COLOMBIA: AMENAZADA LÍDER SOCIAL AMBIENTALISTA EN CARMEN DEL CHUCURÍ, EN SANTANDER


Foto: Wikipedia
13 Dic 2017

La líder social y defensora del ambiente, Nini Johanna Cárdenas, vocera del comité organizador de la Consulta popular contra la explotación minera y de hidrocarburos en el Carmen del Chucurí, en Santander, denunció que fue víctima de seguimientos y hostigamientos el pasado 10 de diciembre, luego de promover un plantón en contra de la suspensión de la consulta.

De acuerdo con la denuncia, un hombre hizo presencia durante una hora en el parque en donde se desarrollaba el plantón y vigilo los movimientos de la líder social, e incluso llegó a intimidarla, acercándose a ella con una mano dentro de una chaqueta que llevaba puesta. Momentos después el sujeto observó que cerca del lugar había policías realizando una requisa a un muchacho, situación que lo inquieto y que hizo que se alejará para montarse en una motocicleta.

El pasado 28 de febrero la Johanna Cárdenas fue víctima de un intento de feminicidio por parte de Milton Chacon Mateus, quien ingreso a su vivienda atento contra la vida de la líder social, se apodero de las agendas de Cárdenas en donde había documentos como actas de la conformación del comité, planes de trabajo, un celular y una memoria con USB que contenía estudios de impactos ambientales sobre el territorio. (Le puede interesar: “Comunidades del Carmen del Chucurí en alerta por posibilidad de fracking en su territorio”)

Estos hechos de violencia fueron denunciados ante la Fiscalía de Barrancabermeja, la Defensoría del Pueblo, sin embargo, aún no hay avances significativos en la investigación. Actualmente Nini Johanna Cárdenas además de estar en el comité promotor de la consulta popular, hace parte de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Carmeleña “FUINMUCAR”, de la Mesa Nacional Ambiental, es integrante del grupo contra la Resistencia a la Minería en Colombia y del grupo Colombia Libre de Fracking.

http://www.contagioradio.com/amenazada-lider-social-ambientalista-en-carmen-del-chucuri-en-santander-articulo-49968/

COLOMBIA: Gobierno expedirá dos decretos para mejorar la protección a líderes sociales en el país


Uno reformará el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoria. El Segundo llevará medidas colectivas de protección a zonas rurales.
Gobierno busca estrategias para defender vida de defensores de DDHH y líderes sociales: Gobierno expedirá dos decretos para mejorar la protección a líderes sociales en el país
Colprensa

Desde Puerto Asís en Putumayo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno tiene listos y expedirá en los próximos días dos decretos para mejorar la protección a líderes sociales en el país.

Este pronunciamiento se da luego de que el procurador, Fernando Carrillo, advirtió que el asesinato a líderes sociales en el Colombia se está realizando de forma sistemática, sumado a la preocupación de las Naciones Unidas, que expresó recientemente el representante de este organismo en Colombia para los Derechos Humanos, Todd Howland.

El ministró afirmó que uno de los decretos crea un nuevo sistema de Alertas Tempranas, que actualizará el que maneja actualmente la Defensoría del Pueblo y que permitiría a las autoridades prevenir situaciones en zonas de riesgo.

El otro decreto que se expedirá, “crea un modelo de seguridad rural para que las autoridades puedan generar acciones de protección colectiva”.

Buscará que, “se trabaje de la protección individual a la protección colectiva”, lo que garantizaría la seguridad d comunidades enteras en situación de riesgo.

Los decretos fueron ordenados por el presidente, Juan Manuel Santos, luego de la masacre de campesinos que se registró en Tumaco, Nariño en el pasado mes de octubre.

http://caracol.com.co/radio/2017/12/15/nacional/1513305673_377250.html

Consultas e informes frente al medio ambiente


13 Dic. 2017

¡Cómo se les ocurre preguntar a los ciudadanos!

Alejandro Olaya*

Aún persiste, aunque afortunadamente tan solo para una minoría, la vetusta idea de que consultar a los ciudadanos para la construcción de agendas de investigación y en la construcción de políticas públicas es “propaganda para descrestar incautos”, haciendo referencia a la actual consulta ciudadana www.quecaminocogemos.com.

Señalaré tan solo algunos de los casos de países donde, recurriendo a consultas ciudadanas, se fijaron exitosamente las prioridades de investigación y se elaboraron políticas públicas. Incluso en países con ciencia más “desarrollada e influyente” este tipo de ejercicios ha sido considerado no solo una gran idea, sino mandatorio para mejorar la eficiencia y la relevancia de la investigación, aumentando además la confianza en la ciencia por parte de sus ciudadanos.

En noviembre de 2014, el Gobierno holandés y su equivalente a Colciencias, la Organización de Investigación Científica de los Países Bajos (NWO), emprendieron una iniciativa nacional para involucrar a los ciudadanos en la definición de una nueva agenda de investigación para diez años. Para eso, los responsables de la agenda invitaron a todos los ciudadanos mediante una encuesta electrónica a enviar “preguntas a la ciencia”. La NWO recibió y analizó cerca de 12.000 preguntas que fueron depuradas y agrupadas en 140 clústeres de preguntas que hoy constituyen la agenda de investigación de todas las organizaciones científicas holandesas.

Por su parte, la Comisión Europea creó la “Consulta Ciudadana y Multiactor en Horizonte 2020 – Cimulac”, la cual involucró a ciudadanos de 30 países en la redefinición de la agenda de Investigación e Innovación Europea, buscando de esta manera hacer “relevante y responsable ante la sociedad” la ciencia y la innovación europea. El resultado fueron 23 temas de investigación ordenados por “popularidad” y “grandes desafíos”, que se emplearon para construir la agenda de investigación de Horizonte 2020, una de las más ambiciosas en el mundo.

Incluso temas de gran complejidad y sobre los que aparentemente sólo los expertos deberían manifestarse, han sido llevados más allá de consultas ciudadanas. Tal es el caso de Italia, donde en 1987 se llevó a cabo un referendo sobre la energía nuclear, o del Reino Unido, que lanzó este año su estrategia industrial con base en un “libro verde” (Green paper), el cual se sometió a consulta de los ciudadanos antes de su promulgación.

Como las anteriores experiencias, podríamos señalar otro buen número de iniciativas que han puesto en el centro de la priorización y la construcción de agendas y políticas públicas a los ciudadanos, no como sustituto de los “expertos tradicionales”, sino como complemento. Estas nuevas estrategias de una ciencia más abierta y participativa, permiten acercar la ciencia a la ciudadanía y viceversa, lo cual hoy es posible gracias a la digitalización.

La ciencia no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en términos sociales, económicos y ambientales de forma efectiva y real, por ello sus preocupaciones y urgencias no pueden estar al margen de la agenda de investigación del país.

*Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias.

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/como-se-les-ocurre-preguntar-los-ciudadanos-articulo-728275

VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR ECUADOR

Resumen

Este documento constituye una síntesis de las principales problemáticas y vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza presentes en la Cordillera del Cóndor, a propósito de la intervención minera a gran escala iniciada alrededor del año 2000. Esta compilación, cuyo objeto es su difusión a nivel nacional e internacional, recoge informes, estudios y más documentos producidos básicamente por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus ligas ecuatorianas Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Contiene una breve descripción de cómo las empresas mineras incursionaron en la Cordillera del Cóndor a raíz de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias otorgadas por el Estado, sin que durante estos procesos se haya respetado, de manera adecuada y cabal, los derechos de participación y consulta previa, libre e informada de las poblaciones locales, especialmente de pueblos indígenas. De esta manera, tres proyectos mineros calificados de interés nacional como Mirador, San Carlos-Panantza (de las subsidiarias Ecuacorriente y Explorcobres del consorcio CRCC-Tongguan Investment Company) y Fruta del Norte (de la empresa sueco-canadiense Lundin Gold Corp.), son desarrollados actualmente en la zona, sobreponiéndose a territorios indígenas, tierras campesinas, centros poblados, nacimientos y fuentes de agua, áreas naturales y bosques protectores.

En particular, se proporciona información de cómo las empresas mineras, dando información parcial e incluso distorsionada y sin que el Estado intervenga, habrían generado procesos de desapropiación de territorios indígenas y de tierras campesinas sin considerar el reconocimiento normativo de la tenencia de tierra en la Amazonía ecuatoriana ni la pre-existente inseguridad jurídica derivada, sobretodo, de la contradicción entre la ancestralidad de la tierra y la práctica colonizadora subsistente. De esta manera, las empresas habrían accedido a tierras de su interés mediante la compra-venta (en muchos casos con formas irregulares y fraudulentas) así como mediante la interposición de demandas de servidumbres mineras o de acciones judiciales de dominio de tierras. Y en no pocos casos, cuando las familias se habrían resistido a salir de sus lugares, estos procesos habrían derivado en desalojos violentos, contraviniendo principios constitucionales y la normativa internacional que protegen el derecho al no desplazamiento.

Ante la presencia minera inconsulta y su paulatina apropiación y control del territorio y la conflictividad social desatada, comunidades afectadas y organizaciones sociales han apelado al Estado (a través de denuncias e intentos de diálogo) sin obtener respuesta. Por el contrario, la criminalización de sus actuaciones expresadas en represión a las movilizaciones sociales, demandas, enjuiciamientos y detenciones a dirigentes, líderes y demás personas que no han accedido a dejar sus tierras, ha sido la constante.

En estos procesos de criminalización, la FIDH pudo constatar la vulneración de garantías judiciales y de protección judicial así como la impunidad de las agresiones de las que han sido víctimas quienes defienden sus tierras o territorios. Igualmente, constató que la labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza es percibida por autoridades y funcionarios/as como un ejercicio de oposición política-partidista y que el Estado tiene una posición hostil hacia su trabajo, optando por controlar las actividades de líderes comunitarios y defensores mediante restricciones policiacas y penales. Igualmente, observó que los organismos nacionales de derechos humanos aparentemente no tendrían interés en promover la legitimidad de la labor de líderes sociales. Parte de este desinterés sería la impunidad en que han quedado las agresiones sufridas por éstos e incluso la falta de investigación respecto al asesinato de tres indígenas shuar ocurridas en este contexto de conflictividad exacerbada a raíz de la presencia de actores económicos particulares, interesados en la minería a gran escala. Los derechos de expresión, libertad y el derecho a la resistencia, consignados constitucionalmente e incluso el derecho a la vida, habrían sido violentados. Todo lo cual evidencia la degradación de la situación de derechos humanos en la Cordillera del Cóndor.

De otro lado, la minería a gran escala en esta primera fase de explotación de los proyectos Mirador y Fruta del Norte, está ocasionando graves impactos a la naturaleza. Tales como: i) la contaminación de las aguas de vertientes y ríos (cuyos caudales dan origen a la cuenca alta del río Amazonas); y, ii) la pérdida paulatina de los bosques y la biodiversidad de la Cordillera. Todo lo cual constituye un atentado a los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución del Ecuador. Derechos en los que a su vez se sustenta el derecho a una vida digna de las poblaciones locales.

https://inredh.org/archivos/pdf/informe_cordillera_condor.pdf

Sacerdotes con hijos y mujeres curas en Portugal


La mujer cura Claudia Rocha, de la parroquia de Carrapatelo (Alentejo)
La mujer cura Claudia Rocha, de la parroquia de Carrapatelo (Alentejo)

La Iglesia católica del país vecino no especifica si son síntomas de apertura o una tolerancia motivada por la escasez de vocaciones

LisboaActualizado:

La Iglesia católica lusa vive en los últimos meses episodios que llaman la atención de los ciudadanos, como los cerca de 20 sacerdotes que continúan ejerciendo a pesar de tener hijos o la presencia de al menos una decena de mujeres curas.

¿Síntomas de apertura o tolerancia motivada por la escasez (alarmante) de vocaciones? El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), Manuel Clemente, no ha concretado ninguna respuesta en este sentido, pero la práctica diaria revela que ambas circunstancias se manifiestan día a día.

Los casos de padres religiosos que son padres han vuelto a salir a la luz a causa del revuelo generado en Madeira por Giselo Andrade. Se trata del párroco de Nuestra Señora del Monte, cinco kilómetros al norte de la capital de la isla, Funchal.

Allí, justo donde la caída de un gigantesco roble provocó 13 muertos el pasado agosto, saltó la sorpresa tan solo unos días después: Andrade reconocía públicamente ser el progenitor de una niña nacida en un hospital de las proximidades. Y más de uno se acordó de una de las novelas cumbre de la literatura portuguesa: ‘El crimen del padre Amaro’, publicada en 1875 por Eça de Queirós.

La polémica no tardó en estallar, aunque los feligreses le muestran su apoyo en todo momento porque su relación con la gente siempre ha sido buena y cariñosa.

El patriarca Clemente salió a la palestra para declarar: «Hay que verificar con el sacerdote cuál es la situación, cuál es la disposición, y también las responsabilidades que ha de asumir en relación a la niña».

A su juicio, casos como este deben ser abordados con el «respectivo obispo», por lo que se ha remitido una y otra vez al dictamen de la Diócesis de Funchal, cuyo obispo, António Carrilho, se pronunció con estas palabras: «El sacerdote puede proseguir con su ministerio en la fidelidad al celibato, sin vida doble».

Una frase reforzada por el propio Manuel Clemente: «La Iglesia es un espacio de misericordia y Dios perdona todo, pero no puede admitir una vida doble. Corresponde al propio sacerdote discernir, en diálogo con el obispo, si pretende continuar con el ejercicio del ministerio, según las exigencias y normas de la Iglesia, o si pretende abrazar otra vocación».

Más declaraciones suyas al respecto: «El sacerdote es una señal viva de lo que era la vida de Cristo, que escogió no formar familia para ser familiar de todos»… Antes de concluir: «La niña sabe, y sabrá, quién es su padre».

Por si acaso, la Diócesis madeirense también puntualizó que sigue al minuto la situación «en el respeto por la delicadeza del caso, de la dignidad de las personas y de las consecuencias que las mismas tienen en la parroquia y en las demás comunidades cristianas».

En cualquier caso, la paternidad de Giselo Andrade era un secreto a voces en los alrededores de Funchal. Nació en secreto la pequeña, pero los vecinos conocían la historia desde hacía tiempo, sin que nadie se planteara solicitar la destitución del padre. Tampoco han cesado de acudir a misa cada domingo.

Hasta un cura bloguero, José Luís Rodrigues, se permitió terciar en la controversia para defender al aludido: «Parece que vivimos en una sociedad tan perfecta que dejó de haber traición, adulterio, infidelidad, hijos fuera del matrimonio. Una sociedad donde todo es tan impecable, tan honesto, tan bonito, tan fiel, tan feliz».

Mujeres

En cuanto a la otra cara de la moneda, la Iglesia católica del país vecino tiene constancia de que los poco más de 2.500 sacerdotes existentes no resultan suficientes en todo el territorio, por lo que determinadas zonas rurales del Alentejo y del Algarve han comenzado a acostumbrarse a la presencia de algunas mujeres (cerca de una decena) que ofician misa.

Una de las más activas, Claudia Rocha, no ha dudado en presentarse abiertamente ante la población desde su púlpito en Carrapatelo, cerca de los viñedos de Reguengos de Monsaraz.

«Si no estuviese aquí, esta iglesia estaría cerrada. Poco importa que yo sea una mujer, lo importante es que la comunidad mantenga los vínculos con el padre, incluso aunque no esté», dijo ella.

Otras, no obstante, prefieren ejercer su actividad bajo el anonimato, especialmente en esos rincones del Portugal profundo.

A pesar de todo, no faltan voces que reclaman una mayor transparencia de la Conferencia Episcopal Portuguesa, con el objetivo de que se traduzca en una postura diáfana de cara a la población. Es decir, si se aceptan realmente estas situaciones, tanto en el caso de los curas con hijos como en el de las mujeres que toman las riendas. Hasta ahora, la cautela se ha impuesto cuando se han registrado eventualidades de uno u otro signo.

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-sacerdotes-hijos-y-mujeres-curas-portugal-201712152156_noticia.html

COLOMBIA: SOS por los líderes sociales


Tras asesinatos en consejos comunitarios de Chocó

En el 2017 han sido asesinadas cuatro personas que lideraban procesos de restitución de tierra en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano. Denuncian que la situación se asimila a los peores años del paramilitarismo en la región.

Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

lideres_mascaras.jpg

La indumentaria que usaron los líderes da cuenta de sus problemas de seguridad. / Nicolás Sánchez A.

“Lo último que yo hice con Hernán fue ir al entierro de Mario. Me dijo que estaba preocupado porque los mismos asesinos lo iban a asesinar”. Con esa frase, un líder de un consejo comunitario del Chocó, que se niega a dar su nombre por cuestiones de seguridad, retrata la situación que viven en esa zona del país los líderes de restitución de tierras.

Lea también: Agúzate, siguen matando defensores de derechos humanos​

Mario Manuel Castaño Bravo lo asesinaron el 26 de noviembre. Era un líder reclamante de tierras del consejo comunitario de La Larga Tumaradó. Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, fue asesinado el 8 de diciembre.

Ayer, en Bogotá, 25 líderes y familiares de ellos dieron una rueda de prensa con el fin de visibilizar su situación, que cada vez es más complicada. Muestra de ello es que ante las cámaras se presentaron con máscaras blancas. “Estamos viviendo como en 1997”, dijo uno de ellos. En el año al que se refería, las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano masacrando y desplazando a la gente.

Este año han sido asesinados cuatro líderes de restitución de tierras en la región. Además de Castaño y Bedoya, que fallecieron en ataques sicariales, han muerto Porfirio Jaramillo Bogallo, el 29 de enero, y Jesús Alberto Correa. “En la región se están utilizando todas las formas de lucha para acabar con la gente”, enfatiza el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La afirmación de Franco tiene respaldo en algunas medidas judiciales. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó otorgó medidas cautelares al consejo comunitario de La Larga Tumaradó y en su fallo afirmó: “Existe prueba suficiente de que las mismas (personas del consejo comunitario) se encuentran en un riesgo inminente, que han recibido ataques continuos de sus posibles despojadores e inclusive de grupos armados organizados irregulares”.

Lea también: No somos invasores: José Ángel Palomequ​e

A esa situación se suman las quejas por las medidas de protección que algunas veces les otorga el Estado. Argumentan que están pensadas para entornos urbanos. “Los escoltas se van durante la noche a Belén de Bajirá y ahí es que nos matan”, cuenta uno de ellos. Además, en otros casos, la protección se limita a suministrarles un celular con minutos y un chaleco antibalas.

Los líderes hacen un llamado a que se agilicen los procesos judiciales para recuperar las tierras que quedaron en manos de empresarios tras la incursión paramilitar en la zona. Mientras tanto esperan que el ministro del Interior y el vicepresidente los atiendan. “Esperamos que no tengamos que asistir a unas exequias más. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó Franco.

Lea también: El camino para ser líder de restitución en Urabá​

https://colombia2020.elespectador.com/pais/sos-por-los-lideres-sociales

San Carlos, el pueblo colombiano donde conviven los enemigos


SAN CARLOS, Colombia — Antes de terminar su café, Ángela Moreno, una activista mulata de 44 años, bajó la cabeza y susurró: “Ese es el hombre que mató a mi hermano”.

Había lanzado una mirada furtiva a un hombre mayor que ella que caminaba cerca de la plaza de San Carlos, un municipio de 16.000 habitantes a unos 100 kilómetros de Medellín en el que los dos habían crecido y conocido la guerra.

Cuando el presunto asesino de su hermano se alejaba, Ángela, que ayuda a sus paisanos a convivir después de la guerra, se retorció en su silla y dijo: “Puede que algún día hable con él, pero a estas alturas del conflicto no creo que los grupos armados sean los únicos actores. El solo hecho de permitir que pasara lo que pasó nos hace actores del conflicto a todos, todos, todos”.

Era un viernes de agosto y los habitantes de las veredas llenaban la plaza para comprar víveres donde hasta hace una década había vacío: el 70 por ciento de los sancarlitanos había huido del terror de los grupos guerrilleros y los paramilitares.

La noche anterior, Ángela estaba sentada en otra terraza de la plaza cuando un exparamilitar se acercó para contarle quién había matado a su hermano Nodier Moreno —el tercero de los cuatro hermanos que le quitó la guerra—, hacía dieciséis años: le dijo que a Nodier le habían disparado después de raparle la cabeza porque no aceptó la oferta forzosa de reclutamiento de los paramilitares. Y que quien lo mató fue ese vecino que ella conocía desde niña.

Hace más de una década que la guerra en San Carlos no se ve pero se recuerda. O, en algunos casos, se evita recordar. Los sancarlitanos han desarrollado dos memorias: la de la vida tranquila de un pueblo en el oriente del departamento de Antioquia y la de tres décadas de guerra.

Entre 1998 y 2005, en los años más duros del conflicto en San Carlos, cerca de 18.000 personas abandonaron el municipio, convirtiendo a la región en una de las cinco con mayor número de desplazados en Colombia.

Hoy, por su plaza de baldosas color ladrillo cruza gente de maneras sencillas y traumas complejos: Betty Loaiza, una profesora rural que se comió una hoja de un cuaderno con una lista llena de nombres delante del comandante paramilitar que había dado la orden de matarla; Judith Flores, que buscaba cadáveres con un grupo de mujeres porque si lo hacían los hombres los mataban;  don Adolfo Urrea, un anciano que perdió un brazo por la explosión de un coche bomba de la guerrilla; Carlos Andrés Pérez, un exparamilitar que se desmovilizó en 2005 y ahora trabaja en el único billar del pueblo.

Continue reading the main storyFoto

Un grupo de agricultores veteranos conversa en la plaza de San Carlos, en agosto de 2017. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

A unas cuadras de la plaza, en una casa colonial, vive Herminia Castaño, una mujer que entre 1998 y 2005 compró en secreto decenas de periódicos cuando no se vendía prensa en el pueblo —porque los diarios no llegaban o porque los quemaban al llegar— porque tenía miedo de que nadie se acordara de los 1250 homicidios, las 327 víctimas por minas antipersona, las 210 desapariciones forzadas, las 12 víctimas de violencia sexual y las 33 masacres que, según el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE) del municipio, se produjeron en los años en los que San Carlos se convirtió casi en un pueblo fantasma.

Ahora, víctimas y asesinos toman café y comentan los chismes del pueblo mientras construyen la paz y lidian con su guerra interna.

‘¿Usted por qué me va a matar?’

El padre de Ángela Moreno tuvo once hijos y dos de ellos nacieron el mismo día en la casa familiar: uno era hijo de su esposa, otro de su cuñada. Su suegra atendió los dos partos. Con el tiempo, uno se hizo conductor de autobús y resultó herido en un atentado de un grupo guerrillero; el otro, Gildardo, el hijo de la cuñada, sería el primero de la familia en morir asesinado.

Pero hasta los años setenta, para los hermanos la guerra solo era una historia que contaba la abuela sobre La Violencia, la lucha entre conservadores y liberales que en décadas anteriores había dejado unos 200.000 muertos en Colombia.

Ángela Moreno recuerda que fue después de la muerte de su padre, cuando ella todavía era una niña y ya se encargaba de muchos quehaceres de la casa, que empezó a escuchar historias presentes de violencia. Una gran hidroeléctrica había llegado al municipio y tres de sus hermanos empezaron a trabajar para la empresa, que se convirtió en la principal fuente de trabajo.

Continue reading the main storyFoto

Un altar en una de las casas abandonadas durante la guerra en la zona rural de San CarlosCreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Los sacerdotes advertían a los fieles que tenían que cuidar el pueblo, porque la vida sencilla de San Carlos en la que los niños chapoteaban en los charcos y jugaban con cartones en los montes ajenos al peligro, se iba a acabar. Llegaron los trabajadores extranjeros. Llegó el dinero. Y llegaron los grupos armados: primero el ELN, la década siguiente las FARC y, desde los años noventa, los grupos paramilitares.

Muchos sancarlitanos denuncian que, a medida que la violencia iba asfixiando al municipio, el ejército pasó del abuso de poder al asesinato de civiles que hacían pasar por guerrilleros y, después, a la connivencia con los paramilitares.

“Al principio la guerrilla era sana, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto”, dice Ángela Moreno. “Pero nos equivocamos. Después pensaba: ‘Mi familia no ha hecho nada malo, ¿por qué nos iban a hacer algo?’. Y, otra vez, nos equivocamos demasiado”.

Una noche de 1991, cuando la familia velaba a la abuela en la casa, Ángela escuchó un grito: “¡Gildardo!”. Era de madrugada y todos los asistentes al velorio salieron a la calle, donde encontraron el cadáver de su hermanastro. Una cuadrilla del MAS (Muerte a Secuestradores), un grupo paramilitar creado con el dinero del Cartel de Medellín, había llegado a la ciudad. Le preguntaron a Gildardo Moreno por el paradero de un guerrillero. “¿Yo qué hijueputas voy a saber?”, respondió. Le pegaron un tiro. El cuerpo quedó en la calle hasta el amanecer y la familia volvió a velar a la abuela.

“Al principio la guerrilla era sana, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, pero nos equivocamos. Después pensaba: ‘Mi familia no ha hecho nada malo, ¿por qué nos iban a hacer algo?’ Y, otra vez, nos equivocamos demasiado”.ÁNGELA MORENO

Los grupos paramilitares no tomarían el control del pueblo hasta unos años más tarde, pero la violencia ya se engendraba en el monte. Ángela Escudero, una mujer rolliza que ha enterrado a su marido y a uno de sus hijos, contó cómo las FARC y el ELN llevaban décadas instalados cerca de Dos Quebradas, una de las 76 veredas del municipio de San Carlos. En los noventa empezaron los asesinatos selectivos.

“En diez años mataron a siete personas”, dijo Escudero. “Por sospechas, vicios o chismes de vecinos”. La guerra también se utilizaba para resolver problemas personales. A uno lo acusaban de guerrillero y los paramilitares lo desaparecían. También ocurría en el otro sentido. Dar un vaso de agua a un enemigo en un territorio controlado podía causar la muerte.

En Dos Quebradas, una finca comunitaria que dependía de su ganado, esto comenzó el 31 de octubre de 2001 cuando la guerrilla les robó entre ochenta y cien vacas. “Sobrevivimos de milagro”, comentó Escudero. La comunidad, en aquel entonces de unas cincuenta familias, empezó a sembrar plátano, yuca y café para mantenerse. “Cuando las autodefensas llegaron a San Carlos, la guerrilla nos amenazó y nos prohibió llevar productos allá porque era ir a alimentar a los contrarios. Nosotros no entendíamos de esa guerra. Solo entendíamos de trabajar”.

En 2002, la guerrilla mató a su esposo por ser el líder de la comunidad.

En las veredas contiguas se escuchaba de masacres y las Autodefensas Unidas de Colombia empezaban a incursionar en la zona y pintaban las paredes con sus siglas. “Nosotros borrábamos todas las letras, tanto de las guerrillas como de los paramilitares. Era una manera de decir ‘No estamos con nadie’”, dijo Escudero.

Ella llevaba productos al pueblo a pesar de la prohibición. Algunas familias aprovechaban la noche para escapar. Unas treinta veredas del municipio de San Carlos quedaron abandonadas y en otras veinte solo quedaron un puñado de personas. Todavía es común ver las casas vacías de los que nunca regresaron.

Continue reading the main storyFoto

Una de las casas abandonadas en la zona de San Carlos. Durante los años más duros de la guerra, miles de habitantes se fueron para huir del horror y nunca regresaron. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

El 16 de enero de 2003, Escudero fue a San Carlos para matricular a uno de sus hijos en un hogar juvenil porque en las veredas muchos jóvenes eran reclutados por las FARC. Cuando llegó al pueblo se encontró con decenas de hombres camuflados. Entró a su casa y se sentó en la cama con su otro hijo de 10 años desde donde escuchaba las ráfagas de las metralletas. Ese día mataron a casi todos los hombres y a cinco mujeres. En las veredas contiguas, Dinamarca y la Tupida, también hubo masacres.

Entre los muertos estaba su hijo de 17 años: “Él se fue a otra vereda a una oración. Se quedó con unos amiguitos ahí compartiendo cuando llegó la guerrilla y masacró a los niños”, cuenta Escudero. Aquella noche, los habitantes de Dos Quebradas se fueron. “¿Qué íbamos a hacer con una serie de muertes, con tantas amenazas? Entonces dijimos: ‘Organicémonos y vámonos todos a San Carlos a ver qué hacen con nosotros’”.

En San Carlos, los paramilitares ya controlaban el pueblo. Betty Loaiza, una maestra rural, recordaba la primera incursión del grupo paramilitar Bloque Metro en 1998: “Entraron armados y uniformados. Si tocaban la puerta y alguien salía, se lo llevaban para el coliseo, ahí empezaron a clasificar gente para matarla”.

Esa vez las autodefensas reunieron a unos mil hombres. Tenían listas con nombres y le pedían a cada uno su cédula para confirmar si había que matarlo o no. El mismo día, a unos pocos kilómetros allí, en la vereda La Holanda, asesinaron a trece personas y quince más desaparecieron. Fue el comienzo del terror sistemático con el que operaron los paramilitares.

A partir de ahí, las llamadas “rutas del terror” —recorridos en los que los paramilitares dejaban una estela de muerte por las veredas—, las listas y las masacres públicas se hicieron comunes en el pueblo. Los asesinos dejaban los cuerpos en las calles o en medio del monte.

“Llegó un momento tan horrible que los hombres no podían ni recoger los cuerpos porque también los mataban, entonces se formó un grupo de mujeres voluntarias que se encargaba de enterrar a los muertos”, dijo Judith Flores, que fue una de las llamadas Damas de Negro. “A nosotras no nos tiraban”.

Continue reading the main storyFoto

Judith Flores fue una de las llamadas Damas de Negro: un grupo de mujeres voluntarias que se encargaba de enterrar a los muertos, ya que los hombres no podían recoger los cuerpos porque también los mataban.CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

La cercanía con la muerte también se convierte en hábito. Antes de pagar la factura de la luz cerca de la plaza, Flores contó que las FARC le asesinaron a su primer marido y los paramilitares al segundo: “Con ese me hicieron un favor… porque vivíamos muy mal”.

Los que se quedaron en San Carlos durante esos años, como la maestra Betty Loaiza, fueron conocidos como los Resistentes. A pesar de ver a sus vecinos marcharse, de encontrarse con muertos en su camino a la escuela, de que su hermano fuera desaparecido en 2002 y de saber que su nombre estaba en una lista de gente para ser asesinada, Loaiza se negaba a dejar su casa.

“Yo no había hecho nada malo. ¿Por qué me iba a ir? Yo dije: ‘No, lo que tengo que hacer es hablar con quien me va a matar’”. La maestra se llevó una virgen y se fue a hablar con el líder paramilitar. “Yo me confié en Dios y le dije: ‘¿Usted por qué me va a matar?’”.

El jefe la miró sonriendo y le explicó que ella estaba en la lista por darle clases a los hijos de guerrilleros. Loaiza cuenta que le explicó que ella enseñaba a niños sin importar de dónde fueran, mientras él le mostraba un cuaderno que tenía en la mano. “Estaba lleno de gente para matar, eso era impresionante, con nombre y cédula de cada uno”. El jefe tuvo una concesión con ella y la dejó arrancar la hoja en la que estaba su nombre. A ella solo se le ocurrió comérsela por pedacitos.

‘Yo nunca sentí odio’

A mediados del año 2000, los paramilitares le advirtieron a Ana Velásquez y al resto de los habitantes que tenían tres días para abandonar Samaná, el corregimiento donde ella soñaba que iba a envejecer entre plantaciones de maíz, frijol y gallinas y ganado.

Velásquez recogió sus cosas y se llevó a sus ocho hijos a Medellín. Samaná quedó casi vacío. Cuando llegó a la ciudad, su marido, que se había ido un año antes también amenazado, estaba con otra mujer. Buscó trabajo, pero no sabía hacer otra cosa que no fueran las tareas del campo. Algunos días cogía un autobús y deambulaba durante horas en la ciudad sin destino. Por eso decidió volver al municipio, aunque la guerra no había acabado.

Unos meses después de regresar estalló una bomba y su hijo más pequeño se metió debajo de la cama mientras gritaba: “Mamá, ¿por qué me ha traído a este pueblo otra vez?”.

Velásquez se fue a vivir a otra veredas y solo regresó a Samaná una vez. La última imagen que vio fue la de un camión con cadáveres, incluido el de uno de sus hermanos y un tío. El 10 de julio de 2004, las FARC masacraron a siete campesinos que habían vuelto para recuperar sus tierras. Al año siguiente, la mayoría de los paramilitares de la región se acogió al proceso de desmovilización y finalizó el periodo más crudo de la guerra.

“Lo peor después de la guerra es que hemos perdido la confianza con el vecino y para la gente como mi padre, un tiempo que no tienen y eso es irrecuperable”, dijo Velásquez en la plaza del pueblo. “A veces me siento forastera”.

El retorno de los Velásquez, como el de todo el municipio, fue un regreso a medias. Su padre, un hombre anciano y enfermo que vive en casa de un hermano en Medellín, quiere volver al campo, pero no tiene adónde regresar.

“Está encerrado y lo único que quiere es pasar sus últimos días en el campo. Pero él vendió sus tierras después de la muerte de mi hermano y mi tío porque pensaba que nunca podría volver. Yo no quiero dinero”, dijo Velázquez. “Yo lo que quiero es un pedacito de tierra para mi padre”. Ella, que ahora coordina una asociación de mujeres del campo retornadas, calculaba que, de las 85 integrantes de la asociación, unas 50 están sin tierra.

Continue reading the main storyFoto

Un hombre juega con una máquina tragamonedas en el único billar del pueblo, donde trabaja un exparamilitar desmovilizado. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times
Continue reading the main storyFoto

A Judith Flores las Farc le mataron al primer marido; los paramilitares, al segundo.CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Hace más de una década que la guerra no se ve en la plaza de San Carlos, pero en las veredas la recuerdan las casas vacías de la gente que nunca regresó. Hasta 2011, el periodo en el que se produjo el regreso más grande, habían retornado 9000 personas al municipio, poco más de la mitad de los que huyeron de la guerra.

Al día siguiente de contarle a Ángela la verdad sobre el asesinato de su hermano, el exparamilitar aceptó ser entrevistado a cambio del anonimato.

Aparcó su mototaxi y se dirigió a las oficinas del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE), ubicado en lo que durante los años duros de la guerra era el Hotel Punchiná y fue utilizado como sede paramilitar.

Pastora Mira, una mujer a la que le asesinaron a su padre y a dos hijos, le desaparecieron a una hija y la amenazaron, es la coordinadora del centro que funciona en lo que, en otra época, fue conocido como la Casita del Terror por las torturas, violaciones y asesinatos que se cometieron allí. La otra integrante de CARE es Ángela Moreno.

El edificio donde funciona CARE hoy es el símbolo de la convivencia en San Carlos, un pueblo que pasó de ser ejemplo del horror de la guerra a un ejemplo de que víctimas y victimarios pueden convivir en el mismo espacio. Porque aún con la desconfianza, los sancarlitanos ahora hablan, caminan y se mantienen allí.

Continue reading the main storyFoto

Pastora Mira, la coordinadora del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE) de San Carlos CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

Una vez en la oficina, el exparamilitar, un hombre esquelético con el pelo cortado a cepillo y grandes cadenas de oro colgándole en el pecho, contó que había estado veintiocho meses en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta 2004, cuando pensó “que había cumplido un ciclo porque habíamos limpiado el pueblo”. Se fue de San Carlos, pero volvió cuatro años después.

Dice que se unió a los paramilitares para “despojar al pueblo de la opresión” y asegura que hoy puede caminar tranquilo por allí, a pesar de haber sido parte de un grupo que masacraba a sus vecinos. “Hubo muertes que no fueron injustas”, dijo.

Un mes después de haberse incorporado, el hombre patrullaba con un fusil R15 cuando escuchó en la radio que Nodier Moreno, el hermano de Ángela, había sido asesinado. Dice que sintió un frío en el cuerpo desde la cabeza a los pies. “Nunca me imaginé que el conflicto lo fuera a tocar a él”. Durante años, la familia de Moreno pensó que él había estado involucrado en la muerte de Nodier. Lo evadían en la calle y un par de veces lo increparon para saber qué había pasado; pero hasta esa tarde de agosto, nunca había contado lo que sabía.

“Siempre hay tres verdades: la del que supuestamente lo mató o el que dio la orden. La verdad que se llevó él y la de Dios, que es el único que sabe lo que hizo. Anoche ella me preguntó y yo le dije mi verdad, que es la única que garantizo”, explicó el hombre, que decía sentirse sereno tras la conversación con Ángela.

En su escritorio, en silencio, Ángela Moreno presenció la conversación. Cuando el exparamilitar volvió a su mototaxi, ella dijo: “Yo nunca sentí odio, esto es una paz para las generaciones que vienen, para no repetir la historia”. Su historia dice que la guerra le quitó a cuatro hermanos: a Gildardo, primero, en el velorio de la abuela, y en solo tres años, desde 2000 hasta 2003, a Francisco Luis en una masacre de los paramilitares, a Nodier por negarse a ser reclutado y a Sergio en una masacre de las FARC.

Continue reading the main storyFoto

Durante los peores años del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en Colombia, siete de cada diez sancarlitanos huyeron del municipio para escapar del terror y la violencia. Las casas vacías de aquellos que nunca regresaron siguen recordando la guerra. CreditFederico Rios Escobar para The New York Times

En aquel tiempo Ángela tuvo dos hijas. La mayor estudia en Medellín, la pequeña vive con ella. En esos días preparaba su solicitud para la universidad. Viven en una casa grande, antigua, a pocas cuadras de la plaza del pueblo.

Cuando Ángela se va de viaje, su hija solo sale de casa para ir al colegio. Es callada, tímida, le cuesta dar afecto. “Yo creo que son traumas, porque a ella la tuve en los peores años del conflicto”. A veces, cuando las dos caminan por la calle, su hija se gira bruscamente y mira hacia atrás como si hubiese visto un fantasma.

https://www.nytimes.com/es/2017/12/14/san-carlos-colombia-reconciliacion-conflicto/

Una responsabilidad para prevenir el genocidio


 

Miles de nuevas llegadas de refugiados Rohingya cruzan la frontera cerca de la aldea de Anzuman Para, Palong Khali, Bangladesh. Crédito: ACNUR / Roger Arnold

NACIONES UNIDAS, 12 de diciembre de 2017 (IPS) – Casi 70 años después de la adopción de la Convención contra el Genocidio, la comunidad internacional todavía enfrenta un riesgo constante y creciente de genocidio.

En el Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de las Víctimas del Crimen de Genocidio, la ONU lanzó un llamado para que los estados miembros ratifiquen la convención de 1948 a fines de 2018.

“El genocidio no ocurre por accidente; es deliberado, con señales de advertencia y precursores “, dijo el Secretario General Antonio Guterres.

“A menudo es la culminación de años de exclusión, negación de los derechos humanos y otros males. Dado que el genocidio puede tener lugar en tiempos de guerra y en tiempos de paz, debemos estar siempre vigilantes “, continuó.

El Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, hizo eco de sentimientos similares y dijo: “Es nuestra inacción, nuestra ineficacia al abordar los signos de advertencia, lo que permite que se convierta en realidad. Una realidad donde las personas son deshumanizadas y perseguidas por lo que son, o a quienes representan. Una realidad de gran sufrimiento, crueldad y actos inhumanos que tienen en la base motivaciones inaceptables “.

La Convención define el genocidio como “actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Esto incluye no solo matar a miembros del grupo, sino también causar graves daños corporales o mentales y imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo.

A pesar de la definición exhaustiva de genocidio en la Convención, el genocidio ha recurrido en múltiples ocasiones, dijo Guterres.

“Todavía estamos reaccionando en lugar de prevenir, y actuando solo cuando a menudo es demasiado tarde. Debemos hacer más para responder temprano y evitar que la violencia se intensifique “, dijo.

Uno de esos casos puede ser Myanmar.

Después de un año de investigación, la organización Fortify Rights y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos dijeron que hay evidencia “creciente” que apunta a un genocidio contra musulmanes Rohingya en Myanmar con soldados, policías y civiles del ejército birmano como los principales perpetradores.

“Los rohingya han sufrido ataques y violaciones sistemáticas durante décadas, y la comunidad internacional no debe fallar ahora cuando su misma existencia en Myanmar se ve amenazada”, dijo Cameron Hudson del Museo Conmemorativo del Holocausto de los EE. UU.

“Sin una acción urgente, existe un alto riesgo de más atrocidades masivas”, continuó.

Más de la mitad del millón de rohingyas de Myanmar han huido del país desde que la violencia volvió a encenderse en agosto.

“Intentaron matarnos a todos”, dijo Mohammed Rafiq, de 25 años, oriundo de Maungdaw Township, a los investigadores al recordar cómo los soldados reunieron a los aldeanos y abrieron fuego contra ellos el 30 de agosto. Ha sido el mayor y más rápido flujo de personas indigentes a través de una frontera desde el genocidio de Ruanda de 1994, dijo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“No quedaba nada. Las personas recibieron disparos en el pecho, el estómago, las piernas, la cara, la cabeza, en todas partes “.

Testimonio presencial reveló que civiles rohingya fueron quemados vivos, mujeres y niñas violadas y hombres y niños detenidos en masa.

“Estos crímenes prosperan en la impunidad y la inacción … las condenas no son suficientes”, dijo el consejero delegado de Fortify Rights, Matthew Smith.

En el otro lado de la frontera, los refugiados se encuentran viviendo en campamentos superpoblados con acceso limitado a comida, agua y refugio. Necesitan tratamiento no solo para sus lesiones físicas, sino también para las cicatrices mentales y emocionales de sus experiencias traumáticas.

La OIM habló con algunos de los sobrevivientes que hicieron el traicionero viaje en barco a Bangladesh, incluido Arafat, de 8 años. Toda su familia, incluidos sus padres, dos hermanos y una hermana, se ahogaron cuando el barco pesquero que los transportaba se volcó en un clima tormentoso.

“¿Dónde iré ahora?”, Lloró, paralizado por la sorpresa.

Las estrictas restricciones del gobierno sobre la vida cotidiana de Rohingya también apuntan a signos de genocidio.

En 2013, las autoridades pusieron un límite de dos hijos a las parejas Rohingya en dos municipios predominantemente musulmanes en el estado de Rakhine.

Otros se han presentado para afirmar que la crisis en Myanmar puede constituir un genocidio, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, y el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico.

“Teniendo en cuenta que los Rohingyas se identifican a sí mismos como un grupo étnico distinto con su propio idioma y cultura, y [que ellos] también son considerados por los propios perpetradores como pertenecientes a un grupo étnico, nacional, racial o religioso diferente, dado todo esto, ¿Alguien puede descartar que haya elementos de genocidio? “, preguntó al-Hussein.

Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó recientemente las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en Myanmar, el Consejo de Seguridad no ha actuado sobre la crisis.

A medida que la ONU hace un llamamiento para que los 45 estados miembros restantes ratifiquen la Convención contra el Genocidio, ¿qué pasa con naciones como Myanmar que ya son parte en el documento?

La Convención requiere que todos los estados actúen para prevenir y castigar el genocidio. No solo Myanmar, sino toda la comunidad internacional no ha logrado proteger a los civiles rohingya de las atrocidades masivas.

“El mundo ha reaccionado con horror ante las imágenes de su huida, y las historias de asesinatos, violaciones e incendios provocados por sus aldeas aún en llamas en el estado de Rakhine Norte. Pero este horror tendrá que ser acompañado por la acción de la comunidad internacional, si queremos evitar un desastre humanitario en ambos lados de la frontera “, dijo el Director General de la OIM, William Lacy Swing.

Quizás la comunidad internacional deba considerar mecanismos adicionales para abordar y prevenir el genocidio, asegurándose de que “nunca más” realmente signifique nunca más.

Hasta la fecha, un total de 149 Estados Miembros han ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio.

http://www.ipsnews.net/2017/12/responsibility-prevent-genocide/

Anteriores Entradas antiguas

A %d blogueros les gusta esto: