado a los 100.000 millones de pesos, en el proyecto se generan actividades compensatorias de apenas 10.000 millones de pesos, una diferencia de 90.000 millones de pesos que deberían compensarse en términos ambientales.
“Nuestra propuesta es que se compense con la adquisición de 12.132 hectáreas, en una proporción de 1 a 4, en zonas dentro del sistema nacional de áreas protegidas”, añadió.
En cuanto a la afectación a ecosistemas y suelos, Borbón Ardila dijo que en el estudio de impacto ambiental Emgesa propone la misma compensación anterior.
Sin embargo, la propuesta de la CAM es adquirir 3.800 hectáreas en ecosistemas similares aledaños al embalse, revegetalizados por Emgesa durante el tiempo que dure el proyecto, y 14.398 hectáreas restantes en zonas de sistema de áreas protegidas del departamento de Huila, administradas por la firma en un periodo mínimo de cinco años, sobre cuencas de los 19 municipios aguas arriba de la presa, con prioridad para las áreas que son de la reserva forestal de la Amazonia.
En cuanto a la afectación en materia ictiológica, considerada grave, la CAM también solicitó que Emgesa comience el repoblamiento desde el mismo año de la desviación del río y continúe realizándola durante todo el proyecto o hasta que los monitoreos evidencien que la población y la productividad se han estabilizado.
Igualmente, solicitó proyectar y construir un canal u otro mecanismo que permita que los peces migratorios alcancen sus áreas de reproducción arriba de la presa y que otras especies realicen la migración en sentido contrario.
“Todos conocemos que con los embalses efectivamente se interrumpe el movimiento para la reproducción y alimentación de los pescados”.
Ponencias
Jénnifer Chávarro
Denunció una aparente invasión por parte de Emgesa a un área de reserva forestal, por lo que según dijo el hecho reviste de una connotación mayor.
“Hablamos de la reserva que queda en Tesalia, que pertenece al señor Carlos Humberto Cuéllar. Hay pruebas y hay cartas tanto para el Ministerio del Medio Ambiente como para las distintas instituciones del Gobierno encargadas de garantizar que todo este proceso sea transparente”.
No obstante, manifestó que no se ha obtenido respuesta alguna frente a los hechos y simplemente ponen en manos de la multinacional Emgesa la solución a esos problemas.
Consideró que “hay una ausencia total del Estado frente a un megaproyecto que tiene unos impactos enormes para la región”.
Detalló que la invasión al territorio salta a la vista por cuanto hay evidencias de inicios de trabajo de construcción y presencia de obreros en la zona.
“Tenemos algunas fotografías y videos donde está la marquilla dentro de la tierra. Son unas placas que dicen Emgesa”, aseguró.
Esto, agrega la señorita Chávarro, es suficiente para que el Ministerio del Medio Ambiente cancele el proceso de la licencia ambiental a la firma española, tal como se comprometió el titular de esa cartera, Juan Lozano, durante el debate a este mismo tema en el Congreso si se comprobaba que la firma había iniciado la obra sin esta licenciada para hacerlo.
Belén Alarcón
Tras estimar que en las cuatro mesas de concertación no ha habido ninguna concertación, advirtió que “diga lo que se diga en la audiencia pública, siempre se otorgará la licencia ambiental”.
Ante esto, expresó que apela al Ministerio para que no se entregue la licencia ambiental luego de las denuncias que se presentaron en la audiencia contra la obra.
“Es un crimen que el Gobierno Departamental no haya sabido que ha habido una invasión al territorio del departamento”, enfatizó.
Para ella, aunque las mesas de concertación no obligan penalmente, si lo hacen políticamente, “y si se hace la represa de El Quimbo, el único responsable es el Gobierno Departamental, la dirigencia del Departamento, que permaneció de espaldas a las necesidades de la región”.
Diario del Huila. Comunidad. 12 febrero 2009
La suerte está echada
El Quimbo ha generado diversas reacciones entre la comunidad y la dirigencia regional. Duros reclamos porque compensaciones no serían justas.
Desde muy temprano delegaciones provenientes de diversos sectores del departamento del Huila llegaron al municipio de Gigante para expresar su inconformismo con el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo.
Para las diversas organizaciones sociales que se hicieron presentes no ha existido la suficiente socialización, y no existe claridad en torno a la forma como se va a compensar a las comunidades que resulten afectadas.
«Nos han dicho que nos van a dar vivienda y tierras, eso es lo que nos han dicho, pero no sabemos cómo, ni dónde», expresa Jairo Palomino, un campesino de Gigante, quien en su intervención en el pleno de la audiencia aseguró estar muy preocupado porque, al parecer, a la gente no se le ha hablado con claridad.
A su turno, organizaciones sociales como Plataforma Sur, hicieron graves denuncias entorno a la forma como la multinacional ha venido haciendo intervención en las regiones a inundar, llevando regalos y kits escolares para comprar, según ellos, la conciencia de las humildes comunidades de la zona.
Las autoridades policiales impidieron el ingreso de propaganda en la cual se expresaba el rechazo al proyecto y tampoco permitieron el acceso de pancartas con consignas exigiendo justas compensaciones.
«Abajo El Quimbo, defendamos la soberanía del departamento. Las compensaciones no son justas, El Quimbo es un negocio chimbo», eran algunas de las expresiones que desde afuera se gritaban por parte de opositores a la iniciativa.
Ya en el interior de las instalaciones del centro educativo donde se adelantó la jornada, un poco antes de las nueve de la mañana se dio inicio formalmente el evento, con la presencia de algunas autoridades nacionales, y con un alto grado de inconformismo por parte de la dirigencia regional que solicitó la presencia de varios de los ministros, al considerar que las decisiones y la magnitud de lo que se discutía lo ameritaba.
«Aquí se están discutiendo asuntos muy importantes y no viene el Gobierno. Deberían venir los ministros. Eso genera molestia porque pareciera que al Gobierno no le interesa lo que está pasando», expresó el representante Carlos Ramiro Chávarro.
Un viejo de la región en tono premonitorio, advirtió que pese a la gran oposición social a El Quimbo, la suerte está echada y que el único camino que queda es luchar para que el desplazamiento no genere dolor y angustia entre la gente.
«Creo que así no queramos, ese proyecto es un hecho. El propio Presidente de la República lo ha definido de esa manera y eso nadie lo echa para atrás», dijo el campesino quien le exigió al Gobierno Departamental que de la batalla en defensa de los intereses de sus ciudadanos.
Cultores advierten
Las organizaciones culturales hablaron ayer y dejaron constancia de la enorme preocupación por lo que consideran exclusión y desatención de los intereses colectivos del ámbito cultural.
El diputado Raúl Rivera Cortés, quien llevó la vocería, dijo que no se ha considerado la inmensa riqueza arqueológica y el patrimonio inmaterial de toda la región que será inundada.
«A nivel regional y con el concurso de la comunidad y entidades entre las que se cuenta la Secretaría de Cultura y Turismo, se ha podido hacer una valoración de los impactos negativos que tendrá la construcción del nuevo embalse sobre el patrimonio cultural material e inmaterial localizado en las áreas a inundar en los municipios de Tarqui, Gigante y Agrado. En la Asamblea Departamental entendemos y reconocemos el papel que deben desempeñar entidades como el Ministerio Ambiente y especialmente el Ministerio de Cultura y el Icanh, en momentos en que las proyecciones de desarrollo económico sugieran daños irreparables al legado cultural del país expresado en costumbres, saberes, patrimonio arqueológico, etc., lo cual sabemos delinea y marca la identidad nacional», resalta el diputado.
Según los gestores culturales está a punto de perderse una de las riquezas más importantes del departamento y nadie ha considerado el impacto cultural que esto puede traer.
RECUADRO 1
Alcaldes en bloque
Ayer los alcaldes de la zona, se expresaron en una actitud contraria al proyecto al considerar que deben asumir la postura de defensa de las comunidades y a que no existen compromisos puntuales en favor de cada una de sus regiones. El único que se mostró contrario a esto fue el alcalde de Altamira Amín Losada, quien además fustigó a sus compañeros al señalarlos de dobles.
Presentamos algunas percepciones de los mandatarios
Julian Díaz Moyano, alcalde de Gigante
«No vamos a ceder ni un paso en la construcción del proyecto El Quimbo y aquí dejo constancia de que este proyecto no es favorable para el presente, ni mucho menos para el futuro de los giganteños ni del departamento. Así nos entreguen todo el dinero del mundo la riqueza de estas tierras es irremplazable, pues hasta el más pequeño insecto que habita es la zona tiene un inmenso valor económico».
Héctor Horacio Castro, alcalde de Agrado
«El municipio de Agrado no puede perder su identidad cultural por un proyecto que lo único que traerá es desplazamiento y afectación para la comunidad. El Agrado será el municipio con mayor afectación en el área agropecuaria si se construye este proyecto, por eso pedimos que se nos compense de la manera más justa. Actualmente no tenemos claridad sobre las garantías que nos brinda Emgesa ni de las compensaciones que nos ofrecen, por eso le pedimos al Ministerio que se abstengan de entregar la licencia ambiental».
Édgar Bonilla, alcalde de Garzón.
«Como la construcción de El Quimbo es una realidad que deberá asumir el Huila, exigimos que este proyecto se realice pero que se compense a las comunidades de la manera más justa. Debemos garantizarle el bienestar de la población campesina, de los jornaleros, de las personas que viven de extraer material de playa para la construcción y que se les restablezca su tierra y por supuesto sus viviendas, por lo cual esperamos que el Ministerio tome la mejor decisión y que le exija a Emgesa cumplir con todas las garantías necesarias para las comunidades».
Mauricio Durán, alcalde de Paicol.
«Le pedimos al Ministerio de Ambiente que tenga una espera para que otorgue la licencia ambiental. Creemos que todavía no tenemos las suficientes garantías, por lo cual aspiramos a que el Ministerio exija las correcciones que sean necesarias antes de otorgar la licencia».
Luceny Valenzuela, alcaldesa de Tesalia
«Espero que esto sea para bien del Huila, pero se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Aquí la gente debe quedar satisfecha y debe generar bienestar para la comunidad. Sabemos que requerimos empresa y esto es una buena opción, pero las compensaciones ofrecidas no están acordes a lo que nuestra región aporta. Estamos muy preocupados porque los campamentos de la obra van a quedar a veinte minutos del casco urbano y no tenemos logística e infraestructura para atender esa demanda».
Amín Losada, alcalde de Altamira
«Uno no puede tener dos criterios, uno para ganarse unos aplausos en un escenario, como lo han demostrado mis colegas alcaldes y le endulcen el oído a la gente, cuando la noche anterior estaban negociando El Quimbo. Nuestro municipio cuenta con 14 mil hectáreas dispuestas para la reubicación de las comunidades que deberán salir de sus regiones. Esto es abiertamente beneficioso para nuestro municipio».
RECUADRO 2
Solicitudes
El Gobierno Departamental aprovechó el desarrollo de la audiencia para hacer solicitudes puntuales tanto al Ministerio como a la firma que pretende realizar el proyecto. Dentro de las solicitudes se destacan:
La declaratoria de utilidad pública
Al abordar el tema de la declaratoria de utilidad pública de los predios en los cuales se generen las reubicaciones, adecuaciones de tierras y las compensaciones ambientales, se indicó que en la licencia ambiental debe quedar incluida la obligación de Emgesa S.A., de solicitar la respectiva declaratoria al Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces.
Los sitios de reubicación
Se solicitó, de igual forma, que la licencia ambiental establezca que los sitios de reubicación se presenten a más tardar trimestralmente para concertación con las comunidades para su aceptación o no. La copia de las actas respectivas tendrá que remitirse al Ministerio dentro de los cinco días siguientes.
Con respecto a las comunidades cercanas al río, el Gobernador afirmó que “las personas que tienen acceso al río vía servidumbre o por ser dueños de predios ribereños, la firma Emgesa S.A., deberá constituir la servidumbre en los eventos en que el predio no sea afectado en su totalidad”.
Sitio turístico
Adicionalmente, la licencia ambiental debe contener la obligación de Emgesa S.A, de mantener el cerro de Matambo como sitio turístico y proporcionar la infraestructura necesaria para su funcionamiento, el cual debe ser entregado al departamento del Huila para su manejo y explotación.
Los desacuerdos
En cuanto a los desacuerdos, las autoridades y la comunidad exigieron mejores garantías y un proyecto de desarrollo económico para las personas y familias ubicadas en la vereda La Cañada, esperando que el Ministerio de Ambiente los evalúe y determine si los incluye en el Plan de Manejo Ambiental.
No hay soluciones para las familias que no han podido acreditar propiedad sobre los predios que ocupan y aún no existe claridad sobre el sitio al que serían llevados. Tampoco hay una evaluación puntual de costos y compensaciones. Se hizo un llamado para que esto se concrete en el menor tiempo posible.
Se sigue reclamando intervención social, apoyo psicológico para las familias y atención médica para los más viejos.
Se insiste en la realización de un nuevo censo en la región, pues hay dudas sobre el realizado por la firma Emgesa.
Los acuerdos
Se hizo un recuento de los acuerdos a los que se llegó durante las mesas de concertación, las reuniones entre las partes; así como en las jornadas de socialización realizadas en Garzón, Gigante y Agrado.
Los acuerdos incluyen los de carácter mínimo y generales, que se espera sean incluidos sin reparo como condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental presentado para el otorgamiento de la licencia.
Diario del Huila. Comunidad. 12 febrero 2009
“La afectación ambiental es grave”
Alejandra Montoya Falla
La Cam reiteró que no hay elementos suficientes para que se otorgue la licencia ambiental. Gerente de Emgesa anunció una bolsa común por 12 mil millones para otorgar compensaciones.
“La construcción de El Quimbo interrumpirá de manera drástica el ecosistema del Huila”.
De esta manera el director de la Cam, Rey Ariel Borbón Ardila resumió su intervención ayer en el desarrollo de la audiencia pública que se desarrolló en el municipio de Gigante, reunión en donde el directivo de la máxima autoridad ambiental del Huila expresó las grandes desigualdades que en materia de compensación ambiental existen entre el estudio realizado por Emgesa y el elaborado por la Cam.
Durante la audiencia pública, Rey Ariel Borbón indicó que en los próximos días radicará en el Ministerio de Ambiente un documento en donde la Cam expresa que actualmente no se cuenta con los elementos suficientes para que se otorgue la licencia ambiental, por lo cual es prioritario que dicho requerimiento se postergue el tiempo que sea suficiente, hasta que no se tengan las garantías necesarias de que El Quimbo no afectará el ecosistema del centro del departamento.
“Nosotros hemos dejado clara nuestra posición, hemos dicho de manera oficial y pública las implicaciones que traerá para el departamento la construcción de El Quimbo en cuanto a la afectación de los recursos naturales, y nos hemos atrevido a realizar unas contrapropuestas para que se tengan en cuenta si el Ministerio efectivamente va a aprobar la licencia ambiental”, destacó el Director de la Cam.
La Cam indicó que hace falta mucha más información así como estudios puntuales sobre los recursos naturales de la zona a inundar y su respectivo plan de compensación, para que se otorgue la licencia.
“Nos mantendremos en la posición de que la afectación ambiental es grande. Vamos a tener una sesión de trabajo específica con el Ministerio de Ambiente posterior a esta audiencia, y ellos a su juicio tomarán la mejor decisión”, destacó Rey Ariel Borbón.
Diferencias entre Emgesa y la Cam
Y es que ayer durante el desarrollo de la audiencia pública, nuevamente quedaron en evidencia las grandes diferencias que existen entre el estudio de impacto ambiental realizado por Emgesa y las consideraciones formuladas por la Cam.
Por ejemplo, en las compensaciones propuestas para remediar el impacto sobre los bosques de la zona a inundar, Emgesa propone la compra de 3.300 hectáreas de bosque en zonas que ya tienen coberturas similares a las afectadas, las cuales serían revegetalizadas en un 30 por ciento y entregadas cuando terminen las obras de construcción de la represa, es decir, en cuatro años.
En contraste, la Cam considera que lo más conveniente para el ecosistema del departamento es la compra de 12.132 hectáreas en zonas aisladas y administradas por Emgesa por un periodo mínimo de cinco años, sobre cuencas abastecedoras de los 19 municipios aguas arriba de la presa, con prioridad para las seis localidades del área de influencia directa del proyecto.
Así mismo, Emgesa en el estudio de impacto ambiental contempla una indemnización de 11.300 millones de pesos por todos los bosques que serán afectados por el proyecto, mientras que la Cam considera que el valor comercial de la madera que se perderá con la inundación es de 71.280 millones de pesos.
Es decir, Emgesa tan sólo estaría compensando el 15 por ciento de la real afectación que se presentaría en los bosques, según la Cam.
De igual manera, el Director de la Cam puntualizó que la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo inundará el cinco por ciento de los mejores suelos que tiene el departamento del Huila, mientras que la firma constructora del proyecto lo calcula en tan sólo 0,5 por ciento.
“Son grandes las diferencias que existen entre los estudios que presente Emgesa y la información que maneja la Cam, por lo cual le pedimos al Ministerio de Ambiente que se tomen las determinaciones que sean necesarias para que se de o no vía libre al proyecto”, sostuvo Borbón Ardila.
Por su parte del delegado de la Procuraduría, Carlos Echeverry, durante su corta intervención, destacó la gran importancia que debe tener en el proceso de licenciamiento los requerimientos ambientales y las compensaciones que sobre ese tema deberá cumplir la firma constructora, por lo cual reclamó prioridad a todas las objeciones realizada por la Cam.
RECUADRO 1
Algunos requerimientos hechos por la Cam a Emgesa
-Adquirir la franja de protección de cien metros horizontales desde la cota máxima de operación y la elaboración de su zonificación .
-Retirar el ciento por ciento de la madera inventariada (Emgesa sólo plantea el cinco por ciento) y repicar la biomasa de copas y ramas apilándola.
-Estudios para manejo y protección de dos especies amenazadas en los bosques que son el cedro y trichilla.
-Construir una estación piscícola para garantizar el suministro de alevinos para el programa de repoblamiento y el desarrollo de paquetes tecnológicos para reproducción y manejo de especies nativas.
-Desarrollar un programa de fomento piscícola que incluya la construcción de jaulas de cultivo, siembra de peces y la asistencia técnica, orientado principalmente garantizar la sostenibilidad económica de los pescadores.
-Presentar un estudio ecológico preliminar de los sitios de reubicación de la fauna dentro del departamento.
-Profundizar durante la operación del proyecto en los inventarios de fauna, especialmente en aves y anfibios, en las áreas donde se adelanten los procesos de restauración de las áreas de compensación.
RECUADRO 2
“Haremos lo que diga el Ministerio de Ambiente”
Sobre el otorgamiento de la licencia para que se inicie de manera formal la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, Lucio Rubio, gerente de Emgesa, destacó que el Ministerio de Ambiente tiene todos los elementos suficientes para que tome la decisión, y espera que en tres meses se esté otorgando la licencia ambiental.
Indicó que la compañía dispondrá de una bolsa común por más de 12 mil millones de pesos para que los municipios afectados financien proyectos de desarrollo en los municipios, recursos que serían manejados por los propios mandatarios de las localidades.
¿Qué piensa de la posición de la Cam frente al impacto ambiental que tendrá el proyecto?
Lucio Rubio: Respecto a la posición de la Cam. Ellos han cuantificado lo que es el volumen de biomasa maderable, nosotros en esa cuantificación hemos llegado a un valor absolutamente distinto lo cual se está estudiando. Lo que es claro que nosotros nos hemos concentrado básicamente es en restablecer los hábitats que serán afectados, así como en proteger la flora y la fauna de los ecosistemas que vamos a inundar.
¿Cómo van a negociar esas grandes diferencias existentes entre las compensaciones que ofrece Emgesa y en los puntos que pide la Cam?
En este caso nosotros tenemos que someternos a lo que nos diga el Ministerio de Ambiente pues es la autoridad ambiental. La Cam lo que puede hacer, como lo ha venido haciendo, es en hacer observaciones al estudio de impacto ambiental que ha hecho la compañía. Recibidas esas observaciones por parte del Ministerio, es él el que tomará una decisión sobre las medidas de compensación que se puedan hacer y nosotros estaremos prestos a cumplirlas.
Los alcaldes piden una serie de proyectos para ser compensados, muchos de ellos de infraestructura. ¿Qué posibilidades hay de que se cumplan estas peticiones?
Lo más importante para todos los alcaldes es que se restablezca la actividad productiva que el proyecto va a afectar. En ese sentido hemos comprometido 5.200 hectáreas en distritos de riego con superficies irrigables para que la actividad productiva no se vea afectada ni alterada. Yo creo que ese es el mayor beneficio que nosotros vamos a generar.
Adicionalmente estamos pensando en crear un fondo común que se reparta de acuerdo a la actividad productiva de cada municipio y que sea de libre destinación por parte de los alcaldes. Estamos hablando de un valor entre los 12 mil y los 15 mil millones de pesos y serían los municipios los que van a hacer la priorización de los recursos y los que toman la decisión de invertir.
¿Qué espera Emgesa después de esta audiencia?
En cinco días el Ministerio elaborará el acta de la audiencia pública y a partir de ese momento el Ministerio pude requerir alguna información adicional, hará toda la evaluación del estudio de impacto ambiental y se pronunciará en lo que cree oportuno.
Nosotros hablamos de que en el primer trimestre debería pronunciarse sobre el otorgamiento de la licencia. Llevamos 11 meses haciendo el trámite de este requisito, se están haciendo los trámites respectivos que son las audiencias informativas, por lo cual consideramos que el Ministerio de Ambiente tiene todos los elementos para tomar una decisión con respecto a este proceso de licenciamiento
Plataformasur.blogia.com:
La página web oficial de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), trae un interesante análisis de su director respecto de los impactos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo titulado ’Mayores compensaciones por afectación ambiental del proyecto El Quimbo: CAM’. Llama especialmente la atención sobre que «en términos de cobertura vegetal se están afectando cerca de 3.000 hectáreas que darían alrededor de 900.000 metros cúbicos de madera que valdrían aproximadamente $100.000 millones de pesos y en el proyecto se generan unas actividades compensatorias de alrededor de $10.000 millones de pesos, estamos hablando de un diferencia de 90.000 millones de pesos que deberían compensarse en términos ambientales(…)». Sobre los recursos hidrobiológicos (fauna y flora acuatica, agua) afirma la CAM que el Proyecto Quimbo de Emgesa no tiene «información precisa que determine esa afectación y no se proponen acciones importantes de mitigación». Otro tic clave que plantea el director Ariel Borbón es la relación del Proyecto Quimbo el Protocolo de Kioto, obligatorio para Colombia». Importantes advertencias y nuevos interrogantes.
DIARIO DEL HUILA Comunidad12 febrero 2009
«Gigante» debate sobre el Quimbo
FABIÁN HERNÁNDEZ
Aplazarían licencia ambiental de El Quimbo
Las innumerables denuncias de la comunidad serán nuevamente revisadas por el Ministerio de Ambiente, mientras se autoriza la licencia.
La última audiencia pública dentro del proceso para otorgar la licencia ambiental y así poder iniciar las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, estuvo candente y agitada.
La totalidad de los asistentes provenientes de los distintos municipios que comprometen el proyecto, se hicieron presentes e hicieron muchos reparos frente a la forma como se ha venido desarrollando la totalidad del proceso, inclusive hicieron denuncias muy graves a cerca de presuntas irregularidades e incumplimientos por parte de Emgesa que presuntamente ya habría iniciado las obras sin contar con los permisos respectivos para ello.
La viceministra del Medio Ambiente Claudia Mora, dijo que tal y como están las cosas el proceso de definición de otorgamiento de la licencia ambiental tardará más de lo esperado, al reconocer que se deben tener en cuenta las apreciaciones efectuadas por la autoridad ambiental y las apreciaciones, válidas y puntuales que han efectuado los voceros de las comunidades que participaron en la audiencia pública de concertación.
«Este ha sido un importante espacio de concertación, el permitir que las comunidades tengan la oportunidad de expresar sus reparos e inquietudes, eso es lo más significativo. El Ministerio de Ambiente no ha adoptado una decisión frente al otorgamiento de la licencia ambiental y eso es muy importante aclararlo. Lo que ha ocurrido aquí tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque se trata de las percepciones que tiene la comunidad y no las podemos desconocer», expresó la funcionaria del Gobierno Nacional.
A juicio de la viceministra del ramo, hasta tanto no se analice en detalle y se estudie lo expresado por la comunidad y la autoridad ambiental de la región, será necesario seguir trabajando y por ende el pronunciamiento final acerca de la licencia ambiental tardará un poco más de lo esperado. Según lo estimado, el Ministerio debía definir el tema el próximo 24 de febrero.
RECUADRO 1
Credibilidad a la Cam
La viceministra reveló que habló con el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena Rey Ariel Borbón, acerca de la postura asumida de levantarse de la mesa de negociación ante la negativa de la multinacional Emgesa de atender los requerimientos de la autoridad ambiental regional.
«Le dije al doctor Borbón, que el Ministerio de Ambiente siempre tiene en cuenta los conceptos técnicos que emiten las corporaciones autónomas, ya que ellos son parte del sistema y son la autoridad en cada región. Por su puesto, el Ministerio es el que toma la última determinación, pero quienes tienen el conocimiento, la experiencia es la Cam y ellos son nuestro referente directo», explicó la funcionaria.
Claudia Mora, dijo que el informe que le entregue la Cam será revisado minuciosamente para tomarlo como base en el tema de la definición del otorgamiento de la licencia ambiental.
Diferencias abismales
La vocera del Ministerio de Ambiente reconoció también que las diferencias de compensación entre lo que ofrece Emgesa y plantea la Cam son abismales, pero aseguró que no puede asumir una postura, pero reiteró que hará todas las consultas y pedirá informes pormenorizados, porque considera como respetables, serios y juiciosos los conceptos que ha emitido la Cam a este respecto.
La Viceministra insistió en que no habrá un pronunciamiento hasta tanto no se tenga certeza, ni se surtan las etapas que el proceso debe llevar a cabo.
«No hay una fecha establecida, el Ministerio si tiene certificado el procedimiento para el otorgamiento de la licencia que es de 18 semanas. Lo que si es cierto es que ese plazo ya se venció hace mucho rato y estamos en mora de producir esa determinación. De ser necesario, nos tomaremos el tiempo que se requiera para producir esa determinación. Si se requieren más mesas de concertación, no hay problema, estaremos en ellas escuchando a las comunidades porque el proceso debe quedar absolutamente claro. Creo que la fecha del 24 de febrero está muy encima, estamos a diez días y no tenemos el tiempo suficiente. Esa fecha nos queda muy encima, hoy se han producido 170 intervenciones y tenemos cinco días para elaborar un acta de la reunión y eso nos quitará mucho tiempo, además hay reclamaciones, está el informe de la Cam y las solicitudes de los congresistas que son aspectos que se deben tener en cuenta antes de pronunciarnos», dijo la ejecutiva
DIARIO DEL HUILA, logró conocer que el pronunciamiento final en este sentido tardará al menos dos meses más.
Recuadro 2
La mirada del Gobernador
Para el gobernador del Huila Luis Jorge Sánchez, es importante la forma como se ha
adelantado el trámite para otorgar la licencia ambiental, proceso que calificó de novedoso y piloto en todo el país.
«Todo esto que se ha llevado a cabo ha sido de unas grandes connotaciones, es modelo nacional y se ha avanzado, no lo que se quisiera, pero hay avances. Hasta el último momento se requiere avanzar en este camino de mejorar la propuesta. Es el Gobierno Nacional el que toma las determinaciones y nuestro papel es de procurar que las comunidades sean escuchadas y buscar de Emgesa que nos compense como es debido», manifestó.
El mandatario seccional le solicitó de manera especial al Ministerio del Ambiente que analice las consideraciones que se han puesto sobre la mesa y que tome una determinación que favorezca a la comunidad y a la región, respetando los anhelos del departamento del Huila.
«Nos parece importante que se efectúe una reunión con el señor Presidente de la República, es necesario porque el Estado tiene una gran responsabilidad en lo que puede ocurrir en el inmediato futuro y el Presidente debe saber qué está pensando la gente, qué queremos y cómo avanza el proceso. El Gobierno debe contribuir como garante de compromisos y debe definir algunos aspectos que no están claros en el proceso», advirtió el Gobernador del departamento.
RECUADRO 3
Urgente reunión
La clase dirigente, en cabeza de los congresistas de la región, peticionaron de manera
especial que antes de definirse el otorgamiento o negación de la licencia ambiental se adelante un encuentro con el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, pues consideran que sólo él, podrá aclarar las innumerables dudas e inquietudes que han venido surgiendo durante el desarrollo del mencionado proceso.
Para los dirigentes, si bien es cierto las mesas de concertación han sido un mecanismo que ha permitido ganar espacios para lograr justas compensaciones, aún falta mucho y no ha existido una presencia fluida del Gobierno Nacional para que tomen determinaciones claras y puntuales que redunden en beneficio del departamento.
«Hemos acordado con toda la bancada de congresistas que debemos reunirnos con el señor presidente, porque hacen falta decisiones puntuales y solo él puede comprometerse con la región en aspectos que van desde lo social, inversión en obras y apoyo a diversos proyectos», explicó el representante a la Cámara Héctor Javier Osorio.
Quien además dijo que en las actuales circunstancias resulta improcedente otorgar una licencia ambiental cuando las comunidades presentan tantas inquietudes y no hay claridad por parte de la multinacional.
El senador Rodrigo Lara, fue especialmente crítico del proceso y aseguró que no hay avances y tampoco compromisos.
«No pienso acompañar este proceso hasta que no se aclaren una serie de circunstancias en las que esta multinacional no ha querido poner atención. Además, el Gobierno Nacional ha dejado sólo al departamento, no ha hecho el acompañamiento respectivo y parece más una imposición. Estoy dispuesto a liderar un movimiento anti Quimbo si no se compensa como es debido al departamento y las comunidades», aseguró.
El senador del Polo Democrático Jaime Dussán Calderón, no ocultó su preocupación por la forma como se adelanta el proceso. Considera que las compensaciones no son para nada justas y que las autoridades deben asumir una postura muy clara de defensa de los intereses regionales.
«Pues nos asiste una gran preocupación. Todo lo que ha ocurrido aquí es una muestra de que las cosas no se han hecho bien. No he escuchado una sola intervención en la que se respalde el proceso. Las denuncias reveladas por la comunidad nos dejan muy preocupado. Creo que el Gobierno piensa que esto es un juego, que la gente no tiene derechos y está muy equivocado. El proceso de la licencia para no tener reversa, pero hay que hacer algo para que esto no resulte tan desfavorable como se vislumbra», manifestó.
Diario del Huila. Económica. 06 marzo 2009
Minambiente condiciona licencia de el Quimbo
Emgesa deberá ampliar la información de algunos puntos contenidos en el estudio de impacto ambiental, a fin de que se le otorgue la licencia para que se inicie la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Lo anterior fue requerido por la Dirección de Licencias Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente, tras la realización de la audiencia pública realizada en el municipio de Gigante el pasado 12 de febrero, evento en el cual varios integrantes de la comunidad del área de influencia del proyecto.
La Cam, expresó sus inquietudes con respecto a la construcción de la hidroeléctrica, y las implicaciones sociales y ambientales que dejará el proyecto.
Según un comunicado emitido por Emgesa, “luego de concluir la Audiencia Pública Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, y dando continuidad al proceso de otorgamiento de la Licencia Ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicitó a Emgesa, ampliar información de algunos aspectos del estudio de impacto ambiental, derivada de las inquietudes adicionales manifestadas por la comunidad, durante este espacio de participación comunitaria”, indica el comunicado.
Tras la solicitud expresada por el Ministerio de Ambiente, con el fin de otorgar la licencia ambiental, Lucio Rubio Díaz, gerente de Emgesa, destacó que el Ministerio de Ambiente tiene toda la autoridad de requerir los puntos necesarios para reforzar el estudio de impacto ambiental, requerimientos que son normales en el proceso de licenciamiento.
“La compañía ha manifestado su disposición permanente para compartir la información necesaria respecto al proyecto El Quimbo, con el fin de aclarar las inquietudes referentes al Estudio de impacto ambiental realizado por la compañía, el cual es serio y riguroso”, aseguró Lucio Rubio Díaz.
La empresa puntualizó que “Emgesa espera continuar el proceso transparente que se viene adelantando para obtener la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el cual contribuirá a garantizar el suministro de energía eléctrica que el país requiere a futuro”, precisa el comunicado.
Requerimientos hechos al proyecto por la Cam
En el desarrollo de la audiencia pública quedaron en evidencia las grandes diferencias que existen entre el estudio de impacto ambiental realizado por Emgesa y las consideraciones formuladas por la Cam, situación que obligó a que el Ministerio de Ambiente le requiriera información adicional a la ejecutora del proyecto.
Igualmente se conoció la posición de la comunidad frente al desarrollo del proyecto, el cual inundará 8.250 hectáreas del centro del departamento.
Por ejemplo, en las compensaciones propuestas para remediar el impacto sobre los bosques de la zona a inundar, Emgesa propone la compra de 3.300 hectáreas de bosque en zonas que ya tienen coberturas similares a las afectadas, la cuales serían revegetalizadas en un 30 por ciento y entregadas cuando terminen las obras de construcción de la represa, es decir, en cuatro años.
En contraste, la Cam considera que lo más conveniente para el ecosistema del
departamento es la compra de 12.132 hectáreas en zonas aisladas y administradas por Emgesa por un periodo mínimo de 5 años, sobre cuencas abastecedoras de los 19 municipios aguas arriba de la presa, con prioridad para las seis localidades del área de influencia directa del proyecto.
Así mismo, Emgesa en el estudio de impacto ambiental contempla una indemnización de 11.300 millones de pesos por todos los bosques que serán afectados por el proyecto, mientras que la Cam considera que el valor comercial de la madera que se perderá con la inundación es de 71.280 millones de pesos.
Es decir, Emgesa tan sólo estaría compensando el 15 por ciento de la real afectación que se presentaría en los bosques, según la Cam.
De igual manera el director de la Cam, Rey Ariel Borbón puntualizó que la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo inundará el cinco por ciento de los mejores suelos que tiene el departamento del Huila, mientras que la firma constructora del proyecto lo calcula en tal sólo 0,5 por ciento.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS AL QUIMBO DE EMGESA
La Nación, Neiva. Economía. Diciembre 29 de 2008
‘El Quimbo Huilense’, una propuesta controversial pero generosa
Como forma de conocer y acordar nuevas propuestas para llevar a la Mesa Nacional de Concertación del proyecto El Quimbo, a realizarse en Bogotá el próximo 8 de enero, se reunirán mañana en la sede de Plataforma Sur algunos políticos y líderes sociales que representan al Huila en esta mesa. LA NACIÓN logró establecer cuál es la propuesta principal que se plantearía.
El Quimbo Huilense
La reunión de mañana servirá como espacio para que Plataforma Sur de Organizaciones Sociales presente a los asistentes una propuesta que ha desarrollado en torno a la ejecución de este proyecto, para tener en cuenta durante la negociación y que ha llamado ‘El Quimbo Huilense’.
Con base en un estudio diseñado y elaborado por el ingeniero Marco Silva, se ha creado una nueva propuesta, que se convertiría en la contraparte del Megaproyecto de Emgesa. En ella proponen estudiar la posibilidad de construir en la misma zona una microcentral que, según sus autores, en Europa y Estados Unidos es el único tipo de hidroeléctricas que se pueden construir. Esta microcentral, que tendría una altura máxima de 70 metros y generaría como mínimo 100 MWh, sería de múltiples propósitos pues permitiría “garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso racional del agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como la piscicultura, generación de sentido de pertenencia y la preservación de los ecosistemas estratégicos”. La propuesta, que no permite algún impacto ambiental, se construiría con la “participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurándole al Departamento el control de la Empresa de Energía del Huila de tal manera que ésta actúe como socio gestor y si es necesario buscar aliados estratégicos externos”.
Financiación
El Gobierno Departamental aportaría 60 mil millones de pesos, la Alcaldía de Neiva 30.000 millones y 10 mil millones cada uno de los restantes municipios del Huila. Además se pondrían a la venta acciones, para capital privado, brindándoles mayor oportunidad a los habitantes del departamento que, según ellos, no dudarían en invertir en un negocio tan fructífero y prometedor, así como lo hicieron ya con las acciones de Ecopetrol.
Adicional a la construcción de la microcentral, la organización social propone crear con dineros provenientes de un número significativo de acciones que el departamento cedería a la Universidad Surcolombiana, la creación del Centro de Estudios Regionales, que sería el encargado de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico para aprovechar el proyecto.
La reunión, que se realizará hacia las 3 p.m., contará con la participación de algunos congresistas del Huila como Jaime Dussán, Carlos Julio González; Eduardo Patarroyo, asesor económico del senador Hernán Andrade; Julio Enrique Ortiz, candidato a la Cámara de Representantes, el ex congresista Jaime Bravo Motta, el ex ministro Guillermo Plazas Alcid, los miembros de Plataforma Sur, las comunidades de los municipios de Gigante, Garzón, Agrado y Altamira, donde se construirá la represa, entre otros.
La idea, según Míller Dussán, director Colegiado de Plataforma Sur, organización que convoca esta reunión, es lograr un ‘acuerdo de región’ entre los representantes y todas las comunidades de la zona de ejecución del proyecto, para plantear en Bogotá. Así mismo, manifestó que en reuniones sostenidas en los últimos días con habitantes de la región epicentro del proyecto se puede concluir que estas comunidades no sienten la plena representación y vocería en las reuniones de la mesa de concertación nacional, por lo que han decidido delegar dos personas por cada vereda y población de la zona, para representar los intereses directos de sus habitantes.
El Quimbo, ‘Chimbo’
Plataforma Sur pone en duda, con dos grandes argumentos, la confiabilidad sobre la forma como se ha desarrollado el proceso concesionario y de adjudicación a Emgesa de la ejecución de este proyecto.
El primer argumento establece que el Gobierno Nacional “no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto” como lo dispone el Parágrafo del Art. 6 de la Ley 56 de 1981. Por el contrario, el Gobierno se basó en el estudio hecho por la misma firma Emgesa, por lo cual pone en duda, según la organización, la eficacia del estudio. De esta manera, solicitan se encargue la realización de dicho estudio a un ente nacional confiable y que conozca la zona.
Como segundo argumento Plataforma Sur dio a conocer, sobre la base de ser este un proyecto pactado a término indefinido, unas cifras expuestas por el asesor económico del presidente del Senado, Hernán Andrade, donde se anuncia cuáles serían las ganancias de este negocio para ambas partes, en las primeras cinco décadas. De acuerdo con las últimas cifras entregadas por Emgesa, de una producción cesante de 31.980 millones de pesos, se calcula que a 50 años “la producción cesante representaría 1 billón 599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de 7.038 millones, que por los mismos 50 años representaría 351.900 millones de pesos, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de 1 billón 247.100 millones”.
La organización agregó además cifras sobre la multimillonaria utilidad que Emgesa recibiría, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas. “La inversión inicial de 700 millones de dólares la recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $157.500 millones. En los 38 años restantes Emgesa obtendría una utilidad neta de 5 billones 980.000 millones de pesos. De estas gigantescas cifras solamente habría que reducir los $ 14.000 millones iniciales, que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $5 billones 966.000 millones. Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente”.
“Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la ‘confianza inversionista’, pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional”, puntualizaron los miembros de Plataforma Sur.
Opinión EL TIEMPO VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2009
Proponen Al Huila Que Haga Su ‘Mini’ Quimbo
Construir una represa pequeña, ambientalmente sostenible y de propiedad del departamento del Huila, propuso el ingeniero Marcos Silva, en medio de la polémica por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, que proyecta Emgesa en esa región.
El magaproyecto de la multinacional española ha sido cuestionado por diversos sectores en el Huila y el miércoles, en medio de una mesa de concertación, que culminó en una fuerte controversia, surgió la idea de la minirrepresa.
Aunque el proyecto de Silva se apoya en estudios científicos de la Universidad Surcolombiana y tiene el aval de Plataforma Sur, que agrupa a varias organizaciones sociales huilenses, no caló en el auditorio, en el que políticos y funcionarios la emprendieron contra Emgesa.
En una fuerte intervención, el contralor departamental, Constantino Trujillo, dijo que la propuesta del ‘mini’ Quimbo no es viable porque el departamento es muy pobre, pero aclaró que mucho menos viable es la propuesta de la multinacional.
También anunció investigaciones a funcionarios por su pasiva participación en el millonario negocio que, en caso de llevarse a cabo, afectará la economía de varios municipios del Huila.
“En nombre de la Contraloría Regional les digo que voy a hacer un seguimiento riguroso al tema de la negociación y que le pediré al Contralor General que estudie con lupa el tema”, dijo el funcionario y sugirió que las autoridades huilenses están siendo ‘demasiado laxas’ con Emgesa.
El Contralor dijo que no está en contra de ‘El Quimbo’ con Emgesa, pero tampoco con que se hagan este tipo de negociaciones en franca desventaja, sin reparos y sin garantías para el Huila.
“Los municipios tienen unos ingresos que se van a ver afectados, eso sin hablar del daño ambiental y los más de 2.000 campesinos que afectará el proyecto”, agregó.
En la reunión, Rey Ariel Borbón, director de la Corporación del Alto Magdalena (CAM), amenazó con retirarse de la mesa de concertación tras considerar que su presencia era “inútil” si no se tenían en cuenta sus reparos al impacto ambiental del proyecto.
Al final quedó claro que el megaproyecto de Emgesa y la propuesta de una minirrepresa cuentan con pocos apoyos.
»En nombre de la Contraloría Regional les digo que voy a hacer un seguimiento riguroso a la negociación… y le pediré al Contralor General que siga con lupa el tema”.
Constantino Trujillo, Contralor departamental del Huila
La Nación. Diciembre 16 de 2008. Columnistas
Quimbo: sería tumbe del siglo
BELÉN ALARCON
La delegación huilense salió con sabor agridulce de la reunión de Palacio el 11-12-08. El manejo del Presidente en la instalación de la Mesa de Concertación de El Quimbo pareció otro consejo comunitario. Su decisión: la construcción inmediata de la represa, bajo el Perogrullo de mantener la confianza inversionista, desconociendo las conclusiones del debate en el Congreso, que aprobó el condicionamiento de la expedición de la licencia ambiental, hasta que haya un estudio confiable sobre las graves implicaciones del megaproyecto.
Sus recomendaciones piadosas a la Multinacional para que tengan en cuenta los petitorios de alcaldes, políticos y comunidades no parecen tener la fuerza que lo caracterizan en los negocios de importancia prima. Si bien podrían ser plausibles algunas propuestas allí ventiladas, como la participación del Huila en consorcio con Emgesa para la adquisición de Electrohuila o en la compra de acciones de la Electrificadora de Bogotá, no convence la negativa de esta multinacional para impedir nuestra participación en el negocio, aduciendo razones jurídicas y tributarias. ¿No será la codicia la que impide compartir las astronómicas utilidades que se derivarían de lograr el megaproyecto en los términos de contratación actuales? ¿Compensarían algunas “dádivas”, que eventualmente cedieran en el uso de nuestra agua, para acueductos y regadíos, o algunas instalaciones sanitarias en la zona, el lucro cesante de $32.000 millones de pesos al año a término indefinido, y la utilidad emergente de $ 5.966.000 millones para la empresa en sólo 50 años? ¿No asombra que frente a ese cese de productividad sólo se ofrezca una compensación de $7.038 millones anuales, más $14.000 millones iniciales, y no se hable de la participación en las utilidades emergentes de la producción eléctrica? ¿A este monstruoso asalto, el Presidente y ciertos furibistas (congresistas, alcaldes, líderes gremiales) llaman un buen negocio y “confianza inversionista”? A Plataforma Sur no le cabe duda que semejante despropósito será el tumbe del siglo.
Si el Gobernador, quien deberá presidir la negociación en la Mesa de Concertación nos puede sustentar la justeza del negocio, estamos prestos a escucharlo, porque por ahora ha brillado por su ausencia. Quisiéramos saber también quienes fueron los cuatro ex gobernadores (que seguramente estarán en campaña) los que tanto puyaron por este anunciado tumbe, pues finalmente fue a ellos a quienes Uribe responsabilizó del adefesio. Por ahora sólo resta alertar a las comunidades para que defiendan el territorio, el agua y el Macizo, resistiendo al atropello, exigiendo el estudio de la Usco y negociación en la Mesa de Concertación con Emgesa, o no permitir el inicio de ninguna obra.
Diario del Huila Columnistas18. febrero 2009
No bastan compensaciones locales
Mons. Libardo Ramírez Gómez
Se está buscando acogida al proyecto de “El Quimbo” por medio de ofrecimientos de “compensaciones” a personas, familias, localidades, y al Huila
Se está buscando acogida al proyecto de “El Quimbo” por medio de ofrecimientos de “compensaciones” a personas, familias, localidades, y al Huila, pero me pregunto: ¿se han estudiado a profundidad si los beneficios que puede traer esa obra compensa el inmenso daño de anegar más de 8.000 hectáreas de excelente calidad? Las ofrecidas irrigaciones, en menor cantidad de tierra y de muy inferior calidad, compensarían apenas en parte el destrozo que se piensa hacer, y ¿se resucitan con eso las sepultadas hectáreas que tan olímpicamente quieren anegar? El aporte positivo que dé la pretendida hidroeléctrica ¿si compensa a Colombia y al mundo la pérdida para producción de alimentos de esa gran cantidad de tierra de primera?
Es fácil tratar de descalificar a quienes advierten reparos a esa obra señalando esa actitud de “politización” del tema, pero que no respondan de esa manera sesgada, sino que contesten, con seriedad y responsabilidad a los válidos cuestionamientos que por encima de pequeños intereses se han formulado. Es deber del Ministerio de Medio Ambiente dar un reposado y ponderado concepto sobre los pro y los contra de esa obra, y si una respetable técnica señala claros inconvenientes y desproporciones, con peso negativo, es deber, a conciencia, del Gobierno y del pueblo colombiano oponerse, así se esfumen vistosas halagos de empresarios poderosos interesados en su negocio. No bastan compensaciones locales si no se compensan los numerosos daños generales que cause un proyecto.
En este momento histórico, con dimensiones mundiales y no solo limitados a pequeños o medianos terruños, cuando el factor alimenticio del inmediato futuro tiene en alarma a todo el planeta, ¿será de suficiente altura y de validez moral entrar a formar parte de una empresa que se viera nociva para la humanidad, por el hecho de que a algunas personas o entidades regionales se les ofrezca jugosa participación en ella? ¿No estaremos de verdad, en un momento en el cual se debieran buscar fuentes de energía en plantas térmicas, en las irradiaciones solares, en la búsqueda de industrialización de la desintegración del átomo, antes que en condenar a muerte a miles de hectáreas de ubérrima calidad?
Qué bien que se esté hablando de proyectos de riego en el Huila y otros lugares de Colombia. Qué gozo nos daría que en lugar de sepultar tierras tan buenas como las de nuestro opitalandia se estuvieran estudiando allí más amplios proyectos de irrigación y producción agrícola tecnificada, con fincas de casas con acogedora dotación, con árboles y flores, que fueren otro polo de crecimiento turístico digno de esta “Tierra de Promisión”.
Diario del Huila, 26 febrero 2009
Por Delimiro Moreno
Después de escuchar atentamente a los partidarios y los críticos del proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica en la zona del Quimbo; de los pros y los contras que ambos sectores han expuesto; de hacer un balance general entre sus posibles beneficios económicos y de desarrollo y sus posibles perjuicios sociales, económicos y ambientales, finitivamente estamos convencidos de que esa construcción será perjudicial para el futuro del Huila, para su desarrollo armónico, para el medio ambiente de todo el departamento.
Sabemos también que la construcción no se detendrá porque esa es una decisión dictatorial del gobierno central que sin tener en cuenta los conceptos e intereses regionales, la declaró de utilidad pública y apenas si se avino tardíamente a que se discutieran algunas compensaciones y mitigaciones en unas mesas de concertación citadas a última hora y en las que pocas oportunidades de exponer sus criterios y reclamos han tenido las comunidades afectadas, porque los políticos gobierrnistas partidarios suyos acusan de politiqueros –como si ellos no lo fueran también- a quienes no están de acuerdo con ellos.
Probablemente esa decisión política –y politiquera- que sólo favorece en el Huila los intereses de la multinacional propietaria del proyecto, se haya tomado porque el Quimbo forma parte de la red de hidroeléctricas necesaria a mediano plazo para la producción nacional de energía, pero no se han tenido en cuenta los intereses de un departamento cuyo futuro se compromete en un supuesto beneficio para el futuro del país, sin que se sepa qué compensaciones se le darán, acaso porque los daños que van a provocarse son de tal magnitud que no pueden compensarse suficientemente sin poner en riesgo su financiación y realización misma.
Seguramente, El Quimbo va a favorecer el desarrollo del país, pero no se ha demostrado si ese desarrollo será también para el Huila, donde no se tiene previsto, como para Antioquia con el proyecto Ituango, levantar ninguna industria que dé trabajo permanente a los huilenses (no sólo el temporal de su construcción), ni fomentar ninguna otra rama económica que nos dé un futuro desarrollo que nos compense el sacrificio que su construcción significa. ¿Por qué tiene el Huila que sacrificarse por el resto de Colombia, y por qué los antioqueños –o los de cualesquiera otras regiones- no lo hacen?
Porque no estamos contra El Quimbo “porque no”, como sí lo están por él sus partidarios, “porque sí”, y, por ejemplo, creemos en los beneficios que para Colombia y Antioquia trae el proyecto de Ituango, que no inundará tierras laborables ni capa vegetal vital como el Quimbo, y que traerá desarrollo económico para los pueblos aledaños, sin perjudicarlos. Y, además, con capital nacional y, más aún, antioqueño, en lo que también se distingue del Quimbo.
En el balance costo-beneficio social, el Quimbo es perjudicial porque serán más sus costos que sus beneficios y compensar adecuadamente aquellos hace inviable económicamente el proyecto.
Por eso, definitivamente, NO AL QUIMBO.
La Nación, Neiva. Economía. Enero 10 de 2009
Alternativas a El Quimbo toman fuerza
Un Comité Cívico que genere propuestas alternativas, que incluso puedan sustituir en un momento dado a la planteada hasta ahora por la firma española Emgesa para construir la hidroeléctrica de El Quimbo, será conformado próximamente.
En declaración dada a conocer ayer, diversos sectores del Huila reunidos durante dos días y liderados por Plataforma Sur reiteraron su posición de generar incluso un proyecto alternativo al propuesto por la firma española, o que al menos la licencia para la materialización del actual sea concedida con base en un estudio de impacto ambiental hecho por la región y no por esa empresa.
Estos son algunos de los objetivos que trabajarán representantes de distintas organizaciones políticas, sociales, ambientalistas y gremiales del Huila que se oponen a la materialización del proyecto de generación como se lo ha propuesto Emgesa, tras considerar que va contra los intereses de la región.
La declaración en este sentido está firmada por cerca de 30 organizaciones de distintas órdenes, y particulares entre los que se encuentra el ex representante Orlando Beltrán, el senador Jaime Dussán Calderón y el ex gobernador del Huila Jaime Bravo Motta.
Según ellos, la misma es pertinente “ante la falta de coordinación desde el Gobierno Departamental”, por lo que convocan “a todos los actores regionales a defender los intereses del Huila construyendo una agenda común y designando los auténticos voceros en la Mesa de Concertación”.
El documento insiste en que el proyecto, “como está planteado, es un negocio que favorece fundamentalmente a los intereses económicos de la multinacional Emgesa” y cuestiona duramente la Resolución 321, que declaró de utilidad pública los terrenos donde se construirá la represa, al estimar que tiene vicios de inconstitucionalidad por aparentemente violar el debido proceso de los afectados.
Allí también se pide a los huilenses cerrar filas en torno a la exigencia de que el Ministerio de Ambiente supedite la licencia ambiental únicamente a las conclusiones del estudio socioeconómico que se financie desde el Huila, con lo que se garantiza la defensa de los intereses nacionales, regionales y locales, y no con base en el estudio de Emgesa.
Respecto de las propuestas alternativas al proyecto, los líderes de este proceso consideraron que estas deben ser concertadas con el Gobierno Nacional.
Alternativa total
La propuesta de un proyecto alternativo distinto al planteado por Emgesa se hace sobre la base de asegurar condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental, explica la declaración.
En este sentido, plantea la posibilidad de construir la generadora en la misma zona de El Quimbo, en Gigante.
La presa, con altura máxima de 70 metros, generaría al menos 100 MWh, pero permitiría disponer de agua por gravedad para irrigar más de 100.000 hectáreas para múltiples propósitos.
Tendría participación accionaria del Departamento, de todos los municipios del Huila, de comunidades y particulares, para ser operada por la Electrificadora del Huila. No se descartan socios estratégicos.
“Esta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, al uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores…”.
También debería facilitar la creación de nuevas empresas de economía solidaria, como las de piscicultura, “que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia, la preservación de los ecosistemas estratégicos y la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico…”.
La declaración expresa que, en todo caso, la garantía de realización de este pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas, la defensa del territorio y los demás intereses regionales…”.
El Comité Cívico para buscar la consolidación de alternativas a El Quimbo sesionará cada ocho días y definirá el Plan Departamental de Acción que incluye diferentes formas de resistencia civil y movilización social “en defensa del territorio, las comunidades, el río Magdalena y el Macizo Colombiano”.
Dentro de los firmantes de la declaración también se incluyen Carlos Tobar, coordinador del Polo Democrático Alternativo en el Huila; Miguel Rodríguez, del Partido Verde; Rolando Botello, concejal de Gigante y miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.
También se destacan los voceros y representantes de la Fundación El Curíbano, Central Unitaria de Trabajadores, Asociación de Institutores Huilenses, Asociación Sindical de Profesores Universitarios; Ramiro Becerra, gerente Utrahuilca, e Israel Silva, presidente Asocooph.
La Nación. Columnistas. Enero 10 de 2009
Alternativa sobre El Quimbo
Marcos Silva Martínez
Los huilenses estamos ante la incertidumbre y el reto de que, en el inmediato futuro y por el resto de la historia, no tendremos derecho a utilizar las aguas del Río Magdalena, en ningún tipo de proyecto industrial o agroindustrial, aguas arriba del complejo hidroeléctrico, de Betania y peor aun si la multinacional Endesa, a través de su subsidiaria Emgesa, construyen la hidroeléctrica El Quimbo.
A esta conclusión se llega, al conocer los pronunciamientos del representante de Emgesa, respecto al objeto de las obras, propósitos, destino y restricciones o limitaciones para el uso del agua del Río, arriba de las represas.
La posición de Emgesa es cerrada. La totalidad de las utilidades e incluye el control del uso del agua, arriba de la represa. Ha manifestado, reiteradamente, que arriba de la represa de Betania, solo permite tomar, máximo 5 metros cúbicos de agua, para riego o abastecimiento del consumo humano.
Bajo esta posición y percepción, tácitamente aceptada por el Gobierno central, equivale a, enajenar el derecho de propiedad de ese recurso natural, sin contraprestación.
Esa empresa se limita, a pagar, sin mayor control, los impuestos de ley, por la explotación del sistema de Betania y quiere hacer lo mismo con El Quimbo. Su representante para Colombia, sutilmente soslaya el objeto sustantivo del proyecto y evita todo compromiso, ante los requerimientos de la comunidad y espera que el gobierno ultraneoliberal y ultraderechista, cumpla compromisos.
Bajo esta perspectiva, desde Betania hasta la Laguna de La Magdalena, esa multinacional, pretende tener el dominio absoluto en el uso de las aguas del Río y el Huila, en particular, queda privado del uso de ese recurso natural, si no se actúa rápido y oportunamente, ante el gobierno central.
El río Magdalena, esta en Colombia y no en España. Es propiedad de los colombianos y no de los españoles. Su explotación, debe producir beneficios a Colombia y en particular al Huila, si la infraestructura de explotación, esta localizada en dicha jurisdicción.
La democracia de papel, se caracteriza porque el pueblo anónimo, elije representantes, supuestamente para que gobiernen, en su nombre y para su beneficio. En Colombia, este sueño es una falacia. La satisfacción de esa ilusión, no esta a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es: la entrega del río Magdalena.
Ante esta incontrovertible realidad, la dirigencia política, gremial, empresarial y gubernamental del Huila, deben exigir al gobierno, abstenerse de otorgar Licencia Ambiental, para la construcción de las obras, hasta que no queden perfectamente definidas las obligaciones y el alcance de la preservación de los derechos legítimos de los huilenses y de Colombia.
Mesa de Concertación no avanza
La Nación, Neiva. Economía. 04 febrero 2009
El director General de la CAM, Rey Ariel Borbón, se levantó de la Mesa de Concertación al no recibir respuesta a las solicitudes de carácter ambiental por parte de Emgesa.
Aunque hubo respuesta a peticiones de la comunidad, la Mesa de Concertación de El Quimbo no avanza en nuevos aspectos de importancia. Director de la CAM se levantó de la sesión tras no recibir respuesta a sus solicitudes por parte de Emgesa.
Sin nuevos acuerdos concretos, en aspectos considerados neurálgicos, irá el Huila a la audiencia pública del próximo 12 de febrero dentro del proceso de licencia ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo, luego de realizarse ayer la cuarta sesión de la Mesa de Concertación del proyecto en la capital del departamento.
Dentro de estos, se incluyen algunas de las peticiones del director Ejecutivo de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, Rey Ariel Borbón, quien dejó sentado su inconformismo por la no respuesta a éstas por parte de la firma constructora Emgesa.
Compensaciones ambientales
La CAM tomó la determinación de retirarse de la mesa tras considerar que la compañía no ha dado respuestas satisfactorias a las solicitudes y propuestas en materia ambiental formuladas por la máxima autoridad ambiental del departamento.
“No tiene sentido seguir allí cuando la empresa no ha dado respuestas claras sobre los pronunciamientos que hemos realizado frente al tema de la compensación ambiental, hecho que vemos con gran preocupación”, dijo Borbón.
De esta manera, la CAM considera que sentó un precedente en este proceso, ya que según Borbón es grave la afectación ambiental que acarrearía dicho proyecto, y las compensaciones ambientales deben ser mayores por parte de Emgesa.
“Con toda la información que ha entregado la compañía en los dos estudios al Ministerio de Ambiente y a nosotros, tenemos una versión muy real y con el análisis que hemos hecho la evaluación arroja una grave afectación ambiental, y que las medidas compensatorias que está proponiendo el proyecto son mínimas comparadas con esa gran afectación”, dijo.
En tal sentido, citó que en términos de cobertura vegetal se están afectando cerca de 3.000 hectáreas que darían alrededor de 900.000 metros cúbicos de madera que valdrían aproximadamente 100.000 millones de pesos, y en el proyecto se generan unas actividades compensatorias de alrededor de 10.000 millones de pesos.
“Estamos hablando de una diferencia de 90.000 millones de pesos que deberían compensarse en términos ambientales sólo en un recurso, que es el tema forestal”, dijo Borbón Ardila.
De igual forma, dijo que se deben hacer evaluaciones a otros recursos como es el suelo, cuya calidad no se va a encontrar en otros terrenos donde se ubicarían las familias.
Consideró que Emgesa no ha tomado en cuenta la afectación de los recursos hidrobiológicos, que se verán afectados por la construcción del embalse y llenado.
“Allí no hay una información precisa que determine esa afectación y no se proponen acciones importantes de mitigación, por eso expresamos esa debilidad y es el Ministerio el que finalmente en su evaluación tomará la decisión; si va a otorgar la licencia, deberá exigir el lleno de estas dudas y falencias que tienen las propuestas que ha presentado la compañía”, expresó.
Adicionalmente, Borbón mencionó que con este tipo de proyectos hidroenergéticos se genera un tipo de beneficios adicionales, como hoy en día son beneficiarios en el Protocolo de Kyoto a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Según el Director General de la CAM, en la eventualidad de que se construya este proyecto, estos recursos deberían reinvertirse en el Huila y no formar parte de las ganancias adicionales que pueda tener la compañía en el desarrollo del proyecto.
Encuentros y desencuentros
El gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, quien funge como presidente de la Mesa de Concertación, reconoció que si bien ha habido acuerdos en ésta, todavía falta por avanzar y recortar distancias en otros.
Según él, hay distanciamiento entre las partes (región, Emgesa y Gobierno Nacional) en lo referente a la creación de tarifas diferenciales de energía para el Huila. “Esta ha sido una petición reiterada de la región”, añadió.
Tampoco ha habido acuerdos concretos sobre la participación accionaria del Departamento en el proyecto, es decir, que el ente territorial e incluso los municipios afectados hagan parte del proyecto como accionistas.
“Preliminarmente se han buscado alternativas y se están evaluando las ventajas de cada una de ellas para efectos de tomar la decisión correspondiente, tomando de todas formas en consideración la capacidad financiera del Departamento y los riesgos que cada una de ellas implica”, manifestó Sánchez Silva.
Lamentó que el Gobierno Nacional no haya dado respuesta positiva a la creación de un ICR especial para la zona que afectará con el proyecto, en relación con la reactivación económica que se debe dar, y que tampoco haya unificación de criterios en torno a las compensaciones ambientales, la queja de Borbón Ardila.
“Hay algunas posiciones encontradas; por ello, la bancada parlamentaria le ha remitido un documento al Presidente (Álvaro Uribe Vélez) para que tome cartas en el asunto y pueda desentrañarse lo que en este momento impide llegar a un acuerdo”, advirtió.
El mandatario seccional, sin embargo, destacó como a uno de los más altos logros concretos alcanzado en esa instancia la propuesta de la firma constructora de adecuar cerca de 5.200 hectáreas con riego por gravedad, y avances significativos “en torno a las áreas a entregar a las comunidades afectadas”.
El próximo miércoles, un día antes de la audiencia de licencia ambiental que se llevará a cabo en el municipio de Gigante, los 22 integrantes de la Mesa aprobarán un documento en el que figurarán los acuerdos y los desacuerdos dentro de los avances de dicha instancia de concertación.
“Creo que se va avanzando en este proceso, y esperamos que a la audiencia pública se llegue a analizar simplemente en lo que no ha habido acuerdo para que se pueda hablar que es un proyecto viable para el departamento del Huila, porque en las condiciones en que fue presentado el estudio de impacto ambiental no colma las expectativas”, advirtió el mandatario.
Peticiones
Durante la extensa jornada, los alcaldes de los municipios afectados –Garzón, Agrado, Gigante, Paicol, Pital- dieron a conocer las peticiones concretas que exigen al Gobierno Nacional y a la constructora Emgesa -de mayoría accionaria española-, como compensación por las afectaciones a sus comunidades, territorios, cultura y medio ambiente.
Por su parte, Emgesa dio a conocer de manera detallada la respuesta a las cerca de 70 peticiones que en la última sesión de la Mesa le hicieran las comunidades. En este sentido, recalcó que el 80 por ciento de ellas están ya contenidas en el estudio de impacto ambiental.
LA NACIÓN, NEIVA. Política. 05. febrero 2009
Responsabilidad fiscal por El Quimbo
Le continuaron cayendo piedras a la construcción de El Quimbo por el proceso de negociación y por temas que siguen sin resolverse.
Le continuaron cayendo piedras a la construcción de El Quimbo por el proceso de negociación y por temas que siguen sin resolverse. La Contraloría Departamental ha reiterado sus preocupaciones y ha lanzado una alerta al Departamento y a los alcaldes de los municipios afectados por la construcción de la hidroeléctrica.
En la mesa de concertación del miércoles en Neiva, el contralor Constantino Trujillo tomó la palabra para manifestarles que está considerando abrir «unos procesos de responsabilidad fiscal por la gestión cumplida frente al megaproyecto». Explicó que no es posible pasar por alto un comportamiento «que a todas luces es lesivo para los intereses de los huilenses a costa de una multinacional».
Consultado por LA NACIÓN, el Contralor señaló que aparte del Alcalde de Gigante, que hizo una exposición profunda de las consecuencias, y un poco Garzón, los demás mandatarios y la Administración Departamental, como ha venido sucediendo, siguen haciendo exigencias particulares sin un referente sólido que controvierta a Emgesa.
«El único ha sido la CAM, que ha presentado un presupuesto de compensación ambiental superior a los 128.000 millones de pesos contra lo que oferta la empresa por 9.800 millones», dijo.
Por eso, explicó, insisto en la necesidad y la advertencia de que es inclaudicable tener un informe de consultoría que controvierta la propuesta y las informaciones que maneja Emgesa. A raíz de esta situación fue la advertencia, de la que haremos traslado al Contralor General para que investigue.
«Una presunta responsabilidad fiscal se daría en este caso porque los recursos del departamento y los municipios, como la riqueza ambiental, hídrica y la naturaleza, el precio de los predios, etc, no se ajustan a una realidad. En el ejemplo de la Cam, la diferencia con los valores con Emgesa, sería la que se supondría como responsabilidad fiscal. Tendríamos que actuar en defensa del patrimonio huilense», señaló.
Razones
Trujillo no quiso opinar sobre si el comportamiento del Gobierno y los alcaldes ha sido negligente, entreguista o de conveniencia; «pero no podemos negar que nos ha faltado entereza en las reclamaciones y en la defensa de lo nuestro», enfatizó.
Respondió que no está excediendo sus funciones, «lo que yo pido es que tengamos un estudio para poder negociar, pues quien tiene la información tiene el poder, y en este caso lo maneja Emgesa».
MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA EL MEGAPROYECTO EL QUIMBO
Regional Diario del Huila REDACCIÓN REGIONAL 05 marzo 2009
Marcha contra el Quimbo en Neiva
Como lo habían anunciado el pasado 27 de febrero los dirigentes del movimiento social que se ha declarado en contra del construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, marcharon pacíficamente ayer por las principales calles de Neiva.
A esta manifestación que inició sobre las diez y media en la mañana desde la glorieta de Los Dujos, se unieron estudiantes de la Universidad Surcolombiana y de varias instituciones educativas de la ciudad para exigir al Gobierno Nacional, que no otorgue a Emgesa la licencia de construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo.
Desde 27 de febrero cerca de 250 personas liderados por los concejales del municipio de El Pital, avanzaron hasta el puente de El Balseadero jurisdicción del Agrado con la consigna «No al Quimbo, sí al desarrollo agropecuario». En el recorrido recibieron el apoyo de organizaciones del municipio de El Agrado y Garzón. Al final de esta jornada los marchantes convocaron a los huilenses, para que se unieran a esta causa y convocaron a participar de la marcha que se realizó ayer.
Para César Iván Ocampo Ocampo, concejal de El Pital, esta es una prueba de la conciencia social que tiene las comunidades que se verían afectadas por la inundación de sus tierras y las consecuencias negativas que traería la ejecución de este proyecto.
«Llegamos a la capital del Huila para exigir del Gobierno Departamental y Nacional mayor inversión agropecuaria para nuestro departamento y un rechazo rotundo al proyecto de El Quimbo. Los pueblos indígenas nos han dado un ejemplo grandísimo de resistencia; así le den la licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional a Emgesa para que inicie la construcción de la hidroeléctrica, vamos a seguir hasta el día de la construcción con nuestra protesta para tratar de frenar este proyecto, que sólo trae nefastas consecuencias para nuestro departamento. Traducido en pobreza, desempleo, desplazamiento, que se puede equiparar con el desarraigo que causa del conflicto armado colombiano, pero en esta oportunidad sería a manos del Gobierno Nacional», comentó el edil Ocampo.
Entre tanto Rolando Botello Rodríguez, concejal de Gigante, anotó que protestan también porque consideran que nunca habrá compensación que pague los daños que generaría al medio ambiente y a la productividad de la región, este proyecto. «El Concejo de Gigante designó una comisión para que organice la realización de un foro con las comunidades campesinas, especialmente de la parte alta, para analizar en conjunto las consecuencias, ya que habrá aumento de vientos o cambios climáticos que afectarán su actividad agrícola y a ellos no se les han tenido en cuenta para ningún tipo de compensación», manifestó.
Los dirigentes políticos finalmente hicieron un llamado a la dirigencia política huilense especialmente a los congresistas, para que abanderen este movimiento contra El Quimbo y se haga un frente común que impida la construcción del embalse.
Comentarios
DENUNCIA:
06 marzo 2009 03:27:52
JUAN PLEMIO
LA MULTINACIONAL EUROPEA EMGESA, SEÑORES Y SEÑORAS, NO SOLO HA ABUSADO DE NUESTRO TERRITORIO CUANDO HA PUESTO DINAMITA EN ÉL SIN NINGUN TIPO DE APROVACIÓN DE LAS COMUNIDADES NI EL GORBIERNO, CUANDO HA EMPEZADO A SACAR A LAS MALAS A LOS CAMPESINOS DUEÑOS DE LAS TIERRAS A INNUNDAR, CUANDO ASPIRA A GANAR ASTRONÓMICAS CIFRAS DE PLUSVALIA «UTILIDAD» CON LOS RECURSOS DE LOS COLOMBIANOS, SINO QUE ADEMAS DE ESTOS MUCHOS ABUSOS, MANDA Y PONE A DISPOSICIÓN DE LA ENCUESTA QUE EN ESTE MOMENTO HACE ESTE DIARIO PARA QUE MAGICAMENTE CAMBIEN LAS CIFRAS DEL 61% DE DESAPROVACIÓN QUE TENÍA EL PROYECTO IMPERIALISTA EL QUIMBO A UN 45% EN QUE SE ENCUENTRA AHORA LUEGO DE LA METIDA DE MANOS DEL ENTE INTERNACIONAL QUE ASPIRA SIN LUGAR A SONROJO MINIMO INVADIR NUESTRA QUERIDA Y DESVIRTUADA PATRIA PROMETIENDO TODO TIPO DE PREVENDAS POLITIQUERAS A CIERTOS PERSONAJES DE LA VIDA POLITICA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL; ESTE PROYECTO NEOLIBERAL, QUE NO ENCUENTRA APOYO SINO EN EL PARAMILITARISMO Y CASUALMENTE EN EL GOBIERNO NACIONAL, NO SOLO ATENTA CONTRA LAS COMUNIDADES AFECTADAS DIRECTAMENTE, SINO QUE MAS ALLÁ DE TODA LA VERBADA QUE AQUÍ PODAMOS HABLAR, AFECTA EN LO FUNDAMENTAL EL MISMISIMO CONCEPTO DE PATRIA, Y SI ALGUNA VEZ AL PUEBLO COLOMBIANO QUE TAN PATRIOTA SE HA MANTENIDO A PESAR DE LA DESINFORMACIÓN MEDIATICA Y EL TERRORISMO DE ESTADO LE VUELVE A DOLER COLOMBIA, ESTE ES EL MOMENTO DE DEMOSTRARLO. ABRAZOS A TODOS DESDE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
Plataformasur.blogia.com
Acompañados de numerosos jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, profesores y ciudanos en general, se cumplió el pasado 5 de marzo la marcha de rechazo a la construcción de la represa de El Quimbo y en pro de un desarrollo sostenible y alternativo para los campesinos del Huila. (La secuencia fotográfica ilustra deversos momentos de la manifestación pública. Fotografía: Acas-ComUnidad)
Así resenó El Tiempo (jueves 12 de marzo On Line) la marcha en Neiva:
Proyecto de hidroeléctrica El Quimbo en Neiva (Huila) genera protestas
La marcha, encabezada por concejales y campesinos de El Pital, Garzón y Gigante (Huila), partió a las 11:00 a.m. de la Universidad Surcolombiana.
Los marchantes, entre los que también se encontraban docentes, estudiantes universitarios y ambientalistas, rechazan el proyecto de construcción de la mega hidroeléctrica El Quimbo, que planea iniciar a construir la española Emgesa, a partir del segundo semestre de este año.
«Energía sí, pero sin destrucción», gritaban en coro los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, que junto a estudiantes del colegio INEM, eran mayoría en la manifestación.
Hasta el medio día de hoy no se presentaban disturbios pese a que se dijo, públicamente, que la protesta era ilegal, pues no tenía los permisos respectivos de la Secretaría de Gobierno local.
Las principales críticas al proyecto tienen que ver con la grave afectación que según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, tendría el proyecto sobre la vida acuática en las aguas del río Magdalena.
«No a El Quimbo de Emgesa», parecía ser la premisa de los cerca de mil manifestantes que marchaban seguidos por más de 100 hombres del Esmad de la Policía.
Miller Dussán, líder de la manifestación, dijo que «el descontento del Huila con el proyecto es general, no sólo por la afectación al río, sino por las actividades productivas de más de 2.000 campesinos que verán inundadas sus fincas; por el daño a ecosistemas terrestres; por el derecho al agua y por las pésimas condiciones en que se negoció El Quimbo con los huilenses».
«No necesitamos permiso en un país democrático para hacer manifestaciones y protestar; constitucionalmente tenemos ese derecho», dijo otro líder de la marcha que recorrerá toda la ciudad y culminará en la Gobernación de Huila.
El proyecto está en fase de aprobación de la licencia ambiental, que sería otorgada a Emgesa, en los próximos días.
Esta es la tercera marcha que realizan en Huila contra el megaproyecto.
ESTUDIO DE SISTEMATIZACIÓN Y PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS DEL PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Este documento es producto de la sistematización de estudios relacionados con los impactos del Megaproyecto Hidroeléctrico realizados por Emgesa, la Corporación del Alto Magdalena, Planeta Paz; de especialistas como el abogado ambientalista Guillermo Asprilla y el ingeniero Marcos Silva; de los encuentros directos con las comunidades afectadas (la Escalereta, Rioloro, Veracruz, etc.; de foros (Asamblea del Huila, Universidad Surcolombiana), Municipios de El Agrado y Gigante); de talleres, seminarios, debate en el Congreso de la República, «mesa de concertación El Quimbo», revisión de artículos de prensa, revistas, columnas de opinión, entre otros. En efecto, ante los desafíos planteados por el megaproyecto, es de utilidad su divulgación con el propósito de contribuir con la movilización social por la defensa de las comunidades, el Territorio del Huila, la biodiversidad, el agua, el Río Magdalena y el Macizo Colombiano (N. de A.)
Por Miller A. Dussán Calderón
Director Colegiado Plataforma Sur de Organizaciones Sociales
Profesor Titular Universidad Surcolombiana
I.- El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación. Autorizó por tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, para que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado «El Quimbo», a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira del Departamento del Huila.
El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue negociado por el gobierno de Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.
La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe —Santo Domingo y Puerto Rico.
El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora. (Esquema de localización del proyecto en el Departamento del Huila)
II.- Características técnicas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
| Longitud del embalse |
55 Km, de la presa hasta la jagua |
| Ancho medio del embalse |
1.4 Km |
| Cota máxima de operación |
720 msnm vertedero para 18.800 m3/s |
| Generadores |
2 turbinas tipo Francis |
| Potencia |
200 Mw cada turbina |
| Salto neto |
122 m |
| Cota de bocatoma |
641 msnm |
| Caudal medio río (Balseadero) |
222.5 m3/s |
| Caudal medio sitio de presa |
235.4m3/s |
| Caudal medio turbina |
187.5 m3/s |
| Capacidad instalada |
400 Mw |
| Área inundada |
8.250 hectáreas |
III.- Impactos del proyecto
La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible y representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de Emgesa.
- Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
- Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
- Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
- Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
- Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios)
- Pérdida permanente de jornales de trabajo.
- Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
- Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
- Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
- Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
- El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balceadero y el de La Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la Licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.
Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:
- Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
- Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, perdería 30%)
- La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
- La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.
IV. Argumentos legales, económicos y técnicos sobre la inviabilidad del Megaproyecto
1.- Legales
1.1 En julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmó que «ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable». Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el mismo Minambiente conceptuó, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era «socioeconómicamente viable» ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados? ¿Ha cambiado negativamente la vocación agropecuaria de la región? (ver oficio 5742 del 9 de mayo de 2008 dirigido al senador Jorge Enrique Robledo por el director de Desarrollo Rural, Javier Romero Mercado). No se conocen los estudios sobre los aspectos pecuarios y agrícolas que determinaron la viabilidad socioeconómica del proyecto. Tampoco la Contraloría ha publicado los «Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales».
1.2. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 que a la letra dice: «…en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno» Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa Emgesa, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el tema, desconocen o no tienen en cuenta aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.
1.3. Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, «los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo». Con esta autorización EMGESA podrá reclamar «la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias» en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.
1.4. La Corporación del Alto Magdalena emitió un concepto técnico de visita (DTC-634 CAM) luego de una verificación de actividades constructivas el 28 de octubre de 2008, en uno de los apartes de su concepto precisa: «La visita se enfocó al sitio donde será construida la presa y las obras de mayor envergadura del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, por cuanto se verificó la construcción de una galería sobre la montaña donde se localizará la presa o dique (túnel que tiene unas dimensiones de 2.5 de alto por 2.0 metros de ancho y una profundidad de 200 metros), aunque a la fecha sólo se ha construido 94 metros. Es de mencionar que según lo manifestó la empresa subcontratista de la obra, Geominas S.A., en el año de 1996 cuando se elaboraron los estudios de prefactibilidad del proyecto se había construido 50 metros de túnel y desde hace aproximadamente un mes que retomaron la obra hasta alcanzar los 200 metros de profundidad».
La profesional se refiere en el numeral 5 a la «Conveniencia de practicar otras pruebas. Agrega que «… en la visita de inspección ocular se logró verificar afectación ambiental, hacia los recursos agua, flora y suelo por tanto se debe requerir la mitigación de los efectos causados. Por cuanto se recomienda remitir al Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para su conocimiento y fines pertinentes. Se anexan fotografías».
Hasta ahora el Ministerio de Ambiente no ha practicado nuevas pruebas como lo solicita la CAM con el propósito de verificar y ampliar la información y decidir conforme a la Ley las sanciones, incluso la suspensión del contrato, en caso de que Emgesa haya o esté realizando obras en la Zona del embalse sin el otorgamiento de la Licencia Ambiental. La nueva información debe ser publicada con antelación al otorgamiento de la Licencia Ambiental.
2.- Económicos (las dimensiones del negocio)
2.1 Directivos de Emgesa, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante y con las utilidades de la Multinacional. Las cifras presentadas por el economista Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con la aclaración que la concesión es a término indefinido, se resumen así:
– Emgesa reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones, hecho que resta confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional), que calculada a 50 años representaría $1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que por los mismos 50 años representaría $351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la «confianza inversionista», pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.
– La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría Emgesa, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes Emgesa obtendría una utilidad neta de $5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $14.000 millones iniciales (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los «inversionistas» resultarían como inmensos beneficiarios.
Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Huila ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. La concesión no obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.
2.2 De acuerdo con diversos informes económicos-financieros de la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), la utilidad neta, después de impuesto, por la generación y venta de energía eléctrica es altísima. La CHB, en 2003 obtuvo utilidad neta anual de $245.000 millones. Emgesa, es dueña y operadora de la CHB. La represa El Quimbo, en producción media, puede generar utilidades superiores a $200.000 millones anuales y de acuerdo con estudios de Hidroestudios S.A., la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, mejora la regulación y operación del embalse de la CHB, en un 170%, respecto a las condiciones actuales y mejora la rentabilidad de la CHB, en el 35%.
2.3 Los alcantarillados de los municipios afectados (Gigante, Garzón, La Jagua e inspecciones) se verían inutilizables porque el punto de descarga de las aguas residuales o domésticas que actualmente se hace sobre el Río Magdalena, cambiaría una vez llenado el futuro embalse. Se trata de un tema que requiere definición precisa respecto a las obligaciones que debe asumir Emgesa. Estas no pueden limitarse a la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
La operación de esas plantas, es miles de veces más costosa que la construcción y es por todo el futuro, es por tiempo indefinido. De esta manera el complejo hidroeléctrico condenaría a los residentes del área de influencia, a pagar más de $12.000 millones anuales por tratamiento de aguas negras, según estimativos.
Es decir, todas las generaciones futuras quedarían condenadas a sufrir los efectos nocivos de la represa. La operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas negras, según experiencias colombianas, obliga a incrementar la factura mensual de servicios de agua y alcantarillado en más del 200%. (Véase el estudio de Higienización de la Margen derecha del Río Magdalena de las Empresas Públicas de Neiva de 1978) Otros casos ilustrativos son la situación de la Planta de Tratamiento de aguas negras construida por la CHB para el Municipio de Yaguará que está abandonada, por el alto costo de operación y mantenimiento. La Planta de Tratamiento El Salitre en Bogotá (Estudio-Análisis del economista Eduardo Sarmiento Palacio, 2003).
También según cálculos del ingeniero civil Marcos Silva, los usuarios de acueducto y alcantarillado de Garzón, por obra y gracia de El Quimbo, tendrán que pagar una cuantía cercana a los $1.500 millones anuales, adicional al valor que hoy pagan, con un promedio de $45.000 mensual, cada usuario. Proporcionalmente los demás conglomerados humanos.
2.4 Según estudios de la CAM, las compensaciones que se están proponiendo por Emgesa son mínimas comparadas con la gran afectación ambiental. Por ejemplo, el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) están calculados en $100.000 millones y no en $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. «El estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar», (Borbón Ardila, director de la CAM).
De otra parte, no se ha realizado el estudio en terreno de los ecosistemas sensibles únicos por cuanto Emgesa viene cuestionando la metodología satelital utilizada por el Grupo Arco, al considerarla insuficiente.
2.5 Emgesa sólo ha considerado restituir y compensar del área productiva, únicamente 2 mil hectáreas con riego. El departamento plantea que son 4.500 y la bancada parlamentaria 8.000. Con razón se requiere definir una línea base para valorar la pérdida de producción.
2.6 Emgesa y el Gobierno nacional reafirman que el embalse es para producir energía (unipropósito) y cualquier otra actividad productiva que se realice en la zona en ningún momento puede afectar dicho propósito. Para el caso de la actividad piscícola todo quedaría reducido a un comité encargado de hacer seguimiento a los niveles del caudal del río Magdalena.
2.7 Emgesa no acepta que el Departamento sea socio del proyecto y hace una contrapropuesta para venderle acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, es decir, otro negocio a favor de la multinacional.
2.8 Se considera fundamental realizar una línea base sobre la calidad de los suelos para establecer el valor real de los mismos. La clasificación existente ha sido seriamente cuestionada debido a que para los propietarios se trata de terrenos de óptima calidad y no como actualmente están ponderados.
2.9 Emgesa «acepta» verbalmente que en la licencia ambiental se reserven 20 m3/s aguas arriba para distritos de riego y 30 m3/s aguas abajo para el desarrollo de proyectos de acueductos e irrigación. La solicitud de tomar 30 m3 de agua, a la altura de la bocatoma de turbinas, como condición innegociable y factor determinante para negar la licencia ambiental de no ser aceptada ha sido rechazada por Emgesa y el Gobierno para quienes el Diseño de Ingeniería del Proyecto es inmodificable, es decir, tampoco se acepta la propuesta de reducir la altura del embalse de 152 a 130 metros máximo. La posibilidad de construir El Quimbo Huilense no fue sometida a discusión en las llamadas reuniones de concertación.
2.10 La vida útil del proyecto está calculada en 50 años, pero Emgesa puede explotarlo indefinidamente. No existe reversión al departamento ni término para la explotación. Sólo tiene término la concesión de agua y puede ser prorrogada si no hay modificaciones.
2.11 No hay garantías para que la región se beneficie de tarifas de electricidad diferenciales más favorables. Sobre la definición de 5 líneas de trabajo para reducir tarifas o definir una especial para el Huila, formuladas en la «Mesa de Concertación», hasta ahora no existe ningún resultado.
2.12 Aproximadamente el 80 por ciento de las personas o familias que deben ser reubicadas no cuentan con un documento de propiedad sobre el predio en el que habitan y Emgesa se niega a compensar a éstas familias porque no poseen la titularidad sobre los predios, que según el Incoder obedece a que fueron beneficiarios de la reforma agraria y aún muchos no han terminado de pagar. La exigencia de titularidad tiene efectos contables y de pago de impuestos por parte de Emgesa.
3. Técnicos
Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de El Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de Emgesa, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 75 metros, para generar 200 Mw/h, disponer de agua por gravedad para más de 60.000 hectáreas para múltiples propósitos, con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos.
Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al Río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico.
De construirse la represa con una altura máxima de 75 metros y no de 152 como aparece en el diseño de ingeniería de Emgesa, se lograrían las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad y, específicamente, la producción de energía sin graves impactos destructivos de acuerdo con la información técnica suministrada por el ingeniero Marcos Silva:
- La inundación, aguas arriba, alcanzará 23 Kilómetros y no 55 Km de longitud a nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm) del embalse de Emgesa. No afecta predios de los Municipios de El Agrado y Garzón, altamente productivos. Inundaría solo 3.600 hectáreas aproximadamente del área de inundación calculada por Emgesa de 8.250 hectáreas.
- Se minimiza el daño a la infraestructura y los efectos económicos y ambientales.
- Desaparece el grave problema con el manejo de las aguas negras de los Municipios de Garzón, La Jagua, Gigante, y la vereda La Escalereta de El Agrado.
- Permite generar, 200 Mw./h, con dos turbinas de 100 Mw./h por 126m3/s cada una y utilidades por mínimo $120.000 millones/año para sus accionistas.
- Permite disponer de agua, por gravedad, para más de 60.000 hectáreas y desarrollar empresas agropecuarias y piscícolas con amplia participación ciudadana y generación de empleo.
- Asegura la disponibilidad de agua potable, para los municipios ribereños del Río Magdalena abajo de la represa hasta Aipe y Villavieja, como opción de solución en el largo plazo en el caso de crisis en las actuales fuentes que alimentan los acueductos.
- Al minimizar la movilidad vertical del espejo de agua, se puede desarrollar con seguridad la industria turística y la piscicultura intensiva en el embalse, dando oportunidad a la actividad empresarial regional, la generación de empleo y la redistribución del ingreso.
Conclusiones generales
1) El proyecto hidroeléctrico El Quimbo tal como está planteado por la empresa Emgesa es un negocio que favorece fundamentalmente los intereses económicos de la multinacional, afecta los intereses comunitarios, regionales y nacionales y es inviable e insostenible económica, social y ambientalmente.
2) La Resolución 321 del primero de septiembre que declaró de «utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa» tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se solicita su nulidad.
3) El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 quedando condicionado a los estudios de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia ha traído como consecuencia que en la Mesa de Concertación El Quimbo no se cuente con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones. Razón por la cual son necesarios como mínimo los siguientes estudios:
a) Establecer el valor real de la producción cesante ante la falta de confiabilidad en los datos suministrados por Emgesa, y el valor de las compensaciones que se derivarían de la mejora de la regulación y operación del embalse de la CHB (170%) respecto de las condiciones actuales y del incremento de la rentabilidad de la central a favor de la multinacional (35%).
b) Realizar un nuevo censo que permita establecer el número real de familias afectadas.
c) Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
d) Estudio de calidad de los suelos.
e) Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria del Municipio de El Agrado en el PIB (30%) ante el riesgo de perder su propia identidad.
f) Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
g) Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena.
h) Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
i) Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
j) Costos del tratamiento de aguas negras ante la inutilización de los alcantarillados de los municipios afectados (Garzón, Gigante, La Jagua e inspecciones) como consecuencia de la construcción del embalse tal como está diseñado.
k) Ampliación de los trabajos de Prospección Arqueológica y de Identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa El Quimbo.
l) Solicitar a La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se verifique, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo en el Departamento del Huila.
4) Para evitar los daños al patrimonio y garantizar la soberanía sobre el territorio, el Río Magdalena y la defensa de los intereses nacionales, regionales y de las comunidades locales, se solicita al ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el no otorgamiento de la licencia ambiental a Emgesa para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
5) En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social, local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas y los intereses regionales, con las cuales la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales está comprometida desde el comienzo.
6) Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de Lorica, Córdoba, Colombia.
MILLER ARMÍN DUSSÁN CALDERÓN
A propósito del proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica sobre el Río Magdalena
Movilización social en defensa del territorio y las comunidades de El Quimbo
Por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (vereda La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó a todos los habitantes del Huila a reflexionar sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el megaproyecto El Quimbo por parte de la Empresa privada Emgesa — multinacional española beneficiada por la licitación abierta por el gobierno– y, a movilizarse en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río de la Magdalena y el agua.
El proceso de reflexión inició con la formulación de varios interrogantes construidos a partir de las preocupaciones de las comunidades. Entonces, se acordó la realización de tres foros sobre El Quimbo: 1) ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, 2) Asunto ético y político y 3) participación ciudadana y movilización Social.
Las preguntas orientadoras de los foros se resumen en:
¿Cómo mitigar los impactos ambientales y la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible de la Región?
¿A quién beneficia el proyecto y por qué?
¿Cuál ha sido el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades huilenses del Proyecto Hidroeléctrico de Betania?
¿Cómo proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de las cuencas que nutren el río Magdalena que son fundamentales para conservar nuestros ecosistemas geoestratégicos y garantizar la soberanía y seguridad alimentarias?
¿Cuál es la responsabilidad política y ética de la dirigencia política, empresarial y académica en torno al megaproyecto?
¿Cuáles son los mecanismos de participación apropiados para que las comunidades incidan en la toma de decisiones para el desarrollo equitativo y sustentable de nuestra Región?
Desde un principio se generó la duda, como en el refrán popular “de eso tan bueno no dan tanto”, al señalar que de concretarse la realización del megaproyecto de construcción de la represa de El Quimbo, el Departamento del Huila se verá abocado a drásticas transformaciones, sin precedentes en las últimas tres décadas, no sólo de su paisaje natural y patrimonio cultural, sino, en estricto sentido económico de su oferta productiva y, de las condiciones y orientación de su desarrollo, sin que los huilenses se hayan percatado de las verdaderas dimensiones y alcances contenidos en las pretensiones de Emgesa. Empresarios, contratistas, políticos, columnistas, académicos, periodistas, líderes religiosos, de inmediato asumieron posiciones a favor o en contra del megaproyecto permitiendo confrontar diferentes visiones del desarrollo y, por supuesto, el interés público con el privado.
Primer foro
Durante el primer foro, realizado en el recinto de la Asamblea del Huila el 31 de julio de 2008; al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo:
Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en “una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo”, compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.
Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.
Quienes están equivocadamente convencidos de que Emgesa los hará partícipes del negocio, insisten en que la realización del megaproyecto hidroeléctrico es irreversible, que es un hecho, y al igual que Emgesa, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social; pagos que son menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, el proyecto es sólo unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental. No obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.
Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.
Los principales impactos negativos del megaproyecto, reconocidos incluso en los estudios de Emgesa se resumen en:
Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor aproximado de 15.000 millones de pesos anuales (750 predios)
Pérdida permanente de jornales de trabajo.
Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:
Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, pierde 30%)
La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.
El debate permitió a las comunidades presentes en el Primer Foro ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo’, no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin contraprestaciones para el Huila.
En esta dirección las comunidades concluyeron que antes de ser concedida la Licencia Ambiental por el Ministerio respectivo se debe conformar una Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas frente a las pretensiones de la multinacional; debatir en el Congreso Nacional los impactos que generaría la construcción de la represa en la Cuenca Alta del Río Magdalena; el fortalecimiento de la veeduría y la integración de un equipo interdisciplinario de investigación y consulta para que estudie y socialice los alcances y consecuencias que traería la construcción del megaproyecto El Quimbo.
Entre algunas de las experiencias investigativas, se cuenta con el estudio “Prioridades de conservación biológica para Colombia” del Grupo Arco que dirige el holandés Willem Van Wyngaarden y, que al referirse a la zona de El Quimbo destaca la necesidad de conservar los ecosistemas sensibles asociados a la cuenca alta del río Magdalena. También, existen estudios sobre el cambio climático global y el agua, mega-proyectos y soberanía alimentaria aportados por académicos invitados como ponentes al Primer Foro, las observaciones de la CAM al estudio de Impacto Ambiental de Emgesa, la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de julio y las experiencias y saberes que se vienen construyendo desde las comunidades locales.
Segundo Foro
El 28 de agosto se realizó en la Universidad Surcolombiana el II Foro “El Quimbo: Asunto Ético y Político” donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las élites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.
El investigador José Jairo González sostuvo en el Foro que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos; otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.
El mismo Banco Mundial, sostiene González, ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de “la responsabilidad social empresarial, en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio”.
La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.
Las comunidades, como conclusión fundamental del segundo foro, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.
Producto del II Foro fue la conformación de la Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo concebida como espacio de discusión y análisis de los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de alternativas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona.
Tercer Foro
Por la defensa del territorio y las comunidades del Alto Magdalena se realizó el III Foro El Quimbo: participación ciudadana y movilización Social el 25 de septiembre de 2008 en el Municipio de El Agrado Huila.
No obstante, que la multinacional española EMGESA afirmara que había cumplido con los requerimientos legales de acercamiento, información, interlocución y consulta con las comunidades, las administraciones municipales, departamental y las instituciones pertinentes; también es cierto, que no se avanzó en los procesos de concertación. De tal manera, que las comunidades afectadas fueron sometidas a la incertidumbre y al abandono total por parte del Estado, y se han visto presionadas a “negociar” directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todo el mundo a simples negociantes y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su “lista de mercado” donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva sin importar que pueda estar en contravía de las Planes de Desarrollo Municipal.
El resto de los huilenses, que de manera indirecta también saldrán afectados, desconocen por completo los estudios de identificación, caracterización, evaluación de impactos y las subsiguientes medidas de manejo que la parte interesada ha presentado a las autoridades correspondientes.
La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, liquidando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales; garantizando que Emgesa de manera agresiva imponga sus condiciones en los procesos de concertación o expropie los bienes de las comunidades localizadas en el área de afectación del proyecto, condenándolas al desplazamiento forzoso, al hambre y a la miseria.
El gobierno argumentó que la decisión tomada hacía parte de la denominada “confianza inversionista” que no es más que el favorecimiento del capital extranjero en detrimento de los intereses nacionales. O cómo se explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable. Se alegó entonces que el impacto social no era positivo, debido a criterios como la afectación de las tierras con aptitud agrícola de la región y la dificultad de restituir la actividad productiva en la Zona”. Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el Ministerio de Agricultura conceptuó a petición de Minambiente, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era “socioeconómicamente viable” ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados?
En este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.
Para el caso de El Quimbo, quines decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, como lo sostuvo el abogado ambientalista Guillermo Asprilla, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.
En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo preciso el abogado Asprilla.
¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso: que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, es necesario tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.
Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.
En consecuencia, se requiere no sólo de apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.
Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial. A esto agreguemos que el componente Plan de Manejo Social, no es ni concesión ni compensación, sino una obligación legal de todo estudio de impacto.
Este es el principal desafío para la comunidad porque para enfrentar los argumentos del estudio de impacto ambiental es necesario constituir un equipo multidisciplinario con una capacidad igual o similar a la del equipo que realizó el estudio de impacto que analice cada uno de los aspectos técnicos, sociales, económicos, entre otros, para lograr demostrar las insuficiencias e inconveniencias del estudio en cuestión. De manera que queda claro que no es suficiente el discurso político que cuestiona el proyecto.
Aparte de la audiencia pública, existen otras posibilidades. En la Ley 134 de 1994 o ley de participación política y ciudadana, está regulado el procedimiento para los cabildos abiertos, las consultas, los referendos, plebiscitos, entre otros. El artículo 105 de la Constitución Política, establece la facultad de los alcaldes de convocar consultas populares. Y el artículo 2 de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.
El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
Pero en particular los cabildos y la consulta, son mecanismos que deben ser ejecutados para asegurar que las comunidades afectadas ejerzan su legítimo derecho a decidir.
Puede concluirse entonces, que no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.
A manera de resumen y conclusión, precisemos cuáles fueron las tareas aprobadas en el Tercer Foro:
1. Entablar la acción de nulidad de la Resolución 321 que declara de utilidad pública los terrenos para la construcción del megaproyecto
2. Iniciar acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los afectados por la Resolución 321.
3. Realizar una consulta popular en el Municipio de El Agrado –en primera instancia– para que la comunidad decida sobre la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.
4. Solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las comunidades locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Ético y Político realizado en la USCO.
5. Revisión integral del Contrato de Concesión, mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la central hidroeléctrica El Quimbo, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la zona y del Departamento del Huila.
6. Solicitar al Gobernador del Huila la convocatoria de un Referendo Departamental sobre el mencionado megaproyecto.
7. Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todo el Departamento del Huila en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible
8. Solicitar a los representantes del Huila ante el Senado y Cámara promuevan de inmediato un debate en el Congreso sobre el megaproyecto por cuanto afecta los intereses de toda la nación.
9. Solicitar a la Contraloría los “Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales” con el propósito de conocer desde una fuente confiable lo que se posee.
10. Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades del Alto Magdalena.
11. Acoger plenamente la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de Julio con representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros sectores sociales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos que se ocupó del análisis de la coyuntura regional, el intercambio de experiencias de resistencia contra las represas y propuso estrategias para la defensa de los territorios, el agua, la cultura y la vida.
Neiva, noviembre de 2008
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José Eizaguirre. En este tiempo de cuaresma en el que la Iglesia nos pide un esfuerzo de ayuno y abstinencia (de comer carne, se entiende), hay quien se pregunta por el sentido y alcance de estas prácticas. En concreto me refiero aquí a la abstinencia de carne. Hay cuestiones que para muchos no están claras; no tanto el alcance de la norma (¿pero esto era todos los viernes del año o sólo los viernes de cuaresma?) sino, sobre todo, por su sentido. Se nos dice que la cuaresma es un tiempo penitencial que conlleva prácticas penitenciales como la abstinencia. De hecho, así está contemplada en el Código de Derecho Canónico (1249-1253) y en algunas diócesis españolas que autorizan sustituir el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo por otras formas de penitencia (CIC 1253).
Evangelizadoras de los apóstoles 
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