Memoria invisible: los archivos secretos del conflicto en Colombia


El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha registrado 547 archivos relacionados con desplazamiento forzado, amenazas, homicidio, desaparición, despojo y violencia sexual. ¿Qué pasará con los archivos que provienen de las Farc como fotografías, cartas y un largo etcétera?¿Hay una política pública para la conservación de archivos del conflicto?

2017/02/24

POR HALIM BADAWI* BOGOTÁ

¿Qué ocurre con los acervos documentales y fotográficos relacionados con la violencia en Colombia? ¿Con los archivos de las Farc? ¿De los demás grupos guerrilleros y paramilitares? ¿Con los archivos privados de mafiosos como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Griselda Blanco o la Monita Retrechera? ¿Con los archivos de los presidentes de la república que instigaron el conflicto o buscaron la pacificación del país? Por ejemplo, ¿con los papeles de Laureano Gómez, franquista consumado y actor privilegiado de La Violencia, o del general Gustavo Rojas Pinilla? ¿Debería el Estado garantizar que estos archivos pasen a titularidad pública automáticamente, luego de la muerte de sus protagonistas? Teniendo en cuenta lo que ocurrió con el archivo de nuestro nobel de literatura, ¿existe un plan del Ministerio de Cultura para que, desde ya, procure la recuperación del archivo privado del presidente Juan Manuel Santos, premio nobel de paz? Aunque sabemos que existe una valiosa política pública de la memoria en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿será que esta cuenta con la financiación adecuada para encarar el posconflicto a muy largo plazo? ¿Por fin lograremos esclarecer las zonas oscuras de nuestra historia?

Muchos conflictos políticos y sociales ha vivido Colombia durante el último siglo. La Masacre de las Bananeras (1928), El Bogotazo (1948) o el surgimiento de las guerrillas (1964) son solo algunos de ellos. La historia de Colombia es la historia de su violencia, una condición que ha irradiado las artes (bastará recordar que nuestra pintura moderna más célebre se titula Violencia (1962), de Alejandro Obregón), la literatura, el cine, la televisión y hasta el urbanismo. Comprender nuestra violencia es el insumo prioritario para transformar al país, máxime en el proceso de pacificación actual: ¿cómo muta la violencia a través del tiempo? ¿Cuáles fueron sus instigadores? ¿Sus modos de proceder? ¿En qué formas sutiles o evidentes se ejerce? Sin respuestas, no habrá justicia, ni memoria, ni reparación. Todo un reto para las instituciones de la memoria.

Memoria documental de las Farc y el Acuerdo de Paz

Si bien el extraordinario Acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc empieza sugestivamente con la palabra “recordando”, el reto de preservar los archivos del conflicto fue tácitamente delegado a las leyes preexistentes (como la Ley 1448 del 10 de junio de 2011). El único compromiso archivístico explícito en el Acuerdo de Paz es preservar los documentos generados por la Comisión Negociadora del Gobierno con las Farc (apartado 5.1.1.1.4). Sin embargo, no aparece lo que debería ocurrir con los archivos generados por las Farc a lo largo de su historia, es decir, con los documentos generados por sus integrantes en el desarrollo de sus actividades bélicas y políticas (por ejemplo, correos, discos, manuscritos e incluso fotografías vernáculas que permitan la reflexión académica alrededor de las guerrillas). El Estado tampoco se ha comprometido a garantizar que estos archivos no sean dados de baja, exportados (comprados por instituciones internacionales) o destruidos por las Farc antes de culminar el proceso de desmovilización.

En esta línea, una actividad que podría liderar el Ministerio de Cultura en el marco del proceso de entrega de armas de las Farc, es conceder un pequeño subsidio a los guerrilleros como incentivo para que entreguen al Estado sus archivos documentales: polaroids, fotografías digitales y analógicas, videos caseros, memorias digitales, cartas manuscritas, folletos, panfletos, revistas clandestinas de circulación interna, etc. Con esto, el Ministerio aseguraría la conservación (en el Archivo General de la Nación o en la Biblioteca Nacional) de una parte de la documentación relativa al conflicto en Colombia, la perspectiva popular sobre la guerra: la mirada del guerrillero raso, las pugnas internas, la relación entre victimarios y víctimas, la vida cotidiana, los entramados de poder, y las redes de afecto y subordinación al interior de la guerrilla. No debemos permitir que nuestra animadversión hacia los grupos al margen de la ley (y hacia la historia sangrienta del país) devenga en el olvido de la memoria documental del conflicto, esa que permitiría la reflexión histórica, y con ella, la comprensión de la barbarie, la no repetición de las atrocidades y la aplicación eficaz de la justicia penal, histórica y poética, que solo puede aplicarse mediante el conocimiento auténtico de los hechos.

Otros conflictos del mundo se han enfrentado con situaciones de este tipo. Según la investigadora Catherine Kennedy, en Sudáfrica, desde 1994, los archivos del apartheid sufrieron una destrucción sistemática, calculándose en aproximadamente 65 toneladas de archivos del período 1989-1994. En Alemania, luego de la caída del Muro de Berlín (1989), los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado (Stasi, 1950-1989), el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana, iban a ser destruidos. Según el politólogo Tobias Wunschik, los 110 kilómetros de papel generados por los servicios de inteligencia (inmortalizados en la película La vida de los otros, de 2006), no fueron convertidos en cenizas gracias a la intervención efectiva de “un movimiento ciudadano de Alemania Oriental, que ocupó varias sedes de la Stasi entre diciembre de 1989 y enero de 1990 para detener la destrucción de archivos por parte de la policía secreta”.

Los archivos del posconflicto

Durante los últimos años, Colombia ha construido un aparataje institucional de la memoria pensado para un escenario de posconflicto, lo que ha llevado a la construcción de algunos museos, casas y centros de memoria histórica en varias ciudades del país. A pesar de esto, algunos museos, archivos y bibliotecas públicas más tradicionales parecieran haberse desentendido del asunto, tal vez interpretando que la función de ejercer memoria alrededor de la guerra pueden delegarla a los centros de memoria histórica de más reciente creación. Precisamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Bogotá, creado en 2011, cuenta con una Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que ha conseguido algunos acervos procedentes de víctimas del conflicto, aunque extraordinarios, insuficientes ante la magnitud de la tragedia.

Según el catálogo de la institución, existen doce archivos de víctimas disponibles para consulta, como el de Fabiola Lalinde de Lalinde, reunido por ella durante la búsqueda de su hijo, desaparecido en 1984 a manos del Ejército. Sin embargo, los doce archivos anunciados públicamente en el catálogo del CNMH palidecen ante el número de víctimas del conflicto: hasta el primer semestre de 2016 habían sido reconocidas, por orden de jueces, 274.784 personas en el registro de víctimas. Como actividad conexa, el CNMH viene elaborando un inventario de archivos de derechos humanos, sin que esto implique su adquisición, conservación, digitalización o puesta al servicio a la comunidad. Hasta 2016, habían registrado 547 archivos relacionados con desplazamiento forzado, amenazas, homicidio, desaparición, despojo y violencia sexual. En todo caso, los tiempos disponibles, el volumen de situaciones, el personal, las infraestructuras y los presupuestos estatales destinados a estos fines parecen convertir la recuperación de las fuentes primarias del conflicto en una misión difícil.

Más allá del rescate de los archivos de las víctimas, existen tres asignaturas pendientes por parte del Estado colombiano y las instituciones de la memoria, asignaturas sobre las que las leyes existentes no hacen especificidad alguna: la primera, la recuperación de los archivos históricos del conflicto, es decir, los anteriores a la década de 1980. Una excepción fue la compra realizada por el Archivo General de la Nación de un álbum de fotografías de la entrega de armas del guerrillero Guadalupe Salcedo, en 1953, adquirido a una librería-anticuario bogotana en 2016. La segunda asignatura es la recuperación de los archivos de artistas e intelectuales exiliados por el conflicto, lo que debería venir acompañado por procesos de revaloración histórica y crítica; y tercero, la recuperación de los archivos particulares de victimarios, que ofrecen claves fundamentales para el esclarecimiento de la verdad.

En la primera línea cabría el enorme archivo documental reunido por los investigadores Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y monseñor Germán Guzmán Campos para el libro La violencia en Colombia (1962), el primer trabajo de largo aliento dedicado a rastrear los orígenes e imaginarios de la guerra en el país. El archivo está en el extranjero. También está el archivo del periódico El Espacio (1965-2013), un tabloide que documentó fotográficamente lo más escabroso de la vida nacional durante medio siglo. El archivo fue botado a la basura luego de la liquidación del periódico, recuperado por un anticuario y vendido parcialmente a The Archives of Modern Conflict, un archivo privado con sede en Londres. En la segunda línea cabrían los archivos de intelectuales exiliados (por ejemplo, Gabriel García Márquez, Feliza Bursztyn o ciertos integrantes del Taller 4 Rojo), algunos irrecuperables por haber sido comprados por instituciones internacionales más solventes. El caso paradigmático es el archivo de García Márquez (exiliado durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala), conformado por 75 cajas de documentos adquiridas por la Universidad de Texas en 2014.

En la tercera línea cabrían los archivos de personas o grupos al margen de la ley, como por ejemplo el de Pablo Escobar, conservado parcialmente por su familia en Argentina (por su hijo, Juan Pablo Escobar, conocido como Juan Sebastián Marroquín Santos), que incluye videos caseros, fotografías y documentos personales que ayudarían a dilucidar los gustos y los entramados sociales y familiares de la mafia ochentera. En esta línea, cabrían los archivos pertenecientes a dependencias del Estado como el del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En 2014, el Centro Nacional de Memoria Histórica buscó infructuosamente la apertura al público de este archivo, así como el de las Fuerzas Militares, especialmente los documentos concernientes a violaciones a los derechos humanos, restringidos “por razones de seguridad nacional”. El requerimiento no llegó a feliz término.

*

Más allá de los museos y centros de memoria histórica, todavía no es claro cómo las demás instituciones culturales, públicas o privadas, apoyarán los procesos de esclarecimiento de la historia reciente del país. En la sala Memoria y Nación, uno de los espacios habilitados en el Museo Nacional de Colombia en el marco de su nuevo guion curatorial, no aparecen referencias explícitas al conflicto, siendo esta una de las líneas transversales de la memoria y la nación colombiana, y un elemento de discusión fundamental en la coyuntura actual. La memoria no solo son las hermosas campesinas boyacenses, los retratos al óleo de las élites santafereñas o los crucifijos coloniales, la memoria también es la guerra, el legado de destrucción y muerte que, de no documentarse, amenaza con repetirse.

Tampoco resulta claro el papel de la Biblioteca Nacional o de otras instituciones culturales de larga tradición: los museos de arte moderno suelen imaginarse a sí mismos blindados por el estatuto de excepción del arte (un discurso autonomista que les eximiría de participar activamente en procesos de recuperación de la memoria de la guerra). Por su parte, felizmente, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República ha adquirido algunos archivos fotográficos como el de Sady González, cuya lente fue protagonista de El Bogotazo. Mientras algunos afirman que debemos hacer borrón y cuenta nueva, otros repiten que “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”. En todo caso, más allá de las posiciones coyunturales, la memoria de la guerra parece el gran agujero negro que se avecina sobre Colombia, la gran discusión subsiguiente a la dejación de armas. El debate pondrá en evidencia los prejuicios, temores y concepciones morales de una sociedad castigada por años de barbarie y olvido. La discusión está servida.

http://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural—revista-arcadia/articulo/los-archivos-secretos-del-conflicto-en-colombia/62152

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