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Este examen integral de la escasa y dispersa información sobre la nueva oleada de violencia selectiva, arroja mucha luz sobre quiénes son los líderes sociales, por qué y quiénes los están asesinando, cómo y por qué urge salir en su defensa.
Paola Hurtado S* – Francy Barbosa M**
Asesinatos sistemáticos
Los asesinatos y amenazas a personas que sirven como líderes sociales han alcanzado un punto crítico. Es urgente que la sociedad en su conjunto actúe para defender la vida.
Los asesinatos de hombres y mujeres que defienden los derechos humanos son deplorables y causan un daño profundo a nuestra democracia. Y aunque no todos los que defienden sus derechos o los de otros son líderes sociales, un grupo de personas que han liderado sus comunidades y que han desafiado a los poderes económicos y políticos locales está siendo asesinado.
En el segundo semestre de 2013, la mesa de negociaciones de La Habana llegó a un acuerdo sobre participación política. El acuerdo abrió la puerta para que excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto armado ocuparan cargos de elección popular. Desde entonces y hasta el 10 de febrero de 2018, al menos 406 personas que ejercían liderazgos sociales en las regiones han sido agredidas, como también lo han sido 37 de sus familiares.
En lo que vamos de 2018, por lo menos 18 líderes sociales han sido asesinados o asesinadas en distintas regiones del país, especialmente en aquellas que controlan o se disputan los actores armados ilegales. Afirmar que los asesinatos están ocurriendo en las zonas controladas por las FARC es simplista y estigmatiza los liderazgos territoriales. En la realidad, los líderes sociales estorban a la violencia, porque se basan en el poder de la palabra y en la confianza.
Hay un patrón de sistematicidad de los asesinatos: todos los líderes están desafiando poderes consolidados en los territorios.
Hay un patrón sistemático en los asesinatos: todos los líderes y lideresas asesinados estaban desafiando poderes consolidados en los territorios. Muchos de ellos han liderado por ejemplo los procesos de sustitución de cultivos ilícitos o se han resistido a economías y proyectos de gran escala, todo lo cual era fuente de financiación para los actores armados.
La escasa información en manos de Fiscalía no le permite verificar este carácter sistemático, ni la generalización de los asesinatos, aunque tampoco se atreva a negarlas. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) ha hecho varias solicitudes de información sobre los homicidios de líderes sociales a la Fiscalía General, de las cuales el 79 por ciento ha sido remitido a Fiscalías seccionales. De éstas, solo el 2 por ciento ha tenido respuesta sobre el estado de las investigaciones.
Acosados por el miedo
 Líderes y lideresas sociales. Foto: ICBF |
Aunque la intensidad o frecuencia de las agresiones varía de región a región, y pese a la reanudación de las confrontaciones con el ELN en municipios como Yondó (Antioquia), Cumaral (Meta), Norte del Cauca, Cantagallo (Bolívar) y Pueblo Rico (Risaralda), los homicidios se han concentrado este año en dos regiones: el Nudo de Paramillo y el Pacífico Sur.
Durante los últimos meses, el Nudo de Paramillo —la región que une el Bajo Cauca antioqueño con el sur de Córdoba— ha sido una de las más afectadas por la violencia armada. La disputa por el control territorial entre varios actores armados – principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN- ha acelerado de manera preocupante la violencia en los últimos seis meses.
El afán de visibilizar las situaciones de los defensores de derechos humanos no puede representar una banalización de su muerte.
El control que ejercen estos grupos sobre las rentas legales e ilegales que se producen y las operaciones de herederos del paramilitarismo como Los Urabeños han hecho que hasta la Policía tenga miedo en la región.
La situación en el Pacífico Sur no es más alentadora. Desde 2010, CODHES está advirtiendo sobre el oscuro panorama: el 78 por ciento de los desplazamientos en los últimos seis años han ocurrido en esa región. Cinco líderes sociales han sido asesinados en esa zona durante este año y los conflictos territoriales no dan tregua.
¿Banalización de la muerte?
Hoy, a diferencia de hace algunos años, son múltiples las organizaciones que nos dedicamos a monitorear y denunciar la muerte de los líderes sociales. Hay unas listas más largas que otras y unas definiciones más amplias que otras, pero todas buscan una respuesta efectiva por parte del Estado.
Pero el afán de hacer visibles las situaciones de los defensores de derechos humanos no puede representar una banalización de su muerte. Urge una visibilidad responsable de la situación de los líderes y lideresas para no estigmatizar sus asesinatos y amenazas. Las agresiones contra los y las líderes no son un espectáculo para el entretenimiento del ojo morboso, son una emergencia humanitaria que requiere una respuesta integral y estructural de Estado.
El asesinato de una lideresa o un líder no solamente afecta a su familia, sino los intereses y la causa de todo un grupo social, una comunidad.
La sociedad civil y los medios de comunicación tienen la tarea de dignificar a estos líderes asesinados. Hacer visibles sus causas, sus procesos y sus comunidades más allá de su muerte. Dignificar el liderazgo como un valor primordial de la democracia y su legado como un ejercicio de construcción de sociedad y comunidad.
¿Quiénes son las víctimas?
 Obra de teatro en memoria a los líderes sociales asesinados. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
Hemos afirmado que no todos los que defienden sus derechos o los de otros son líderes sociales. Muchas listas que identifican a los líderes asesinados circulan por las redes sociales, pero algunas incluyen a reclamantes de tierras individuales que no ejercen necesariamente papeles de liderazgo, a defensores de derechos humanos y hasta a excombatientes de las FARC.
¿Cómo identificar entonces quiénes son los y las líderes sociales? ¿Qué los diferencia? Para CODHES, las personas que ejercen un liderazgo social son todas aquellas que representan formal o informalmente a una comunidad, a un grupo o un sector social, y que hablan y actúan en beneficio de esa comunidad sin que medie ningún tipo de contraprestación para hacerlo. Esto significa que el asesinato de una líder o un líder no solamente afecta a su familia, sino los intereses y la causa de todo un grupo social, comunidad o sector.
En ese sentido, el impacto de la muerte de una persona que ostenta un rol de representatividad y liderazgo provoca un daño profundo: la violencia se legitima como mecanismo para resolver conflictos, la fuerza de los procesos sociales se debilita y se desestructura y el miedo colectivo inunda a las comunidades.
Por eso, urge que la sociedad entera salga en defensa del liderazgo social y de sus líderes. Hay que actuar ahora para defender la vida, antes de que sea demasiado tarde.
*Coordinadora del Área de Tierras y Derechos Territoriales de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, y Analista Principal del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento – SISDHES.
** Coordinadora del Área de Comunicaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES y Oficial de Información Pública del Programa de Reparación Colectiva y Participación a las Víctimas del Conflicto Armado de USAID/CODHES.
Evangelizadoras de los apóstoles 