Las víctimas silenciosas de la ley de víctimas


Desde que inició su aplicación, en 2012, las víctimas han obtenido sus tierras a través de sentencias de jueces de restitución que con muchas dificultades han podido reestablecerles su derecho.

Sin embargo, luego de que se dieran los primeros fallos quedó en evidencia un vacío de la ley. La ley de víctimas no contempló que los actuales propietarios de esos predios a restituir podían haber comprado la tierra a terceros sin ser conscientes de que ésta había sido obtenida a punta de violencia y sin haber hecho toda la investigación para saber si el predio había tenido problemas antes, que es lo que la ley de víctimas consideró que demostraba la buena fe.

Esto llevó a que los llamados “segundos ocupantes” organizaran marchas y pusieran denuncias públicas, particularmente en los municipios de San Alberto y Sabana de Torres, tras los fallos que les quitaron sus tierras, en 2014.

Sus protestas tuvieron eco y obligaron al Estado a actuar.

En abril de 2015, para subsanar este error, la Unidad de Restitución de Tierras expidió un acuerdo para brindar ‘medidas de atención’ a esos campesinos.

Es un reglamento que busca resarcir a los segundos ocupantes con dos posibles compensaciones: un predio que no supere una unidad agrícola familiar y un proyecto productivo no superior a 40 salarios mínimos. Sin embargo, el mismo acuerdo especifica que la Unidad de Restitución lo aplicará solo si un juez lo ordena.

Sin embargo, casi un año después de firmado el acuerdo, su aplicación por parte de los jueces de restitución ha sido precaria y en todo caso, no les solucionó el problema a los que ya perdieron sus tierras.

Una de las manifestaciones de campesinos en Sabana de Torres en la entrega de una finca restituida.
Foto tomada de una reunión de segundos ocupantes en San Alberto.

Las dificultades

Los magistrados de restitución de tierras han sido reacios a reconocer en sus sentencias a los “segundos ocupantes” porque sienten que no tienen ‘piso jurídico’ para hacerlo. Dicen que un acuerdo administrativo no puede inventarse algo que no está explícito en la ley de restitución y que cualquier cambio debe pasar por el Congreso.

Por eso, aunque para septiembre de 2015 ya había 2.232 sentencias de restitución, sólo en 20 casos el derecho de los ‘segundos ocupantes’ fue reconocido.

“Hay jueces que rotundamente dicen que no aplican el acuerdo. Dicen que eso es inválido, que es ilegal”, dijo a La Silla el Procurador general de restitución de tierras, Germán Robles. “Otros, por buscar una solución, han acudido al acuerdo pero en la sentencia no hacen expresa referencia al mismo sino que manifiestan que la Unidad debe darle aplicación.

Lo mismo manifestaron tres fuentes que han seguido de cerca los nuevos fallos de restitución en Magdalena Medio.

Ninguno de los casos en los que sí han reconocido a los segundos ocupantes benefició a los que motivaron la expedición del acuerdo de la Unidad de Restitución porque los fallos que les quitaron los predios se dieron antes de que se expidiera y no se pueden aplicar retrospectivamente.

Aunque La Silla intentó conocer las cifras oficiales en el país sobre el número de propietarios a los que les quitaron la tierra antes del acuerdo y les fue negado el estatus de segundos ocupantes, en la Unidad de Restitución de Tierras no tienen claridad al respecto.

No obstante, solo en Santander hay cinco casos de personas que, sin tener culpa en los despojos, perdieron casi todo su patrimonio por fallos que les quitaron su tierra para restituirsela a los propietarios originales. La Silla conoció de cerca tres de ellos, uno de los cuales está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

 

Las víctimas de la ley

Martha Leguízamo Peña es una contadora pública que estudió en la Antonio Nariño en Bogotá. Cuando se graduó, no consiguió trabajo y entonces se devolvió a su pueblo Sabana de Torres. Vivía allí en arriendo y trabajaba como contadora, hasta que tres años después de volver, su mamá se murió y le heredó la finca de 36 hectáreas.

Durante cuatro años, Martha trabajó la finca y le sembró palma africana. Pero en enero de 2014, un fallo de restitución (uno de los primeros que se dio en el país) declaró que su propiedad pertenecía a una víctima y la perdió.

Leguízamo se la había heredado a su mamá, que a su vez fue la tercera compradora después de que la víctima la vendiera. Según la sentencia, la reclamante de la tierra vendió porque los paramilitares le mataron un hijo y cuando su esposo, quien ya falleció, fue a reclamar, los amenazaron a los dos.

Aunque Martha demostró que había heredado la finca y que esta había sido comprada a terceros, el juez no le reconoció la buena fe exenta de culpa (condición que acredita si demuestra que adquirió el predio de forma legal e hizo lo posible por averiguar que ese terreno estaba libre transacción ilegal), y perdió su propiedad sin derecho a compensación.

Cuando perdió la tierra estaba a punto de cosechar el fruto de las 10 hectáreas de palma africana que tres años antes había sembrado en su finca con un crédito. El ganado que tenía tuvo que venderlo para pagar la deuda con el banco. También perdió la casa que estaba en la finca, y tuvo que irse a vivir con su esposo en un cuarto en la casa de su suegra.

Más allá de que su propiedad era el resultado de una herencia, el caso de Leguízamo es complejo porque, encima, Martha denunció a la víctima ante la Fiscalía por presuntamente haber mentido para ser beneficiaria de la tierra y la Fiscalía ya le imputó cargos.

Ahora la Corte Suprema de Justicia está revisando el fallo que le quitó la propiedad.

Martha tuvo suerte de que la Corte aceptara revisar su caso. En Sabana de Torres hay otros cuatro casos similares a quienes la Corte no les aceptó la solicitud de revisión.

Libardo Escamilla, durante la entrega de su finca.
Ricardo Sabogal, director Unidad de Restitución de Tierras.

Dos de los afectados, Libardo Escamilla y José Presentación Hernández, cuentan historias similares.

Mientras que el primero dice que compró la tierra con la plata de su jubilación y que con la restitución perdió los ahorros de toda su vida; al segundo, el banco lo tiene embargado porque no tiene cómo pagar las deudas que adquirió para sembrar palma en la finca que perdió tras el fallo de restitución.

Aunque ellos cumplen las condiciones para ser considerados segundos ocupantes, y de hecho a finales de 2014 (mientras se redactaba el acuerdo) la misma Unidad de Restitución les dijo que iban a ser candidatos para acceder a un nuevo predio y un proyecto productivo, los magistrados no les concedieron ese estatus.

Un exfuncionario de la Unidad de Restitución le dijo a La Silla que desde que se estaba formulando el acuerdo se tenía claridad que no iba a cobijar las sentencias previas, aún cuando esas fueron las que pusieron en evidencia el vacío de la ley: “El derecho era que desde el inicio se le hubiese dicho a la gente que ya tenía fallo ejecutoriado y que no iba a ser beneficiario del programa de segundos ocupantes, porque nosotros lo sabíamos”.

El director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, reconoció que han tenido problemas con la implementación del acuerdo por la inconformidad de los magistrados. Pero aseguró que hay en curso una demanda contra la ley de víctimas en la Corte Constitucional para que exista un pronunciamiento de fondo sobre los derechos de los segundos ocupantes.

Mientras eso sucede, la aplicación del acuerdo continuará en vilo y fallos como el de Martha, Libardo y José Presentación podrán seguir replicándose en el país y creando el caldo de cultivo de nuevas frustraciones.

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