La amenaza del narcoparamilitarismo


febrero 14, 2017

Foto: Archivo El Espectador/ Ahora, el Estado los denomina: grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).

En 2016 fueron identificadas 13 estructuras ilegales que hacen presencia en 351 municipios de 31 departamentos del país. Surgen nuevos grupos.

A la sede departamental de Marcha Patriótica en Córdoba, ubicada en el barrio La Floresta de Montería, llegó este domingo un sobre de manila con un ultimátum: la amenaza contra cuatro dirigentes de procesos organizativos campesinos y urbanos declarados objetivo militar por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. “Hoy más que nunca ratificamos nuestras banderas de lucha por la liberación de nuestra madre patria de cualquier vestigio de guerrilleros, comunistas y milicianos que impulsan la paz ilegítima de Santos”, reza el papel. El caso es sólo uno de los varios que se presentaron este fin de semana en diferentes regiones del país y que implican denuncias de presencia y acciones de grupos paramilitares. Por ejemplo, mientras en la vereda Altos de Chiri del municipio de Briceño (Antioquia), hombres armados amedrentaron a la población en busca de varios líderes sociales, en Gabarra (Norte de Santander), la Comisión de Derechos Humanos del Frente Fronterizo por la Paz informó sobre el desplazamiento de cerca de 200 personas hacia Venezuela por amenazas de grupos paramilitares a campesinos de la zona.

Este panorama da cuenta de cómo el auge de grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico y estructuras paramilitares viene creciendo en el país con un impulso especial en las zonas que antes eran de dominio de las Farc y en las que ahora hay vacío de poder. Y las cifras preocupan. De acuerdo con el informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares que será revelado esta semana por la unidad investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y que fue conocido por El Espectador, en 2016 se registró la presencia de este tipo de organizaciones en 351 municipios de 31 departamentos del país, siendo Antioquia el más afectado, con 76 municipios.

En general, la afectación municipal está determinada por las particularidades territoriales y los distintos tipos de violencias y negocios. Así las cosas, de acuerdo con el informe de Indepaz, mientras que hay regiones en las que las acciones están más encaminadas a las economías a gran escala (narcotráfico, minería, lavado de dinero, tráfico de personas, contrabando o servicios de seguridad privada), hay otras en las que los negocios están más relacionados con el microtráfico, los préstamos gota a gota, las redes de prostitución, el sicariato o las labores de infiltración de instituciones oficiales y alianzas con servidores públicos, acciones contra la Fuerza Pública o acciones contra la población civil.

Asimismo, el documento de Indepaz plantea una clasificación de las 13 estructuras plenamente identificadas: aquellas que tienen injerencia a nivel nacional y una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia —es el caso del clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros—, y otras tantas que actúan a niveles regionales y municipales y no se han consolidado por completo, como el caso de la Constru, los Pachenca, la Oficina, la Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer Auc y Auc.

En ese contexto, el clan del Golfo —también conocido como Urabeños y Autodefensas Gaitanistas— ha sido desde 2014 la estructura con mayor presencia en el país y, según las investigaciones de Indepaz, sólo el año pasado registró acciones en 279 municipios de 27 departamentos, consolidando su presencia en departamentos como Meta y Guaviare y en la ciudad de Buenaventura, disputada con los Rastrojos y la Empresa. “La capacidad de control territorial de esta estructura narcoparamilitar quedó en evidencia el 31 de marzo cuando el Clan decretó un paro armado que afectó 36 municipios de ocho departamentos. Esta estructura ha fortalecido como estrategia para consolidar su presencia en los territorios, el apadrinamiento de bandas locales, de microtráfico, sicariato, extorsión, entre otras”, revela el informe de Indepaz.

Para el caso de los Rastrojos, declarados desarticulados por el Gobierno, las indagaciones del instituto señalan que, aunque continúan con su tendencia a desaparecer, aún actúan en 50 municipios de 18 departamentos, principalmente en zonas fronterizas de Norte de Santander y la región Caribe. Su debilitamiento militar, sobre todo en el Bajo Cauca y la costa pacífica, se debe en buena parte a las disputas que en los últimos tres años ha sostenido con grupos como el clan del Golfo. Las denominadas Águilas Negras, por su parte, duplicaron los municipios en los que hacen presencia y operan en 41 municipios de 19 departamentos, concentrando sus acciones en los departamentos de Tolima y Cauca.

Capítulo aparte merece el análisis de las nuevas y pequeñas estructuras que han aparecido en regiones puntuales y que subsisten gracias a las alianzas con grandes grupos narcoparamilitares. En ese grupo se encuentran organizaciones como la Constru, que tiene su accionar en seis municipios de Putumayo en los que se dedica a la producción de drogas ilícitas que posteriormente comercializa a través del clan del Golfo, y los Pachenga, también aliados del clan del Golfo, pero en Magdalena y La Guajira.

Lo cierto es que el fenómeno, sobre el cual han alertado diferentes organizaciones sociales, movimientos políticos y organismos internacionales, ha sido abordado por el Gobierno con una perspectiva diferente. Aunque desde el Ministerio de Defensa se ha insistido en que en Colombia no se puede hablar de grupos paramilitares, pues no existen, sí se han cambiado los lineamientos para enfrentar la problemática. En ese camino se determinó cambiar la denominación bandas criminales por grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), clasificados en tres tipos: los que cuentan con capacidad armada y estructura organizativa para enfrentar a la Fuerza Pública (clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos), los que tienen carácter regional y mantienen alianzas con los primeros (la Constru, Cordillera, Botalones, la Empresa, entre otros), y las bandas delincuenciales, que actúan con un fin específico y en un lugar determinado.

Ver en El Espectador

http://www.arcoiris.com.co/2017/02/la-amenaza-del-narcoparamilitarismo/

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