Buenaventura: exclusión histórica y represión estatal


Mesa de negociación entre la Gobernadora y miembros del paro cívico de Buenaventura.

Santiago ArboledaLa ciudad es una gran fuente de riqueza y sin embargo alberga a miles de familias en pobreza y exclusión extremas. La respuesta del gobierno a los reclamos de esta población ha consistido y sigue consistiendo en represión y en promesas que incumple.

Santiago Arboleda Quiñónez*

Reclamos viejos

En este año – y justamente durante el mes de la afro-colombianidad, se oyó con fuerza la exigencia de justicia social y liberadora para el pueblo afrodescendiente.

  • El 9 de mayo se declaró el paro cívico en Quibdó “por la salvación y la dignidad del Chocó”.
  • Seguidamente, el día 16, el Comité Interorganizacional, que reúne un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, llamó a un paro cívico indefinido y pacífico en Buenaventura, el principal puerto del país, bajo la consigna: “para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.

En ambos casos se están pidiendo condiciones básicas de existencia, entre ellas el simple derecho al agua potable.

Circunstancias similares desataron en el puerto del Pacífico la protesta popular del 3 y 4 de junio de 1970, la cual dejó cuatro muertos, muchos heridos y las instalaciones de la Aduana en llamas. En esa ocasión la promesa que hizo un viceministro fue poner en marcha la “zona franca industrial y comercial de occidente”. Pero dos años más tarde esta seguía siendo una ilusión, como lo denunció en su momento el escritor Helcías Martán Góngora.

El 16 de septiembre de 1988 también Tumaco se declaró “huérfano del Estado colombiano” y anunció su independencia para separarse de Colombia y unirse a Ecuador. Este acontecimiento, denominado el Tumacazo, dejó 15 muertos, más de 100 heridos y la destrucción de varias instalaciones públicas.

Durante décadas la costa pacífica ha estado movilizada para superar la exclusión estructural, pero no ha obtenido ninguna respuesta integral por parte del Estado.

Desde 2014 y de manera permanente en Buenaventura se han producido marchas que han sido ignoradas o minimizadas por el gobierno central. Tal vez la más notable, que además derivó en un paro de varios días que fue atendido por el presidente Santos, fue la del 19 de febrero de 2014, convocada por la Diócesis de la ciudad bajo el lema: “Entierro de la violencia en Buenaventura: para vivir con dignidad”.

Para impedir el paso de las tractomulas, en el paro actual la población escogió tres puntos principales de concentración: el Bajo Calima, el Puente del Piñal y El Gallinero, además de algunos sitios auxiliares.

Promesas incumplidas


Manifestaciones en el Chocó.
Foto: Secretaría de Transparencia

El pasado 24 de mayo el senador Alexander López denunció la extraña coincidencia de que hubiera más violencia contra la comunidad justamente en las zonas previstas para la expansión portuaria y la aplicación del denominado Plan Master 2050, un proyecto coordinado por la Presidencia de la Republica y que – bajo el eufemismo de “reubicación”-  está expulsando de la isla a la población hacia la zona continental.

López también subrayó que el 70 por ciento de la población del puerto vive en extrema pobreza. Esta es la zona del mundo donde más mujeres mueren por causa de cáncer de cuello uterino, 27 niños por cada 100 mil habitantes mueren al año, mientras la media nacional es de 12. Sus 400.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos, viven sin agua potable permanente.

Todo esto contrasta dramáticamente con la riqueza que produce el puerto, por donde ingresa el 27 por ciento de los recursos que le entran al país y que es el epicentro de los tratados de libre comercio en Colombia.

López denunció que el presidente Santos incumplió las promesas hechas en abril de 2014, cuando anunció 400 millones de dólares para inversiones en salud, educación, saneamiento y otras necesidades básicas. Es más, de acuerdo con el senador, el presidente afirmó que en 8 meses entregaría el acueducto, con 24 horas de servicio, y cuya inversión sería de 21.000 millones de pesos. Además se comprometió a abrir el hospital de tercer nivel, liquidado en 2013.

Durante décadas la costa pacífica ha estado movilizada para superar la exclusión estructural.

Pero hasta hoy nada de esto se ha concretado. El investigador Alirio Suárez ha denunciado que Hidropacífico, el operador privado, vende el agua a los buques a 17.500 pesos por metro cúbico, a través de la firma Acuabuque, lo que deja a la población sin agua para consumir. Sin embargo, ninguna autoridad toma cartas en el asunto.

A lo anterior se suma que el Plan Todos Somos Pazcífico (PTSP) no ha funcionado para brindar pronta y adecuada solución a estos problemas. Entre los resultados de este proyecto apenas está una serie de reuniones con la población, acompañadas de convocatorias y trámites burocráticos, mientras el deterioro social se sigue intensificando.

La respuesta represiva

Las múltiples movilizaciones en Buenaventura y fuera de ella han expresado su consenso a partir de la identificación de elementos comunes entre los muchos habitantes que han sufrido la exclusión estructural e histórica.

El paro cívico pacifico ha demostrado la fuerza del poder popular de la región, desplegado por un movimiento social amplio, cuya agenda apuesta tanto por resolver la deuda histórica como lo coyuntural, al pedir que se decrete la emergencia económica, social y ecológica.

Sin soluciones específicas a estos problemas y, lo que es más grave, sin voluntad política, el gobierno de Santos ha respondido con dilaciones. Su táctica de negociación parece consistir en una estrategia de “administración de la crisis” a través de la guerra.

El 19 de mayo el presidente retiró la comisión negociadora y media hora después se desplego un operativo militar, que incluía el Esmad vestido como para la guerra. El organismo estatal entró atropellando con bombas lacrimógenas a mujeres, niños y jóvenes, y violentando una población que se encontraba cantando con marimbas y jugando futbol en los puntos de concentración.

En medio de la dispersión, la comunidad respondió coreando: “que viva el paro cívico” y “el pueblo no se rinde”. Ya en la noche la Policía y el Esmad permitieron que se produjeran saqueos y destrucciones a los almacenes, después de lo cual se decretó el toque de queda para deslegitimar el paro y construir una imagen que justifica la represión contra los líderes del mismo.

Pero la realidad es otra: Colombia tiene un gobierno indolente y racista que no ha hecho nada para resolver una calamidad pública continuada. Al presidente Santos solo le interesa el puerto de Buenaventura por la agenda económica, no por su gente.

La militarización de la región y la agresión oficial a la población reproducen el terror instaurado por los grupos al margen de la ley durante las tres últimas décadas. ¿Es esta la respuesta de un nobel de paz a “sus compatriotas”? ¿Estamos frente a la continuidad de un modelo económico que se mantiene a través de la guerra?

Las negociaciones

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Puerto de Buenaventura.
Foto: Wikimedia Commons

En estos momentos la mesa de negociación está instalada en el Hotel Cosmos, en el centro de la ciudad. Pero mientras el Comité de paro exigió la presencia permanente de los medios de comunicación, como garantía de transparencia, el gobierno planteó una negociación a puerta cerrada.

La comunidad se mantiene unida, ensayando nuevas opciones de liderazgos. Este renovado movimiento social, de composición heterogénea popular pero con una matriz marcadamente afrocolombiana, tiene a la cabeza el Comité Interorganizacional de Paro, una organización en la que se vislumbra, tal vez, la nueva clase política de Buenaventura y el Pacifico.

Sus 400.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos, viven sin agua potable permanente.

Esta es una clase política que exige dignidad y justicia puede entrar a llenar el vacío histórico y romper la relación de dependencia y enclave que ha tenido a lo largo de los siglos Buenaventura. Esta condición no permitió crear una clase político-económica propia, con un sentido de pertenencia e identidad con la localidad y la región. La actual coyuntura es un escenario propicio de participación para acabar con la calamidad pública perpetuada por más de un siglo en Buenaventura.

 

* Licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesor del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/10283-buenaventura-exclusión-histórica-y-represión-estatal.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Paro+de+ma

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