- Creado en Lunes, 10 Febrero 2014 01:02
Análisis crítico del diagnóstico oficial y de las medidas que no están funcionando. Propuestas concretas para reducir la violencia en la cuarta ciudad con mayor tasa de homicidios en el mundo.
Boris Salazar*
Criminalidad catastrófica
No ha sido un buen año nuevo para Cali. El informe anual de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz ubicó a esta ciudad como la cuarta más violenta del planeta, sólo superada por San Pedro Sula, Caracas, y Acapulco, con 187, 134 y 112 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente.
Es una muy mala compañía: la situación de seguridad de esas ciudades es considerada por todos como cercana a la catástrofe. El informe indica que Cali, con 1962 homicidios y una tasa de 83,2, es la ciudad más violenta de Colombia. Paradójicamente, el informe también elogia al país por ser el más efectivo en su lucha contra la violencia homicida en el continente más violento del mundo.
Hoy todo el mundo parece saber qué el crimen organizado es el que produce la violencia desbordada de Cali.
Pero ni las autoridades ni los medios de comunicación de Cali perciben la situación como catastrófica. Por el contrario, sienten e informan que su ciudad “está saliendo adelante” y que el salto en los homicidios ocurrido en 2013 es el resultado de fuerzas extrañas a la ciudad: es producto de criminales llegados de lejos.
El 26 de enero pasado el programa de televisión Los informantes presentó una nota sobre el desbordamiento de los homicidios en Cali. Su título –“La sucursal del miedo”— marcaba la distancia que separa a la Cali de baile y palmeras del ayer, de la Cali de sangre y miedo de hoy.
Dos días después, el alcalde Rodrigo Guerrero envió una carta de protesta a la directora del programa, “lamentando el tono morboso” del informe, y citando todo lo que la administración municipal está haciendo en materia de seguridad, y los eventos de talla regional y mundial que Cali llevó a cabo con éxito durante el año pasado, y en los que “la criminalidad estuvo controlada”.
Asistentes al Festival Petronio Álvarez.
Foto: Diana Marcela Gonzalez Rojas |
Lo que no se ve, lo que no se cuenta
Hay cosas que el alcalde no cuenta. Olvida, por ejemplo, que para la VII Cumbre del Pacífico fueron cerradas todas las universidades de la ciudad, fueron recogidos los habitantes de la calle, y los visitantes estuvieron recluidos en el Club Campestre, lejos del ruido de las balas y el sonido de las sirenas que son el pan de cada día en la ciudad. La Cali que vive y muere en el oriente y las laderas, que los extranjeros no pueden ver.
Olvida el alcalde que los eventos internacionales donde no hubo ningún delito fueron eso: eventos separados de la vida de la ciudad, escenificados en sus zonas seguras, con alta concentración de fuerzas policiales. Más aún, olvida que el evento más ejemplar de fiesta y seguridad –el Festival Petronio Álvarez— es el efecto de la fusión, en un espacio de igualdad, de las dos ciudades en que hoy está dividida Cali. Y que es allí en donde es posible encontrar las pistas para entender la violencia que nos golpea.
El crimen organizado
Que el crimen organizado es la causa de la violencia desbordada de Cali es un descubrimiento tardío que ha tomado el lugar de los antiguos factores de riesgo que resultaban en crimen y violencia: el alcohol, el narcotráfico, la intolerancia. Ahora se habla de bandas criminales, pandillas, oficinas de cobro. En la versión oficial, todas vendrían de afuera a saldar sus cuentas pendientes en la ciudad.
Pero no es claro por qué habrían de elegir a Cali y no a otra ciudad, y por qué pueden actuar con tanta facilidad, hasta el punto de controlar, en pocos días, territorios enteros de una urbe tan compleja como esta.
Con la caída de los ingresos del narcotráfico, la extorsión se amplió de forma explosiva sobre las zonas más vulnerables de la ciudad.
Es todo lo contrario: el crimen organizado ha estado aquí desde hace años y ha logrado desarrollar, en forma espontánea, un sistema social que engancha a los jóvenes y menores de los sectores más vulnerables en carreras criminales cada vez más cortas, iniciadas a edades cada vez más tempranas, y rematadas a balazos, de acuerdo con la liquidez y la disponibilidad de negocios o excedentes por distribuir.
Los menores que se inician en el crimen no lo hacen por decisión individual. Llegan allí a través de procesos de socialización en parches, combos, galladas y otras formas de agrupación, que se conectan muy rápido con distintas modalidades delictivas, uniéndose a organizaciones más sofisticadas y con mayor experiencia en el crimen.
El actual Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero.
Foto: Lugar a dudas Cali |
Los circuitos de la criminalidad
La historia cuenta: con cuatro décadas de narcotráfico, sicariato, bandas especializadas en atracos bancarios, fleteo y secuestro, Cali ha tenido todas las condiciones para que crezca una cultura del crimen con el doble atractivo del enriquecimiento rápido y una muerte temprana. Ante la falta de oportunidades y la pobreza, el crimen se ha convertido en fuente de identidad y alternativa de supervivencia para los menores más vulnerables.
Los datos disponibles dan una idea de lo que está pasando. En 2013 fueron capturados por la Policía Nacional 2439 menores, entre los 14 y 18 años, por delitos que incluyen el porte y tráfico de estupefacientes, la fabricación, tráfico y porte de armas, el hurto calificado y el simple. No es aventurado inferir que esos 2439 menores son proyectos de criminales o de sicarios. Si cada año otros 2439 menores son capturados, es fácil ver cómo se reproduce este sistema criminal.
Pero el número de criminales no crece sin fin. El sistema tiene sus propios métodos de control demográfico: cuando los iniciados escalan en la jerarquía criminal, actúan por fuera del orden existente, amenazan los negocios de muchas personas, o se tornan demasiado peligrosos, son eliminados y reemplazados por otros.
Cada uno de los circuitos que convierten a los menores en atracadores, ladrones o sicarios, conduce a un aumento de los homicidios. Lo hacen por vía directa, matando por un pago y luchando por el control de territorios, del narcomenudeo y de zonas de extorsión, o por vía indirecta, mediante la demanda de las personas –dueños de pequeños negocios— que pagan por eliminar a sus extorsionadores.
Con la caída de los ingresos del narcotráfico, la extorsión se amplió de forma explosiva sobre las zonas más vulnerables de la ciudad. En las comunas más pobres, con menor seguridad estatal, menor formalización de la economía y mayor desplazamiento reciente, la extorsión ha llegado hasta la exigencia de pago por circular o por vivir en ellas. De allí el salto brutal en la tasa de homicidios ocurrido el año pasado.
Errores oficiales
Aunque el sistema criminal imperante afecta a comunidades enteras, no es idéntico a esas comunidades. Contrario a lo que plantean la administración municipal, el alcalde y el gobierno nacional, en Cali no hay comunas violentas. Ninguna comunidad de Cali es violenta per se. La mayoría de sus habitantes no utiliza la violencia, no porta armas, no vive de actividades criminales, y no está organizada para ejercer la violencia y la extorsión. De hecho, los que matan son una minoría que no alcanza al 1 por ciento de la población total de la ciudad.
La Policía sabe quiénes son los integrantes de las bandas criminales, oficinas de cobro, pandillas y demás agrupaciones criminales.
Como se ha dicho en numerosas ocasiones, la Policía sabe quiénes son los integrantes de las bandas criminales, oficinas de cobro, pandillas y demás agrupaciones criminales. Sabe dónde actúan, cómo actúan y con quienes hacen alianzas. Pero este conocimiento se ha usado muy poco en la ciudad.
Esta administración, y otras anteriores, han reducido su política a pedir al gobierno nacional un mayor pie de fuerza policial, con más motos, más vehículos y tecnologías más sofisticadas. Pero nunca han usado el conocimiento y la información que posee la Policía para plantear estrategias que disminuyan los homicidios en la ciudad.
Una estrategia alternativa
Sugiero una estrategia de choque que ha sido usada con éxito en varias ciudades de Estados Unidos. Tiene tres fundamentos:
(1) La localización de todas las agrupaciones y de los individuos que cometen los homicidios en la ciudad.
(2) La participación de las comunidades afectadas, en el sentido de devolverles su voz, su carácter de ciudadanos y la dignidad de sus vidas.
(3) El emplazamiento, con toda la fuerza del Estado, de las agrupaciones detectadas para que acuerden la disminución de los homicidios en sus zonas de actividad, si no quieren recibir todo el peso de la ley por sus actividades.
La estrategia supone recuperar las comunidades, iniciar un diálogo entre los que matan y los habitantes de esas comunidades, y reconstruir los lazos sociales que los unían en el pasado.
Esto va en la dirección de lo que ha planteado el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, al emplazar a los que matan a responder –en forma oral, presencial o escrita— al llamado de la Iglesia y de la comunidad para sellar un pacto de espacios sagrados: aquellos donde la vida es sagrada. Este acuerdo no es una negociación con los violentos; es una interpelación desde la legitimidad de las comunidades y la fuerza de las autoridades y de la justicia.
Todo esto implicaría cambiar la forma de gobernar, reconstruir la justicia, crear un sistema de investigación criminal, modificar el papel de la Policía y sus relaciones con los civiles, y rehacer las comunidades a partir de devolverles su voz y legitimidad, darles las oportunidades que hoy no tienen.
El desarme, aunque útil, no puede cambiar por sí solo la situación. Tampoco pueden hacerlo el aumento del pie de fuerza militar y policial. Sin la reconstrucción de las comunidades y su activación como fuerza que pueda superar la voluntad de los violentos y romper las conexiones que unen a los menores con el crimen organizado, no habrá esperanza y todo acabará en la repetición piadosa de que todo estaría muy bien si no llegaran tantos criminales a la ciudad.
* Profesor del departamento de economia de la Universidad del Valle.
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/7343-la-violencia-homicida-en-cali-volver-a-la-comunidad.html
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