ECUADOR: Gobierno quiere lavar la cara de la minería.


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Servindi, 26 de setiembre, 2016.- El gobierno de Ecuador pretende «generar una imagen de minería responsable» para la minería a escala a pesar del enorme desprestigio por la contaminación y la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.

Así lo denuncia la organización Acción Ecológica en referencia al “Encuentro Minero Ecuador 2016”, organizado por la Cámara de Minería del Ecuador, en coordinación con el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional Minera del Ecuador.

La organización ambientalista considera una «irresponsable provocación» la promoción de la minería que puede llevar al país a un estado de convulsión y violencia.

«Como en tiempos neoliberales, el gobierno de Alianza País continúa apostándole al crecimiento empobrecedor, al despojo, al endeudamiento externo, a la extinción de la riqueza natural y a la inevitable violación de los derechos de los pueblos» concluye Acción Ecológica..

A continuación la declaración de Acción Ecológica:

La metamorfosis minera

Por Acción Ecológica

En estos días se realizó en Quito un encuentro internacional con la participación de más de 200 inversionistas mineros. El “Encuentro Minero Ecuador 2016”, organizado por la Cámara de Minería del Ecuador, en coordinación con el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional Minera del Ecuador obedece al Festín Minero instalado en el país.

A la crisis mundial que ha experimentado este sector en estos últimos años se suma el elevado costo de las operaciones mineras y la oposición creciente de las comunidades locales; pero a pesar de esta crisis, la presión sobre los territorios no se ha detenido, todo lo contrario, la industria minera se está sometiendo a una metamorfosis con la que quiere aventajarse. En su afán de expandirse se aprovecha de la crisis para buscar la complicidad de los gobiernos, obteniendo mayores facilidades, logrando con efectividad la mayor flexibilización de las normas ambientales, sociales, laborales.

La imposición de la minería en Ecuador, especialmente durante este gobierno, ya ha dejado irreversibles impactos en las comunidades, así como impactos ambientales donde opera. La larga lista de ejemplos evidencia la situación: lo ocurrido alrededor del proyecto Mirador, los derrumbes y contaminación sobre las microcuencas de las cascadas de Íntag, los desalojos efectuados en Tundayme y Nankintz, los procesos de criminalización ocurridos con los juicios y la prisión del presidente de Junín en Íntag, la detención de tres líderes de Kimsacocha, sentencias a indígenas por ejercer el derecho a la protesta como la del presidente del Pueblo Shuar de Bomboiza, los asesinatos del profesor Bosco Wisun, del joven Fredy Taish y del líder antiminero José Tendetza – asesinatos en los que el patrón establecido es culpabilizar a los propios indígenas-, la militarización de los territorios para imponer proyectos a la fuerza como en Íntag, Tundayme, Panantza y Nankintz, entre otros. Estas son fuertes huellas de las atrocidades cometidas.

Sobre la reactivación de los 5 proyectos estratégicos que el gobierno de turno promociona se puede decir mucho, pero aquí “para muestra un botón”:

Proyecto Fruta del Norte: El Informe de Contraloría General del Estado realizado entre el 1 de enero de 2009 al 12 de mayo de 2015 y entregado en los primeros meses del 2016, corrobora graves  ilegalidades por ejemplo que “…de las 36 concesiones mineras pertenecientes al Proyecto Minero Fruta del Norte, únicamente 9 cuentan con licencia ambiental, 26 no han obtenido el documento indispensable para su funcionamiento y 1 se trata de un aprovechamiento de materiales de construcción” (1). A pesar de esto, la empresa minera Lundin recibió permiso para la exploración y más recientemente (julio del 2016) permiso del gobierno para pasar de la fase de exploración a la de explotación.

En la documentación base para la emisión del Acuerdo Ministerial que reforma los límites del Área Protegida de Refugio de Vida Silvestre El Zarza, se encuentran comunicaciones de empresas mineras privadas pidiendo la modificación de estas. El Informe de Contraloría afirma que esta área protegida, vinculada al Proyecto Fruta del Norte, “se modificó sin el debido sustento técnico ni legal (…) de lo que se deduce, que la Directora Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente en consenso con las empresas privadas que tienen concesiones mineras, realizaron esta modificación en el área protegida y no en las áreas de concesiones mineras de las que estas empresas son propietarias” (2).

Proyecto Mirador: “Existe afectaciones directas a la calidad de las aguas superficiales de los ríos, en particular el incremento de materiales en suspensión. Los ríos, que antes eran de aguas rojizas pero sin contaminación, ahora drenan lodos de color amarillo. Esta contaminación habría provocado la muerte de peces, limitado la posibilidad de alimentarse del río, desarrollar actividades de esparcimiento, diversión y en ciertos casos, causado enfermedades de la piel y vías digestivas” (3).

El Estado ecuatoriano incumplió con su obligación de extinguir las concesiones mineras que se encuentran en las causales establecidas en el Mandato Constitucional Minero y evitar seguir despojando a familias y comunidades enteras de sus tierras y sus hogares (4).

Proyecto Panantza San Carlos: Se ha violado el derecho a la consulta, consagrada en la Constitución Ecuatoriana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el año 2011, el Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental al proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera, incluyendo distinta legislación ambiental (5).

El Proyecto Loma Larga: Los estudios técnicos realizados sobre el proyecto Loma Larga, también conocido como Kimsacocha, de la empresa canadiense INV Metals que cuenta con capitales de la canadiense IAMGOLD, mencionan que “el bombeo diario de millones de litros de agua para secar la mina subterránea y facilitar su operación podría contribuir a la pérdida de aguas superficiales y resultar en otra fuente de contaminación. El altísimo contenido de arsénico en la roca de la zona muy probablemente será liberado, representando un enorme riesgo a la salud de los pueblos y del ganado lechero aguas abajo. Se encuentra además una alta probabilidad de que la actividad minera en esta zona estimule un proceso crónico de drenaje ácido que lixiviaría metales pesados de la roca expuesta por décadas -sino siglos- como otra fuente de contaminación de la zona que podría
perdurar mucho más tiempo que la poca duración de la mina” (6).

El Proyecto Río Blanco: El proyecto Rio Blanco de la empresa china Junefield, “es un proyecto minero subterráneo relativamente pequeño con una economía altamente sensible y una vida de la mina corta. La información económica y ambiental provista no está actualizada. Los impactos, particularmente en relación al drenaje ácido, descargas de arsénico de las operaciones mineras y de las características de la mina después de la recuperación, han sido subestimados y no han sido identificados o tratados adecuadamente” (7). El informe pericial de Kuipers sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco concluye que “debido a la poca viabilidad financiera de ambas minas, y la falta de supervisión establecida en cuanto al cumplimiento de regulaciones, junto a la clara presencia de características prevalentes de drenaje ácido y lixiviación de metales, estas minas no deberían ser desarrolladas”.

Así las cosas, hay una irresponsable provocación abierta para la generación de un estado de convulsión y de violencia en el país. El gobierno no valora las consecuencias que tiene la minería a escala y ha decidido actuar a favor de las empresas mineras en medio de su desprestigio por su conocida acción de contaminación y violación de derechos humanos y de la naturaleza. Como en tiempos neoliberales, el gobierno de Alianza País continúa apostándole al crecimiento empobrecedor, al despojo, al endeudamiento externo, a la extinción de la riqueza natural y a la inevitable violación de los derechos de los pueblos.

Con esta cita internacional del sector minero en Quito el gobierno busca generar una imagen de minería responsable pero no lo podrá hacer puesto que los caminos de la resistencia están en alerta máxima.

Por este motivo levantamos la voz para decir,

¡No queremos inversión si es para la destrucción!

Notas:

(1) Contraloría General del Estado. Informe de Contraloría (Examen Especial del Control Ambiental a la Viabilidad Técnica del Proyecto Minero Fruta del Norte en la Provincia de Zamora Chinchipe a Cargo de las Entidades Relacionadas y a la Agencia de Regulación y Control Minero). DAPyA-0018-2016. Pág 37.
Se puede ver aquí: http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42513

(2) Informe de Contraloría. Pág 67.

(3) ACCIÓN ECOLÓGICA & ISIP. “Entre Telones de la Megaminería en el Ecuador”. Septiembre 2015. Pág 33. Se puede leer el informe completo aquí:
http://www.accionecologica.org/component/content/article/1865-entretelones-de-la-megamineria-en-ecuador

(4) Informe sobre desalojos forzosos realizados por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor, Parroquia Tundayme. Diciembre 2015. Ver:
http://www.accionecologica.org/component/content/article/1872-informe-por-los-desalojos-forzosos-en-tundayme

(5) Como consta en la Acción de Protección interpuesta por Luis Venancio Ayui y otros, el 10 de junio de 2015, en contra del Ministerio del Ambiente.

(6) Kuipers, James. Informe pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco, provincia de Azuay, Ecuador. Pág. 3. http://www.agenciaecologista.info/images/stories/kimsacocha/infor_peric_LomaLarga_RioBlanco.pdf

(7) “Informe Kuipers”. Pág. 38.

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Fuente: Acción Ecológica: http://www.accionecologica.org/editoriales/1967-la-metamorfosis-minera

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