Consultas e informes frente al medio ambiente


13 Dic. 2017

¡Cómo se les ocurre preguntar a los ciudadanos!

Alejandro Olaya*

Aún persiste, aunque afortunadamente tan solo para una minoría, la vetusta idea de que consultar a los ciudadanos para la construcción de agendas de investigación y en la construcción de políticas públicas es “propaganda para descrestar incautos”, haciendo referencia a la actual consulta ciudadana www.quecaminocogemos.com.

Señalaré tan solo algunos de los casos de países donde, recurriendo a consultas ciudadanas, se fijaron exitosamente las prioridades de investigación y se elaboraron políticas públicas. Incluso en países con ciencia más “desarrollada e influyente” este tipo de ejercicios ha sido considerado no solo una gran idea, sino mandatorio para mejorar la eficiencia y la relevancia de la investigación, aumentando además la confianza en la ciencia por parte de sus ciudadanos.

En noviembre de 2014, el Gobierno holandés y su equivalente a Colciencias, la Organización de Investigación Científica de los Países Bajos (NWO), emprendieron una iniciativa nacional para involucrar a los ciudadanos en la definición de una nueva agenda de investigación para diez años. Para eso, los responsables de la agenda invitaron a todos los ciudadanos mediante una encuesta electrónica a enviar “preguntas a la ciencia”. La NWO recibió y analizó cerca de 12.000 preguntas que fueron depuradas y agrupadas en 140 clústeres de preguntas que hoy constituyen la agenda de investigación de todas las organizaciones científicas holandesas.

Por su parte, la Comisión Europea creó la “Consulta Ciudadana y Multiactor en Horizonte 2020 – Cimulac”, la cual involucró a ciudadanos de 30 países en la redefinición de la agenda de Investigación e Innovación Europea, buscando de esta manera hacer “relevante y responsable ante la sociedad” la ciencia y la innovación europea. El resultado fueron 23 temas de investigación ordenados por “popularidad” y “grandes desafíos”, que se emplearon para construir la agenda de investigación de Horizonte 2020, una de las más ambiciosas en el mundo.

Incluso temas de gran complejidad y sobre los que aparentemente sólo los expertos deberían manifestarse, han sido llevados más allá de consultas ciudadanas. Tal es el caso de Italia, donde en 1987 se llevó a cabo un referendo sobre la energía nuclear, o del Reino Unido, que lanzó este año su estrategia industrial con base en un “libro verde” (Green paper), el cual se sometió a consulta de los ciudadanos antes de su promulgación.

Como las anteriores experiencias, podríamos señalar otro buen número de iniciativas que han puesto en el centro de la priorización y la construcción de agendas y políticas públicas a los ciudadanos, no como sustituto de los “expertos tradicionales”, sino como complemento. Estas nuevas estrategias de una ciencia más abierta y participativa, permiten acercar la ciencia a la ciudadanía y viceversa, lo cual hoy es posible gracias a la digitalización.

La ciencia no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en términos sociales, económicos y ambientales de forma efectiva y real, por ello sus preocupaciones y urgencias no pueden estar al margen de la agenda de investigación del país.

*Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias.

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/como-se-les-ocurre-preguntar-los-ciudadanos-articulo-728275

VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR ECUADOR

Resumen

Este documento constituye una síntesis de las principales problemáticas y vulneraciones de derechos humanos y de la Naturaleza presentes en la Cordillera del Cóndor, a propósito de la intervención minera a gran escala iniciada alrededor del año 2000. Esta compilación, cuyo objeto es su difusión a nivel nacional e internacional, recoge informes, estudios y más documentos producidos básicamente por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus ligas ecuatorianas Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Contiene una breve descripción de cómo las empresas mineras incursionaron en la Cordillera del Cóndor a raíz de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias otorgadas por el Estado, sin que durante estos procesos se haya respetado, de manera adecuada y cabal, los derechos de participación y consulta previa, libre e informada de las poblaciones locales, especialmente de pueblos indígenas. De esta manera, tres proyectos mineros calificados de interés nacional como Mirador, San Carlos-Panantza (de las subsidiarias Ecuacorriente y Explorcobres del consorcio CRCC-Tongguan Investment Company) y Fruta del Norte (de la empresa sueco-canadiense Lundin Gold Corp.), son desarrollados actualmente en la zona, sobreponiéndose a territorios indígenas, tierras campesinas, centros poblados, nacimientos y fuentes de agua, áreas naturales y bosques protectores.

En particular, se proporciona información de cómo las empresas mineras, dando información parcial e incluso distorsionada y sin que el Estado intervenga, habrían generado procesos de desapropiación de territorios indígenas y de tierras campesinas sin considerar el reconocimiento normativo de la tenencia de tierra en la Amazonía ecuatoriana ni la pre-existente inseguridad jurídica derivada, sobretodo, de la contradicción entre la ancestralidad de la tierra y la práctica colonizadora subsistente. De esta manera, las empresas habrían accedido a tierras de su interés mediante la compra-venta (en muchos casos con formas irregulares y fraudulentas) así como mediante la interposición de demandas de servidumbres mineras o de acciones judiciales de dominio de tierras. Y en no pocos casos, cuando las familias se habrían resistido a salir de sus lugares, estos procesos habrían derivado en desalojos violentos, contraviniendo principios constitucionales y la normativa internacional que protegen el derecho al no desplazamiento.

Ante la presencia minera inconsulta y su paulatina apropiación y control del territorio y la conflictividad social desatada, comunidades afectadas y organizaciones sociales han apelado al Estado (a través de denuncias e intentos de diálogo) sin obtener respuesta. Por el contrario, la criminalización de sus actuaciones expresadas en represión a las movilizaciones sociales, demandas, enjuiciamientos y detenciones a dirigentes, líderes y demás personas que no han accedido a dejar sus tierras, ha sido la constante.

En estos procesos de criminalización, la FIDH pudo constatar la vulneración de garantías judiciales y de protección judicial así como la impunidad de las agresiones de las que han sido víctimas quienes defienden sus tierras o territorios. Igualmente, constató que la labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza es percibida por autoridades y funcionarios/as como un ejercicio de oposición política-partidista y que el Estado tiene una posición hostil hacia su trabajo, optando por controlar las actividades de líderes comunitarios y defensores mediante restricciones policiacas y penales. Igualmente, observó que los organismos nacionales de derechos humanos aparentemente no tendrían interés en promover la legitimidad de la labor de líderes sociales. Parte de este desinterés sería la impunidad en que han quedado las agresiones sufridas por éstos e incluso la falta de investigación respecto al asesinato de tres indígenas shuar ocurridas en este contexto de conflictividad exacerbada a raíz de la presencia de actores económicos particulares, interesados en la minería a gran escala. Los derechos de expresión, libertad y el derecho a la resistencia, consignados constitucionalmente e incluso el derecho a la vida, habrían sido violentados. Todo lo cual evidencia la degradación de la situación de derechos humanos en la Cordillera del Cóndor.

De otro lado, la minería a gran escala en esta primera fase de explotación de los proyectos Mirador y Fruta del Norte, está ocasionando graves impactos a la naturaleza. Tales como: i) la contaminación de las aguas de vertientes y ríos (cuyos caudales dan origen a la cuenca alta del río Amazonas); y, ii) la pérdida paulatina de los bosques y la biodiversidad de la Cordillera. Todo lo cual constituye un atentado a los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución del Ecuador. Derechos en los que a su vez se sustenta el derecho a una vida digna de las poblaciones locales.

https://inredh.org/archivos/pdf/informe_cordillera_condor.pdf

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