Así se prepara Colombia para el postconflicto rural


Red o grupo de trabajo:

En Colombia una de las razones y causas del conflicto ha sido la disputa por las tierras rurales; en cifras oficiales, el índice de Gini – que mide la inequidad en la distribución de la tierra- es superior al 83%, uno de los más altos del mundo y la informalidad en la tenencia es superior al 60%; la población más afectada han sido los campesinos pobres y colonos que además de no tener claridad en la titularidad de la tierra que poseen, también han sido las principales víctimas de desplazamiento forzado y despojo.

 

La concentración de tierras ha sido un fenómeno asociado al poder político, los intereses del poder económico y las prácticas de violencia que arrojan más de 6 millones de familias desplazadas y cerca de 6 millones de hectáreas de tierras despojadas. El fenómeno de concentración tuvo como motivación en algunos casos la implementación de megaproyectos hidroeléctricos y agroindustriales; existen innumerables declaraciones de paramilitares al respecto y condenas al mismo Estado. El Plan Colombia apoyó acciones militares mediante las cuales se violaron y vulneraron derechos humanos a campesinos y se aseguró la inversión extranjera.

 

El Gobierno de Juan Manuel Santos acaba de sancionar una ley que favorece en esencia el impulso y desarrollo del modelo económico concentrador que ha causado violencia en el país. Se trata de las ZIDRES- Zonas de Interés para el Desarrollo Rural Económico y Social- que otorgará en concesión predios baldíos a proyectos agroindustriales, para alimentar a China e Indonesia, como lo dijo en su discurso el mismo presidente Santos al sancionar la ley el pasado 29 de enero.

La FAO que estuvo presente en el evento en que se celebró la sanción de esta ley, jugó un papel bastante desafortunado apoyando el falso discurso de la seguridad alimentaria mundial y avalando modelos agrarios que son bastante cuestionados como el de la Soya en Argentina y la Facenda en el Brasil, ninguno de los cuales ha beneficiado a campesinos, indígenas y pequeños productores, como falsamente se quiere hacer creer. En Colombia hoy mueren niños de hambre y desnutrición y el señor Graziano Da Silva hizo caso omiso a las denuncias que varios campesinos le presentaron el día anterior al pomposo evento presidencial, sobre la impertinencia de la Ley ZIDRES, el despojo y la falta de apoyo a los campesinos.

 

El Gobierno persiste en subestimar a la agricultura familiar campesina, ha fracasado y no ha tenido voluntad decidida para titular la tierra a campesinos quienes producen más del 50% de los alimentos que consumen los colombianos; varias organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ley, entre ellas OXFAM, Planeta Paz, Comisión Colombiana de Juristas, y el CINEP, también el movimientos sociales como la Cumbre agraria étnica y popular y las dignidades agropecuarias así como congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde han demostrado la inconstitucionalidad de esta ley, que constituye un retroceso en el reconocimiento de los derechos campesinos a sus tierras y territorios. Ya anteriormente la Corte Constitucional ha dicho que los baldíos de la nación son para campesinos sujetos de reforma agraria y ha defendido la producción nacional de alimentos de agricultura familiar campesina.

 

En el mismo sentido el jefe de la delegación de negociadores de la insurgencia de las FARC-EP desde la habana a mencionado que «Las ZIDRES son zonas de «concentración» de tierras… una puñalada artera a la Reforma Rural Integral acordada en La Habana.  En lugar de ZIDRES urge definir el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Este no puede ser inferior a 20 millones de Hectáreas. Con la ZIDRES gobierno impone un enorme obstáculo a la firma de la paz.»[1]

 

No obstante el cinismo del Gobierno Santos ha anunciado que la primera ZIDRES será en el predio del Porvenir que fue producto del despojo de baldíos al Estado por parte del delincuente «Zar» de las esmeraldas Víctor Carranza, que tras su muerte dejó una pelea entre campesinos colonos nativos de la región y testaferros foráneos con quienes el gobierno quiere asociar a inversionistas extranjeros para explotar esas tierras, caso que viene siguiendo la Corporación Claretiana, el colectivo de  abogados Yira Castro y el congresista Iván Cepeda… Así se prepara Colombia para el Posconflicto.

 

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