COLOMBIA: Hay que proteger a las organizaciones sociales en tiempos de paz.


7 JUNIO 2017

Por: María Paula Ángel. Dejusticia

 

El registro de organizaciones sociales que el Gobierno Nacional se comprometió a crear en el Acuerdo de Paz no sólo plantea oportunidades para el reconocimiento y promoción de éstas, sino también retos fundamentales en materia de tratamiento de datos sensibles.

“Como es conocido, la subversión cuenta con una parte armada y con una parte política, que reúne toda la izquierda y estaì apoyada por diferentes organismos que ellos controlan, especialmente en las áreas de influencia como son las oficinas de derechos humanos, las cuales tienen, a su vez, respaldo de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales”.

Eso decía un informe enviado por un Comandante del Ejército al director de Fiscalías de Medellín, y denunciado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Informe Anual de 1997. Aunque la situación actual ha cambiado bastante, y se han hecho esfuerzos encaminados a revisar los archivos de los organismos de inteligencia con el propósito de corregir y borrar información incorrecta o no objetiva sobre los defensores de derechos humanos, persiste la preocupación de que estigmatizaciones como éstas puedan volver a ocurrir. Más aún, en vista del registro de organizaciones sociales que el Gobierno se comprometió a crear en el Acuerdo de Paz.

El objetivo de este registro es completamente comprensible y loable. Con él se busca principalmente reconocer y promover a las organizaciones y movimientos sociales, para brindarles un apoyo para su fortalecimiento y poder convocarlas con pertinencia a los espacios de participación e incidencia en la construcción de políticas públicas. Adicionalmente, este registro también es un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno Nacional por la generación de información pública. En otras palabras, es muestra de que el Gobierno ha identificado la necesidad imperante de generar información que pueda contribuir a la toma de decisiones y que sirva como insumo para el diseño, la implementación, el seguimiento, la evaluación y el ajuste de políticas públicas.

Sin embargo, la construcción de este registro de organizaciones sociales implica también la recolección de datos personales por parte del Estado. Si bien aún no está claro si el registro involucrará únicamente los datos de las organizaciones, o si incluirá también los de los miembros que las componen, lo cierto es que los datos que allí se recojan podrían revelar el origen racial o étnico de los integrantes de las organizaciones, su orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político de oposición. Siendo así, se trata de datos sensibles, pues su uso indebido podría generar la eventual persecución de estas organizaciones, o incluso, poner en riesgo la vida o seguridad personal de sus integrantes. Por esa razón, su recolección y tratamiento por parte del Estado deberá hacerse con todas las garantías posibles.

Es fundamental que a la hora de manejar estos datos la entidad encargada de la base de datos que se pretende crear respete la reserva legal que recae sobre esa información. En esa medida, al tratarse de datos personales éstos no podrían ser entregados a cualquier persona, sino únicamente a las mismas organizaciones allí registradas, o a quienes estén autorizados por la ley para conocerlos. Evidentemente, esto implica que los datos que se recojan no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, a menos de que el acceso sea técnicamente controlable para quienes estén autorizados para acceder. En segundo lugar, es necesario que se prevean medidas de anonimización y agregación de datos para poder publicar información que sea relevante para el público, sin necesidad de revelar datos que puedan ser asociados a determinados miembros de las organizaciones sociales.

En tercer lugar, es indispensable que la transferencia de datos que se haga entre diferentes entidades del Estado sea exclusivamente para el cumplimiento de las funciones legales de las entidades receptoras. Esto, para evitar que la base de datos unificada que se pretende crear sirva de insumo para estigmatizaciones similares a las que hicimos referencia al principio de esta columna. Por último, dicha transferencias interadministrativas deberán hacerse por medio de acuerdos de confidencialidad, en los que quede claro el uso que se le debe dar a la información, así como los riesgos que pueden correr las organizaciones sociales en caso de que esa información sea indebidamente divulgada.

En mi opinión, la adopción de estas garantías no sólo reafirmará el reconocimiento que el Estado quiere darle a las organizaciones sociales, sino que permitirá asegurar la protección de sus derechos y los de sus miembros. Protección que parece especialmente importante en un contexto de reconciliación y fortalecimiento de la democracia, en donde resulta inconveniente e indeseable generar nuevas estigmatizaciones sociales.

http://colombia2020.elespectador.com/opinion/hay-que-proteger-las-organizaciones-sociales-en-tiempos-de-paz

 

9 Junio 2017

El orden alfabético

Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Los otros días, exasperado ante las declaraciones tanto del fiscal como de voceros del alto Gobierno sobre la supuesta no sistematicidad del asesinato de líderes sociales, uno de ellos espetó en Twitter: “¿Qué quieren? ¿Que nos maten en orden alfabético?”.

La idea de que surgieran en Colombia matones gramaticales, que preservaran precisamente ese orden, no es extravagante, pero tampoco necesaria. El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria acaba de terminar un informe sobre el asesinato de líderes rurales, una subcategoría de la de los sociales. Uno de sus principales hallazgos —de lejos no el único— es que este fenómeno, que mancha al país, pone en duda la soberanía del Estado sobre el territorio y desestabiliza cualquier proceso de paz que merezca ese nombre, es sistemático a más no poder.

El quid del asunto reside en que sistemático tiene, tanto ante los diccionarios como ante el derecho internacional, dos acepciones básicas. Primero, que ocurre de acuerdo a un plan. No se han presentado evidencias de que exista un plan nacional, aunque ciertamente podrían existir planes regionales de exterminio. Claro, esto habría que demostrarlo. Pero hay una segunda acepción, de hecho la más importante: que ocurre con regularidad. Bueno: el asesinato de líderes sociales en Colombia ocurre con la regularidad de un metrónomo. Que tenga lugar un evento de estos en un período de tiempo dado (digamos, un trimestre) es absoluta, abrumadoramente previsible. Tengo el terrible sabor de haber hecho esa afirmación en el evento de lanzamiento del informe del Observatorio el viernes pasado, y encontrarme poco después con la noticia de que habían matado a Bernardo Cuero, líder de la mesa de víctimas de Malambo. Pero toca insistir, porque esa es la cruda situación en la que nos encontramos. Me queda difícil hallar en toda la vida social colombiana un fenómeno más sistemático, esto es, que ocurra con mayor regularidad.

Claro, se trata de un delito complejo, que no se puede acabar simplemente prohibiéndolo por decreto. Pero sí se necesitan políticas públicas que vayan mucho más allá de los avances reales, es verdad, pero limitados, lentos y parciales que hemos observado en los últimos meses. El primer paso para poder desarrollarlas consiste en que desde el Gobierno y la Fiscalía y demás agencias relevantes se reconozca franca y abiertamente la sistematicidad del fenómeno, una característica que sólo alguien dispuesto a no ver bajo ningún motivo la evidencia existente podría negar. De hecho, el informe del Observatorio muestra cómo alguien que ajustara racionalmente sus creencias hubiera aceptado la sistematicidad hace rato, incluso si hubiera comenzado siendo extremadamente escéptico frente a ella.

El informe propone otras varias medidas de política pública que se pueden implementar ya, y que permitirían comenzar a dar respuesta a los problemas más inmediatos. Rumiando sobre la retroalimentación recibida durante el evento de lanzamiento del informe, así como sobre conversaciones acerca del tema con colegas y amigos, se me ocurre una propuesta: impulsar una declaración entre todos los partidos políticos relevantes en el país, condenando el fenómeno y comprometiéndose a buscarle soluciones. Creo que aunque no sea EL remedio (este no existe; se necesitan muchas medidas y acciones convergentes), podría hacer una contribución real.

Los otros días tuve la agradable sorpresa de ver cómo Marta Lucía Ramírez lanzaba un tuit condenando el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Tengo la convicción de que es urgente para todos los colombianos aprender a traspasar las fronteras invisibles de adscripciones y creencias, y a construir interacciones posibles y constructivas alrededor de problemas básicos. El tuit de Marta Lucía sugiere que aquí habría un espacio real sobre el cual operar.

Como fuere, las recomendaciones más de fondo están ya en el informe. Es hora de comenzar a enfrentar el problema en serio. Ya.

http://www.observatoriodetierras.org/donde-y-como-estan-matando-a-los-lideres-rurales-variables-municipales-en-el-asesinato-de-lideres-sociales-rurales/

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