NOTICIAS: Plan paz, derechos campesinos y Sumapaz


9 de agosto 2017

Plan para la Paz: el proyecto productivo tras la guerra

Jorge Sáenz V

El primer contrato se ejecuta en la región de Montes de María con inversiones por más de $2 billones para cinco años, dice el gerente del programa.

Con la paz en camino se abren posibilidades de desarrollo en zonas antes dominadas por los grupos alzados en armas. Para hacer presencia institucional en estas regiones, el Gobierno ha implementado una serie de planes, que originalmente nacieron en Francia hace más de 30 años, y que permitirán desarrollar obras cofinanciadas por la Nación y las regiones en grandes espacios del territorio nacional en donde la presencia del Estado era nula.

Y se hará a través de los contratos Plan para la Paz, que “son mecanismos de gestión de la inversión, no tienen una apropiación presupuestal ni tienen recursos ciertos. Son dinámicas de gestión en el marco de acuerdos entre la Nación y los territorios”, dice Santos Alonso Beltrán, gerente de esta iniciativa en el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En apenas un lustro se han canalizado recursos por $14,3 billones, que benefician a los habitantes de los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Arauca y Nariño. Pero ha sido tal el impacto de los contratos en las regiones, que el Gobierno Nacional determinó extender los beneficios de esta herramienta a todas las zonas afectadas históricamente por el conflicto armado”, señala un documento del DNP.

El informe precisa que se han priorizado los municipios que han sido más golpeados por el conflicto interno y “en donde los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes, se beneficiarán de inversiones por un poco más de $10 billones a través de una segunda generación de contratos Plan, ahora denominada contratos Plan para la Paz”.

Beltrán explica que el monto de las inversiones depende de los proyectos identificados en los territorios. “Tienen que ser proyectos estratégicos, de impacto regional y con financiación. Una regla obliga a que el 60 % sea financiado por la Nación y el 40 % por el territorio”, dice.

Los contratos Plan han determinado siete lugares en los que ya se están desarrollando, que comprenden la primera generación de este mecanismo de desarrollo.

La segunda generación, que son los contratos Plan para la Paz, arrancó en la región de los Montes de María, que involucra a los departamentos de Bolívar y Sucre. Estos contratos ya están en marcha y superan ampliamente los $2 billones. Este fue el primer proyecto de los nueve que se encuentran estructurados por el Departamento Nacional de Planeación para toda la iniciativa.

En los Montes de María se financió el alcantarillado de El Carmen de Bolívar, con aproximadamente $70.000 millones, se dio continuidad a la transversal de los Montes de María, con casi $30.000 millones, y se garantizaron los recursos para el acueducto de San Jacinto, con $14.000 millones.

“Los restantes ocho contratos Plan para la Paz se ejecutarán en Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo; en los departamentos de Meta-Caquetá-Guaviare, Putumayo, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Huila y La Guajira”, destaca el informe del DNP.

“Estamos haciendo el Conpes para el contrato plan en Caquetá, Meta y Guaviare y estamos trabajando para las inversiones del contrato de Valle, Guainía, Putumayo y Amazonas”, dice Beltrán.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado en junio por el Ministerio de Hacienda, se destaca que el costo total estimado del Acuerdo de Paz asciende a $129,5 billones. La reforma rural integral es el rubro más costoso y representa cerca del 85 % del total de los costos del Acuerdo. La solución al problema de drogas ilícitas es el segundo, con el 6,4 % del total. Estas decisiones se complementan con las obras relacionadas en los contratos Plan para la Paz.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, manifestó que para este año el Gobierno hace un esfuerzo grande disponiendo de recursos de $1,8 billones y para 2017 se elevan a $2,4 billones. “Todo esto es desarrollo en las zonas que han sido más afectadas históricamente por el conflicto”, anotó.

Parte de los mecanismos que “nos van a permitir avanzar son los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas del país que se han identificado con mayor incidencia del conflicto y para eso hay unos recursos importante en el presupuesto de este año y el del entrante”, aseguró Cárdenas.

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/plan-para-la-paz-el-proyecto-productivo-tras-la-guerra

 

9 Agosto 2017

Deforestación y derechos campesinos

Por: Ricardo Botero*

En el último mes se ha dado un importante debate alrededor de los datos de deforestación en el año 2016. Ha llamado poderosamente la atención que entre los motores de deforestación se encuentra por primera vez un factor que evidencia la relación entre el conflicto y el medio ambiente en Colombia. Casi el 60 % de la deforestación es atribuible al acaparamiento de tierras (distribuido en cifras bajo los títulos de “acaparamiento”, “incendios” “ganadería extensiva”). Para el caso de la Amazonia, este proceso ha sido evidente en el frente de colonización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde el mercado informal de tierras se ha disparado, los grupos de “inversionistas” pululan, las motosierras están de moda, abrir nuevas trochas hace parte del negocio y tener potreros para meter ganado es el común. Obvio, los ciclos se han acortado, y tumbar monte es una actividad casi permanente; los “incendios” están en las cuentas de muchos y dentro de dos meses toda la región espera con ansia la llegada del verano para ver cómo se vuelve ceniza la selva y se tiene una “finca” lista para aprovechar esta nueva bonanza. No importa si es en Reserva Forestal, en Área Protegida, Zona de Sustracción, Distrito de Manejo. No es secreto que en la mayoría del territorio las Farc ejercieron el control sobre la venta, posesión y distribución del territorio. Ahora el Estado debe recuperar la orientación de la colonización y del ordenamiento territorial amazónico.

Esto significa orientar los procesos de poblamiento y definir dónde se focalizará la inversión gubernamental de los servicios de atención social (salud, educación, conectividad, vías), así como la definición de una frontera minero-energética.

En medio de este propósito, se viene avanzando en nuevos modelos para propiciar un involucramiento de las comunidades campesinas en el manejo del bosque como estrategia de conservación. Recientemente pudimos visitar con el apoyo del Programa ONU REDD y del PNUD, el caso exitoso de las Concesiones Forestales Comunitarias de Guatemala. Personalmente, trabajé en Petén y soy un convencido de sus bondades. Visitarlo con asociaciones campesinas y funcionarios fue una experiencia maravillosa e inspiradora. De manera resumida, el modelo ofrece lecciones muy interesantes: Concesiones a largo plazo (25 años o mas); ejercicio del co-manejo del área (gobernanza compartida con el Estado); cumplimiento de la función ecológica como requisito para mantener el derecho de uso; uso de bajo impacto en productos maderables y no maderables y diversificación de la economía; mercados selectivos internacionales de productos certificados; ejercicio de control y vigilancia de las concesiones compartido entre comunidades y gobierno; modelos asociativos y empresariales comunitarios responsables de las concesiones.

Creo que es posible hacerlo en nuestra Amazonia. Hay una oportunidad magnífica de utilizar de manera sinérgica la propuesta del MADS para crear una zona de estabilización forestal que le dé sentido a la zonificación ambiental con participación local, y las apuestas paralelas del Acuerdo de Paz (sustitución de cultivos, planes de desarrollo con enfoque territorial, planes de acción inmediata, etc.). Todo está servido para ser coordinado (tan escaso en estos territorios), y ganar, legítimamente, la orientación del ordenamiento.

El gran Chiribiquete, el corazón de la Amazonia, podría ser rodeado por una gran área de amortiguación, constituida por resguardos indígenas y por unidades forestales comunitarias. Puede ser una opción para enfrentar, con base social y legitimidad, la locomotora de la acumulación de tierras que baja rauda hacia nuestras selvas.

*Director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

 

4 de agosto 2017

Tomémonos en serio al Sumapaz

Por OCA*

*Observatorio de Conflictos Ambientales. El Observatorio de Conflictos Ambientales hace parte del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

El gran reto para la provincia de Sumapaz, según coinciden varios de sus pobladores, tiene que ver con el reconocimiento del campesinado en la región.

En la provincia de Sumapaz habitan más de 200.000 habitantes distribuidos en 10 municipios, estas personas dependen del páramo para su abastecimiento de agua, sin contar el gran porcentaje de la Bogotá rural que también depende de estas aguas. Aun así, proyectos de hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, y agricultura intensiva son amenazas que se ciernen sobre el páramo; mientras comunidades, administraciones y empresas privadas se disputan este importante ecosistema. …

http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/sumapaz-la-provincia-frente-a-proyectos-de-minero-energeticos-e-hidrocarburos/38356

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