COLOMBIA: ¿Está la Fiscalía preparada para investigar asesinatos de líderes sociales?


Los conflictos internos a raíz de la nueva Unidad para el Desmantelamiento de Grupos Sucesores del Paramilitarismo, la renuncia de Alexandra Valencia y la reformulación en las estrategias tejen un manto de duda sobre la efectividad del Ente Investigador.

fiscalia lideres sociales 1El fiscal Néstor Humberto Martínez creó la Unidad Especial para desmantelamiento de organizaciones criminales responsables de crímenes contra Defensores de derechos humanos el 24 de agosto de 2016. Foto: archivo Semana.Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una alerta sobre el aumento en los homicidios de defensores en lo que va de 2017 en América Latina. Se refirió a 14 asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en Colombia.

Para la CIDH es claro que los Estados no sólo tienen el deber de prevenir estos crímenes, sino que “están obligados a llevar a cabo de manera inmediata y por iniciativa propia investigaciones exhaustivas, imparciales y emprendidas con debida diligencia”

En ese mismo sentido se han pronunciado en Colombia organizaciones sociales y políticas de distintas tendencias, en especial el movimiento Marcha Patriótica, organización a las que pertenecían la mayoría de las víctimas. El problema se torna más urgente si se tiene en cuenta que el número de homicidios viene en aumento desde 2006, aunque hubo una disminución en 2014. El más reciente informe de la organización Somos Defensores indica que en 2016 asesinaron a 80 líderes, 17 más que el año anterior.

Líderes sociales, ‘contra las cuerdas’ en 2016

Sin embargo, recientes acontecimientos dejan en entredicho la prioridad que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le está dando a estas investigaciones y descartando que haya “sistematicidad”. Algunas fuentes consultadas hablan de falta de voluntad política y otras de problemas estructurales del Ente Investigador.

¿Qué pasó con la Unidad Especial?

fiscalia lideres sociales 2La mayoría de las víctimas representan liderazgos sociales que no son muy visibles a nivel nacional. Foto: archivo Semana.La llegada de Martínez a la Fiscalía en agosto de 2016 coincidió con una petición de la Mesa de Negociaciones en La Habana. El acuerdo, que aún no había sido firmado por las partes, proponía la creación de una Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, responsables de homicidios contra defensores de derechos humanos o personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

La Unidad Especial fue una respuesta a dos temas recurrentes en la mesa de negociaciones: la cantidad de líderes sociales que habían sido asesinados en tiempos de cese al fuego y lo que las Farc llamaron “la expansión del paramilitarismo”. De acuerdo con funcionarios del gobierno, la propuesta la hizo el abogado asesor de las Farc Enrique Santiago en una reunión a la que asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros.

Esta Unidad, que no es propiamente parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debía estar funcionando antes de la firma del acuerdo y fue por eso que el 24 de agosto de 2016, un día después del cierre de las negociaciones, Martínez firmó la resolución que la creaba.

Más allá de quién fuera el director de la Unidad, la sola idea de crearla no cayó muy bien entre algunos funcionarios de la Fiscalía. De acuerdo con fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, que pidieron la reserva de su nombre, esta Unidad no sólo no era necesaria, sino que podía cruzarse con las investigaciones que adelantaban otras direcciones de la entidad. Aunque el acuerdo dice que esta Unidad no va a entrar a sustituir su trabajo, persiste el temor de un choque de competencias.

A esto se suma su carácter independiente, pues a pesar de estar dentro de la Fiscalía, su financiación depende directamente del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. Por eso se plantea como una estructura autónoma que puede decidir sus propias líneas de trabajo; además, requerir la información judicial que desee de otros despachos judiciales. Para algunos funcionarios esto ha sido interpretado como una rueda suelta dentro del Ente Investigador.

Este malestar fue expresado por el fiscal Martínez. “El modelo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tiene cinco mecanismos y medidas y luego nos dicen que se les ocurrió una adicional a través de una unidad autónoma en la Fiscalía con fiscales propios, que se dediquen a investigar como lo está haciendo ya la Fiscalía”, dijo durante la audiencia pública de la Comisión Primera del Senado donde se discutió el proyecto de Acto Legislativo sobre la JEP. Y agregó que el 32 por ciento de los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido imputados, lo que a su juicio es la cifra más alta de historia.

Para Martínez, referirse a las redes de apoyo de estos grupos implica que esta Unidad debería recibir las 15.700 compulsas de copias que se han hecho sobre estos casos. “Si esto es así, queda sepultada y no habrá forma de reaccionar jurídicamente para defender a los defensores de derechos humanos”.

La continua tragedia de los defensores de derechos humanos

Yesid Reyes, exministro de Justicia, en respuesta a las críticas del Fiscal General, aseguró que la creación de la Unidad tuvo el aval de la vicefiscal Riveros y que fue después de aprobada que salieron a relucir las reservas. “Que no quede la sensación de que una mano negra intentó meter esa Unidad, porque en la reunión estuvo la Vicefiscal. Como dijo el fiscal, cuando un abogado se equivoca en la minuta le pone la cara al cliente”, afirmó Reyes.

Desde el comienzo de su gestión, Martínez designó a la vicefiscal Riveros para que atendiera todos los asuntos relacionados con la mesa de negociaciones en La Habana, o por lo menos así fue hasta que comenzaron los debates de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso.

Riveros tiene experiencia en el asunto no sólo porque fue integrante de la Mesa de Negociaciones en La Habana, sino por su papel como directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Por eso, para las organizaciones sociales con las que trabajaba en otras épocas es desconcertante que desde que se posesionó en el cargo, el 8 de agosto de 2016, no hayan podido sostener una sola reunión con ella para expresar sus preocupaciones ante el aumento de los homicidios a líderes sociales.

VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión de la vicefiscal Riveros, pero no fue posible por “razones de agenda”, según explicaron en la oficina de comunicaciones de la Fiscalía.

La salida de Valencia

fiscalia lideres sociales 3Alexandra Valencia fue designada como la primera directora de la Unidad Especial el 25 de agosto de 2016. Foto: Fiscalía General de la Nación.Para dirigir la Unidad Especial creada en La Habana, Martínez designó a Alexandra Valencia, quien venía de ser parte del grupo de cuatro magistrados de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y estuvo encargada de proferir sentencias como la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y la de los exparamilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Entre los operadores judiciales, Valencia es conocida como una magistrada con fuertes posturas contra empresarios, funcionarios públicos y políticos que apoyaron el paramilitarismo. Algunas de sus sentencias tuvieron mucho despliegue mediático por pedir que se investigara al exvicepresidente de la República Francisco Santos, al exfiscal Juan Camilo Osorio y a empleados de la firma Postobón, que supuestamente entregaron dineros a las Auc.

Tribunal no ordenó investigación contra Postobón

Algunas de las teorías desarrolladas en sus fallos causaron desacuerdos entre sus colegas y fueron rebatidas, incluso, por la Corte Suprema Justicia. Su llegada a la nueva Unidad causó incertidumbre sobre todo entre los empresarios, temerosos de ser citados a la JEP a responder por sus supuestos vínculos con grupos armados ilegales.

Mancuso: lecciones para juzgar a un criminal de alto calibre

Una vez en su cargo, la primera función de Valencia fue conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento de la Unidad, por lo que se hizo un convenio con la Unión Europea por 1.300 millones de pesos. A la dependencia fueron asignados dos fiscales que tenían a su cargo investigaciones complejas como la presencia de grupos posdesmovilización en el Bajo Atrato chocoano y en San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Por los problemas de competencias antes mencionados, fueron pocos los casos que se asignaron a esta Unidad y las investigaciones siguieron su curso en otras dependencias.

Se suponía que el equipo de trabajo iba a crecer con el tiempo, pero después del triunfo del No en el plebiscito el 2 de octubre esto nunca sucedió y la permanencia de la Unidad quedó en duda. Por eso, para varios de los asistentes a una reunión de la Comisión Nacional de Garantías, realizada a finales de 2016 y que contó con la presencia de presidente Juan Manuel Santos, fue una sorpresa que el fiscal Martínez anunciara que dicha Unidad ya contaba con 250 funcionarios de policía judicial.

En medio de las tensiones que generó la creación de esta Unidad, Valencia optó por acercarse a las organizaciones sociales que estaban denunciando el asesinato de sus líderes, como la Marcha Patriótica, el Partido Comunista y algunas plataformas de derechos humanos.

“Veníamos avanzando en generación de confianza con la Fiscalía especializada. Habíamos hecho una presentación de ella a las comunidades del norte del Cauca, donde más han asesinado personas, en Urabá y en Caquetá. Ella venía adelantando los casos de los líderes asesinados a finales de 2016”, explicó a VerdadAbierta.com David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, quien aseveró que habían acordado compartir información que sirviera de contexto para la investigación de estos crímenes.

No obstante, entre los funcionarios de la Fiscalía corría el rumor que Valencia era una ficha del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. En medios de comunicación la funcionaria salió a desmentir esa afirmación, aseguró que tenía los méritos suficientes para ocupar el cargo y aclaró que las primeras que llevaron su nombre ante los miembros de la mesa en La Habana fueron las organizaciones de mujeres que asistieron a la Subcomisión de Género, donde tuvo asiento la vicefiscal Riveros en representación del gobierno nacional, en ese entonces directora de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

Este rumor, sumado a los acercamientos con organizaciones sociales de izquierda, generó cierta reticencia entre los funcionarios de la Fiscalía. Este caso particular evidencia un problema más estructural del estigma que subsiste en el Ente Investigador. “Lo que mostró todo lo que pasó en la Unidad especial es que hace falta que el país judicial comprenda que las luchas sociales no son delitos”, aseveró un funcionario que conoció de cerca lo sucedido.

El panorama de la dirección de la Unidad no pintaba bien: pocos casos, pocos funcionarios asignados y desconfianzas internas. Sin embargo, fue después de que se publicó el nuevo acuerdo de paz, que Alexandra Valencia decidió renunciar a su puesto. Lo hizo, según ella, porque el nuevo documento firmado por las partes, después de perder el plebiscito, se especificaba que el director de la Unidad lo elegiría el Fiscal General de una terna enviada por el mismo comité que nombrará los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los vaivenes de la Fiscalía

fiscalia lideres sociales 4Entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales. Foto: archivo Semana.“Aunque a ellos no les guste hay que poner el espejo retrovisor. Esto no es un problema de hoy, la Fiscalía tiene una deuda histórica porque ha tenido a su disposición la información y la ayuda de organismos internacionales, de las organizaciones sociales y hasta de la Defensoría del Pueblo y no ha querido avanzar”, sostuvo Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores.

Este activista recordó la presión sobre las organizaciones sociales se intensificó en septiembre de 2014, cuando se desató una ola de amenazas a líderes sociales luego de que las víctimas comenzaron a visitar la mesa de negociaciones en La Habana. Las investigaciones dieron tumbos en la Fiscalía, pasaron de dirección en dirección y no había claridad sobre quién debería asumir dichas investigaciones.

Agenda de paz genera amenazas contra defensores de derechos humanos

Por eso, durante la administración del entonces fiscal General, Eduardo Montealegre, se dio inicio a un plan para destrabar los procesos de crímenes contra defensores de derechos humanos que tiempo después se conoció como ‘Plan Esperanza’.

Ese cambio de tono de la Fiscalía se dio en desarrollo de la Mesa Nacional de Garantías, un escenario de interlocución y diálogo entre las instituciones del Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos que existe desde 2009. Allí decidieron recopilar información sobre los asesinatos a defensores de derechos humanos en los últimos 20 años. Para ello se compartió información entre Fiscalía, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y las plataformas de derechos humanos.

Se identificaron así 729 casos de defensores asesinados. En reacción a ello Montealegre firmó una resolución para crear un grupo de cinco fiscales, seis investigadores y analistas de direcciones nacionales y seccionales que tendrían a cargo los casos priorizados de estos crímenes. Así funcionó por varios meses y desde la Dirección de Políticas Públicas se dictó línea y se hizo seguimiento a estos casos.

Para lograr este propósito, la Oacnudh creó un grupo especial para ayudar a la Fiscalía en la localización de la información disponible de estos crímenes. Sin esta ayuda no habría sido posible identificar más del 95 por ciento de los casos denunciados y avanzar en las imputaciones.

El trabajo de grupo especial creado por el ‘Plan Esperanza’ coincidió con la posterior conformación de la Unidad Especial y generó algunas dudas sobre a quién le compete la investigación de los crímenes contra los defensores. La preocupación de las organizaciones sociales es que con la puesta en marcha de las medidas que toma el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc se deje de lado esta iniciativa, que había logrado avances históricos.

Y los temores no son infundados. Bajo la dirección de Martínez ya se han dado los primeros cambios. El ‘Plan Esperanza’ fue reformulado y sólo se priorizarán los crímenes cometidos desde 2015, “dejando por fuera de este importante trabajo más de 300 casos de homicidios ocurridos entre 2009 y 2014 (sólo por mencionar los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos), procesos que están en peligro de ser archivados”, registró el más reciente informe de Somos Defensores. De acuerdo con esta organización, se ha dado prioridad a los “casos con vocación de éxito”, es decir, en los que es más fácil dar con el autor material.

VerdadAbierta.com quiso conocer la apreciación que al respecto tienen la Oacnudh y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pero dados los múltiples compromisos de sus representantes, Todd Holland y Paula Gaviria, respectivamente, tampoco fue posible obtener una respuesta oficial.

¿Se sabe cómo investigar estos casos?

fiscalia lideres sociales 5De los 80 líderes asesinados en 2016, 45 se atribuyen a grupos paramilitares, tres a guerrillas, 28 a desconocidos y cuatro a miembros de la Fuerza Pública. Foto: archivo Semana.Más allá de los problemas institucionales, las organizaciones sociales y algunos pocos funcionarios dentro de la entidad cuestionan también la forma en la que se están investigando los casos de líderes sociales y denuncian que la indagación comienza por la interceptación los teléfonos de los familiares de las víctimas o por buscar problemas personales, sin partir de su trabajo de liderazgo; tampoco se les ha dado la debida protección a los testigos.

“No podemos olvidar que el ente acusador ha sido una parte del conflicto que en varios procesos han asociado los liderazgos sociales con la insurgencia”, sostuvo Flórez, de Marcha Patriótica.

De acuerdo con fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, no cayó muy bien entre algunos funcionarios la exposición que Valencia hizo en reuniones sobre casos concretos en los que la Fiscalía había revictimizado a los líderes sociales.

Estas falencias han sido más evidentes en algunas regiones del país, de acuerdo con las organizaciones sociales, donde los fiscales guardan más cercanía con el estamento militar.

“Nosotros hemos pedido que las investigaciones de derechos humanos las asuman en la dirección de Derechos Humanos y también en esta nueva Unidad Especializada, pero la mayoría llegan a la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde descontextualizan los hechos y siempre comienzan indagando por líos de faldas, problemas de linderos, sin ir al punto”, reiteró el vocero de Marcha Patriótica.

A las organizaciones sociales les sorprende no haber podido concretar desde el año pasado una sola cita con la vicefiscal Riveros para discutir sus preocupaciones y sobre la negativa del fiscal Martínez a reconocer una ‘sistematicidad’ en estos asesinatos.

Este panorama dibuja lo que pueden ser los próximos tres años de la Fiscalía General de la Nación, en momentos en los que la persecución, amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se tornan más grave.

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6569-esta-la-fiscalia-preparada-para-investigar-asesinatos-de-lideres-sociales

Varias mujeres transgénero were asesinadas en Estados Unidos Durante el mes de febrero


Titulares 28 de-FEB-. 2017

asesinatos trans H13

Al menos dos mujeres afroestadounidenses transgénero were asesinadas en Nueva Orleans en Los últimos días. El lunes, la Policía declaro Que Ciara McElveen FUE apuñalada a muerte, Apenas dos Dias Despues De Que Chyna Gibson, de 33 años, asesinada Fuera de tiros un estado un fin comercial centro. Estós constituyen el Quinto y El Sexto asesinatos de mujeres transgénero Este Año de Los que se Tiene registro. A Principios de Este mes, Keke Colliers, de 24 años, FUE asesinada en Chicago, y Jojo El delantero, de 23 años, FUE asesinada en Toledo, Ohio.

https://www.democracynow.org/es/2017/2/28/titulares/2_black_transgender_women_murdered_in_new_orleans_in_recent_days

COLOMBIA: MISIÓN DE LA ONU EMPIEZA MAÑANA A VERIFICAR LA DEJACIÓN DE ARMAS


Bogotá, 28 de febrero de 2107 –  Mañana miércoles 1 de marzo de 2017, la Misión empieza el proceso de verificación de la dejación de armas de las FARC-EP que debe concluir, por acuerdo entre partes,  el día D+180, es decir el próximo 29 de mayo.

A pesar de los retos logísticos que siguen dificultando el buen desarrollo de la implementación del Acuerdo sobre el Cese del Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, la Misión acoge con beneplácito el consenso de las partes de iniciar sin más demora el proceso de dejación de armas.

En cumplimiento de su  mandato, la Misión procederá a partir de mañana a la identificación y registro de todas las armas presentes en los campamentos de las FARC-EP en las 26 Zonas y Puntos Veredales.

Grupos de observadores de la Misión empezarán a trasladarse a los campamentos de las FARC-EP, los cuales en su mayoría son todavía temporales, para el monitoreo continuo de las armas registradas.  La Misión cuenta ya con los 450 observadores y observadoras necesarios para el pleno cumplimiento de sus funciones.

Simultáneamente, la Misión instalará los contenedores, que ya se encuentran en las sedes locales, en los campamentos de las FARC-EP.  En estos sitios de almacenamiento la Misión recibirá progresivamente las armas bajo el monitoreo de sus observadores.

Como primera medida en este proceso de almacenamiento gradual de las armas, la Misión recibirá las armas de los miembros de las FARC-EP que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

En paralelo y en coordinación con las FARC-EP, la Misión empezará de inmediato el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos.

Se trata de un avance parcial pero sustantivo en el proceso de dejación de armas, que la Misión valora como un buen punto de partida hacia la superación de los atrasos en la implementación.  Confiamos que este proceso se puede acelerar, dentro de una dinámica virtuosa de avances simultáneos en la implementación de todas las dimensiones del Acuerdo de Paz, que inspire confianza a los actores del conflicto y a toda la sociedad colombiana.

Al respecto, la Misión valora las decisiones anunciadas por el Gobierno hoy en relación a las garantías jurídicas de los miembros de las FARC-EP.    Serán un factor de tranquilidad en el proceso complejo de su transición a la vida civil.

La Misión informará regularmente sobre los avances del proceso de dejación de armas.

Contacto :
Carolina Azevedo, Jefa de Comunicación, Misión de la ONU en Colombia, azevedoc@un.org(link sends e-mail)

Liliana Garavito, Oficial de Información, Misión de la ONU en Colombia, garavitol@un.org(link sends e-mail)

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COLOMBIA. DISFRUTANDO DE LA PAZ: Estos son los 22 los líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación


 

Home / Historias / Conflicto Por Mario Zamudio Palma Publicado febrero 27, 2017 En Conflicto Hace casi tres meses comenzó la implementación de los acuerdos de paz.

El primero de diciembre, conocido dentro del cronograma de dejación de armas como el día D, el gobierno y las Farc echaron a andar una hoja de ruta para que esa guerrilla, la más antigua del continente, se convierta por fin en un partido político legal, que hable con votos y no con balas. Desde entonces, a los obstáculos por las demoras en la entrega de las zonas veredales, los debates políticos de reglamentación de los acuerdos y la eterna pelea entre el gobierno y la oposición, se ha sumado un problema: el asesinato de líderes sociales. Han matado a 22 dirigentes que van desde presidentes de juntas de acción comunal, miembros de la Guardia Campesina, líderes indígenas, estudiantes, etc. Vea también: “En 2016 mataron 80 líderes sociales en el país”: Somos Defensores A partir del día D, ¡Pacifista! decidió hacer un contador para registrar esos asesinatos. A partir de ahora, alimentaremos esa lista en este artículo, que se convertirá en una especie de bitácora de la tragedia que significa perder a los hombres y mujeres que van a implementar la paz en las regiones. Mientras el gobierno dice que las muertes no son sistemáticas, y los paramilitares en Colombia no existen, este contador seguirá presente. Ojalá que no crezca.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.04.35 p.m.22. Ender Cuetía Conda El 26 de enero, en zona rural del municipio de Corinto, en el Cauca, un miembro de la Seguridad Campesina conocido como Eider Cuetía Conda fue asesinado por “hombres encapuchados que le dispararon varias veces desde una moto”, según le contó a ¡Pacifista! un miembro de la comunidad. La Seguridad Campesina es un mecanismo creado en el Catatumbo por miembros de asociaciones comunitarias, que se está replicando en varias veredas del Cauca. Justamente en Corinto, líderes sociales han denunciado la presencia de hombres encapuchados y la aparición de graffitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Vea también: Una noche de patrullaje con la Guardia Campesina.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.04.46 p.m.

  1. Wilfredy Gómez Noreña Wilfredy Gómez Noreña, un bogotano de 32 años, era desde hace tiempo el representante de una asociación comunal de Usme, al sur de la capital. Hacía parte de la mesa de Derechos Humanos de la ciudad y ya había recibido amenazas por parte de un grupo conocido como Los Rastrojos. Hasta que el 29 de enero, hombres encapuchados llegaron al barrio Compostela, en Usme, y lo asesinaron. Gómez Noreña había sido mencionado en panfletos amenazantes por su liderazgo social, y no contaba con ninguna medida de protección. El caso, según el alcalde de esta localidad bogotana, quedó en manos de la Fiscalía, quien investiga los posibles autores del crimen.

 

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.04.55 p.m.

  1. Faiver Cerón Gómez Cuando Faiver regresó de una reunión con autoridades locales y miembros de la Gobernación del Cauca, fue alcanzado por dos hombres en moto. Ahí, a 10 minutos de la cabecera municipal  lo detuvieron y le dispararon en varias ocasiones. Mataron el 19 de febrero al presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes. El propio presidente Santos le pidió a las autoridades que investiguen el caso: “”He solicitado a la @PoliciaColombia y @FiscaliaCol esclarecer de inmediato el asesinato del pdte de la JAC del corregimiento de Esmeraldas, Cauca”. Vea también: Por qué el asesinato del líder social número 20 debe sacudir a los colombianos.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.05.03 p.m.

  1. Luz Herminia Olarte Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.05.15 p.m.

  1. Edilberto Cantillo El 5 de febrero, a las 7 de la noche, dos hombres llegaron a la vereda Entre Ríos, en el municipio del Copey en Cesar. Le preguntaron a Edilberto por su nombre y cuando respondió, lo mataron a tiros. Tenía 55 años, hacía parte de la Asociación Veredal de Víctimas y era reconocido en el pueblo como un activo reclamante de tierras. “El gobierno está hablando de paz, pero no nos está garantizando a las víctimas la vida; hoy asesinan a un compañero de nuestra comunidad y mañana no se sabe si de pronto será otro, ya hay personas que se desplazaron”, le dijo al periódico El Pilón de Valledupar Deyis Carmona Tejada, líder de víctimas del municipio de El Copey y miembro del Comité de Justicia de Transicional de la Mesa de Víctimas.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.05.27 p.m.

  1. Porfirio Jaramillo La noche del 28 de enero, cuatro hombres armados entraron en la casa de Porfirio Jaramillo en la vereda Guacamayas, en Turbo (Antioquia) para llevárselo con rumbo desconocido. En la madrugada del domingo lo encontraron muerto. Jaramillo, reconocido reclamante de tierras en la región, había recibido amenazas en los últimos días, por eso le solicitó a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad. Sin embargo, las peticiones fueron rechazadas por el organismo.

Captura de pantalla 2017-02-27 a las 5.05.35 p.m.

  1. Yoryanis Isabel Bernal Está líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta donde tuvieron lugar los actos fúnebres. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede, nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dice el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.

Líderes asesinados

  1. Hernán Agames En la vereda San Ciprian, del corregimiento Tierradentro, de Montelíbano (Córdoba), fue asesinado Hernán Agamez Flórez. Según la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, afiliada a Marcha Patriótica, Agamez era “parte del comité cocalero y dinamizaba políticamente” la preparación de las comunidades para la fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en La Habana. De acuerdo con la Asociación, el cuerpo sin vida de Agamez fue trasladado desde San Ciprian hasta el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba), por campesinos e integrantes de la guardia indígena Zenú San Jorge. Desde allí fue trasladado a la morgue del municipio de Puerto Libertador. Vea también: Estos son los 15 líderes asesinados desde que arrancó la implementación de los Acuerdos de Paz

Líderes asesinados

  1. Emilsen Manyoma Esta líder de 31 años y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios. “De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, dijo el periódico El Espectador días después del fallecimiento de Manyoma. Emilsen era activista política y líder social desde 2005, y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.

Líderes asesinados

13. José Yimer Cartagena La policía de Carepa, un municipio del Urabá antioqueño, confirmó el 11 de enero la muerte del líder social Jose Yímer Cartagena. En circunstancias desconocidas, y mientras se desplazaba por la vereda Saiza, de ese municipio, varios sujetos acabaron con la vida del vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder del movimiento político Marcha Patriótica. La Defensoría del Pueblo se refirió al caso de este líder asesinado poco después de su muerte. “Condenamos el asesinato de José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de Asodecas. ¡Basta ya con la muerte de líderes sociales y de derechos humanos!”, indicó el organismo en su cuenta oficial en Twitter.

 

Líderes asesinados

12. Juan Mosquera Cuando Juan Mosquera se movilizaba por la vereda Salaquí, del municipio de Riosucio (Chocó), presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se le acercaron. Los acusaron a él y a su hijo —Moises Mosquera, de 33 años— de ser colaboradores del frente 57 de las Farc, y los asesinaron. Las autoridades investigan el caso, pero aún no han encontrado ni sospechosos ni culpables. Fuentes de la zona aseguran que una de las razones por las que fueron asesinados Juan y su hijo es que eran familiares de miembros de la guerrilla. Mosquera era un reconocido líder comunitario de la región del Bajo Atrato.

Líderes asesinados

  1. Yaneth Calvache A Yaneth la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron en el pecho y una en la mandíbula. Aunque fue auxiliada por su familia y amigos, murió cuando era trasladada al hospital. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos más articulados en esa región del país. Vea también: Estas son las líderes asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz

 

Líderes asesinados

  1. Aldemar Parra Fue asesinado en zona rural del corrimiento La Loma, del municipio El Paso (Cesar). Era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar y sobrino del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Haltillo, de ese corregimiento. La comunidad de El Haltillo enfrenta un proceso de reubicación por cuenta de la contaminación del medio ambiente generada por la explotación carbonífera, y varios de sus líderes han sido amenazados por su labor en la defensa de los derechos humanos. Están a la espera de que la Unidad Nacional de Protección les asigne esquemas de seguridad. Dos de las empresas que explotan carbón en la zona, Prodeco y Drummond, se pronunciaron sobre el hecho. La primera condenó el asesinato, hizo un llamado para que se investigara y dijo que a finales de 2016 “buscó la ayuda” del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar para implementar medidas de prevención y protección para la comunidad. Drummond, por su parte, rechazó los hechos y dijo que Parra es empleado de Colombia Natural Resources, que también saca carbón de ese departamento. El comandante (e) de la Policía en Cesar, coronel Mauricio Bonilla, dijo que Parra no era líder comunitario, pero que tres de sus familiares integran un comité de concertación con las empresas carboníferas. Tras el crimen, el Programa de Desarrollo y Paz expidió un comunicado en el que aseguró que “desde noviembre del año pasado advertimos sobre los riesgos que esta comunidad enfrentaba y ofrecimos nuestro apoyo para que se adoptaran medidas de prevención y protección”.

Líderes asesinados

  1. Olmedo Pito El pasado 9 de enero, Marcha Patriótica denunció el asesinato de Olmedo Pito, comunero del resguardo Huellas Caloto, de indígenas Nasa, en el Cauca. Según esa organización, Pito fue asesinado en el corregimiento El Palo, de Caloto, a las 11:30 p. m., luego de “departir en un establecimiento público del corregimiento con algunas personas”. Dice la denuncia que, cuando el comunero se disponía a volver a su casa, “desconocidos se le acercaron y le propinaron tres heridas de arma blanca, dejándolo mal herido”. Murió camino al hospital. Pito era, además de militante de Marcha, miembro del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. El pasado 11 de enero, la Fiscalía informó que, presuntamente, fue asesinado por un hombre llamado Jesús Armando Troches, que lo atacó luego de que ambos tuvieran una “fuerte discusión”. El ente acusador dijo que el asesinato del comunero “no fue motivado por la condición de líder ni por hechos relacionados con la defensa de los derechos humanos en su cabildo”.

Líderes asesinados

  1. Anuar Álvarez A pocos metros de su casa, ubicada en el municipio de Argelia (Cauca), desconocidos se acercaron a Anuar José Álvarez y le dispararon en tres ocasiones. El líder campesino, que se movilizaba en una motocicleta, “continuó su camino a bordo de la motocicleta y posteriormente se encontró un vehículo que venía en sentido contrario, a quienes les solicitó ayuda y de forma inmediata fue trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida”, según explicó Marcha Patriótica en una denuncia pública. Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Además, coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, del corregimiento El Plateado, y trabajaba con el comité cocalero de esa localidad.

Líderes asesinados

7. Guillermo Veldaño Fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires e integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, que está afiliado a Fensuagro y a Marcha Patriótica. Su liderazgo se desarrollaba entre los corregimientos Teteyé y Puerto Vega, de Puerto Asís, donde los campesinos protestan frecuentemente por la explotación petrolera que realiza el Grupo Vetra, operador del Consorcio Colombia Energy. El crimen ocurrió muy cerca de la vereda La Carmelita, uno de los puntos donde las unidades del bloque Sur de las Farc dejarán las armas y empezarán su proceso de reincorporación. En la zona dicen que Veldaño era un importante defensor del agua y del medio ambiente.

Líderes asesinados

  1. Éder Mangones La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar —un proceso social que defiende los derechos humanos y el medio ambiente— denunció que el pasado 10 de diciembre desconocidos asesinaron a Eder Mangones en la vía que conduce del municipio de Tiquisio al municipio de Norosí, ambos en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la Comisión, Mangones se movilizaba en un mototaxi cuando fue asesinado. La Comisión aseguró que Mangones era “un pequeño minero, líder social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca (Tiquisio) y actualmente hacía parte de la junta de acción comunal”.

Líderes asesinados

5. Nataly Salas El 3 de diciembre, Nataly Salas fue encontrada muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada según las primeras declaraciones de las autoridades. El 14 de enero, más de 40 días después del asesinato, el papá de Nataly, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía que acelerara las investigaciones, pues hasta ese momento no habían encontrado ningún sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que el caso va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.

Líderes asesinados

4. José Abdón Hoyos En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció que en la vereda San Isidro, de Sotará (Cauca), fue asesinado con arma de fuego José Abdón Hoyos, integrante de la Mesa de Víctimas de ese municipio. En abril de 2016, Hoyos le había pedido a la Corporación Autónoma del Regional del Cauca que identificara los humedales de una finca en la vereda Ullucos, determinara su estado y trazará una ruta para protegerlos con apoyo de la comunidad. Según registró W Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Pompy Pinzón, declaró que Hoyos “es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio y aparece con unos registros: una condena por actos sexuales violentos y estaba vinculado a un proceso por porte ilegal de armas de fuego y homicidio, por lo cual tenía un impedimento para salir del país”. En 2001, la Fiscalía capturó a Hoyos por su presunta participación en la masacre de nueve excursionistas en el Parque Nacional Natural Puracé, ejecutada en febrero de ese año por las Farc. Más tarde, fue dejado en libertad.

 

Líderes asesinados

3. Samir López A comienzos de diciembre, la Policía informó que un hombre asesinó con arma blanca al concejal Samir López Visbal en su propia casa. La onegé Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGBTI en la costa atlántica, informó que el concejal, de la Alianza Social Independiente, “se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas”. Por eso, le pidió a la Fiscalía que investigara si el homicidio tuvo relación con su orientación sexual, pues López Visbal era abiertamente gay. La organización dijo, además, que López había recibido amenazas por hacerle oposición al alcalde de Galapa José Fernando Vargas, de Cambio Radical, destituido en octubre de 2016 por inscripción indebida. En un comunicado, la alcaldía de Galapa declaró que los hechos “no tienen relación con temas atienentes al ejercicio político”, aunque aún no han concluido las investigaciones. La Policía capturó al presunto asesino.

 

Líderes asesinados

  1. Luis Carlos Tenorio En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció el asesinato del médico tradicional Luis Carlos Tenorio a manos de desconocidos. Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

 

Líderes asesinados

  1. Vicente Borrego Fue asesinado frente a su casa con múltiples disparos. Era un ganadero y comerciante de La Guajira, que fue concejal de Riohacha a comienzos de los años 90. Según el portal noticioso La Guajira Hoy, “en la actualidad estaba dedicado a apoyar a los amigos a corporaciones públicas de elección popular y también en la administración de sus fincas y bienes”. En 2014, la Fiscalía capturó a Borrego por su presunta participación en el asesinato de Iván Muñizen, profesor y sindicalista de la Asociación de Educadores de La Guajira. Entonces, la entidad lo señaló como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, y ordenó su detención domiciliaria. Quedó en libertad por las demoras de la justicia en tomar una decisión de fondo sobre el caso.

Copyright: http://pacifista.co/estos-son-los-22-los-lideres-sociales-asesinados-desde-el-inicio-de-la-implementacion/ .

El ELN y el pensamiento de Camilo: Gustavo Pérez Ramírez


El año pasado, con motivo del cincuentenario de la muerte de Camilo Torres Restrepo -15 de febrero de 1966- escasos 3 meses y medio después  de su ingreso al Ejército de Liberación Nacional -ELN-, se organizaron múltiples actos de reflexión sobre su pensamiento y praxis, no solo en Colombia, sino en la región latinoamericana y alrededor del mundo, en reconocimiento a la valía de su legado religioso y socio-político. Este año, el aniversario coincidió una semana después de que el ELN iniciara los diálogos de paz con el gobierno colombiano en Ecuador.

Fue significativo que el comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, citara dos veces a Camilo en su breve discurso inaugural.   “Unámonos alrededor de las coincidencias y dejemos a un lado lo que nos separa”, fue una de las citas que calificó como “gran legado unitario a los colombianos”.

Para Mons. Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali: “Lo importante es que el ideario del Frente Unido del Pueblo, como se fue concibiendo con Camilo, pueda tomar ahora un giro de grandes confluencias hacia una coalición propaz, un consenso estratégico, con ideas, aportes y esfuerzos de todos los sectores del país”. Era la consigna que  Camilo adelantaba exitosamente,  cuando decidió unirse al ELN; ahora la guerrilla la asume como propia, cuando decide abandonar las armas. Camilo se adhirió al objetivo de la guerrilla de acabar con la violencia estatal e instaurar la justicia social; hoy el ELN hace bien en considerar que  “el principal propósito nacional es la búsqueda de la paz” y apelar al pensamiento de Camilo para “resolver las diferencias que nos han separado por décadas”, como incentivo para cambiar.

Que la evocación de Camilo no se quede en el discurso, sino que conduzca a un compromiso serio de análisis y puesta en práctica de su  legado esencial, que como cristiano comprometido, fue el amor al prójimo, pero un amor eficaz, que marcó su vida, desde que escuchó la predicación de unos padres dominicos franceses, sobre la Dimensión Social del Evangelio, y conoció lo fundamental del auténtico cristianismo, amor al prójimo eficaz con especial atención al más pobre, que exige solidaridad y compromiso en busca de una salvación comunitaria.

Convertido a este auténtico cristianismo, Camilo decidió, sin más, hacerse sacerdote para dedicarse de tiempo completo a ese ideal de vida; una vez ordenado sacerdote fue a la universidad de Lovaina, Bélgica, para prepararse mejor, hacer más eficaz su amor al pobre con el estudio de las Ciencias Sociales; incomprendido por su superior eclesiástico, que consideró alejada de la Doctrina Social de la Iglesia su práctica social, tuvo que dejar el ejercicio del ministerio sacerdotal, y, siempre en busca de servir al prójimo con amor eficaz se unió a la guerrilla del ELN.

Confiamos que las guerrillas, una vez reincorporadas a la sociedad,  encuentren en la práctica del amor eficaz la mejor manera de contribuir a hacer de Colombia una sociedad equitativa y justa para la verdadera y sustentable paz. (O)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-eln-y-el-pensamiento-de-camilo-1047810
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

COLOMBIA: “EL RÍO SALDAÑA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE”


El viernes 24 de febrero, en horas de la tarde, habitantes del municipio de Saldaña, convocados por el Comité Ambiental Pro Defensa del Río Saldaña, se dieron cita en el parque central con el objeto de rechazar las actividades mineras que adelantan las empresas Triar, Agregados Nacionales y Argos sobre la parte baja de la cuenca del principal río del Saldaña, los proyectos minero-energéticos que se quieren implementar sobre los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Ortega, Planadas y Río Blanco.

Al encuentro llegaron cerca de doscientas personas, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, que de manera unificada exigieron la salida inmediata de estas empresas de su territorio. Con las consignas “Saldaña no se vende, se ama y se defiende”, “sí a la vida, no a la mina”, “queremos agua, queremos vivir, multinacionales fuera del país”, las comunidades de la capital arrocera de Colombia mantienen un proceso de defensa territorial que tiene como pilares la defensa del agua como derecho humano y bien natural indispensable para la expresión de la vida en todas sus manifestaciones, la defensa del río Saldaña y el derecho colectivo al ambiente sano.

Entre los acuerdos del conversatorio ambiental y ciudadano se encuentran el de acompañar la visita programada por la Agencia Nacional Minera para el próximo viernes, tres de marzo, 8:00 a.m., frente a las instalaciones de la alcaldía municipal de Saldaña. El Comité Ambiental Pro Defensa del Río Saldaña presentará nuevamente las denuncias y violaciones sistemáticas al Plan de Manejo Ambiental y las constantes agresiones ambientales que cometen estas empresas mineras contra el principal Río de los Tolimenses, el Saldaña. De igual forma exigirán a las instituciones mineras y ambientales de la región y país que respeten la voluntad popular que desde hace varios años vienen reclamando la salida inmediata de las empresas mineras de sus territorios. Las comunidades no van a seguir aceptando la dictadura minera que se impone desde el gobierno nacional que violentan el derecho fundamental a la participación ciudadana.

ANTERIORCOMUNICADO DE APOYO A LA CONSULTA POPULAR DE CABRERA – CUNDINAMARCA
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Renzo Alexander García

ACERCA DEL AUTOR

RENZO ALEXANDER GARCÍA

Ambientalista, biólogo con estudios de maestría en territorio, conflicto y cultura. Co-fundador del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima. Con experiencia en gestión ambiental, docencia, proyección social universitaria y trabajo comunitario. Comprometido con la transformación social de base (con la gente y para la gente), la defensa de los bienes comunes naturales, el buen vivir y la construcción de una paz con justicia social y ambiental.

https://comiteambiental.com/rio-saldana-no-se-vende-se-ama-se-defiende/

COLOMBIA: Esto dice la Arquidiócesis de Medellín sobre curas pederastas


  • El arzobispo Ricardo Tobón afirmó que son pocas las denuncias contra sacerdotes por pederastia en la ciudad. FOTO jaime pérez

    El arzobispo Ricardo Tobón afirmó que son pocas las denuncias contra sacerdotes por pederastia en la ciudad. FOTO JAIME PÉREZ

POR DIEGO ZAMBRANO BENAVIDES | PUBLICADO HACE 10 HORAS

El arzobispo de Medellín reconoció que en la ciudad hay casos de pederastia que se están estudiando, el objetivo de la Iglesia es erradicar esta conducta del clero y de toda la sociedad.

El arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, confirmó que la curia actualmente se encuentra analizando algunas denuncias en contra de sacerdotes por pederastia. No obstante, el religioso se abstuvo de entregar cifras al respecto.

El arzobispo Tobón calificó la pederastia como un pecado y un delito gravísimo, y manifestó que cualquier hecho relacionado con abuso de menores no se puede tolerar.

“Los casos de pederastia no se deben presentar ni en los hogares, ni en los colegios, ni en las calles, ni muchísimo menos en la Iglesia. Por eso, estamos trabajando para limpiar la casa de cualquier caso que se haya presentado”, dijo el arzobispo.

Sin embargo, cuando fue preguntado por el número de denuncias que existen la ciudad, el arzobispo guardó prudencia argumentando que cada proceso es muy distinto, y que varias acusaciones aún no se han podido comprobar.

“No hay demasiados casos, pero cada vez que se presenta uno, se estudia juiciosamente tratando de llegar hasta el fondo, y siempre tratando de proteger a los menores”, aseveró al evaluar el mensaje del papa Francisco sobre la Cuaresma, que arranca este miércoles de ceniza.

¿Cómo se procede?

La Arquidiócesis tiene establecido mediante el Decreto Nº 108G/13 un protocolo para proceder en estos casos.

Dentro de los lineamientos se contempla, además de la recepción y estudio de las denuncias, la responsabilidad individual de cada caso, y un compromiso de cooperación con las autoridades civiles.

También se incluye un apartado en el cual se refieren al acompañamiento a las víctimas, que consiste sobre todo en una asistencia psicológica desde el campo pastoral, para que los afectados puedan tener una efectiva reparación.

Destacó que la Iglesia trabaja en la formación de sacerdotes y todas las personas cercanas al clero. También fomentan la educación pastoral para servir a las comunidades y prevenir casos de pederastia

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARÉNTESISCARTA DEL ICBF Y RESPUESTA

En una carta enviada al cardenal Rubén Salazar, el Icbf rechazó las palabras del abogado apoderado de la Arquidiócesis de Cali cuando se refirió a los casos de abuso sexual por parte de un sacerdote, señalando que la culpa recaía en los menores y sus familiares. El cardenal respondió que para la Iglesia siempre ha sido una prioridad la protección de niños, niñas y adolescentes.

Diego Zambrano Benavides
DIEGO ZAMBRANO BENAVIDES

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Periodista en formación de la Universidad de Antioquia y practicante del Área Metro.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/posicion-de-la-iglesia-catolica-de-medellin-sobre-pederastia-FA6046968

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