COLOMBIA:CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS. Voces que no callan Informe especial de la ENS (Escuela Nal. Sindical)


 

COLOMBIA: Violencia antisindical entre 2010 y 2015: se reduce, pero todavía cuenta

 

“Voces que no callan”, es el título del informe que la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentó hoy  (28 de noviembre de 2016), en Bogotá, en el marco del III Encuentro del sindicalismo por la paz. Da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el período 2010 y 2015, es decir, es un balance del Gobierno Santos en materia de violencia antisindical.

A manera de balance, el panorama se ve claroscuro. Si bien la violencia contra sindicalistas ha venido decreciendo, y es importante destacarlo, aún persisten graves casos que entorpecen la actividad sindical. Y la impunidad de los crímenes contra el sindicalismo sigue invariable, hay muy poca mejoría. En los 5 años considerados tuvo un ligerísimo avance: pasó del 98% al 95%, altísima.

Según los registros de la ENS, en este periodo hubo al menos 3.016 violaciones de la vida, libertad e integridad de integrantes de miembros de organizaciones sindicales, discriminados así: 186 homicidios, 101 atentados, 22 desapariciones forzadas, 2.093 amenazas, 293 hostigamientos, 191 desplazamientos forzados y 89 detenciones arbitrarias. 712 de estas violaciones fueron contra mujeres y 2.304 contra hombres.

 Una versión periodística de este informe en el enlace:

http://ail.ens.org.co/informe-especial/voces-no-callan/

 Para leer el informe completo, vea enlace:

http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/derechos-humanos-violencia-antisindical/

 

Mateo Leguizamón Russi – Colombia – Marcha popular por el trabajo-Serie-5

Fecha: 28 noviembre, 2016 Publicado por: Andrés CardonaCategoría: Informe especialMundo sindical

Informe especial de la ENS. Violencia antisindical entre 2010 y 2015: se reduce, pero todavía cuenta–

“Voces que no callan”, es el título del informe que la Escuela Nacional Sindical presenta en Bogotá este 28 de noviembre, en el marco del III Encuentro del sindicalismo por la paz, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el período 2010 y 2015, es decir, es un balance del Gobierno Santos en materia de violencia antisindical.

Puede leer o descargar el informe completo, haciendo click en la imagen.

 

Puede leer o descargar el informe completo haciendo click en la imagen.

Mirada la situación en general, a manera de balance, el panorama se ve claroscuro. Si bien la violencia contra sindicalistas ha venido decreciendo, y es importante destacarlo, aún persisten graves casos que entorpecen la actividad sindical. Y la impunidad de los crímenes contra el sindicalismo sigue invariable, hay muy poca mejoría. En los cinco años considerados tuvo un ligerísimo avance: pasó del 98% al 95%, altísima.

Según los registros de la ENS, en este periodo hubo al menos 3.016 violaciones de la vida, libertad e integridad de integrantes de miembros de organizaciones sindicales, discriminados así: 186 homicidios, 101 atentados, 22 desapariciones forzadas, 2.093 amenazas, 293 hostigamientos, 191 desplazamientos forzados y 89 detenciones arbitrarias. 712 de estas violaciones fueron contra mujeres y 2.304 contra hombres. Ver el siguiente cuadro:

Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas periodo 2010-2015

Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.

Nótese que cuantitativamente prevalecen las amenazas, constituyen el 79,1% de las violaciones registradas, lo cual sugiere una intencionalidad de sostener un ambiente de temor e incertidumbre.

Nótese también que a partir del 2013 hay una disminución gradual de la mayoría de las violaciones en términos cuantitativos, lo cual se puede entender como resultado de la estrategia de denuncia por parte de las organizaciones sindicales, y también de la coyuntura de las negociaciones de paz con las Farc.

Un hecho preocupante, que sobresale en la dinámica actual de la violencia antisindical: de cada 10 casos de violación a la vida, la libertad y la integridad contra trabajadores, 6 fueron contra dirigentes sindicales. En el 2010 la proporción era apenas de 3 casos de 10. Indica cómo la especialización de la violencia antisindical cada vez extiende más su radar para estigmatizar, perseguir y eliminar aquellos que participan de manera activa en la defensa de los derechos laborales desde la dirigencia de los sindicatos.

El contexto

Es de destacar el cambio de prioridades que se dio con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos. Su proyecto político y las nuevas circunstancias del país y del mundo, como la intervención de la OIT en el caso colombiano (Misión de Alto Nivel, febrero de 2011), y el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que impactaron la agenda laboral y sindical en materia de derechos humanos. Lo que derivó en algunas disposiciones que fueron incorporadas al Plan de Acción Laboral Obama-Santos, y en la Hoja de Ruta con la Unión Europea; y produjo el desbloqueo de la agenda en el tema de la violencia antisindical, tema que su antecesor, Álvaro Uribe, siempre minimizó.

El Gobierno Santos reconoció la violencia antisindical como un fenómeno histórico y sistemático, e inició un proceso de reparación colectiva del sindicalismo, como uno de los colectivos más victimizados. Además, dispuso medidas para la superación de la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes contra sindicalistas.

Solo que pasados más de cinco años el balance de estas iniciativas no corresponde con las expectativas de cambio que prometían. Hubo avances, pero éstos no lograron incidir en la consolidación de un ambiente de no violencia y respeto por los sindicatos, ni en garantías para la actividad sindical.

La Confederación Sindical Internacional, CSI, en el informe-balance del año 2015 en materia de derechos humanos, incluye a Colombia como el cuarto país con más riesgos para el ejercicio de derecho de asociación sindical. Pese a la reducción de los asesinatos en los últimos años, sigue siendo el primer país del mundo con el mayor índice de homicidios de sindicalistas.

Sindicatos más victimizados

En perspectiva de impacto colectivo, la violencia afectó a 175 los sindicatos. 66 de ellos padecieron por lo menos el asesinato de uno de sus miembros.

4 sectores de la economía nacional aglutinan el 78% del total de casos de violaciones registradas en el periodo considerado. Estos son: sector educación (42,3%), agricultura, caza y pesca (13,8%); minas y canteras (11,6%); otros servicios comunales y personales (10,3%).

En el sector educación los sindicatos más afectados fueron Adida, en Antioquia; Sutev, en el Valle; Educal, en Caldas. Otras organizaciones sindicales golpeadas fuertemente por la violencia fueron, en su orden, Fensuagro, USO, CUT, Sinaltrainal, Anthoc, Sintramienergética, Asogras y Sintraunicol.

En cuanto a la violencia antisindical por departamentos, tenemos que 3 de ellos concentran el número mayor de casos de violaciones, así: Antioquia (20,1%), Valle (18,8%) y Santander (7,9%). Y los departamentos en donde la violencia fue más dura contra dirigentes sindicales, fueron Valle, Santander y Bolívar.

Sector rural

La violencia contra sindicalistas y sindicatos vinculados al sector rural fue una constante en los 5 años, dirigida fundamentalmente a eliminar reivindicaciones relacionadas con la tierra y la economía rural. Además, se cruza con el conflicto armado y la implementación de macroproyectos productivos y de desarrollo.

Según datos del Sinderh, de la ENS, en los 5 años se cometieron 416 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra trabajadores del sector de la agricultura, caza y pesca. También hubo 150 amenazas, 132 hostigamientos, 64 detenciones arbitrarias, 28 homicidios y 17 atentados. Del total de las 416 agresiones, 59 fueron contra mujeres.

La violencia en el sector rural se ha expresado fundamentalmente en dos lógicas. Por un lado, las violaciones contra organizaciones sindicales cuyos afiliados son en su mayoría trabajadores de empresas, y por tanto su activismo, más que en la reivindicación laboral, se vincula con demandas políticas y sociales de las comunidades campesinas. Y, por otro lado, la violencia antisindical dirigida contra afiliados y dirigentes de sindicatos que tienen asiento en el sector de la agroindustria.

La violencia contra las mujeres

Sigue siendo este un tópico de particular gravedad. Entre 2010 y 2015 se registraron 712 casos de violencia contra mujeres sindicalistas, entre ellos 13 asesinatos, 9 atentados, 546 amenazas, 93 desplazamientos forzados, 35 hostigamientos y 8 detenciones arbitrarias.

Del total de casos, 160 fueron contra mujeres dirigentes sindicales, lo que de alguna manera responde al incremento de la participación de las mujeres en el escenario sindical, especialmente en los sectores educación, agricultura, salud, las empresas municipales y oficiales y otros servicios comunales. De manera proporcional a su protagonismo, la violencia se ha desplegado contra ellas en estos sectores.

Una característica que sobresale en la violación de los derechos humanos de las sindicalistas, es que involucra también a miembros de su grupo familiar.

Impunidad, casi intacta

Es innegable que en el período considerado, sobre todo al principio, el Gobierno Nacional destinó recursos humanos, económicos y técnicos para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía. Se aumentaron recursos para la Subunidad OIT, hubo cambios en la metodología de investigación, interlocución entre la Fiscalía General de la Nación (FGN) y las centrales sindicales, aunque limitada; y se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC).

Sin embargo, los logros que había en 2010 no distan mucho de los obtenidos en el 2015 en materia investigativa y resolución de casos. Pese a los esfuerzos del Gobierno y de la FGN, la superación de la violencia antisindical y la impunidad aún no se ha logrado. Por el contrario, sigue siendo un asunto pendiente de resolver, a lo que se suma otro factor de riesgo: la criminalización de la acción sindical.

Actualmente la impunidad por el delito de homicidio es del 87%, y la impunidad por amenazas (que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas) tiene el más alto índice: 99,8%.

Es decir, impunidad absoluta. Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento, tortura y secuestro, alcanzan una impunidad del 91%, 98,1%, 83,3% y 70,8% respectivamente. Lo que nos da una impunidad promedio del 95%, levemente menor de la que había en el 2010, que era 98%.

Por otra parte, la FGN no informa con precisión el estado de las investigaciones en todos los casos de asesinatos cometidos contra sindicalistas. Ha informado tan solo 1.545 casos, mientras que el seguimiento realizado por la ENS señala que se han cometido al menos 3.093 homicidios, es decir, la mitad. Y lo que es peor: de los 1.545 casos únicamente 971 están activos y 554 en etapa preliminar. O sea que solo en 417casos hay avances en la investigación.

La tendencia en el número de sentencias condenatorias mostró avances más significativos entre 2007 y 2011. Por varias razones: la entrada en operación de los juzgados creados para la resolución de casos por crímenes de sindicalistas, primer mecanismo especializado de juzgamiento de estos casos; la creación de la subunidad para la investigación de casos de violencia contra sindicalistas en el marco del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia y la ley de Justicia y Paz; la firma del Plan de Acción Laboral, y la visita de la Misión de Alto Nivel de la OIT. Fue así como en esos cuatro años se emitieron 416 sentencias. Pero fue temporal, porque la disminución de sentencias de ahí en adelante ha sido notoria.

Como también resulta preocupante que el Consejo Superior de la Judicatura disminuyera de 3 a 1 el número de jueces dedicados exclusivamente al juzgamiento de homicidios cometidos contra sindicalistas.

Transformar la impunidad en justicia y verdad para las víctimas requiere nuevas metodologías en la investigación, mejor interlocución con las víctimas, y el fortalecimiento de un plan que permita pasar de la emisión de algunas sentencias a una política de investigación eficaz.

Presuntos responsables

En el periodo considerado la violencia contra sindicalistas continuó con el mismo patrón de siempre: en la inmensa mayoría de los casos se desconoce cualquier información sobre los autores de los crímenes. De los 186 casos de asesinatos de sindicalistas entre 2010 y 2015, se desconoce el presunto victimario en 159 de ellos.

Preocupa que los dispositivos de la violencia incorporen mecanismos de impunidad para impedir el esclarecimiento de la verdad; pero más grave aún es que el aparato judicial no disponga de los recursos que se requieren para dar cumplimiento a los derechos de las víctimas.

De las violaciones en las que se conoce un presunto responsable, los paramilitares continúan siendo los principales victimarios, con el 69,1% de los casos documentados. Los segundos victimarios son los organismos del Estado, lo cual resulta sumamente grave. Los miembros de la fuerza pública, policía y ejército actúan con la lógica de la sanción y represión de la actividad sindical.

La guerrilla se presume como la victimaria en 56 casos. Aunque en su caso cabe destacar la drástica caída en los últimos años: pasó del registro de 17 casos en 2013, a solo 3 casos en 2015.

Protección a sindicalistas amenazados

Hay falencias en el programa de protección. Una es que se trata de una protección con enfoque reactivo y no preventivo, además es individual y no colectiva.

Otra falencia es la ausencia de análisis del contexto para evaluar el riesgo, la tardanza en los trámites, el desmonte de medidas asignadas y el déficit presupuestal ocasionado por la corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección, factores que han incidido negativamente en la capacidad para brindar protección a sindicalistas.

Reparación colectiva al movimiento sindical

En medio de un panorama también claroscuro, hubo avances y limitaciones en este tema. Si bien la Ley 1448 de 2011 recogió algunas demandas de las víctimas, y se ampliaron las posibilidades para la reparación colectiva, a partir del año 2012 el sindicalismo puso sus apuestas para iniciar este proceso.

Hoy, después de 4 años, puede afirmarse que tal proceso sigue anclado en la fase de alistamiento, es decir, en el momento de acercamientos y negociaciones entre la CUT, la CTC, la CGT, Fecode y el Gobierno.

Resulta prioritario que este proceso se destrabe, para así poner en funcionamiento la Mesa Permanente de Concertación creada a través de Decreto 624 de 2016, y encauzar la ruta a seguir para que este derecho se haga efectivo. Sus alcances en el corto y mediano futuro están sujetos a la participación activa y a la estrategia de movilización del movimiento sindical.

Agenda de paz desde el sindicalismo

La coyuntura de paz que vive Colombia ha interpelado a distintos actores del movimiento social y de la sociedad civil, entre ellos al sindicalismo, que desde décadas atrás viene reivindicando la salida negociada al conflicto armado y el clamor por la paz. Hoy se suma a los esfuerzos colectivos, avanza en la discusión sobre su rol y su participación en este momento histórico y en los escenarios venideros.

En este contexto, son varios los desafíos que en materia de derechos humanos cobran vigencia para la agenda del sindicalismo. Mencionamos algunos:

– Impulsar el debate sobre las violaciones en materia de derechos humanos.
– Persistir en la necesidad de la superación de la violencia antisindical y la impunidad.
– Impulsar iniciativas de reconstrucción de su memoria histórica y promover su difusión.
– Activar el desbloqueo del proceso de reparación colectiva al sindicalismo.
– Construir propuestas en clave de garantías para la acción y la protesta sindical.

Etiquetas:  asesinato sindicalistas  Colombia  Gobierno Santos  impunidad paramilitares  riesgo  SINDERH ENS  Sindicalismo  Violencia Antisindical

 

COLOMBIA. Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas,
defensores y población que habita zonas rurales

Bogotá, 2 de diciembre de 2016

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.

Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.

Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.

La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:

1.     Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz,  iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.

Este vacío dejado por las FARC-EP, se profundizó ante la ausencia integral del Estado. Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, antes lo “regulaba” la FARC-EP, hoy lo “regula” la persona más fuerte, mediante el empleo del uso de la fuerza.

2.     En segundo lugar, en todas las zonas afectadas por la violencia en Colombia existen pocas alternativas económicas para la supervivencia de las personas, lo que ha llevado a la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal.

El vacío dejado por las FARC-EP, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido  el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.

“Hemos recaudado y analizado mucha información, recogida directamente por mi Oficina, que denota que el aumento de la violencia en contra de líderes, defensores y defensoras está relacionado con:
“a. El vacío dejado por las FARC-EP en áreas rurales
b. La ausencia del Estado
c. La percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos
d. La estigmatización contra los y las defensoras
e. El uso de la fuerza para regular conflictos, por parte de la población
f. La disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en esas zonas
g. Las pocas posibilidades económicas de subsistencia”, explicó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La Oficina reitera que el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y  la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.

La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia.

La Oficina urge a las entidades competentes del Estado –entre ellas: Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios del Interior y a la Unidad Nacional de Protección- a que implementen políticas de prevención del riesgo, adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas, e incluyan y promuevan la participación de las comunidades a nivel político y económico.

La Oficina además insta al Ministerio de Justicia para que implemente el Programa de Sistemas Locales de Justicia para Gestionar Conflictividad Social, el cual permitirá comenzar a llenar  los vacíos en las zonas que dejan las FARC-EP, estableciendo mecanismos de convivencia y resolución de conflictos de acuerdo con la normatividad establecida en Colombia.

La Oficina llama a la Defensoría del Pueblo para que se fortalezca y despliegue defensores comunitarios en todas las zonas rurales donde la FARC-EP está dejando el territorio.

La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación, para que  continúe con su labor de priorización e impulso de las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de los homicidios perpetrados, sin limitarse al autor material, al igual que a esclarecer los contextos y móviles en los cuales se producen los homicidios para brindar una respuesta integral.

Finalmente, la oficina exhorta a la Fuerza Pública a seguir fortaleciendo mecanismos internos  de supervisión y control, que promuevan la transparencia y el desarrollo adecuado de su actividad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
 

Colombia: Global Reporting Initiative y firma consultora dicen que temas de derechos humanos y participación comunitaria no reciben atención por las empresas

Autor(a): Dinero.com, Publicado en: 11 November 2016

“Colombia es segundo en sostenibilidad empresarial en Latinoamérica”

 

https://business-humanrights.org/es/colombia-global-reporting-initiative-y-firma-consultora-dicen-que-temas-de-derechos-humanos-y-participación-comunitaria-no-reciben-atención-por-las-empresas?utm_source=Business+%26+human+rights+-+Weekly+Update&utm_campaign=1506d8099c-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_3a0b8cd0d0-1506d8099c-181905749

Un estudio realizado por Global Reporting Initiative (GRI) y A.T. Kearney, recogió la perspectiva de 275 directivos en América Latina para saber qué tan completo es el entendimiento del término en diferentes compañías y qué se está haciendo al respecto. El estudio incluyó líderes de juntas directivas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú…De estos países, Colombia es el séptimo país con mayor cantidad de reportes de sostenibilidad a nivel mundial y está en segundo lugar en América Latina. Aun así, según la co-autora del informe, Eulalia Sanín, los reportes no son útiles si las empresas “no cambian su negocio a profundidad”, así que es un cambio “que se tiene que dar desde raíz” y tiene que venir desde la junta directiva…Entre los líderes colombianos la percepción de sostenibilidad va atada a la generación de valor empresarial, pero dejan de lado la participación de las comunidades locales y derechos humanos, ya que son los temas menos discutidos y de menor importancia…Los consultados pertenecían 23% al sector servicios, 19% al sector industrial, 18% al financiero, 15% entidades sin ánimo de lucro y 11% al sector minero-energético.

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