Por Román Munguía Huato
Así lo dijo tajante el padre Alejandro Solalinde Guerra –ferviente defensor de los derechos humanos–, refiriéndose a la matanza de estudiantes en Iguala por la policía y los sicarios del crimen organizado. «Han vuelto los malos tiempos al Estado mexicano”, aludiendo a las matanzas del 68, del Jueves de Corpus Christi [10/06/71], de Aguas Blancas [28/06/95], Acteal [22/12/97] y Tlataya [30/06/14]. Afirmó que «México es una tumba clandestina, porque todo lo enturbian y no hay claridez en la justicia mexicana” y precisó que el Estado mexicano se ha convertido en represor y perseguidor de los defensores sociales, activistas de derechos humanos, jóvenes estudiantes y periodistas. «No queda más que defendernos con nuestros propios medios de un Estado asesino”. Solalinde pide a la sociedad unir fuerzas y exigir la renuncia de Ángel Aguirre, el «gobernador” de Guerrero, responsable de un crimen de Estado, quien toleró, muy complaciente, a José Luis Abarca Velázquez, el criminal alcalde de Iguala, émulo perredista del genocida priista Gustavo Díaz Ordaz.
México es una tumba sin sosiego, desde 1968. Horror en el horror la masacre de Ayotzinapa, una carnicería estrujante de estudiantes y ciudadanos inocentes. Guerreros unidos: perredistas, panistas, priistas y partidos morralla, saqueando a la Nación, junto al capital extranjero, a punta de balazos.
Quienes decimos enfáticamente que en las últimas décadas el poder y el dinero ha venido imponiendo un capitalismo salvaje neoliberal no es una mera ocurrencia retórica o simple metáfora sino una literalmente una cruda realidad económica con base a una intensa explotación –en sí misma violenta– de la fuerza de trabajo asalariada, arrojando a decenas de millones de mexicanos a sobrevivir en la miseria, pero además, lo peor de todo, dentro de un escenario social cruento, dramático, por la consecuencia de una extrema violencia social con decenas de miles de muertos, desaparecidos, familias dolientes, huérfanos, viudas, feminicidos, infanticidios, etcétera.
Si esto no es una sociedad en estado salvaje, una barbarie social, una sociedad en pudrición, entonces ¿Qué es? ¿El prometido paraíso celestial primermundista o el infierno dantesco terrenal neoliberal? Estamos viviendo una sociedad desgarrada cuya anomia y degradación social es producto de la absoluta impunidad de los criminales, de una simulación democrática, de una profunda corrupción del poder político por un capitalismo carroñero con sus buitres financieros locales y extranjeros con su política de tierra arrasada, dejando un páramo, una devastación brutal de la naturaleza y lo social. La inseguridad va de la mano con la profunda corrupción en las altas esferas del poder.
México bárbaro por un Estado delincuente y su narcopolítica, narco–gobierno, narco–estado, Estado–lumpen o lumpen–Estado; un Estado mafioso donde no sabemos quienes gobiernan, si los políticos amafiados o los delincuentes de los cárteles políticos; para el caso es lo mismo. A partir del año 2000 hubo quienes hablaron de una «transición a la democracia”; hoy vemos lo que significa realmente esta democracia: la impunidad y el cinismo del poder, el autoritarismo de un régimen en absoluta descomposición. Es el Estado provocando el terror: una especie de terrorismo amenazante y paralizante –de los justos reclamos de la sociedad– para una extraordinaria acumulación de riqueza en manos oligarcas nunca vista.
Es un despeñadero hacia un abismo insondable. Es la «mano invisible” del mercado capitalista quien empuja a la sociedad a este precipicio. La pesadilla real de una muerte sin fin a sangre fría. Plomazos a diestra y siniestra con todo y desolladeros espantosos y cuencas abiertas de cráneos y cuerpos calcinados arrojados a fosas furtivas. La lista de humillaciones y agravios al pueblo mexicano es interminable. Mientras los crímenes de estado continúen impunes seguirán asesinando al pueblo. Además de la explotación y opresión del proletariado rural y urbano, del campesinado, del pueblo indígena, la violencia atroz, encarnizada, junto con la pobreza, azota a una gran parte de la población mexicana.
Vivimos tiempos tormentosos, tiempo de canallas propiciado por un Estado canalla. Es el propio Estado quien, junto con sus panegíricos, criminaliza la protesta social, especialmente la de los jóvenes quienes reclaman legítimamente sus derechos democráticos de toda naturaleza, particularmente los derechos educativos como los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pero el Estado no solamente pretende criminalizar la protesta juvenil sino, lo peor, perpetra el crimen artero de estudiantes. Enrique Peña Nieto continúa con la misma política de Felipe Calderón de una supuesta guerra al narcotráfico cuyos resultados han sido totalmente fallidos, pues la violencia e inseguridad se han incrementado. La restauración priista en el gobierno federal y locales ha sido un verdadero fiasco.
«… los heraldos negros que nos manda la Muerte”, diría nuestro grandísimo poeta César Vallejo. Un mar de sangre es nuestro México bárbaro. La única alternativa a esta profunda crisis social cruentísima es la urgente y necesaria transformación radical a una nueva sociedad fincada en la paz y la armonía, la democracia y la equidad social; una sociedad deseable y posible que solamente puede ser construida por el pueblo trabajador mexicano consciente de sus legítimos derechos y de su propio destino, cuyas luchas de resistencia al poder y al dinero deben constituirse como lucha permanente para su emancipación de esta oprobiosa realidad. El México profundo en sus raíces libertarias históricas tendrá que surgir necesaria e inevitable. Esta es la única posibilidad de un futuro promisorio a nuestros hijos y nietos y las generaciones venideras ¡Presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos!
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190661
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=82919
Los reclusos confinados en las penitenciarías y cárceles de alta y mediana seguridad de Colombia divulgan un manifiesto a la opinión pública nacional e internacional, a las ONG defensoras de derechos humanos, entes de control, al Ministerio del Interior y de Justicia, al director general del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y a los medios de comunicación en general, que desde el lunes, 20 de octubre, la población reclusa del país está en una jornada de huelga y desobediencia civil y parálisis de todas las actividades. La movilización es liderada por el Movimiento Nacional Carcelario (MNC).
La guerrilla añade que las cárceles están llenas de personas que han sido privadas de su libertad sin prueba alguna. Muchos son dirigentes sociales y populares a los que se pretende neutralizar políticamente. Las cifras de defensores de derechos humanos indican que de 68.000 personas privadas de la libertad, la mayoría está sin juicio ni sentencia, y sin posibilidades de una defensa adecuada y un debido proceso.
© Sabrina Fusco / ALETEIA
Evangelizadoras de los apóstoles 
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