“Desde nuestro punto de vista, intentaremos fijar un precedente respecto de la responsabilidad de quien designa a los encargados de las parroquias y vela por su comportamiento, que en Santiago es el arzobispo”, destaca el abogado Juan Pablo Hermosilla.
El profesional se refiere a la demanda civil entablada en 2013 por sus defendidos, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo -víctimas del sacerdote Fernando Karadima- en relación a la supuesta complicidad o encubrimiento del arzobispado de la capital en los abusos cometidos por el religioso. Los demandantes piden $ 450 millones.
Hoy, The Clinic publicó dos cartas, supuestamente enviadas por el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Una habría ido dirigida al vicario Diego Ossa, producto de una denuncia por un presunto abuso. La otra al propio Karadima. En esta última le habría dado instrucciones sobre cómo presentar a los feligreses de El Bosque el tema del traspaso del mando de la parroquia.
Según Hermosilla, “las cartas hablan por sí solas. Muestran no solamente que, en ese momento, la Iglesia ocultó antecedentes muy graves, sino sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Esto se debería haber conocido y si no fuera por una persona de buena fe, que las entregó, no se sabría. Son cosas muy importantes, que permiten armar el cuadro completo”.
Actualmente, el proceso civil, que encabeza el ministro de fuero, Juan Manuel Muñoz, está a punto de entrar a la etapa decisiva de la presentación de pruebas y testigos. En ese marco, el abogado Hermosilla destaca que “se nos han hecho llegar más antecedentes, muy numerosos, que estamos chequeando y revisando. Todo eso será acompañado en el juicio. Y quienes declaren, están obligados a decir la verdad, como todo ciudadano chileno. De lo contrario, si ocultan antecedentes, cometerán un delito nuevo, de falso testimonio. Y, en ese caso, nuestra respuesta legal sería muy dura.
¿Declararán los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, actual arzobispo de Santiago?
Los dos debieran hacerlo, con distintas modalidades, pero, como todo ciudadano, ambos están obligados a comparecer ante la Justicia.
El abogado del arzobispado de Santiago, Nicolás Luco, ha expresado que la Iglesia tiene un “compromiso con la verdad y con las víctimas”…
A nuestro juicio, eso no es efectivo. Son sólo palabras. Es muy evidente la soledad y abandono en que quedaron mis representados en el inicio de la denuncia y durante todo el proceso. Aquí ha habido una preocupación constante de la Iglesia por el señor Karadima, lo que no nos hace problema. Si lo quieren ir a ver a su cumpleaños o en otras instancias, nos parece perfecto. Lo que resulta inaceptable es que no se hayan preocupado de los más frágiles y complicados, que son las víctimas. Aquí no ha habido ningún compromiso con la verdad ni con las víctimas. Lo que hubo es un intento de encubrimiento.
¿Eso intentarán demostrar ante el ministro Muñoz?
Es parte de nuestra postura, la que creemos que está avalada por hechos y documentos. A nuestro juicio, la jerarquía de la Iglesia Católica no ha aprendido la lección de lo sucedido en el caso Karadima. El trato que se le ha dado a mis defendidos demuestra una falta de caridad mínima por quienes han sufrido y lo han pasado muy mal.
Un refugiado en Marruecos no tiene derecho a la tarjeta de residencia ni a los servicios públicos, ni al trabajo.
Evangelizadoras de los apóstoles 
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