 |
| Ayer, el coronel retirado del Ejército, Robinson González del Río aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía Foto: Noticias Caracol |
El coronel (r) del Ejército Robinson González del Río aceptó ayer su responsabilidad en el homicidio de 32 personas, incluidos dos menores de edad, en 14 hechos de falsos positivos cometidos cuando era el comandante del Gaula de Antioquia y del Batallón de Contraguerrilla Mártires de Puerres entre el 2007 y 2008. De esta manera se convierte en el primer militar en apostarle al camino del tribunal para la paz acordado entre el Gobierno y Farc.
Después de más de un año de dilación y seis intentos de la Fiscalía por hacer la imputación que finalmente se logró ayer, su aceptación de cargos de entrada le reduce la pena a la mitad. Es decir, unos 20 a 25 años de los 40 que aplican como mínimo para el delito de homicidio en persona protegida en la justicia ordinaria. Si se le aplica la justicia transicional, como él espera, podría no tener que pagar ni un solo día de cárcel cuando ésta comience a operar (si se firma un Acuerdo final con las Farc).
Por eso, González del Río es el primero en agarrar este camino que seguramente seguirán muchos militares que están implicados también en casos de falsos positivos.
“Es por la verdad. Es por las víctimas. Yo voy a contar toda la verdad. Porque si no hablo con la verdad, ¿cómo voy a pedir beneficios? Si yo pido, yo doy”, le dijo a La Silla González del Río, justo después de que terminara la audiencia de imputación de cargos en Paloquemao.
“Él [González del Río] está siendo asesorado por compañeros de él, de más alto rango, que están en una peor situación. Quiere salir de lo suyo ya, porque si sigue negando [las imputaciones] esto puede tardar 10 años hasta que se resuelva. En cambio [si cuenta toda la verdad], en dos años queda listo y cuando salga lo del Tribunal Especial para la Paz, ya se puede ir a su casa”, le dijo a La Silla una persona que conoce de cerca el caso y que estuvo presente en la negociación con la Fiscalía, pero que por su trabajo pidió no revelar su nombre.
“Desde el año 2007 y 2008 el señor Robinson Javier González del Río se dedicó a dar resultados operacionales en nombre del Ejército Nacional para supuestamente demostrar que en este país se estaba acabando con la delincuencia”, dijo el fiscal 57 de derechos humanos durante la audiencia.
Sin embargo, agregó, ninguna de las 32 víctimas eran guerrilleros ni miembros de Bacrim ni de organizaciones narcotraficantes.
Eran, en muchos casos, delincuentes comunes con antecedentes penales, como un hombre que terminó en la cárcel después de que encontró a su mujer con otro y le pegó una puñalada, o reinsertados de los paramilitares. Otros eran inocentes: menores de edad, taxistas que se cruzaron con las víctimas que estaba esperando el Ejército en alguna carretera y hasta un muchacho casi ciego, que tenía casi que palpar el suelo con las manos para saber dónde estaba.
Todos fueron reclutados por los hombres bajo el mando de González del Río para luego hacerlos pasar por delincuentes muertos en combates y así engrosar el número de resultados operacionales de los batallones que él comandó.
Además de firmar las órdenes de operaciones militares, que justificaban la presencia de las tropas en los sitios de los crímenes, González del Río daba las “órdenes verbales” de cómo su tropa tenía que dar los resultados, en qué sitios, qué número de bajas y cómo distribuir el personal tanto para disparar contra de las víctimas como para colocar las armas al lado de modo que simulara un combate.
Un militar que estuvo bajo su mando pero que está colaborando con la justicia dijo que era costumbre que González del Río se quedara cerca del sitio donde se iban a dar las “bajas” para cerciorarse de que las personas eran efectivamente asesinadas. Y otro caso demostró que los reclutadores usaban una camioneta blanca para transportar a las víctimas hasta los lugares donde las mataban y que era alquilada por miembros de la VIII Brigada del Ejército.
“Era el que organizaba, fomentaba, promovía, dirigía, encabezaba y financiaba el concierto para delinquir”, dijo el fiscal a cargo del caso.
Por eso, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y concierto para delinquir agravado. Y todavía falta que le imputen al menos otros 11 hechos: siete que están siendo procesados por la Fiscalía y otros cinco o seis que estarían en manos de la justicia penal militar, según supo La Silla.
González está detenido desde septiembre del 2012 por el caso del homicidio de dos campesinos en 2007 por el que ya fue imputado. Además, el año pasado confesó por televisión su participación en 27 casos de falsos positivos. Sin embargo, desde hace más de un año, todos los procesos que tiene en su contra, incluidos los 32 homicidios de los que trató la audiencia de ayer, estaban congelados.
Como contó La Silla en junio, en menos de tres meses, se programaron tres audiencias y las tres se cancelaron bien sea porque González del Río no llegó a la sala o porque el juez que iba a presidir la audiencia estaba en día compensatorio y no le avisó a nadie, o porque cuando se iba a transmitir la audiencia por videoconferencia pusieron a un preso distinto a González del Río ante las cámaras porque a él lo habían trasladado a Bogotá.
Todo hacía parte de una estrategia de dilación del juicio que, como González del Río, han usado otros militares implicados en casos de falsos positivos para evitar ser condenados.
De hecho, la diligencia de imputación de ayer había arrancado el pasado miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con el anuncio desde La Habana del acuerdo sobre justicia transicional. Ese día de nuevo González del Río no asistió a la audiencia y la juez lo declaró en “rebeldía judicial” o “contumacia”. Es decir, el caso seguiría aún sin él presente.
Aún así la audiencia se suspendió y se reprogramó para el pasado viernes, pero entonces González del Río dijo -a través de su abogado- que ahora sí quería estar presente, como lo hizo en la audiencia de ayer.
Justo cuando ya se conocían las bases del acuerdo de justicia transicional con las Farc y que también podrían darle beneficios a los militares implicados en casos de falsos positivos.
Al aceptar los cargos, González del Río se acogió a una sentencia anticipada en la justicia ordinaria. Además, se comprometió a contar toda la verdad y colaborar con la justicia.
“Yo sé que o presiento que [con] esta decisión de aceptación, muchos de los que están comprometidos a niveles superiores van a entender que voy a colaborar con la Fiscalía en forma permanente”, dijo González del Río al finalizar la audiencia.
La pregunta ahora es cuántos incentivos quedaron en el diseño de la justicia transicional para que se de una colaboración tan efectiva que realmente logre llegar a los máximos responsables (palabra que aunque estaba en el Marco Jurídico para la Paz no quedó explícitamente en los acuerdos, según el comunicado que sacaron Farc y Gobierno).
En todo caso, para que pueda acogerse a la justicia transicional todavía hace falta responder muchas preguntas y superar debates claves (además de un Acuerdo definitivo en La Habana).
El primero, y tal vez el más complicado, es si los falsos positivos entrarán o no dentro de la justicia transicional como crímenes cometidos “en relación con el conflicto armado”.
Sobre si deberían hacerlo había un debate entre los juristas que han asesorado al gobierno y aunque es un tema que solo se sabrá con certeza cuando se conozca el texto definitivo del acuerdo, según lo que pudo averiguar La Silla, la mayoría de los falsos positivos sí entrarán bajo la jurisdicción especial de paz. Especialmente aquellos que se dieron bajo la lógica de la guerra y en un afán de mostrar resultados operacionales, que son la mayoría.
El segundo dilema es que, en caso de ser aceptados en la justicia transicional, los implicados en falsos positivos tendrán que contar toda la verdad antes de poder recibir los beneficios de la pena alternativa que va de cinco a ocho años de restricción de libertad pero no de prisión.
La pregunta es, ¿qué se va a considerar como “toda la verdad”? ¿Incluye esta delatar a sus superiores y a los que coordinaron, planearon y participaron en estos crímenes o sólo revelar los detalles de la participación individual de cada uno de los procesados?
Lo que se sabe hasta ahora del acuerdo es que la fórmula de justicia transicional se diseñó de tal forma que los militares tendrán responsabilidades individuales y no colectivas ni institucionales, mientras que las Farc ganaron el punto de que ellas sí respondan de manera más colectiva.
Esto en principio permitiría mantener viva la idea de que los falsos positivos no fueron una política sistemática de algunas brigadas militares sino un tema de “manzanas podridas”, que es justamente el argumento con el que se han defendido hasta ahora los altos mandos militares y el Gobierno.
El problema es que si “contar la verdad plena” implica involucrar a todos los que participaron, tanto hacia arriba como hacia abajo, esta tesis podría irse al suelo.
Esa idea se refuerza en que –como contó La Silla– en el acuerdo quedó establecido que quien no cuente toda la verdad, repare a las víctimas y garantice la no repetición tendrá que enfrentarse a la justicia ordinaria y pagar cárcel hasta por 20 años.
El tercer punto es qué está dispuesto y qué tendrá que hacer -además de contar la verdad- una persona que quiera acceder a los beneficios, como González del Río, para reparar a las las víctimas, restablecer sus derechos y garantizar la no repetición.
Muchas víctimas de falsos positivos han expresado que lo que más ansían es encontrar los cuerpos de las víctimas, muchos de los cuales fueron enterrados en fosas comunes que no son conocidas por los familiares.
Otras sienten que lo que mas les deben es restablecer el buen nombre de sus seres queridos, quienes además de asesinados terminaron rotulados como guerrilleros y delincuentes que murieron en un supuesto combate.
Ese es el caso de familias como la de Óscar Alexander Morales Tejada, quien –como contó La Silla– lleva siete años enterrado en una fosa común de El Copey (Cesar) sin que su familia haya podido recuperar su cuerpo o conseguir que los militares acepten su responsabilidad en el homicidio.
Una vez se resuelvan estos tres interrogantes, el trámite para personas como Robinson del Río empezaría por la “sección de revisión” del Tribunal de paz que evalúa los casos de condenados para ver si cumplen los requisitos para ser admitidos en la justicia transicional.
Si llegase a cumplirlos, el caso pasaría a ser competencia de la sección de reconocimiento del Tribunal, que debería contrastar la información que aporte del Río con la de otras fuentes (como sentencias judiciales o reportes de organizaciones de derechos humanos) y luego emitir una sentencia.
González del Río ha estado preso por tres años desde que fue capturado en septiembre de 2012. Y seguramente seguirá estándolo hasta que se resuelva su situación en el marco de la justicia transicional.
Si -como parecería buscar su súbita aparición para la imputación de cargos- su caso es eventualmente admitido por el Tribunal de Paz, podría ser uno de los que terminen cobijados por los beneficios de la detención especial, la reclusión en una finca o una pena alternativa.
Eso dependerá de qué tanto esté dispuesto él a comprometerse de verdad con sus víctimas y a contribuir a que nunca más llegue y permanezca gente como él en las fuerzas militares.
Evangelizadoras de los apóstoles 