COLOMBIA: La cultura como estrategia para superar la violencia urbana


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 FUNDACIÓN PAZ & RECONCILIACIÓN 31 JULIO, 2017 HOME NOTICIAS SEGURIDAD URBANA Y CRIMEN ORGANIZADO

Gladys María Baloyes Martínez es una chocoana que llega a la ciudad de Bogotá, desplazada en dos ocasiones, por razones que hasta el día de hoy desconoce. De un momento a otro, junto a su esposo que era policía, se vio obligada a dejar su lugar de trabajo en Casacará en el departamento de Sucre.

Se trasladó a Medellín en donde recibió una segunda amenaza, por lo que tomó la decisión de radicarse en  la ciudad de Bogotá, en donde vuelve a ejercer su labor como maestra en el colegio Villa Rica en el barrio el Socorro en la localidad de Kennedy, territorio en la capital de la República que durante los años 80 y 90 llegó a presentar altos índices de violencia urbana,  por la presencia de pandillas juveniles dedicadas a la delincuencia.

Gladys encontró que en esta zona de la capital del país, los jóvenes eran presa fácil de los cordones de la criminalidad urbana, por pertenecer a familias de escasos recursos, por lo que toma la decisión en compañía de otros docentes,  de invitarlos a dejar las actividades delictivas, a través de actividades culturales, en este caso la danza.

En la década de los 90,  la ciudad de Bogotá comenzó a superar las acciones del terrorismo, tras la baja de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dos grandes narcotraficantes que sembraron el pánico en las principales ciudades del país. Sin embargo, la violencia urbana no cesaba.

Para el año de 1993 según datos de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá murieron 20 personas por culpa de la violencia, es decir un ser humano asesinado cada hora y 12 minutos. Tres más que el promedio de 17 de un año antes, y cinco más que en el 91 cuando se contaban en 15 las víctimas diarias. También se alcanzaron a registrar cada día 45 hurtos agravados y 30 atracos callejeros, y cada mes 40 robos en bancos, 64 a residencias y 529 carros jalados.

Mientras en 1990 los delitos denunciados contra el patrimonio económico en Bogotá,  no pasaban de 30 mil, el mismo dato en 1993 ya era de casi de 45 mil según datos oficiales. O si se considera un período más amplio, en 10 años (de 1983 a 1992),  los delitos pasaron de 34.888 a 69.187, es decir, se duplicaron.

La atención de los medios de comunicación se concentró en la localidad de Ciudad Bolívar por ser la zona en Bogotá, donde la mayor parte de la población es de escasos recursos, mientras lo que ocurría en algunos barrios como el Socorro en Kennedy por ejemplo, donde los ciudadanos de ese entonces,  compartían la misma situación de pobreza y abandono, pasaba de agache.

Gladys Baloyes encontró que al barrio el Socorro llegaban cientos de familias desplazadas por la violencia, algunas de ellas, de la comunidad afrodescendientes en Colombia, que se sentían impotentes al ver a sus hijos jóvenes caer en las redes de la criminalidad urbana de aquellos tiempos.

Es ahí cuando Gladys inicia una labor social,  ubicándose los fines de semana en el parque del barrio a tocar los instrumentos propios de las danzas afrocolombianas (Marimba, tambora, conuno y  Guasa), llamando la atención de aquellos jóvenes pandilleros, quienes atraídos por la música, poco a poco van a abandonando las actividades delictivas.

De esta manera Gladys Baloyes conforma el grupo cultural “Hijos de Obatalá”, sorteando las dificultades propias de un proceso que como este, es poco reconocido por la sociedad, en una ciudad como Bogotá, donde a pesar de que existen la presencia de circuitos de criminalidad urbana, no son visibles a la ojos de todos y en ocasiones logra pasar desapercibida.

http://www.pares.com.co/seguridad-urbana/la-cultura-como-estrategia-para-superar-la-violencia-urbana/

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COLOMBIA: ¡El Estado acepta la responsabilidad por el paramilitarismo!


  • Parece que en la implementación de los acuerdos con las FARC, el Estado colombiano asumió una responsabilidad que nadie esperaba: acepta que en los 50 y tantos años de combate a la guerrilla es responsable, por acción o por omisión, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, así como del desarrollo de las normas necesarias para su operación.

Semejante afirmación no se hace en cumplimiento de un fallo alguna instancia internacional. Es lo que se deduce de leer la exposición de motivos que sustenta el Acto Legislativo 04 de 2017, que está sólo a una sesión de aprobarse en el Congreso de la República.

Lo que más sorprende es que esa afirmación se haga en el marco de una de una reforma constitucional. Y más que sea una por medio del cual se “dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”. Y que, en su único artículo, adiciona un artículo a la Constitución Política de Colombia, que quedará así: “Artículo 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes…” Y si esa prohibición ya está en la Constitución, ¿porqué hay que incorporarla de nuevo? Al parecer, la intención es otra.

La exposición de motivos es exhaustiva en mostrar cómo desde la expedición del Decreto 3398 de 1965, que “estableció la obligación de cooperación de todas las personas naturales y jurídicas en la defensa nacional y autorizó la entrega de armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles”, hasta las normas expedidas en los finales de los noventa y principios de 2.000, el Estado colombiano ha sido responsable de promover y desarrollar la acción de los grupos paramilitares.

Aún cuando en algunos apartes, se sugiere que la acción de esos grupos obedece a una política de Estado, en la exposición de motivos se señala la existencia de una línea gubernamental, legislativa y judicial en la que ha no sólo comprometido a la población civil en 50 años de lucha contra la guerrilla. También ha involucrado el uso de armas o la entrega de recursos que ha devenido en la creación y consolidación de organizaciones paramilitares. Claro, el texto no deja de reconocer algunos de los fallos de las Cortes o algunas decisiones de gobierno que han buscado contener y desmontar la acción de esos grupos armados. Pero han sido más la excepción que la regla.

Luego de un análisis detallado no sólo de su origen estrechamente conectado a decisiones de agentes del Estado, y de la descripción de sus formas de operación, la exposición de motivos del Acto Legislativo 04/16, pone en evidencia la magnitud y el impacto que han tenido los paramilitares en su “repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual”.

La intención es clara. Un acto legislativo que en muchos ámbitos había sido considerado como una reforma inocua, que mas bien solo buscaba cumplir con lo acordado con las FARC, termina en realidad  como una norma no tiene otro objeto que admitir que el Estado colombiano fue complaciente con la creación de los grupos armados al margen de la ley denominados “paramilitares” y, en adelante, como un gesto del cumplimiento del acuerdo final, esta circunstancia cesará.

El tema aquí se vuelve muy delicado. Primero, porque aquí cabe la aplicación de lo que en derecho se llama el efecto útil. Es decir, que cuando una norma tiene distintas interpretaciones, se debe considerar aquella que genera un efecto jurídico. Y en este caso el efecto es el de la aceptación de responsabilidad.

Segundo, que en ninguna parte de los acuerdos con las FARC está establecido que el Estado colombiano asumirá la responsabilidad, por acción o por omisión, de la promoción, organización y financiamiento de los grupos armados que operaron bajo formas paramilitares. Otra cosa distinta es hacer expresa su intención de penalizar y perseguir la existencia de esos grupos. Esto último si está.

Y tercero, porque lo que se dice en la exposición de motivos que fundamenta el proyecto, es que con la aquiescencia del Estado Colombiano se crearon, armaron y desempeñaron todas sus actividades ilícitas distintas formas de organización paramilitar. Esto implica, de suyo, pre-constituir una prueba en contra del Estado Colombiano ante cualquier Corte de Derechos Humanos nacional o internacional que entenderá que la modificación constitucional es una admisión de responsabilidad del Estado por acción u omisión en la acción de los grupos armados privados, de carácter paramilitar.

Como consecuencia de esto, el Estado colombiano queda en una condición de tal fragilidad, en la medida en que queda expuesto a indemnizar a todas y cada una de las víctimas de los grupos paramilitares dado que admitió su permisividad en su creación y ejecución de delitos. Allí no habrá defensa que valga ante cualquier instancia judicial. Ante una admisión previa de responsabilidad, no habrá presupuesto alguno que pueda pagar la cadena  de condenas que se pueden venir como consecuencia de esta decisión de carácter constitucional.

Ahora, si se trata de asumir esa responsabilidad, porque se demuestra que existe, pues bienvenida sea. Es absolutamente necesario que en este país se destapen los funcionarios que, desde la Presidencia o los Ministerios, promovieron, organizaron o forzaron el financiamiento y operación de esos grupos armados ilegales en la comisión de delitos de lesa humanidad. No cabe ninguna duda de que, aceptar esa responsabilidad, es una decisión que llevaría a profundizar el carácter democrático del régimen político  y fortalecer el espíritu del Estado de Derecho. Será un mensaje muy claro de que no se está dispuesto a permitir cualquier tipo de acción privada sustituyendo a los agentes públicos.

Pero que no se utilice el argumento soterrado de que se trata de asegurar para el Estado el monopolio de la fuerza y del uso de las armas. Eso ya esta en la Constitución de 1991. Ni que por la puerta de atrás, se promuevan responsabilidades del Estado, cuando las FARC se resisten a asumir el artículo 28 del Tratado de Roma que consagra el principio de la responsabilidad de mando. Que el tema se ponga sobre la mesa, para que todos sepan quien responde porque delito.

http://www.semana.com/opinion/articulo/el-estado-acepta-la-responsabilidad-por-el-paramilitarismo-de-pedro-medellin/535436

Colombia: Estado reprime a comunidades rurales que se movilizan por derechos sociales


by Edición 23 | @DavidPinzonH
on 06 Agosto 2017
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En distintos lugares de la geografía nacional, comunidades rurales campesinas e indígenas se han movilizado en los últimos meses por garantías sociales mínimas, recibiendo como respuesta del Estado las agresiones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional. Hechos que han sido opacados por la matriz mediática (corporativa) que pretende dirigir la atención de la opinión pública a las problemáticas de Venezuela antes que a la dura realidad social colombiana, con el ánimo de deslegitimar toda organización y acto que se muestre como alternativa al modelo económico imperante.

Agresión estatal a las comunidades indígenas

La liberación de la madre tierra es un proceso adelantado por diversas comunidades indígenas del Cauca, en el que buscan recuperar para la siembra de alimentos, territorios ancestrales que han sido ocupados por grandes terratenientes de la región así como por elites nacionales como el grupo empresarial Ardila Lule para el monocultivo de caña –producción de biocombustibles-, la ganadería o simplemente para la propiedad ociosa y su especulación. La liberación de la madre tierra ha sido duramente reprimida por el Estado en cabeza del ESMAD, dejando en los últimos meses 8 comuneros asesinados, así como ha sido continuamente amenazado por agrupaciones neoparamilitares.

El pasado 3 de agosto el ESMAD saboteó el Encuentro Internacional de Liberadores de la Madre Tierra, destruyendo la infraestructura que habían construido con anterioridad en la preparación del Evento, y cortando los cultivos con los que se iba a suplir la alimentación de los asistentes.

Según el portal https://liberaciondelamadretierra.org/ las fuerzas coercitivas dieron un plazo de 72 horas para el levantamiento del Encuentro por órdenes directas del ministerio de defensa. A pesar de las amenazas, las y los comuneros, cabildantes, guardias indígenas y asistentes decidieron continuar con el evento y proseguir en el digno camino de liberación de la madre tierra.

Agresión estatal a las comunidades campesinas

Foto: Agencia Prensa RuralUn poco más al norte, específicamente en el noreste antioqueño, las comunidades de Segovia y Remedios se levantaron en un paro cívico regional contra el incremento de los beneficios concedidos a la Transnacional GranColombia Gold por parte del Estado, cobijado por el código minero de 2001, en detrimento de la minería artesanal y su comercio, sostén de la economía del territorio, cuya práctica tiene una mayor sostenibilidad que la megaminería de las grandes corporaciones.

Bajo la falsa disyuntiva construida por el Estado neoliberal impulsada con mayor énfasis por los gobiernos Uribe-Santos, entre minería legal e ilegal, siendo la legal la realizada por grandes corporaciones que arrasan con la naturaleza y cultura de los territorios y la ilegal, la practicada por campesinos e indígenas para suplir las necesidades básicas, de la mano con la agricultura (la minería de retroexcavadora fomentada o defendida por el neo paramilitarismo no es asumida en esta dicotomía), el gobierno otorga facilidades en la titulación y extracción a esa “minería legal” corporativa. No de forma gratuita sino por la existencia del fenómeno de “puertas giratorias” en donde los funcionarios públicos son también previa o posteriormente a su nombramiento funcionarios de las transnacionales mineras.

La respuesta del Estado, como parece ser costumbre, fue la represión ejercida por el ESMAD, defendiendo los intereses de la transnacional minera antes que la satisfacción de las reivindicaciones básicas de los pequeños mineros de la comunidad. La represión no ha sido solo con el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de fragmentación. Según denuncias hechas al medio de comunicación Agencia Prensa Rural, han salido disparos con armas de fuego de los lugares en los que se encuentra el ejército y la Policía Nacional.

Foto: Colombia InformaYendo otro poco más al norte de Colombia, llegando ahora a la zona sabanera-costeña del Cesar, nos encontramos con otro conflicto invisibilizado por la matriz mediática corporativa. Se trata del paro de más de 30 días impulsado por las comunidades de la Mata y Ayacucho, contra los atropellos de la Empresa ECOPETROL en términos ambientales, laborales y sociales. Se movilizan por el mal manejo de los residuos de la compañía, la ausencia de infraestructura básica para la población y las precarias condiciones de trabajo. Protestan porque la empresa se enriquece a costa de la pobreza y dignidad de la comunidad. De nuevo, el Estado ha contestado con represión policial, con satanización que pone en riesgo la vida de los líderes sociales que impulsan las jornadas, y el montaje de falsos positivos judiciales contra los manifestantes.

Seguimos mirando la paja en el ojo ajeno sin tener en cuenta la viga en el propio. #ColombiaNoEstaBien.

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David Pinzón Hernández @DavidPinzonH | Integrante de la REVISTA HEKATOMBE.
Licenciado en Ciencias Sociales. “Tengo una pequeña perra que es más lista que una bruja”.

http://revistahekatombe.com.co/index.php/territorios-hekatombe/340-colombia-estado-reprime-a-comunidades-rurales-que-se-movilizan-por-derechos-sociales

Bertone y Pell, ante los tribunales


18.07.17 | 08:06.

Se antojan sombras en el futuro judicial de dos de los más altos representantes de la Iglesia católica. Este martes, en Roma y Melbourne, dos cardenales, Tarcisio Bertone y George Pell, se encontrarán en el centro de las miradas de quienes luchan contra la corrupción y los abusos a menores, dos de las líneas rojas en el Pontificado de Francisco.

El ex secretario de Estado, como beneficiario de la malversación de fondos del hospital pediátrico del Vaticano (para financiar las reformas de su lujoso ático), y el cardenal australiano, acusado de abusos sexuales a menores.

Así, esta mañana el Tribunal Vaticano juzgará al expresidente del Bambino Gesú, Giuseppe Profiti, y al extesorero del centro, Massimo Spina, acusados de desviar donaciones al hospital para renovar la residencia de Bertone.

Profiti, al que Bertone nombró presidente del hospital en 2008, ha dijo que los 422.000 euros de fondos de la fundación del hospital utilizados para remozar la casa de Bertone fueron una inversión porque pensaba utilizar el lugar para actos de recaudación de fondos para el hospital.

El sucesor de Bertone como secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha dicho que el juicio demuestra la transparencia que el papa Francisco quiere llevar a las finanzas de la Iglesia católica. “Es apropiado que todo el mundo rinda cuentas por su comportamiento”, recalcó el número dos de la Santa Sede. Y es que, como no podía ser de otro modo, las cosas están cambiando, y mucho, tras los muros vaticanos.

No deja de ser interesante que, en el caso del ex secretario de Estado, sea la Santa Sede la que anuncie y prepare el juicio, algo que hace apenas cuatro años era prácticamente impensable. Los únicos procesos judiciales de los que se ha tenido conocimiento mediático han sido los dos “Vatileaks”, el del famoso Paolo Gabriele, con Benedicto XVI; y el más reciente, ya con Francisco, y que involucraba al español Lucio Ángel Vallejo Balda, y a la italiana Francesca Chaouqui (Por cierto, ¿se ha tragado la Tierra a la publicista?).

En lo tocante al “superministro de finanzas” vaticano en excedencia, ha sido la propia Radio Vaticana la que ha anunciado que hoy “tendrá lugar la audiencia preliminar del proceso a cargo del Cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría para la Economía, por casos de abuso contra menores”.

“Los hechos contestados se remontan a la década de los años 70, cuando el Purpurado era sacerdote. El pasado 29 de junio, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un Comunicado en el que se lee que “el Santo Padre, informado de esto por el mismo Cardenal Pell, le ha concedido un período de licencia para poder defenderse””, dice la nota vaticana. El 26 de julio será el juicio y, a partir de ahí, podamos saber más de quien seguramente haya sido el gran error del Papa Francisco a la hora de elegir hombres de su confianza.

Mientras tanto, no cabe duda, el sistema funciona. Y pide responsabilidades. Y que sea la justicia (la civil, en ambos casos) quien establezca culpables o inocentes

 

http://blogs.periodistadigital.com/elbaronrampante.php/2017/07/18/bertone-y-pell-ante-los-tribunales

González Faus, sj: “Apelar al don de Dios para quitar la tierra a otros es sencillamente una blasfemia”


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Agencias

Carta al primer ministro israelí Netanyahu sobre los “asentamientos”

“Lo que tenemos en común como humanos es superior a lo que nos diferencia”

José Ignacio González Faus, sj., 06 de agosto de 2017 a las 15:44

(José Ignacio González Faus, sj).- Señor Primer Ministro: me permito robarle nada más cinco minutos, para hablarle de los “asentamientos”. Aunque personalmente disiento de su modo de proceder en este punto, no voy a entrar en razones éticas o políticas: hay otras instancias y otros momentos para esos debates, aunque no funcionen demasiado bien…

Me limitaré más sencillamente al aspecto bíblico, dado que muchos colonos arguyen: “esta tierra es nuestra, porque Dios nos la dio a nosotros”.

Prescindamos ahora de la falta de nobleza de cuantos arguyen así sin ser creyentes. Atendiendo sólo a aquellos que todavía creen y siguen rezando el “Shemâ Israel”, debo decir que esa argumentación bíblica no se sostiene. Por estas razones:

1.- El mismo Dios que dio la tierra, vista la infidelidad del pueblo que sigue adorando a “Baal y Astarté”, proclama: “tampoco Yo quitaré de en medio a las naciones que Josué dejó al morir”; de modo que “los israelitas vivieron en medio de cananeos, hititas, amorreos, fereceos y jebuseos” (Jueces 2, 21.23; 3, 3-5).

Los arqueólogos creen, además, que la ocupación de la tierra fue más bien pacífica porque había muchas zonas despobladas; se narró de forma militar para inspirar confianza en el apoyo de Dios que da la victoria. Y, por ejemplo, consta que ni Jericó ni Ay ni otras ciudades existían en la época en que el libro de Josué narra su conquista.

2.- La revelación bíblica de Dios tiene un carácter progresivo que se muestra en infinidad de ejemplos: al principio, cada desgracia que le sucede al pueblo es leída como un castigo de Dios, por unos hombres que eran al menos muy conscientes de su infidelidad al Señor.

Pero entender eso de manera fija y estática hizo que, durante el Holocaustomuchos judíos de buena fe no supieran defenderse creyendo que se trataba de un castigo de Dios, que se valía de Hitler como antaño se había valido de Nabucodonosor. Cuando la agresión de Antíoco IV, Israel había aprendido ya que aquello no era un castigo de Dios sino una agresión injusta. ¡Lástima no haber recordado a los Macabeos cuando estalló la barbarie nazi!

Pero ahí se ven los estragos que puede hacer una lectura estática y no progresiva de la revelación de Dios.

3.- El exilio fue vivido por su pueblo como un castigo de Dios; pero allí aprendió Israel que Dios no era un bien exclusivamente suyo, sino Creador de todos los hombres y que también había gente agradable a Dios fuera de sus fronteras, tanto que Israel incorporó en su Biblia, como palabra de Dios, mucha sabiduría de otros pueblos.

Y pese a las resistencias conservadoras impuestas al regreso del destierro babilónico (que obligaron a varios repudios), un judío podrá en adelante casarse con una mujer no judía y eso quedará después como algo definitivo: porque lo que tenemos en común como humanos capaces de amar, es superior a lo que nos diferencia como hijos de una u otra religión. Precisamente de uno de esos matrimonios mixtos era descendiente David y nacería luego Salomón.

4.- Fruto de esa dinámica es la lección de que cuando Dios llama o elige a alguien no lo llama para provecho suyo, sino para bien de los demás. Isaías dirá que Israel ha sido elegido como “luz para las gentes” (42,6), creando una sociedad que, en su humildad y su pequeñez, era modelo de justicia y de colaboración, donde no debía haber pobres ni esclavos.

El actual estado de Israel, como sus antecesores, ha perdido esa ejemplaridad, empeñándose en ser “como las demás naciones” (Samuel 8,5): adorador de Mamôn, esa palabra aramea tan intraducible, que designa la confianza en la riqueza por delante y en contra de la confianza en Dios; con lo cual pervierte aquello que es un don de Dios, (la abundancia para todos), convirtiéndolo en una ofensa a Dios (la abundancia para unos pocos).

5.- Fruto de toda esa dinámica es también la crítica de la religión patente y presente en la Biblia, donde la religión deja de ser cuestión de culto, para pasar a ser una cuestión de justicia interhumana: “quiero misericordia y no culto” (Os 6,6); el ayuno que yo quiero es que partas tu pan con el hambriento, des casa al que no tiene… (Is 58); y Dios sabe que va a ser tan poco escuchado en este punto, que le dice al profeta: “clama, no ceses, grita en voz bien alta”.

No tranquilices tu conciencia diciendo “el templo del Señor, el templo del Señor” (Jer 7,4) porque tengo toda la tierra para morar en ella y no necesito para nada tus ofrendas y tus holocaustos, ni tus templos. ¡Cómo ha ido creciendo aquí la pedagogía de Dios desde los tiempos de David hasta los del profeta Jeremías!

Si algún colono es todavía creyente, no escuchará la voz del Señor diciéndole como a Jonás: tú te quejas por tu vivienda; y ¿crees que a Mí no me importa nada esa Palestina donde habitan cientos de miles de hombres? (4,11).

Desde esta panorámica comprenderá Ud. que apelar al don de Dios para quitar la tierra a otros es sencillamente una blasfemia o una locura: la misma (si me permite decirlo así) de los que apelan a un “Alá más grande” para descargar su metralleta contra hermanos suyos.

Temo que, tras esta carta, ya nunca podré obtener visado para visitar Israel; y quizá no sea ésa la única venganza que me caiga. Pero le he escrito no sólo en defensa de muchos palestinos maltratados, sino también en defensa de otros judíos fieles, verdadero “resto de Israel”, que se sienten arrinconados en su tierra y se han jugado a veces la vida o la libertad, por no querer disparar contra hermanos suyos en humanidad.

Comenzando por Isaac Rabin que aprendió, como David, a entonar su “Hannení Elohim Behasedeka”: ese “misericordia Dios mío por Tu bondad” que hoy reza tanta gente, judíos o no.

Que ese espíritu de Yahvé, que llena toda la tierra, le ilumine también a Ud.

Para leer todos los artículos del autor, pincha aquí:

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/08/06/religion-iglesia-opinion-gonzalez-faus-asentamientos-israelies-apelar-al-don-de-dios-para-quitar-la-tierra-a-otros-es-sencillamente-un

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 Esta Jerarquía-no representan en modo alguno la fe de la gente –

Fe desatada: Casi 100 pleitos de abuso sexual contra sacerdotes católicos, isla de rock de Guam

Una investigación realizada por el periódico Pacific Daily News de USA TODAY Network ha desenterrado cerca de 100 demandas por agresión sexual, manipulación e intimidación de niños por sacerdotes católicos en Guam.

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