La Huella Digital LOS NUEVOS NARCOTESOROS IntroducciónLa bonanzaLa conexión china Templarios Segovia PalaguaOro amazónico
A sangre y fuego el crimen organizado convierte la minería ilegal en una fuente de ingresos tan importante como la droga a lo largo de América Latina
UNIVISION INVESTIGA*
Cuando recuerda a sus víctimas Janier Adrián Villada sonríe nerviosamente y cierra los ojos, como si estuviera encandilado. Parece la última señal espontánea de su vergüenza.
El joven analfabeto de 28 años que empezó a matar a los 14, eludió al principio con un lenguaje figurado el relato de su papel de asesino, pero a medida que se adentraba en sus recuerdos, durante una entrevista exclusiva con Univision, prescindió de las metáforas y con el verbo directo y el calibre exacto contó como lo había hecho.
Mató a 49 personas.
«¿Por qué lo hacía yo?», se pregunta sonriendo de nuevo. «O sea, la verdad es que yo todo el tiempo, desde muy pelado [joven] he trabajado en organizaciones y a mí me han pagado y yo sabía que la labor mía era, si me mandaban a matar a alguien, yo iba y lo mataba».
Villada era el jefe de sicarios de la banda criminal de Los Rastrojos, al noroeste de Colombia. Tenía a su cargo los comandos urbanos del municipio de Segovia para prevenir el ingreso de la banda rival de Los Urabeños. A las buenas o a las malas, cada empresa minera que operaba en la zona aportaba a la banda que estuviera en control entre 50 y 100 mil dólares mensuales. En esa suma estaban incluidos pagos por el asesinato de sindicalistas revoltosos, empleados problemáticos y ladrones de oro, según Villada.
«Nosotros les hacíamos un llamado de atención. Si nos hacían caso los dejábamos quietos. Si seguían intensos ya tocaba eliminarlos», explica.
Villada, alias Alfonso, es la personificación siniestra del soldado de una nueva guerra, la guerra del crimen organizado por el control de una de las actividades más lucrativas de América Latina: la minería.
Desde México hasta el Perú, pasando por Colombia, mafias de todos los tamaños y ambiciones han descubierto que el negocio de metales como el oro y el hierro es más rentable que los productos ilegales de los que solían depender.
«Han surgido nuevos grupos criminales. Grupos criminales que no son empresarios de un producto, sino que son grupos parasitarios, predatorios de los mercados, de los recursos económicos del territorio», explica Antonio Mazitelli, representante en México de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Son mafias que han impuesto su ley y sus antojos para quedarse con los nuevos tesoros con los que no solo financian sus guerras sino que además ponen en jaque a los gobiernos de la región y dejan un rastro de destrucción ambiental incalculable.
Extensas zonas de países como México, Colombia y Perú, recorridas por reporteros de Univision durante más de tres meses, han caído bajo el dominio de las mafias mineras: entre ellas, el estado de Michoacán en México, el noroeste aurífero de Antioquia, Colombia, y buena parte del departamento de Amazonas en el Perú.
En el sentido de las manecillas del reloj: Mina de hierro en Mexico (1), deforestación del Amazonas peruano (2,3), mina de oro en Colombia (4,5), miembros de las Autodefensas de Michoacán (6).
Al final el oro llega a las bóvedas de los bancos suizos y el hierro a los edificios multifamiliares de la China con una documentación que solo indica el país de procedencia, pero el historial de violencia y destrucción que va fundido en los minerales no es motivo de preocupación, de boicots o prohibiciones internacionales como los diamantes de África.
«Creo que hay un problema, que todo el enfoque internacional ha sido en África, específicamente en la República Democrática del Congo», opina Quinn Kepes, director de Programas de Verité, una organización internacional de derechos laborales. «El enfoque es en los conflictos tradicionales entre las guerrillas y el gobierno. En cambio en Latinoamérica, en la mayoría de veces, el oro provee fondos a las organizaciones criminales, al crimen organizado. Está generando el mismo tipo de conflicto».
Los controles de la legalidad del origen del oro no se aplican sistemáticamente.
«En Estados Unidos hay un importador que le está comprando a un exportador peruano que tiene papeles que aparentan ser legales y ahí se acabó. No hay más preguntas», afirma el analista peruano Miguel Santillana. «Y si se descubre que el oro es ilegal, «el importador norteamericano finalmente puede decir, ‘¡ups!, qué horror, me traicionaron, me engañaron’ ».
La bonanza
Las mafias asaltaron el tren de la bonanza minera que vivió América Latina entre 2003 y 2008, y entre 2010 y 2012. En estos periodos el auge de los precios del oro, el hierro y los hidrocarburos representó un aumento de las rentas fiscales que los gobiernos celebraron.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos escogió el símbolo de la «la locomotora minera» como uno de los motores de desarrollo de su programa de gobierno. Emocionado, Ollanta Humala, el presidente del Perú, primer productor de oro de América Latina, exclamó: «Señoras y señores, esto no es un auge cualquiera, esto forma parte de un cambio cualitativo del país, que sienta una de sus bases en la producción minera».
Pero para muchos la minería pasó de la bendición a la maldición. Como ocurrió en Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, el puerto más importante de México en el Pacífico, donde se descargan casi todas las importaciones de la China y se exportan la mayor parte de los productos mexicanos.
Michoacán cayó bajo el control de Los Caballero Templarios, una organización que tras un manto seudoreligioso de hermandad cristiana impuso un régimen de extorsión a todas las actividades lícitas o ilícitas.
«¿Quién mandaba?», se pregunta el padre Gregorio López, vicario de Apatzingán, quien en los peores momentos celebraba la misa con chaleco antibalas. «Un grupo llamado Los Templarios. Ellos cobraban la cuota, ellos eran hacienda, eran el ministerio público, los jueces. Ellos dictaminaban quién podía ser maestro y quién no, quién podía ser atendido en un hospital. Ellos dictaminaban toda la vida, la economía. Tenían los monopolios del limón, qué día podías cortar y qué días no».
Al mando de Los Templarios estaba Servando Gómez Martínez, más conocido como La Tuta, un exprofesor locuaz que colecciona videos secretos de reuniones con funcionarios públicos, jueces y periodistas que han estado en su nómina.
Los Templarios muy pronto comprendieron que bajo las montañas de Michoacán yacía otro gran tesoro, libre hasta entonces de chantajes: el mineral del hierro. El estado alberga el 27 por ciento del hierro de México, noveno exportador mundial del metal.
En principio se pensó que la organización criminal financiaba su ejército irregular de extorsionistas y sicarios con los pagos que exigía a los cultivadores de aguacates o limones y los demás impuestos a la población. Pero las cuentan no daban. El despliegue de fuerzas que mostraban Los Templarios no podía cubrirse con solo esos ingresos.
Ahora se sabe que el hierro fue la principal fuente de acumulación de riqueza de la organización criminal. La Cámara de Comercio del Hierro de México calcula en 1,000 millones de dólares las ganancias de Los Templarios por extorsiones a esta actividad, el equivalente al presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los cálculos de la dimensión del problema los hizo el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, al estimar el volumen en 700,000 toneladas de hierro confiscadas.
«¿Qué significan estas 700,000 toneladas?». Yo les diría que si pudiéramos poner en línea recta camiones pequeños de tres toneladas y media, si los pusiéramos en fila uno sobre otro, estaríamos hablando de 1,140 kilómetros», explicó Castillo.
Juan Manuel Ramírez Magallón, exasesor jurídico de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, dice que no tiene dudas de que los negocios sucios alrededor del metal fueron los que más enriquecieron a esa organización.
«Siento que [la extorsión minera] es una de las más fuertes. Mire, una tonelada [ilegal] de hierro, bien vendida, puede estar por su pureza hasta en 1,000 dólares», dijo Ramírez.
En el caso de su comunidad, el asalto fue grande. Los indígenas cayeron bajo el régimen de extorsión de los Caballeros Templarios tras recibir más de siete millones de dólares en regalías del consorcio siderúrgico Ternium, entre 2010 y 2011.
Emisarios de la organización criminal aparecieron en el remoto pueblo de las montañas orientales de Michoacán a cobrar su parte, recuerda Ramírez. Bajo amenazas de muerte, la comunidad pagó dos cuotas por un total de un millón de dólares y se comprometió a entregar 35,000 dólares mensuales.
Nacía un estado dentro del estado, como lo había anunciado el propio Gómez Martínez: «Esta organización a la que yo presido, como todos, tiene su cabildo, tiene su Congreso, y no se hace aquí lo que yo ordeno, se hace lo que se cree que es lo que conviene a la gente del pueblo. Disculpen si afectamos los intereses de terceros».
La conexión china
Los chinos llegaron a proponer abiertamente un negocio oscuro.
Con el surgimiento de Los Templarios, los habitantes de la costa pacífica de Michoacán empezaron a notar una inusitada afluencia de ciudadanos chinos. A diferencia de migraciones del pasado que trataban de mantener una discreta presencia en la comunidad anfitriona, estos chinos llegaron a proponer abiertamente un negocio oscuro. Varios campesinos e indígenas contaron a Univision que los recién llegados ofrecían comprar el hierro de las minas ajenas que operaban en sus ejidos pagando buenos precios.
Como en muchos países del mundo, en la legislación mexicana el dueño de un terreno no es propietario del subsuelo. Los minerales soterrados son propiedad de la nación que los puede entregar en concesión a terceros para su explotación. Los chinos no parecían intimidados por la ley.
«Nosotros le vendíamos a chinos que estaban comprando mineral», recuerda Julio César Madaván, un ejidatario que explota una mina cuya propiedad le disputa a la empresa Arcelor Mittal.
En una ocasión, recuerda Juan Carlos Marmolejo Lores, un indígena ambientalista de Coahuayana de Hidalgo, sus compañeros cuestionaron a los chinos que se presentaron en compañía de un empresario que alardeaba ser pariente político del expresidente Vicente Fox.
«Se les preguntó entonces cómo era posible que ellos vinieran con esas propuestas si hasta donde nosotros sabíamos la concesión era de la minera Ternium. Y ellos dijeron que no había problema, que en este país todo se podía arreglar».
Aparentemente los chinos no tuvieron éxito en persuadir a un número suficiente de ejidatarios para que les vendieran el hierro, lo que sí lograron Los Caballeros Templarios a punta de escarmiento. En ese punto, según los testimonios, se forjó la gran alianza de Templarios y chinos, los unos robaban y los otros compraban.
La relación ya tenía sus raíces, según Guillermo Valdés Castellanos, exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. La Familia Michoacana, antecesora de Los Templarios, tenía vínculos muy estrechos con la China desde los años noventa cuando empezaron a adquirir en ese país los precursores químicos para la producción de metanfetaminas, negocio en el que México llegó a destacar a nivel mundial.
Los Templarios terminaron controlando toda la cadena de producción del hierro. «Llegaban a las negociaciones y ponían el AK-47 en la mesa. Así como los negociadores de la mina sacaban sus computadoras para hacer sus cálculos económicos, los otros señores sacaban el AK-47 como arma de negociación», afirma Valdés.
El control se extendió a la propiedad de las minas, la extracción, la transformación, el transporte al puerto y luego la exportación ilegal a China.
«Prácticamente se robaron el negocio completo. Fue el paso de una pequeña extorsión mensual a decir somos los dueños del negocio», agrega Valdés.
Camacho vs. Templarios
Según Camacho, todo el mundo estaba involucrado en el robo.
Virgilio Camacho, el director de relaciones con la comunidad de la siderúrgica Arcelor Mittal no estaba dispuesto a aceptar esta situación. Se negaba a que su empresa comprara el hierro robado a Los Templarios y pedía públicamente que las autoridades controlaran el contrabando del metal.
«Él, desde el principio, empezó a denunciarlo», comentó su esposa Laura Velasco, una maestra de la ciudad con quien tuvo dos hijos. «Él me decía: no puedo creer que por carreteras federales van camiones cargados de mineral robado. Llegan a la aduana, salen del puerto y no pasa nada».
Según Velasco, Camacho pidió colaboración del ejército y la marina para que detuvieran el contrabando, pero al investigar a fondo el negocio descubrió que «todo mundo, de arriba, de en medio, de abajo, todo mundo estaba involucrado en este robo».
Velasco sospecha que como resultado de la campaña solitaria de su marido él empezó a recibir amenazas a principios de 2013 pero jamás se lo comentó porque no quería preocuparle.
«Yo le decía, ‘¿pero y por qué tienes que ser tú?’. Y él me decía, ‘alguien tiene que hacer algo y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados’”.
Camacho solía almorzar casi todos los días en un rodizio que es propiedad de uno de sus mejores amigos, Neri Rodríguez Pereira, excantante brasileño que se había radicado en el puerto en 1975.
El 8 de abril Camacho cumplió con su rutina. Almorzó con su esposa y durante el café de sobremesa protestó porque los habían invitado a una boda con traje negro.
«El decía, ‘Oiga, ¿y tiene que ser negro? ¿pero es una boda o un entierro?’», recuerda Rodríguez.
Camacho salió a recoger su vehículo en un autolavado a dos cuadras del restaurante. A pocos metros, según el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, dos hombres lo obligaron a abordar un Volkswagen.
Velasco comenzó a preocuparse porque durante toda la tarde Camacho no la llamó como era su costumbre.
El cadáver estaba en La Guacamaya. Tenía dos impactos de bala.
«Mis amistades me dijeron que no me preocupara, que porque últimamente habían secuestrado a otras personas y, y, pues, las habían logrado rescatar y hasta me dijeron que los tratan bien», dijo Velasco.
Pasó la madrugada en vela y al día siguiente la familia recibió la noticia: el cadáver de Camacho estaba en La Guacamaya, Arroyo del Barco. Tenía dos impactos de bala. Velasco quedó devastada.
La viuda se enorgullece de una escena que imagina que ocurrió durante el corto cautiverio de su marido. «Él, en ese sitio dijo, ‘me van a matar, mátenme’. Él era muy mal hablado y hasta me imagino las palabronas que ha de haber echado. ‘Pero yo no, yo en eso no me voy a meter’”.
También la consuela el hecho de que el tiro que recibió probablemente no lo hizo sufrir. «El procurador de justicia luego habló conmigo y me dijo que el balazo que le habían dado era un balazo de experto», afirma ella. «Que era posible que mi esposo murió en menos de un minuto. Y por como cayó su cuerpo, cómo estaba, yo pienso que quizá hasta eso él estaba hablando y sin darse cuenta vinieron y le dieron el balazo».
Consultado por el móvil del asesinato, el Procurador respondió a Univision que fue la negativa de Camacho a comprar hierro robado. «Virgilio no se prestó a tal situación y, y bueno, se generó esa acción», dijo.
El cadáver de Virgilio Camacho, funcionario de Arcelor Mittal en México, fue encontrado al lado de un arroyo. Lo mataron por oponerse a la compra del hierro robado por los carteles.
Hay tres sospechosos detenidos. Según un medio de comunicación local, uno de ellos confirmó que mataron a Camacho porque se oponía al negocio del hierro, lo que dio fuerza a la teoría de la viuda.
La población comenzó a enfrentar al cartel de Los Caballeros Templarios.
La muerte de Camacho no fue en vano, dice Velasco. A partir del asesinato la población reaccionó y empezó a confrontar a Los Caballeros Templarios. En varios puntos del estado, campesinos, indígenas y comerciantes se armaron con fusiles viejos y palo para combatir a los extorsionistas. Se reportaron desapariciones de sospechosos de pertenecer al cartel y se encontraron cadáveres de muchos en parajes abandonados. Surgieron los movimientos de autodefensa.
Ramírez, el asesor de los indígenas de Michoacán, y varios compañeros suyos se cansaron de Los Templarios y tomaron las armas. «Estábamos cansados de la extorsión, de las amenazas y también del saqueo que estaba emprendiendo ese grupo en la misma comunidad. Se robaban el mineral y también maderas finas, como caoba y otro árboles muy finos», señala Ramírez.
Como las autodefensas eran consideradas entonces organizaciones al margen de la ley, Ramírez y 34 compañeros suyos fueron arrestados bajo cargos de acopio de armas. Ramírez dice que está decepcionado de su país. El gobierno legalizó las autodefensas pero él quedó marcado como un delincuente para el resto de su vida.
«Hay que huir a Estados Unidos o Canadá», dijo. Dos de sus compañeros ya están en Washington tramitando una petición de asilo.
Segovia: víctimas y victimarios
En Segovia, un municipio colombiano que ha producido oro durante 200 años, la mezcla de autodefensas, armas y minas resultó explosiva. Villada, ex jefe de sicarios de Los Rastrojos, llegó a la ciudad tras un proceso que vivieron muchos de sus compañeros de delincuencia. Cuenta que a los 14 años fue reclutado por uno de los bloques de las Autodefensas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron en 2005 como parte de un acuerdo de paz con el gobierno.
Luego de que el gobierno incumplió las promesas de empleo y educación, se unió a una legión de exparamilitares igual de decepcionados que se dedicaron al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. A esas organizaciones se les conoce como las bandas criminales o Bacrims. El aumento de los precios del oro partir de 2010 revivió la industria en el noroeste de Antioquia. Villada fue nombrado jefe urbano de Los Rastrojos en Segovia. Ganaba 1,500 dólares.
Durante la entrevista con Univision en la cárcel de Itagüí, Antioquia, le preguntamos si las compañías mineras de las que recibían sumas millonarias alguna vez lo usaron a él para matar o desaparecer sindicalistas. «Sí. Siempre», respondió.
Meses antes los reporteros de Univision habíamos visitado a Segovia, donde varios líderes sindicales han sido asesinados. Seguíamos el caso de dos jóvenes trabajadores que aparecieron muertos dos días después de denunciar en televisión a la empresa minera en la que trabajaban.
Jaminson Amaya y Nelson Cadavid fueron asesinados el 27 de julio de 2012 cuando se dirigían a una oficina del gobierno en Segovia a formalizar la solución del problema laboral con la empresa ROC SAS.
«El día antes, él le había dicho a la mamá que estaba muy contento porque se habían ganado el pleito», recuerda Alfonso Amaya, el padre de Jaminson. «Y viniendo de allá de la mina hacia la oficina lo esperaron los gatilleros en el camino y lo balearon junto con el compañero».
Al escuchar una versión corta de este relato que le hicimos, Villada parecía conocerlo de primera mano.
«¿Usted los mató, verdad?», le preguntamos y él aceptó. «Nosotros los esperamos en la salida de la mina, en un punto que se llama Marmajón, junto al Silencio. Los esperamos ahí. Ahí fueron asesinados los muchachos».
A la pregunta de quién ordenó la muerte, respondió: «unos contratistas que fueron los que hablaron con los jefes de nosotros para que los sacaran del camino».
«¿Por qué los mataron?». «Porque tenían la mina parada como dos, como tres días, tenían la mina que no producía ya nada por culpa de, de esa gente”.
«¿Nos puede dar los nombres de quienes dieron la orden?», le preguntamos. «Eso es algo delicado. Yo a la fiscalía no se los he querido decir porque es gente que tiene con qué mover cualquier cosa en contra de uno».
La fiscalía colombiana cree que el jefe de Villada era Jairo Hugo Escobar, alias El Zar del Oro. A juicio de las autoridades que lo arrestaron en noviembre de 2012, Escobar es uno de varios narcotraficantes que han encontrado en la minería la mejor manera de lavar sus fortunas.
“
Me mete cinco tiros en la cara y en el cuerpo… y no me pasa nada.
”
Visitamos a Escobar en otra prisión cercana a Medellín. Este hombre de 45 años y de sonrisa fácil, que hace alarde de maneras cordiales y un lenguaje salpicado de expresiones jurídicas, tiene otra imagen entre muchos habitantes de Segovia. Algunos de ellos, entrevistados por Univision, dicen que Jairo Hugo, como lo conocen allí, impuso en la zona un régimen de intimidación y violencia que dejó decenas de muertos.
Mientras se cambia su playera deportiva por una camisa formal para la entrevista frente a la cámara en un salón de la cárcel, deja ver varias heridas en su pecho atlético. La del cuello no puede cubrirla. Es el orificio de salida de un disparo del que se salvó milagrosamente, explica.
En el pueblo vecino de Remedios, donde nació, Escobar construyó un hotel, un restaurante y una enorme estación de gasolina. Como cosa suya, reconstruyó una estatua pública de la Virgen del Carmen y del Divino Niño que había perdido una mano. «Yo la recuperé, recuperé todo el parque y quedó muy linda la virgen, hermosa».
En la mañana del 1 de diciembre de 2011, cuando conversaba con unos amigos en las gradas del monumento restaurado, un joven armado le disparó a quemarropa. «Me mete cinco tiros en la cara y en el cuerpo y afortunadamente, hasta el sol de hoy, no me sucedió nada. Yo digo que fue la Virgen del Carmen que me salvó»’, recuerda.
Jairo Hugo Escobar, conocido como el Zar del Oro, fue detenido en el a;o 2012. Su pelea con la familia Taborda, a dinamita pura, estuvo a punto de acabar con Segovia, al noroeste de Colombia.
Escobar dejó correr el rumor de que los autores del atentado habían sido los hermanos Taborda, más conocido como Los Serafines. Los Tarboda explotan informalmente la mina La Roca de Segovia. La minería informal es una forma eufemística de referirse a la explotación de predios ajenos. Escobar también la ejercía.
Los Taborda estaban de pelea con Escobar. Eudes de Jesús Taborda Jiménez asegura que su familia tenía que pagarle forzosamente al Zar del Oro, 40,000 dólares al mes para que les permitiera sacar mineral de la veta que habían descubierto y que estaba en sus mejores épocas de producción. “Este señor, Jairo Hugo, entonces nos declara la guerra», recuerda Taborda.
Era una guerra a dinamita pura. Escobar intentaba atravesarse en el camino de los Taborda abriendo troneras por todos los costados del cerro a punta de explosivos pero no conseguía su objetivo que era llegar al final del túnel y ponerse a la cabeza de la perforación. «Pudo haber causado una tragedia, matar ocho o 10 trabajadores»’, asegura Eudes.
Hay una ley no escrita entre mineros informales de la zona que dice que quien en su intento de liderar la excavación cae en un área de su competidor, debe rendirse y permitir que el puntero continúe. Pero Escobar no se daba por vencido, según Taborda.
Las explosiones de la guerra subterránea y las excavaciones sin control dejaron prácticamente sin piso geológico a una extensa zona urbana de Segovia. A finales de 2013, los trabajadores del hospital San Juan de Dios empezaron a ver grietas en las paredes que se iban extendiendo como una telaraña explicó Eddy Zapata, empleado del centro asistencial. La sala de atención materna se vino al suelo y ante el peligro del colapso, el hospital fue evacuado. Las primeras semanas los pacientes fueron atendidos en un coliseo deportivo del pueblo.
A pocas cuadras de allí la iglesia del barrio Briceño, de unos 15,000 habitantes, ha empezado a dar muestras del mismo deterioro.
Las excavaciones dejaron sin piso a buena parte de Segovia.
Al fracasar en la ocupación de la veta de Los Serafines, Escobar utilizó otra táctica, según Taborda. Envió a dos de sus lugartenientes a decir que la mina era de él. Los Taborda se plantaron en que eso era falso y fue entonces cuando les impuso la llamada vacuna o extorsión.
La confrontación con Escobar terminó en una masacre. Los hermanos Taborda, Yaison Andrés de 31 años y Wilmar Alberto de 35, fueron asesinados el 20 de diciembre de 2011. También mataron a dos amigos muy cercanos que los acompañaban: Juan Esteban, a quien trataban como a un hermano y el socio de la mina Jaime Nicolás Jiménez.
Basándose en rumores, Eudes nos habló de cómo habrían matado a sus hermanos. Nos dijo orgulloso que posiblemente Yaison Andrés, quien había prestado el servicio militar, alcanzó a forcejear con los sicarios que los citaron a una reunión con el pretexto de discutir con el jefe el valor de la vacuna extorsiva.
De lo que no dudó fue de los responsables: «Jairo Hugo Escobar Cataño y Carlos Mario Salazar Londoño son los autores intelectuales de la muerte de mis dos hermanos y de los dos socios de la mina», dijo.
Salazar Londoño es un ex funcionario de Segovia que llegó a darle la noticia a Eudes de la muerte de sus hermanos. Desde entonces Eudes comenzó a sospechar de que «él los había llevado al matadero».
Palagua
Con la versión insegura de la masacre que nos dio Eudes salimos de Segovia. Meses después Villada nos describió fríamente la escena del crimen de los Taborda como testigo presencial y protagonista.
Como jefe militar de la zona ganaba unos 3,500 dólares al mes.
«Cuando los manes llegan, al punto donde ellos quedaron muertos, nosotros les hacemos alto, los requisamos, los desarmamos, ellos iban armados», relató.
«Les decimos que sigan, que más adelante está el patrón para que vaya a hablar con ellos. Cuando ellos llegan ahí, bajo el palo ese grande que está ahí, donde ellos quedaron, el Chino les grita que se tiendan al suelo. Nosotros, cuatro muchachos se tienden, Yaison queda parado. Cuando Yaison queda parado, el man intenta correr. Cuando va a correr es el primero que se le da».
Con un tono de seguridad estudiada Villada exoneró a Jairo Hugo Escobar, a quien la justicia acusa de haber ordenado la masacre. «En ningún momento he recibido órdenes de ese señor ni le recibí, ni le recibí plata», dijo. La orden, según Villada, fue de su jefe, un exparamilitar conocido como Palagua.
Palagua está preso en la cárcel La Picota de Bogotá donde fuimos a entrevistarlo. Su nombre de pila es Miguel Ángel Ospino Guerrero. Fue soldado de una brigada del ejército de Colombia conocida como Cacique Palagua, de ahí su apodo. Se unió a las autodefensas bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un líder de las AUC a quien se le atribuyen 10,000 asesinatos.
Miguel Ángel Ospino, alias Palagua, exsoldado del ejército de Colombia, lideró la banda Los Rastrojos, que sembró el terror en la zona minera del noroeste de Colombia.
Ospino se acogió a los acuerdos de desmovilización firmados con el gobierno, pero al poco tiempo se unió a las bandas criminales. Los Rastrojos lo contrataron como jefe militar de la zona de Segovia por 3,500 dólares mensuales.
El relato de Ospino es atropellado e inconcluso, y en el punto en el que abordamos el tema de la muerte de los Taborda, sus rodillas, que hacen contacto con las del reportero que lo entrevista, tiemblan. El niega cualquier participación en el crimen. Se lo atribuye a alias «15» un jefe suyo que fue asesinado. También exonera a Jairo Hugo Escobar.
La guerra es a muerte, y como en todas las guerras, no es fácil llegar a la verdad. Mientras el oro siga brotando de la tierra, y la bandas criminales sigan ejerciendo el control de la zona, la sangre seguirá corriendo. En Segovia, como en Michoacán, como en Perú.
El oro amazónico
Perú es el primer productor de oro de América Latina, y gran parte de su riqueza se esconde en regiones selváticas protegidas por el gobierno a donde han llegado mineros ilegales a devastar la naturaleza para extraerlo clandestinamente. Muchos de ellos dicen que es su única opción para sobrevivir.
Según Tania Quispe, la directora de impuestos y aduanas (SUNAT), el 20 por ciento de las exportaciones de oro del país corresponden a minería ilegal, que en 2013 representó unos 1,600 millones de dólares.
“En realidad, hay indicios de que se trataría de personas que han estado metidas en actividades delictivas como narcotráfico, como terrorismo”, dijo Quispe.
El gobierno peruano está invirtiendo importantes recursos en la lucha contra la minería ilegal. El Fiscal Superior de Medio Ambiente, Antonio Fernández Jeri, invitó a Univision a un operativo en el departamento del Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, para destruir 18 campamentos de extracción ilícita de oro.
Llegamos en un avión militar Antonof al municipio de Santa María de Nieva, a orillas del río Marañón, con un equipo de fuerzas conjuntas entre Ejército, Policía y Marina, compuesto por unos 30 hombres. De ahí partimos en helicóptero y luego en lancha hacia el río Santiago para presenciar las explosiones de los motores utilizados para extraer el oro.
Fernández Jeri nos explicó que para el gobierno es una prioridad acabar con la minería ilegal no sólo para evitar la contaminación de ríos y humedales por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, sino también por los delitos que acompañan esta actividad.
“Alrededor hay criminalidad organizada, cuando uno va a los campamentos mineros a erradicar, uno encuentra prostitución infantil, lamentable, encuentra gente que está solicitada por los órganos estatales, por la policía, por los órganos judiciales, por narcotráfico. Hay contrabando, hay trata de blancas”.
Pero el epicentro de la minería ilegal de oro en Perú es Madre de Dios. Una región amazónica al sureste del país que bordea con Bolivia y Brasil. Allí unas 45,000 hectáreas de selva han sido deforestadas por mineros ilegales en la Reserva Natural Tambopata. A esa zona se le conoce como ‘La Pampa’, y nuestro objetivo era ingresar para entrevistar a los protagonistas de la devastación.
Llegamos a Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, y tomamos la autopista interoceánica 107 kilómetros al norte, donde cientos de casas de madera se asientan a lado y lado para albergar hostales, restaurantes y comercios. Esta zona, de mucho movimiento, es la única entrada a ‘La Pampa’.
Tomamos varios mototaxis que ingresan a la selva por estrechos caminos de tierra donde se puede apreciar la inmensidad y el espesor de la Amazonía. Durante 40 minutos de trayecto solo se ven árboles milenarios que tapan el cielo y muy pocos rayos de sol se logran filtrar. De repente, en un parpadeo, el panorama se transforma en un enorme desierto con cráteres profundos como si hubiera caído una lluvia de meteoritos.
Estos gigantescos huecos son las minas donde más de 3,000 personas, y cientos de máquinas trabajan día y noche para sacar el oro. Durante el camino pasamos por varios campamentos conformados por casas improvisadas de madera y plástico azul donde hay desde peluquerías hasta prostíbulos.
Policías y periodistas no son bienvenidos en Madre de Dios.
Ni policías ni periodistas son bienvenidos a este lugar. Esta es una comunidad clandestina que tiene su propia ley, y cualquier cara desconocida es vista como una amenaza. Por eso entramos con mucha cautela junto a Alberto Pérez, un veterano líder minero con quien habíamos acordado vernos.
Nos acompañó, casi escoltó, hasta su zona de trabajo para presentarnos a sus colegas, enseñarnos el proceso de extracción de oro, y demostrarnos que todo lo que se habla de ellos por fuera era mentira.
“Siempre el gobierno ha dicho que somos unos terroristas, que somos delincuentes… El único armamento que tenemos nosotros es nuestra dignidad de trabajar y darle a nuestros hijos una vida digna”, relató Pérez.
Llamó nuestra atención que los mineros y sus familias recurrían al agua de la mina a cielo abierto para sus necesidades cotidianas. Cuando le preguntamos por la contaminación con mercurio dijo que era un mito. Que él llevaba 30 años trabajando en minería informal, manipulando el metal con sus manos, y tenía la salud de un joven de 20 años. Lo que sí aceptó fue el daño por la deforestación, pero se defendió argumentando que la minería era la única fuente de trabajo para muchos.
“Hay que ser consciente también, que si no tengo la posibilidad de trabajar en otro sitio, ¿con qué crees que cientos de personas que trabajan acá van a mantener a sus familias?”.
En Lima, funcionarios del gobierno nos dijeron que parte del oro de ‘La Pampa’ sale de forma ilegal hacia Bolivia y por eso las exportaciones del metal de ese país se han incrementado abruptamente durante el 2014, y el resto es adquirido en el mercado negro por comercializadoras fachada peruanas que lo utilizan para lavar dinero y lo venden a grandes refinerías de Europa, Canadá y Estados Unidos.
Alberto Pérez no nos quiso decir quién era su jefe, el dueño de la maquinaria, ni tampoco quién compra el oro que ellos extraen. Simplemente defendió su actividad mostrándonos que los mineros ilegales no son hombres armados ni peligrosos como los han mostrado, sino personas trabajadoras de las cuales dependen cientos de familias, en una economía donde el gobierno no les ofrece otras posibilidades de empleo.
La sangre que ha teñido de rojo el hierro y el oro extraídos de minas ilegales de México, Colombia y Perú, cuenta, sin embargo, otra historia. La del crimen organizado luchando por el control de la minería, una de las actividades más rentables del momento en América Latina.
Créditos
Proyecto: Univision Investiga. Productores: Tomás Ocaña, Margarita Rabin, Esteban Román, Juan Cooper. Productor Asociado: José Luis Muñoz. Camarógrafos: Rafael Ramírez, Miguel Ángel Carrillo,Roberto Villanueva, Hugo Ballesteros. Edición de video: Laura Prieto, Matilde Bonifaz. Programación y diseño: Cary Tabares, Edmundo Hidalgo. Gráficas: Leonardo Pérez. Gerencia de Proyecto: José Fernando López.
© 2014 Univision Communications Inc
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