Más tiempo, más inclusión, más presupuesto y cero regresividad


85 organizaciones reclaman al Congreso que acelere a implementación legal del Acuerdo de Paz de La Habana y ponen en foco en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

85 organizaciones sociales, de Derechos Humanos, de víctimas y agrupaciones de juristas han firmado un documentos que reclama al Congreso que acelere a implementación legal del Acuerdo de Paz de La Habana y ponen el foco en la reforma de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, paras las que piden más tiempo de vigencia, más inclusión y cero regresividad. Es decir, que las medidas de atención humanitaria se brinden hasta tanto la situación de vulnerabilidad de las víctimas cese y que el Estado fortalezca a las instituciones responsables de su prestación en todos los niveles territoriales.

Este llamado urgente se produce una semana después de la sentencia de la Corte Constitucional que anula dos puntos del Acto Legislativo que daba salida al Fast Track y que básicamente implica que cada punto del acuerdo entre el Gobierno y las FARC puede ser debatido, renegociado y modificado en el Congreso. Las organizaciones firmantes insisten en que respetan la decisión del alto tribunal pero instan al Legislativo a “priorizar el trámite” de las leyes que aseguran la implementación del Acuerdo, “conservando su espíritu y el principio de centralidad de las víctimas de manera que en el ejercicio de sus funciones legislativas anteponga el derecho a la paz como máximo valor de una sociedad agobiada por la guerra, dejando atrás los intereses políticos”. (Lea aquí el informe completo)

“Exigimos a las y los congresistas que demuestren su compromiso con la paz”, afirman las organizaciones, que proponen una serie de cuestiones que creen deben recogerse claramente en la Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras, prioridad para esa implementación.

En el caso de los derechos de las víctimas y la reparación piden, entre otras cuestiones, que se reconozca a las que se encuentran en el exterior reglamentando sus derechos y atención; que no se produzcan limitaciones o restricciones a los estándares actuales -es decir No Regresividad-; que se fortalezca el enfoque diferencial territorial y de género en las medidas de atención y reparación y la proteción especial de las mujeres; y que se incluye entre los derechos de las víctimas la Garantía de No Repetición.

Las organizaciones también plantean la necesidad de una Política Pública de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, que permita superar las “graves falencias” de las normativas vigentes en este sentido, entre las que apuntan asegurar la afiliación y cobertura, la gratuidad, atención preferencial y autonomía presupuestal. Para el Programa de Reparación Colectiva piden que las víctimas participen en su reglamentación y que se fortalezca la dimensión territorial y la memoria de los colectivos inmolados; la reapertura del registro Único de Víctimas por un término de cinco años y disponer de manera explícita que se reglamentarán las competencias de cada una de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Junto a ello se propone la necesidad de diseñar una Política Pública de Generación de Ingresos y Empleo para las Víctimas, que atienda al enfoque territorial y de género y que la vigencia de la Ley se extienda a un período de quince años, en coincidencia con la Jurisdicción Especial para la Paz, respetando en todo caso el derecho de las víctimas a acceder a las medidas de atención y reparación en un plazo razonable.

En el tema del derecho a la restitución de tierras, advierte de que no fue objeto de una reformulación en los acuerdos suscritos en La Habana por lo que cualquier propuesta de modificación a la ley 1448 de 2011 en el marco del fast track que sea restrictiva a las víctimas, o fuera de lo acordado, “deberá ser rechazada de plano”.

En este sentido, encuentran problemas de procedimiento en la propuesta de reforma presentada por la Unidad de Restitución de Tierras y una “falta de relación suficiente” entre las modificaciones propuestas por el Gobierno y las exigencias del acuerdo de paz en materia de restitución.

Entre los problemas sustanciales detectados citan la la regresividad en los derechos de las víctimas, entre otras cosas porque se propone limitar la temporalidad para presentar la solicitud de restitución a un año a partir de la microfocalización de la zona; no se tiene en cuenta la especial situación del campesinado vinculado a cultivos de uso ilícito que fueron víctimas del despojo y se limita el goce efectivo de los predios restituidos a través de la imposición de servidumbres mineras. Alertan, además, de la inseguridad jurídica que implica que se puedan revisar las áreas de los predios aun después de la sentencia e instan a los jueces y magistrados de restitución a inaplicar el estándar de buena fe exenta de culpa y a retrasar por un término muy extenso las entregas materiales de los predios restituidos en procesos con segundos ocupantes vulnerables.

Frente a estas advertencias, las organizaciones firmantes piden que se entienda la política pública de atención y reparación integral a las víctimas como una sola y que, por tanto, los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones estén relacionados con restitución de tierras y se aplique la coordinación de las dos Unidades para avanzar adecuadamente. Reclaman veeduría y seguimiento de las acciones implementadas; que se mantengan los proyectos productivos para los beneficiarios de restitución garantizando su sostenibilidad y el enfoque de género; vincular la restitución a los programas de la reforma rural integral y permitir que los jueces se pronuncien sobre los procesos jurídicos subyacentes que tienen los predios para que haya una restitución de tierras integral. Asimismo, piden la interoperabilidad de los registros de tierras despojadas y de víctimas que administra respectivamente cada Unidad, generar medidas de atención a favor de los propietarios retornados y mayores facilidades para la restitución a víctimas en el exterior.

Contribuir al avance en el goce efectivo de derechos de los más de 8 millones de personas afectadas por la guerra en Colombia, “se constituye en un paso decidido hacia la consolidación de una paz estable y duradera”, concluyen.

https://colombiaplural.com/ley-victimas-mas-tiempo-mas-inclusion-mas-presupuesto-cero-regresividad/

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