La sentencia sobre el fast track: ¿oportunidad o caos?


Debates frente al Fast Track.

Marcela Briceño-DonnLas reacciones ante la decisión de la Corte fueron tan inmediatas como exageradas. Pero, más allá de los apasionamientos, ¿qué implica realmente esta sentencia para el Acuerdo Final? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos?

Marcela Briceño-Donn*

Las reacciones

Si bien la sentencia de la Corte  Constitucional retrasará aún más el proceso de desarrollo o “implementación” legislativa  del Acuerdo de La Habana, sus efectos pueden acabar siendo positivos para el proceso de paz.

En efecto: si construimos una adecuada veeduría ciudadana, el fallo de la Corte puede  significar un llamado de atención al gobierno, una prueba del compromiso del Congreso con la paz y, en últimas, una mayor legitimidad del proceso dentro de este escenario de polarización sin precedentes.

Y sin embargo, las reacciones al fallo de la Corte Constitucional anunciado el 18 de mayo oscilaron entre el triunfalismo y el fatalismo:

  • Por un lado vinieron los aplausos –como el de Fernando Londoño– porque “revivirá el Congreso”, o el de Iván Duque– porque el Legislativo no será “un simple notario”:,
  • Por otro lado vinieron los rechazos, como el de las FARC que se declararon en “asamblea permanente” o el de Humberto de la Calle (“la Corte puso en jaque el acuerdo de paz…y podría generar nuevas violencias).

La voz serena pareció provenir del presidente Santos (“la seguridad jurídica del acuerdo no se afecta) y de los voceros de la Unidad Nacional, quienes señalaron que “el Congreso jamás renunció a la deliberación” y que “ha existido una amplia y profunda discusión que ha derivado en importantes modificaciones a los textos”. Al respecto precisaron que en seis iniciativas tramitadas se aprobaron 127 modificaciones de origen parlamentario.

Acuerdos de Paz con las FARC.
Acuerdos de Paz con las FARC.
Foto: Presidencia de la República

¿Pero qué dijo la Corte?

Después de la rueda de prensa con el presidente de la Corte el 18 de mayo y del comunicado publicado el 19 de mayo en la tarde es necesario analizar el alcance y las repercusiones de la decisión judicial anunciada.

El Acto Legislativo 1 de 2016, declarado en su momento como constitucional, fue objeto de una nueva demanda que condujo a la declaratoria de inexequibilidad por sustitución de la Constitución en dos literales que establece el procedimiento legislativo. Estos literales se refieren al aval del gobierno para introducir modificaciones a los proyectos y a la votación en bloque de los proyectos de ley y de acto legislativo.

La decisión de la Corte no implica que se puedan introducir cambios en el Acuerdo Final, como algunos han afirmado. Cuando por medio de la Sentencia C-699 de 2016 la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2016 señaló que este “es una enmienda transitoria a la Carta, que consagra un mecanismo especial para la expedición de actos legislativos, con el objeto de “facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

La Corte agregó que el fast track “únicamente puede ponerse en práctica cuando sea necesario para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, y no para introducir reformas constitucionales temáticamente inconexas con dicho acuerdo”.

En este sentido, es claro que las modificaciones que se hagan a los proyectos de ley o de reforma constitucional deben ajustarse al contenido del Acuerdo Final y a los propósitos de su implementación; no pueden ir más allá, dado el carácter excepcional de la legislación y de las razones que inspiran su existencia. La vigencia del texto del Acto Legislativo en los demás artículos refuerza esta interpretación.

Adicionalmente, otra reforma constitucional recientemente aprobada –el Acto Legislativo 2 de 2017– señala expresamente que los contenidos del Acuerdo Final “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”. Y agrega que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

En el comunicado de la Corte se reitera el propósito del trámite legislativo al señalar que se trata de “la implementación del acuerdo mediante la incorporación de sus contenidos al ordenamiento jurídico”. Nada más y nada menos. Y esto excluye expresamente la posibilidad de introducir cambios en el Acuerdo Final e implica que la tarea legislativa consiste justamente en incorporar en el marco jurídico interno, con sujeción a la Constitución, lo acordado en La Habana.

La decisión de la Corte no modifica el objeto del procedimiento ni su objetivo, sino que se refiere a las “restricciones a la capacidad deliberatoria y decisoria del legislativo”. Como señaló el magistrado Guerrero, presidente de la Corte, “el juicio de conexidad se mantiene, por esta vía extraordinaria solamente puede tramitarse aquello encaminado a la implementación del Acuerdo”.

Si bien se elimina la exigencia del aval previo del gobierno, la Corte señaló que este conserva la posibilidad de objetar las modificaciones, lo cual, en palabras de la Corte, “representa un medio alternativo que de forma suficiente permite al ejecutivo ejercer sus competencias para preservar la fidelidad al Acuerdo sin desnaturalizar la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República”.

Finalmente, la decisión de la Corte “rige hacia el futuro y no afecta el trámite de las iniciativas normativas que ya hayan sido expedidas”. En este sentido, no sobra recordar que ya han sido aprobadas, entre otras, la Ley de Amnistía y las normas que constituyen la esencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, que están pendientes de revisión constitucional.

Riesgos y oportunidades

Corte Constitucional.
Corte Constitucional.
Foto: Corte Constitucional

Sin duda, una de las consecuencias más evidentes del fallo tiene que ver con la demora en la aprobación de las normas que se presenten a consideración del Congreso. Esto en una coyuntura marcada por la inminencia de las campañas electorales resultará en el uso y abuso del debate legislativo para fines políticos –con propuestas demagógicas ajenas al propósito de implementar lo acordado en La Habana– y en un alto riesgo de ausentismo parlamentario.

En este sentido, la veeduría ciudadana sobre el día a día del proceso legislativo es necesaria  y será definitiva para promover la oportuna y adecuada implementación del Acuerdo. Es el momento para que las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, ojalá con el apoyo de la comunidad internacional, dediquen sus esfuerzos a contribuir a la materialización del Acuerdo.

Los mecanismos que garanticen la publicidad y la transparencia de los debates son ahora más importantes que nunca. La transmisión en directo por televisión, radio y canales de internet de cada una de las deliberaciones permitirá conocer el nivel de las discusiones, la presencia –y ausencia– de los parlamentarios y la pertinencia de las intervenciones en relación con el propósito de llevar a cabo el proceso de implementación del Acuerdo.

El país no puede desconocer la importancia de lo que se ha logrado hasta ahora después de más de 50 años de conflicto. La sociedad debe comprometerse a fondo con la exigencia y el seguimiento al Legislativo para que cumpla con el propósito de construcción de la paz. Quienes quieren “volver trizas” el proceso deben asumir frente al país la responsabilidad que supondría el regreso a la guerra.

Al mismo tiempo, es imperante la necesidad de que el gobierno y las FARC avancen en la implementación del Acuerdo en temas que no necesariamente implican un trámite legislativo, como es el caso de la dejación definitiva de las armas y la indispensable prórroga de las zonas veredales para garantizar –entre otras cosas– la seguridad de los miembros de las FARC mientras se concretan los programas de reincorporación.

Adicionalmente, el gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para cualificar el contenido de las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de modo que tanto el debate parlamentario como el análisis posterior de constitucionalidad en la Corte permitan consolidar, con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia Constitución, el marco jurídico para la implementación del Acuerdo Final.

El Congreso tiene la oportunidad, pero sobre todo el deber, de ayudar a recuperar la legitimidad del Acuerdo después de la abstención del 63 por ciento de los votantes que permitió el triunfo del No en el plebiscito. También tiene el deber de responder a las regiones y al país con seriedad y compromiso apegándose a la Constitución y no a los intereses electorales.

Por último, la Corte Constitucional ha demostrado ya su compromiso como garante. Es un error desconocer el valor de sus decisiones y caer en el juego de la polarización imperante. La Corte se ha pronunciado responsablemente acerca de temas tan importantes como la legalidad del plebiscito y los mecanismos de refrendación, así como sobre la exequibilidad de la reforma constitucional que inició todo el proceso de implementación legal del Acuerdo. No puede ser ahora descalificada ni valorada políticamente por tomar decisiones que, en últimas, son determinantes para consolidar la legitimidad del Acuerdo y del Estado de derecho.

 

* Abogada especialista en derechos humanos.

http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10270-la-sentencia-sobre-el-fast-track-%C2%BFoportunidad-o-caos.html

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1 comentario (+¿añadir los tuyos?)

  1. Hernan Cortés
    May 24, 2017 @ 09:08:56

    Es cuestión de interpretación, de intereses, de tradición, como el concepto religioso dogmático de Dios…

    Responder

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