COLOMBIA: El rastro perdido de los desaparecidos


Se estima que más de 50.000 colombianos están desaparecidos. Los esfuerzos recientes del Estado por esclarecer estos crímenes han dado resultados, pero aun la inmensa mayoría de familias que enfrenta este drama sigue buscando a los suyos y esperando respuestas.

Texto y fotos por: Elizabeth Pérez Pérez, para Reporteros de Colombia

 

La historia de miles de familias colombianas está partida en dos por un día que todas recuerdan con exactitud. Desde ese día, las preguntas rondan a diario. Quieren saber qué pasó con sus familiares desaparecidos. ¿Quién se los llevó? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Están vivos o muertos? ¿Hasta cuándo la espera para saber la verdad de lo que les sucedió?

En un conteo que asciende día a día, el Estado reconoce que 52.546 colombianos están desaparecidos al 2 de febrero del 2012, según el Registro Nacional de Desaparecidos (RND). A otros 2.575 los encontraron muertos. En lo que va corrido de este año, ingresaron 387 al RND, es decir, 11,7 desaparecidos por día. Del total, algo más del 32% son clasificados en el RND como presuntas víctimas del delito de desaparición forzada.

Entre los desaparecidos hay campesinos, líderes sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos, negros, blancos, mestizos, indígenas, religiosos, hombres en su mayoría pero también mujeres, que habitaban en toda la geografía colombiana, desde la punta de La Guajira pasando por los litorales atlántico y pacífico, por las zonas cordilleranas andinas, hasta los llanos orientales.

El más antiguo de los desaparecidos data de 1919 y el primer registro de desaparición forzada es de 1942, según Diana Ramírez, coordinadora del Grupo de NN y Desaparecidos del Instituto de Medicina Legal.

Pese a esta dolorosa realidad, las respuestas escasean y con ello la posibilidad de que los familiares conozcan la verdad y sean reparados y  que los responsables, sin perjuicio de que sean agentes estatales o no, sean judicializados y sancionados.

Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos–Desaparecidos (Asfaddes), pionera de este tipo de organizaciones de la sociedad civil en Colombia, afirma que en ninguno de los casos que acompaña Asfaddes se ha aplicado justicia, algunos ocurridos hace 30 años.

A la impunidad frente al crimen de desaparición forzada se suman las amenazas, desplazamientos y zozobras, que sufren los familiares que se atreven a denunciar, y el miedo. “El miedo está porque no ha pasado el conflicto, que sigue siendo una política de Estado. El horror se está viviendo, no es pasado, es presente”, dice Gloria Gómez.

La persistencia  del conflicto armado que vive el país fue admitida en la Ley de Víctimas que impulsó el gobierno del presidente Santos.

El hombre que perdió cuatro hijos

Antioquia es el departamento con el mayor número de personas desaparecidas: 8.271 según el RND. En Granada, Antioquia, el caso de don Ramón Sepúlveda Vásquez refleja de manera dramática el drama de muchos otros hogares. Cuatro de sus hijos están desaparecidos: tres hombres, uno de ellos discapacitado, y una mujer. El resto de la familia ha tenido que migrar varias veces por las continuas amenazas.

“Hay que vivir callado. Así era y así es ahora”, dice cauteloso Ramón Sepúlveda. Sabe que hablar sobre la desaparición de sus cuatro hijos lo obligará a desplazarse de nuevo.

En el antejardín, una pequeña maceta con dos matas de cebolla junca sobresale al subir la empinada falda que conduce a la vivienda de don Ramón. Otras cinco o seis materas con flores de diferentes colores muestran el anhelo de vivir en el campo, del que fue desplazado el 28 de diciembre del 2003. Recuerda don Ramón que la vereda La María del corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, al oriente de Antioquia, donde vivía, “quedó vacía. Solo se quedaron como cinco viejitos».

«Tengo desaparecidos a Juan de Dios, Alex Adrián, Julio César y Claudia del Socorro”. Y aunque don Ramón está seguro que los cuatro fueron asesinados, once años después aun espera por lo menos encontrar los restos. La búsqueda que emprendió el 8 de agosto del 2001, día en que desapareció Juan de Dios Sepúlveda Carmona, víctima al parecer de paramilitares.

Veinte días después, el sábado primero de septiembre de 2001, hombres del Ejército llegaron hasta la casa materna en la que vivía Alex Adrián, un joven de 22 años, parapléjico. Pese a las súplicas de la madre y la hermana se lo llevaron. “La sillita de ruedas la desbarataron”, cuenta don Ramón, y no resiste, sus ojos se nublan de llanto.

Volvió a saber de él cuando un grupo del Ejército allanó su finca. Uno de los soldados le dijo: “Ah, con que usted es el papá de Alex Adrián. Yo fui el que mató a ese H.P., porque era un guerrillero”. Agrega don Ramón: “Y me amenazó con una pistola. Me dijo que se lo habían llevado para el monte y que allá lo habían ‘pelao’ (matado)”.

De Claudia del Socorro supo que desapareció en Urabá en el 2003, adonde se había ido a vivir en julio de 1998. Y de Julio César se dice que el 17 de marzo del 2005, al parecer hombres del Ejército se lo llevaron junto con un amigo. “Los sacaron de una casa en la vereda Las Palmas (Granada, Antioquia)”.

“Quisiera saber siquiera dónde están los restos, recogerlos, enterrarlos, pero mientras estén desaparecidos no puedo vivir tranquilo porque eso lo atormenta a uno”, dice don Ramón.

Denunció ante la Fiscalía la desaparición de Alex Adrián y Julio César. De los otros dos aún no se decide. Los cuatro casos están documentados en Asfaddes.

Desaparición confesada en Justicia y Paz

Otra dramática historia es la de la familia Barrera Santa. Luego de ser desplazados como efecto de lamasacre de Barrancabermeja del 16 de mayo de 1998, se refugiaron en Antioquia. pero hasta Medellín llegaron los «desaparecedores» a amedrentarlos. Ahora son desplazados intra-urbanos.

Los Barrera Santa insisten en conocer la verdad y que el Estado asuma la responsabilidad por la matanza de 32 habitantes de la Comuna 7 de Barrancabermeja perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Ausac. Siete fueron asesinados ese día y a los otros 25 se los llevaron, entre ellos a Óscar Leonel Barrera Santa.

Doce años después de averiguar por ellos, de buscarlos, de resistir persecuciones, el 23 de enero del 2010 pudieron sepultar a Óscar. Sus restos los recuperó la Fiscalía dentro de los procesos de Justicia y Paz, junto con otros cuatro de los 25 jóvenes desaparecidos. Los cinco fueron sepultados en el cementerio Jardines del Silencio de Barrancabermeja.

Sin embargo, por poco el entierro se convierte en una segunda tragedia para la familia Barrera Santa. Ese día, cuatro hombres entraron a la casa de una de las hermanas de Óscar. Don Édgar Barrera Romero, padre del joven desaparecido y asesinado, dice estar seguro de que lo buscaban a él. De Barrancabemeja tuvieron que salir bajo protección de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos.

El temor de don Édgar no es infundado. El 11 de julio de 2000, paramilitares asesinaron en el casco urbano de Barrancabermeja a Elizabeth Cañas Cano, una de las testigos clave dentro del proceso judicial que se adelanta por esta masacre. Segun reporta la revista Noche y Niebla “según su testimonio ante la justicia colombiana y ante el Tribunal Internacional de Opinión, organizado por ONGs e iglesias canadienses y europeas para juzgar simbólicamente esa masacre, Elizabeth identificó a un miembro de la Fuerza Pública que habría participado en la masacre”.

Elizabeth, la mujer asesinada, era la mamá de Giovanny Herrera Cano y hermana de José Milton Cañas Cano, dos de los desaparecidos el día de la masacre. Pertenecía a Asfaddes en Barrancabermeja y había sido fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Magdalena Medio.

Para la familia Barrera Santa no es suficiente lo que ha confesado el  paramilitar desmovilizado Mario Jaimes Mejía, alias «Panadero», quien contó que los 25 jóvenes desaparecidos fueron asesinados por la orden que, en medio de una borrachera, dio el jefe paramilitar Camilo Morantes, comandante de las Ausac. En noviembre de 2011 la Fiscalía 51 de Justicia y Paz le imputó cargos al «Panadero» por esta masacre, al igual que a Hermes Anaya Gutiérrez, alias «Chicalá» o «Junior», y Alexander Gutiérrez, alias «Picúa».

La familia Barrera Santa insiste en que no solo los paramilitares deben responder por este crimen de lesa humanidad sino también el Estado, por la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública según las versiones de alias «Panadero» y de alias «Julián Bolívar».

El Estado ya fue condenado simbólicamente por el Tribunal Internacional de Opinión (TIO), y en 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda contra Colombia por la masacre de Barrancabermeja.

Desafíos para la justicia

El reto de la justicia colombiana es no solo encontrar las más de 50.000 personas desaparecidas registradas en el RND, sino establecer con claridad qué pasó con cada una de ellas. Como presuntas víctimas del delito de desaparición forzada están clasificados 17.667 colombianos.

“Será la Fiscalía General de la Nación la que tendrá que determinar a través de sus investigaciones las causas de la desaparición, si es forzada o si fue por otros asuntos”, dice José Daniel Álvarez, quien hace parte de las directivas de Familiares Colombia.

Para seguirle el rastro a los desaparecidos, y por supuesto a quienes ordenaron, ejecutaron o colaboraron de manera expresa en ello, la Fiscalía creó en noviembre del 2010 la Unidad Especializada contra los delitos de Desplazamiento y Desaparición Forzada, que asumió la investigación de 16.750 procesos, según Marcela Márquez Rodríguez, jefe de esa unidad. Sin embargo, dijo, estos casos no necesariamente son los mismos reportados por el RND. Además, los procesos en que están implicados miembros de la Fuerza Pública, continúan bajo la coordinación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Los esfuerzos hechos por el Estado para avanzar en las investigaciones son admitidas por diversas organizaciones de Derechos Humanos. En el proceso de Justicia y Paz empezó a develarse parte de la verdad sobre las desapariciones en Colombia. Según datos de la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz, al 31 de diciembre del 2011, los paramilitares desmovilizados han confesado 3.145 desapariciones forzadas. De los 4.412 cadáveres encontrados en 3.574 fosas exhumadas a esa fecha, se han entregado 1.665 a sus familiares, y otros 132 están pendientes de entrega. Otras 41.974 familias siguen a la espera de una respuesta.

Resultado del convenio celebrado con el Ministerio del Interior y de Justicia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto de Medicina Legal, por su parte, ha logrado identificar 10.014 cadáveres que aparecían como NN y reportados como desaparecidos. Al 2 de febrero de este año, solo ha sido posible la entrega de 73 cuerpos a sus familiares, la última, a 21 familias en Pasto.

A pesar de los esfuerzos, estas cifras son aun muy inferiores a las expectativas de las familias colombianas que siguen en la búsqueda de sus parientes desaparecidos.

Para Asfaddes, la búsqueda se dirige a encontrarlos vivos. “Ellos salieron caminando, riendo, viviendo, sintiendo, y ahora todo se volvió búsqueda de huesos”, dice Gloria Gómez.

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Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Universidad Javeriana y el CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.

 

http://lasillavacia.com/historia-invitado/32057/reporteros-de-colombia/el-rastro-perdido-de-los-desaparecidos

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