Conectando las Américas. Prosperidad con respeto a los derechos humanos


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Amnistía Internacional
Adital

SEXTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. La prosperidad solo es posible si los Estados respetan los derechos humanos

Amnistía Internacional hace un llamado a los jefes de Estado del continente americano a redoblar su compromiso con los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos de promoción y protección de estos derechos a nivel regional. La organización emite este mensaje con anticipación a la VI Cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar el 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Teniendo en cuenta que el lema de la Cumbre es «Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, Amnistía Internacional recuerda a los jefes de Estado que una prosperidad real, sustentable y sin discriminación sólo puede ser alcanzada a partir del total respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del continente.

En la región más desigual del mundo, la demanda por una efectiva protección, respeto y disfrute de los derechos humanos todavía resuena, a pesar de los avances logrados en relación con el fortalecimiento del Estado de derecho. Individuos, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas continúan exigiendo respeto a sus derechos y muchas veces estas acciones los ponen en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos. En el centro de muchos de estos conflictos se encuentran políticas de desarrollo económico que dejan a muchos, en especial a aquellas personas que viven en la pobreza y en comunidades marginadas, en riesgo de mayor explotación, sufrimiento y abuso.

Esta declaración hace hincapié en varios temas particularmente candentes en vísperas de la VI Cumbre de las Américas: los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, la lucha por la justicia y la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

La VI Cumbre de las Américas tendrá lugar en vísperas de la emisión de importantes decisiones del SIDH en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, comunidades indígenas de Ecuador y Canadá han recurrido al SIDH ante la falta de respuesta adecuada por parte de sus Estados. Las resoluciones del SIDH sobre estos casos pueden fortalecer la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, al acceso a la justicia y a la reparación. La IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, que coincide con la VI Cumbre, abordará estas preocupaciones que son compartidas por cientos de comunidades indígenas a lo largo y ancho del continente.

El hemisferio ha visto algunos avances en materia de legislación y mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo falta mucho por hacer para asegurar que estas legislaciones estén acompañadas de medidas concretas que garanticen la estabilidad y eficacia de los mecanismos, así como los recursos (económicos y humanos) necesarios para garantizar que todas las instancias del Estado, en particular, el sistema de justicia, la policía nacional y el sistema de salud, estén equipadas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. En la búsqueda de la prosperidad para todos y todas en el hemisferio, es necesario seguir avanzando hacia la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y las niñas. En este sentido, son una prioridad impostergable los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las Américas, como por ejemplo la imperante necesidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación tal como ha sido establecido en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos.

A pesar de los avances en la vigencia del Estado de Derecho en el hemisferio, Amnistía Internacional sigue documentando amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la consolidación o preservación de mecanismos de impunidad. Esto está así reflejado en el reciente informe de la CIDH(1), en el cual se recogen temas de especial preocupación sobre la situación de quienes defienden los derechos humanos en el hemisferio y se reafirman y avanzan estándares para su protección integral. Los defensores y las defensoras juegan un papel crucial en asegurar que todas las personas, incluidas aquellas que hacen parte de sectores marginados de la sociedad, puedan reclamar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y beneficiarse así de la prosperidad que pregonan los Estados.

Los Estados no sólo no han tomado acciones efectivas para asegurar un total acceso a la justicia en casos de violaciones y abusos a los derechos humanos, sino que en algunos casos están fomentando políticas que podrían consolidar la impunidad en los mismos.

El SIDH ha jugado un papel crucial en insistir que los Estados Miembros de la OEA pongan fin a la impunidad en materia de abusos y violaciones a los derechos humanos, en proteger a los defensores y las defensoras de derechos humanos y en favor del respeto a los derechos a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. Las iniciativas y propuestas que existen para introducir reformas en el Sistema deberían coadyuvar a su fortalecimiento. El respeto de los derechos humanos que el SIDH protege y el fortalecimiento del Sistema mismo son fundamentales para avanzar hacia la prosperidad de las Américas, para que la sociedad civil en su totalidad reclame y defina cuál es la prosperidad que se quiere y para asegurar que este reclamo no se utilice para la consolidación de mayores desigualdades en la región.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Por cuarta vez consecutiva en el marco de la Cumbre de las Américas, representantes de organizaciones indígenas del continente se reunirán para hacer oír sus preocupaciones ante los jefes y jefas de Estado y gobierno. Una de las demandas principales de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas es el respeto efectivo al derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados en relación con medidas legislativas o administrativas que los afecten de manera específica. En el caso de medidas que tengan un impacto adverso sobre comunidades indígenas, los Estados tienen la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de parte de las comunidades afectadas para evitar poner en riesgo su supervivencia física o cultural.

Desde Alaska hasta Tierra del Fuego se registran ejemplos de comunidades indígenas cuyo derecho a la consulta ha sido vulnerado. En Brasil, las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú reclaman ser consultadas sobre la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte debido al impacto que dicha represa tendrá sobre sus vidas y su cultura. En julio de 2011, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, el cual participa de la IV Cumbre de Líderes Indígenas, llevo su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la negativa de Ecuador de consultarlo sobre un proyecto petrolero en su territorio. En octubre 2011, la Comisión Interamericana escuchó el caso de los indígenas de la Isla de Vancouver, a quienes el Estado Canadiense les ha negado el derecho a la consulta y al consentimiento con relación a la venta y transferencia de sus tierras ancestrales.

La falta de respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas también se ha manifestado en amenazas, asesinatos, acoso, desalojos, desplazamientos forzosos y procesos judiciales sin fundamento. En Brasil, Colombia, Guatemala y México entre otros, comunidades indígenas fueron forzadas a dejar sus tierras, a menudo de manera violenta. Cuando protestan para denunciar estos abusos, los manifestantes indígenas frecuentemente son tratados con uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como ha ocurrido en Bolivia y Perú. Autoridades judiciales han presentado cargos judiciales espurios contra manifestantes o sus líderes en Ecuador y México.

Los Estados de las Américas tienen obligaciones en relación con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quince Estados han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y todos los Estados de la región se han adherido a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El SIDH ha emitido fallos e informes sobre estos temas. Varios tribunales nacionales han reconocido estos derechos, incluido el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Ahora sólo resta que los gobiernos cumplan cabalmente con sus obligaciones.

EL DERECHO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS A VIVIR SIN VIOLENCIA

Preocupa que los Estados de la región no parezcan tener como prioridad en sus agendas políticas la protección de las mujeres y las niñas frente a la violación, las amenazas y los homicidios. Prosperidad sin tomar en cuenta a la mitad de la población es imposible. La limitada aplicación de las leyes para combatir la discriminación y la violencia por razones de género continúa suscitando gran preocupación. Así como, las barreras, estereotipos y discriminaciones por razones de género que deben enfrentar niñas y mujeres para reclamar justicia. La falta de recursos disponibles para investigar y enjuiciar estos delitos pone en entredicho la voluntad real de las autoridades para abordar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas siguen siendo una práctica extendida en el continente americano, con serias consecuencias para sus vidas y su salud. El acceso limitado a servicios de anticoncepción y a la información sobre cuestiones sexuales y reproductivas, sobre todo para las mujeres y las niñas más marginadas en el hemisferio, es de gran preocupación. Recientemente la Corte Suprema de Justicia en Honduras consideró que es constitucional criminalizar la distribución y consumo del anticonceptivo de emergencia (píldora del día después), poniendo en tela de juicio avances significativos en la región (de larga data) en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Los Estados deben comprometerse a garantizar que estos avances no queden sujetos a la voluntad del gobierno de turno.

En El Salvador, Chile y Nicaragua está totalmente prohibido el aborto, incluso para niñas y mujeres embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida o salud corre grave peligro si continúa con el embarazo. Quienes intenten abortar o quienes ayuden a abortar a mujeres y niñas que se encuentren en esta situación se enfrentan a largas penas de prisión.

En otros países, aunque la ley garantiza el acceso a un aborto legal, dicho acceso se ve negado en la práctica por contextos discriminatorios que se ven reflejados por ejemplo en prolongados procedimientos judiciales que lo hacen casi imposible, especialmente para quienes no pueden pagar una clínica privada.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Para lograr avances hacia la «prosperidad” de la región son fundamentales las acciones de la sociedad civil organizada y de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Sus iniciativas y acciones han demostrado ser fundamentales para el efectivo disfrute de los derechos humanos de todas las personas en el continente. Sus acciones contribuyen a la materialización de los compromisos que han adquirido los Estados y, en este sentido, los Estados debieran brindarles todas las garantías para poder realizar sus acciones sin temor a represalias.

El verdadero compromiso de los Estados con la «prosperidad” debe verse entonces reflejado en el reconocimiento y efectiva protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. De lo contrario, defensoras y defensores de derechos humanos seguirán siendo objeto de asesinatos, amenazas, detenciones injustas, intimidaciones y persecución. Estos ataques, que vienen tanto por parte de actores estatales como no estatales (legales e ilegales), son frecuentes y generalizadas en la región, y la respuesta de los Estados es en muchos casos insuficiente. En efecto, en varias ocasiones la única vía para lograr protección del Estado para quienes se encuentran en peligro por defender los derechos humanos es a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin las medidas que este Sistema decreta, la situación de las defensoras y los defensores en la región sería de mayor vulnerabilidad.

Desgraciadamente, la lista de las defensoras y los defensores de derechos humanos asesinados en América es larga. En Colombia, por ejemplo, más de 45 defensoras y defensores de derechos humanos y líderes comunitarios fueron asesinados en el 2011, muchos de los cuales estaban liderando procesos para la restitución de tierras. Por ejemplo, el 7 de junio de 2011 la lideresa afrocolombiana Ana Fabricia Córdoba, quien trabajaba a favor de varias comunidades desplazadas y por la restitución de tierras en la región de Urabá, fue asesinada en Medellín, departamento de Antioquia. Su muerte estuvo precedida de reiteradas amenazas, pero pese a haberse solicitado medidas de protección, el gobierno colombiano nunca las otorgó.

Las amenazas e intimidaciones a las defensoras y los defensores de derechos humanos son muy frecuentes y reiteradas en varios países latinoamericanos, y es casi total la impunidad en estos casos. Por ejemplo, en El Bajo Aguán en Honduras, líderes y miembros de organizaciones que trabajan por los derechos agrarios de los campesinos en tierras en disputa con grandes terratenientes han sido objeto de varios ataques y amenazas de muerte. En la actualidad hay, además, varios defensores de derechos humanos detenidos injustamente, bajo cargos infundados o procesos fabricados que lo único que buscan es sancionar acciones legítimas e impedir la defensa de los derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, de los líderes indígenas y defensores comunitarios del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, en el estado de Puebla, México, quienes han estado privados de su libertad desde el 13 de enero de 2010; y de Maximino García Catarino, miembro de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero, México desde el 20 de enero de 2012.

En el trasfondo de estos casos se hacen evidentes algunas de las grandes desigualdades que aún existen en la región, la labor fundamental de las defensoras y los defensores de los derechos humanos quienes están trabajando por hacerlas visibles y superarlas, y los graves abusos a los que se están enfrentando. Cuestionar estas desigualdades y abusos suele molestar a quienes quieren favorecer los intereses de unos pocos, muchas veces a costa de los sectores más vulnerables de la sociedad. La «prosperidad” de la región debe ser para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones, y para ello es fundamental el reconocimiento de las acciones fundamentales que llevan a cabo las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, la investigación y sanción de los ataques contra ellos, y su efectiva protección.

JUSTICIA Y SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)

Muchos de los casos de derechos humanos que han llegado a los tribunales domésticos han progresado lentamente, han enfrentado problemas de distinta índole o han sido directamente obstaculizados, ya sea por la falta estructural de acceso a la justicia o por las carencias de independencia de la misma. Las dificultades que se encuentran al «navegar” los sistemas de justicia domésticos se ven muchas veces exacerbadas por el uso de violencia – ya sea en forma de amenazas contra la vida o la integridad física o el uso directo de la misma contra testigos, abogados, defensores de derechos humanos, fiscales, y jueces. En países como Brasil, Colombia, Haití, México, Honduras, Venezuela, Guatemala y Cuba, incidentes de ese tipo han continúan sucediendo. Los ataques han tenido también como víctimas a periodistas que han osado exponer instancias de abuso de poder, violaciones y abusos de derechos Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha ido desarrollándose y fortaleciéndose a través de los años hasta convertirse en un mecanismo esencial de promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, un necesario complemento de la protección proveída por las instancias estatales, en especial los sistemas de justicia doméstico.

Miles de víctimas y familiares han visto en el SIDH la única posibilidad de proteger sus derechos y obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno. Proteger la integridad e independencia del Sistema Interamericano es una condición indispensable para que la «prosperidad” y el goce efectivo de los derechos de todas las personas en el hemisferio sea una realidad sin exclusiones o discriminaciones.

Desde el año pasado los Estados miembros de la OEA han estado debatiendo posibles reformas al Sistema Interamericano, y en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la expresada intención de lograr su fortalecimiento. Esta etapa del debate concluyó en enero de 2012 con la emisión del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH y su subsecuente adopción por parte del Consejo Permanente de la Organización. El informe del Grupo de Trabajo contiene valiosas conclusiones en apoyo al SIDH y un buen número de recomendaciones, algunas de las cuales podrían afectar la independencia y efectividad del sistema si fueran implementadas como fueron descritas en el informe.

Amnistía Internacional vio con beneplácito como el mencionado informe reiterara «la importancia que los Estados Miembros atribuyen al [SIDH] en su función de promoción y protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, como elemento fundamental en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en el hemisferio”(2) y el reconocimiento de que «la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana […] es un factor (sic) esencial para mantener su credibilidad, legitimidad y funcionalidad”(3). A efectos precisamente de preservar la autonomía e independencia de la CIDH, es fundamental que los Estados permitan, sin interferencias, que la CIDH valore con base en sus principios rectores las recomendaciones contenidas en el informe y adoptadas por el Consejo Permanente y aplique únicamente aquéllas que estime pertinentes para una mejor y mayor promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.

En este sentido, es relevante resaltar la importancia de la independencia operacional de la CIDH y el hecho de que muchas de las recomendaciones contenidas en el informe, dignas de consideración, sólo podrían ser implementadas sin detrimento de tareas fundamentales que la CIDH hoy cumple, si dicho órgano contara con los recursos financieros necesarios para hacerlo. Es claro que la CIDH no puede renunciar a actividades esenciales de protección que hoy realiza -ya sean éstas relativas a peticiones individuales, a medidas cautelares u otras- para realizar tareas adicionales que los Estados le recomiendan realizar a través de dicho informe. Por lo tanto, corresponde a los Estados Miembros de la OEA proveer los recursos necesarios a la CIDH para que lleve a cabo aquellas recomendaciones que estime pertinentes.

Resulta evidente que la existencia de los recursos necesarios es clave para un buen funcionamiento de la CIDH y del SIDH como un todo. El informe del Grupo de Trabajo reconoce que «el fortalecimiento financiero del SIDH es un asunto de necesaria y urgente atención en todo esfuerzo para lograr su consolidación integral”(4). Como el informe remarca, «mediante una asignación adecuada de recursos se pueden perfeccionar aspectos del funcionamiento de los órganos y se puede asegurar la predictibilidad, sustentabilidad y planeación de sus actividades y prioridades”(5). Amnistía Internacional coincide en que sería deseable que el financiamiento del SIDH provenga en su totalidad del presupuesto regular de la OEA y que, hasta que ello no pueda lograrse, las necesidades financieras del SIDH deben complementarse con recursos provenientes de contribuciones voluntarias y de otras fuentes, que preferiblemente sean otorgadas al SIDH sin fines específicos en mente. Así, una postura concordante con la expresada intención de fortalecer el SIDH sería la de incrementar los recursos financieros del mismo, y en especial de la CIDH y de todas sus relatorías, unidades y grupos de trabajo, existentes y a crearse.

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional le hace llegar a los jefes de Estado reunidos en la VI Cumbre de las Américas un llamado para que reafirmen su compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todos y todas en la región sin discriminación alguna. En particular Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados a:

Derechos de los pueblos Indígenas

– Introducir todos los cambios legislativos y de políticas públicas necesarios a efectos de respetar y proteger el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con normas internacionales y regionales de derechos humanos;

– Abstenerse de autorizar actividades de exploración o explotación de recursos naturales o llevar a cabo cualquier proyecto de desarrollo económico que pueda afectar a los pueblos indígenas sin una adecuada consulta de acuerdo a normas internacionales y regionales;

– Crear y preservar las condiciones necesarias para que los líderes y lideresas indígenas y los miembros de dichas comunidades puedan defender pacíficamente sus derechos sin temor a represalias.

– Tomar medidas para implementar a cabalidad los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

Derechos de mujeres y niñas

– Asegurar los recursos necesarios para implementar la legislación y los mecanismos que combaten la violencia contra las mujeres y las niñas;

– Establecer planes nacionales de acción para asegurar que los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos estén protegidos;

– Garantizar el acceso efectivo a servicios de anticoncepción y a la información sobre cuestiones sexuales y reproductivas a todas las mujeres y las niñas, incluidas las más marginadas en el hemisferio;

– Enviar una señal clara y contundente por parte de todos y cada uno de los Estados del hemisferio sobre su compromiso con la cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas.

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

– Valorar las acciones de las defensoras y los defensores de derechos humanos, actores fundamentales para el avance hacia el disfrute efectivo de los derechos humanos y la «prosperidad” del hemisferio;

– Reconocer pública y explícitamente la legitimidad y relevancia de las acciones de las defensoras y los defensores de derechos humanos;

– Abstenerse de emitir pronunciamientos que pongan en duda o deslegitimen la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos;

– Abstenerse de usar el sistema de justicia para impedir o sancionar las acciones en defensa de los derechos humanos;

– Crear e implementar protocolos de investigación que faciliten la investigación pronta, efectiva e imparcial en los casos de abusos o agresiones contra las defensoras y los defensores de los derechos humanos;

– Fortalecer o crear mecanismos nacionales para la protección pronta y efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos cuya vida o integridad están en peligro.

Justicia – Impunidad

– Asegurar el acceso a la justicia sin discriminación de todas y todos;

– Tomar acciones efectivas para poner fin a la impunidad en materia de abusos y violaciones de derechos humanos, lo que incluiría cumplir de forma cabal con las recomendaciones del SIDH en ese sentido;

– Abstenerse de adoptar políticas que promuevan legislación u otras medidas que fortalezcan los mecanismos de impunidad.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

– Proteger la integridad e independencia del SIDH como garantía para que la «prosperidad” y el goce de los derechos de todas las personas del hemisferio sea una realidad sin exclusiones.

– Preservar la autonomía e independencia de la CIDH y, en ejercicio de esa autonomía e independencia, permitir que la CIDH decida, sin interferencias, las medidas que deba implementar a efectos de perfeccionar el sistema existente y lograr una mejor y mayor promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.

Notas:

(1) Segundo Informe sobre la Situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas (2012). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 diciembre 2011.
(2) Informe, página 7, i.1
(3) Informe, página 8, i.3
(4) Informe, página 16, 7. Fortalecimiento financiero del SIDH
(5) Informe, página 16, 7. Fortalecimiento financiero del SIDH

[Índice: AMR 01/001/2012. Amnistía Internacional marzo 2012].

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=66076

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