COLOMBIA: DEFORESTACIÓN CRIMINAL Y PROGRAMADA


2 Marzo 2018

Estamos a tiempo para detener la deforestación

Lo que está pasando en Guaviare es ilegal, inmoral e irracional

José Yunis Mebarak*

No hay nombre para lo que ocurre con la Amazonia en Guaviare y Caquetá. Personas pudientes compran veredas completas y mandan a deforestar 200 a 500 hectáreas de una sola aserrada. Los campesinos más humildes arrasan de 1 a 15 hectáreas. Todos somos culpables.

“¡Tiene 4.000 hectáreas de sabana, hijueputa, y tumba la montaña, el bosque de galería y no le da abasto nada! Nooo, es para matarlo yo”. Ese es el conmovedor audio dejado en mi Whatsapp ante la impotencia que siente el señor que además me envía un video donde por espacio de minuto y medio y a 80 kilómetros por hora observa de lado a lado los restos de selva hecha cenizas. Ciertamente: estamos quemando la selva amazónica, destruyendo mientras muchos alegan que no hay oportunidades, que el Gobierno esto, que el Gobierno lo otro, que son otros, que no son ellos, que es gente de afuera, que son los ricos, que no son los pobres.

… Nuestra selva amazónica es una portentosa fuente de riqueza que debemos proteger y aprovechar de manera sostenible. A la altura de semejante maravilla natural deben estar nuestras aspiraciones. El turismo, por ejemplo, ahora que se puede hacer, es una formidable apuesta de riqueza. Pero para desarrollarlo debemos apagar la hoguera que destruye la más extraordinaria diversidad de vida sobre la tierra. Nuestro derecho colectivo a un ambiente sano debe primar. Mantener la selva que nos permite el agua en Bogotá debe importar. Asegurar la integridad de este regulador de clima para que no cambie tanto, tanto, tantísimo y no nos haga mucho más daño debe significar. …

*Director Visión Amazonia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-esta-pasando-en-guaviare-es-ilegal-inmoral-e-irracional-articulo-742210

1 Marzo 2018

Cartas de los lectores

Deforestación criminal programada

Manuel José Quiroga Castro.

En la foto de primera plana de El Espectador del 28 de febrero (“Nos quedó grande”), suena a incapacidad gubernamental y específicamente a la incapacidad del Ministerio de Ambiente.

Suena a derrotismo cuando se dice que “la meta de cero deforestación para el año 2020 va a ser muy difícil de cumplir”.

Si uno viaja en un automotor a 80 km/hora, intentando llegar a la meta, y reduce intempestivamente la velocidad a 20 km/hora, significa que ya desistió de llegar a la meta y lo mejor es renunciar y dejarle el camino libre a otro que realmente quiera llegar.

En esta foto se evidencia una casa de algún colono, alrededor zonas de pastos que fueron selva pura virgen y que, al igual que le va a pasar a la que están quemando, tiene dos fogatas separadas iniciales, cuya finalidad es dejar un baldío para poner pastos y desarrollar ganadería extensiva de sabana (una vaca por hectárea), productiva, pero sí contaminante, y de esta forma poder llevar el ganado con más facilidad a la línea de agua que está a la derecha, en el límite de la zona forestal.

Esta es la política de los grandes ganaderos en latifundios apropiados y sin pagar impuestos.

Esto es un crimen ecológico programado e intencional que debe ser combatido como un crimen de lesa humanidad, pues es un daño para toda la humanidad.

Señor ministro de Ambiente, sin ánimo de ofender o faltar al respeto, usted no puede ni pensar en posponer la fecha de cero deforestación. Es preferible morir en el intento.

Cada árbol es un ser viviente con 50 o más años de estar prestando un servicio permanente a la humanidad suministrando oxígeno, eliminando CO2 y produciendo agua, además gratis.

La Fuerza Pública es ideal para proteger estos bienes comunes. Todo aquel que corte un árbol sin el respectivo permiso debe sembrar como castigo diez en la primera ocasión y en la segunda, un año haciendo lo mismo.

https://www.elespectador.com/opinion/dos-cartas-de-los-lectores-columna-741978

¿Qué les pasa a los machos?. Lucy Nieto de Samper


Tantas agresiones y violaciones de mujeres y niños tienen alarmada a la ciudadanía.

03 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

En Colombia, los feminicidios y los infanticidios no dan tregua. Según estadísticas, durante 2017 fueron asesinadas 200 mujeres por su esposo, por su pareja sentimental o por sus exparejas. Y quienes no lograron asesinarlas las rociaron con ácidos para deformarlas.

Caso inolvidable es el de Natalia Ponce de León, una valiente joven atacada con ácido por Jonathan Vega. Con la cara destrozada, Natalia fue recibida de urgencia en el hospital Simón Bolívar, en donde el médico cirujano Jorge Luis Gaviria se ocupó de su caso. Y, luego de practicarle complicadas operaciones, le reconstruyó la cara.
Recuperada después de terrible sufrimiento, Natalia creó una fundación para atender a víctimas como ella. Porque machos cobardes siguen utilizando ácidos para vengarse de las mujeres.

Contra mujeres y niños se comete otra infamia: la violación sexual. En 2017 denunciaron 7.227 violaciones, con un incremento del 8,9 por ciento. A la hora de hacer cuentas hay que anotar que las mujeres, en el 78 por ciento de los casos, no denunciaron al violador. Otro dato alarmante: 87 por ciento de las violaciones fueron cometidas contra menores de edad por hombres que pertenecen a distintos estratos de la pirámide social.

Porque hay violadores de cuello blanco, de blue jeans, de pantalón de trabajo. Y pueden ser civiles, militares, policías y hasta sacerdotes. Es bueno recordar que el papa Francisco se vio obligado a pedir perdón por abusos sexuales cometidos por cardenales, obispos, párrocos y curas de pueblo.

Hay violadores de cuello blanco, de blue jeans, de pantalón de trabajo. Y pueden ser civiles, militares, policías y hasta sacerdotes.

Hay violaciones de menores realmente monstruosas, que han conmovido y escandalizado a la sociedad. Una fue el caso de Yuliana Samboní, la niña de 7 años, habitante de un barrio de invasión, que fue violada y asesinada por Rafael Uribe, un arquitecto de la alta sociedad.

Otro caso aterrador fue el de María José, una bebé de 4 meses, asesinada por su padrastro, un tipo llamado Alexánder Ospina, quien luego subió monte arriba para echar su cuerpecito entre un hoyo. Parece que el tipo mató a la bebé para vengarse de su mujer.

Para ayudar a mujeres que han sido violadas, existen importantes organizaciones. Con el tiempo, y aunque subsisten el miedo y el pudor, las mujeres han comenzado a denunciar a sus violadores. En cuanto a los menores de edad abusados, sus casos son más complicados. Porque muchas veces los violadores son sus propios papás, sus padrastros o alguno de sus parientes; y porque los niños no pueden defenderse. Tan desprotegidos están que hace poco se supo que hasta en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad creada para proteger a los niños y a sus familias, violaron a un niño asilado en ese instituto.

Contra los niños también conspiran muchos de los contratistas que suministran los alimentos en escuelas públicas del país. La forma utilizada por esos pillos para aumentar sus ingresos es disminuir y desmejorar las raciones, al desayuno y al almuerzo, de los niños más pobres. Y esa clase de trampas las practican los contratistas en muchos departamentos, incluso en regiones tan pobres como La Guajira, en donde los niños mueren a diario por desnutrición.

Tantas agresiones y violaciones de mujeres y niños tienen alarmada a la ciudadanía. Es clara demostración de que parte de la sociedad está enferma. Ante tan grave realidad, no se puede permanecer cruzados de brazos. En las campañas políticas que se adelantan, poca atención les han puesto a estos problemas. Pero el nuevo Congreso y el nuevo presidente de República tendrán que ocuparse en serio de la grave situación de los niños y las mujeres. Esta es una primera prioridad en cualquier país civilizado.

LUCY NIETO DE SAMPER
lucynietods@gmail.com

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lucy-nieto-de-samper/que-les-pasa-a-los-machos-189184

COLOMBIA. COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ: La “paz” paramilitar


De nuevo nuestra comunidad de paz deja constancia ante el país y el mundo de las agresiones de que ha sido víctima en los últimos días, con posterioridad al ataque perpetrado el 29 de diciembre en el cual quisieron eliminar a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, tomando precauciones para que el crimen fuera interpretado como un atraco. Desde entonces los paramilitares no han cesado de dejar por doquier mensajes amenazantes y de hacer demostraciones de poder pasando permanentemente en motos por el frente del asentamiento de San Josesito, portando armas visiblemente, haciendo disparos y ufanándose de que ninguna autoridad del Estado los controla o persigue, so ellos: Elías Hidalgo, Ricardo David, Esneider Góez, Wilson Ortiz, John Edison Góez, Luis Yair Úsuga , alias “Peluso”, alias “Chimbila”, alias “Felipe”, muchos de ellos reclutados por “Felipe” y “Majute”.

* Ya desde antes del atentado del 29 de diciembre un vecino de la zona le informó a un miembro de nuestra Comunidad que la Fiscalía estaba recogiendo testimonios encaminados a vincular a GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de nuestra Comunidad, con alias “Tiro”, un guerrillero de las FARC no desmovilizado y quien hoy hace parte de la disidencia del las FARC. Tal información, completamente falsa, fue inventada por el Coronel GERMÁN ROJAS DIAZ, cuando era comandante de la Brigada XVII. Hoy los paramilitares han echado mano de esa falsa información para continuar la persecución a muerte contra Germán Graciano, lo cual a su vez reconfirma la estrecha coordinación entre militares, paramilitares y miembros de la Fiscalía. En la semana del 15 de febrero de 2018 un paramilitar le comentó a otro miembro de nuestra Comunidad que la Fiscalía y los paramilitares continúan alimentando el mismo falso relato, tratando de construir acciones judiciales contra Germán y nuestra Comunidad de Paz-

* En la semana del 15 de febrero de 2018 en el corregimiento de Currulao el comandante paramilitar de la zona de San José, alias “Majute”, convocó a compradores y negociadores de ganado para exigirles que el ganado que se compre y se venda debe tener marcas y registros de vacunación y las transacciones deben hacerse bajo el control paramilitar. En dicha reunión trataron de hacer creer que ellos no habían tenido nada que ver en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz del 29 de diciembre y sin embargo allí estaban presentes varios de los paramilitares que participaron en el crimen, como alias “Felipe”, comandante de la red de San José y alias “El Gato” (Ricardo David). De dicha reunión salieron nuevas amenazas contra la vida de los hijos de Ernesto Guzmán, asesinado en La Esperanza por no querer venderle su finca a los paramilitares; ahora sus hijos son perseguidos por mantener la propiedad de su finca; uno de ellos, JUAN DE LA CRUZ, fue herido en un atentado contra su vida el año pasado.

* Los días 18 y 19 de febrero de 2018 nuestra Comunidad preparaba el aniversario de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, cuando las delegaciones comenzaban a llegar a la Aldea de Paz de Mulatos Medio, los paramilitares pasaron repetidas veces por frente a la Aldea, en el río Mulatos, uniformados y armados, siendo vistos por varias delegaciones, lo que se interpretó como una amenaza contra la Comunidad y un intento de boicot a los actos de memoria. El viernes 23 de febrero, cuando las delegaciones comenzaban a regresar de Mulatos, los paramilitares convocaron a una reunión con personas vinculadas a la acción comunal de la zona de Mulatos; en dichas reuniones han estado insistiendo en que nuestra Comunidad debe ser despojada de la Alda de Paz y en ese terreno debe ser tomado por la fuerza.

* En la noche del 22 de febrero de 2018, mientras la mayor parte de nuestra Comunidad de Paz se encontraba en Mulatos en las conmemoraciones de la masacre del 21 de febrero de 2005, varias personas que vigilaban el asentamiento de San J osesito pudieron observar un dron que sobrevolaba el asentamiento, como forma de espionaje quizás para preparar nuevo atentados.

* El domingo 25 de febrero de 2018, personas que pasaron por el caserío de San Joé en horas de la noche pudieron observar que había mucha gente tomando cerveza y concentrados en varias cantinas, mientras se escucharon disparos en diversos puntos del caserío y se comprobaba la presencia de muchos de los jóvenes vinculados al paramilitarismo quienes portan ordinariamente armas visibles.

* El día de hoy, 28 de febrero de 2018, nuestra Comunidad ha sido informada de que Luis Yair Úsuga, integrante de la estructura paramilitar, ha convocado a todos los pobladores de La Unión para que asistan a un reunión con los paramilitares el próximo viernes 2 de marzo.

Desde el atentado del 29 de diciembre, hemos percibido que niguna autoridad quiere controlar a los paramilitares y se callan cuando se hace referencia a la impunidad e inmunidad con que ellos actúan. Nuestra fortaleza es nuestra identificación con nuestros principios y al apoyo moral que recibimos de cada vez m{as personas y comunidades del país y del mundo quienes repudian el funcionamiento de este Estado-Paramilitar. Expresamos nuevamente nuestra gratitud a quienes nos acompañan.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 28 de 2018

Remitido al e-mail

La mujer, pilar en la Iglesia y la Sociedad en la Plenaria de la Comisión para América Latina.


La mujer, tema que enfrenta la Pontificia Comisión América LatinaLa mujer, tema que enfrenta la Pontificia Comisión América Latina 
Las palabras del Papa en el Perú marcaron a fuego las arraigadas situaciones de injusticia que aún sufren las mujeres a causa del “machismo” en la región

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina “, este es el tema escogido por el Santo Padre Francisco para la próxima Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para América Latina.

Del  6 al 9 de marzo  en el Vaticano, la  Comisión Pontificia para América Latina  abordará este tema con 35 personalidades femeninas de América Latina, con muy distintas responsabilidades sociales y eclesiales. Su presencia, experiencia y competencia serán fundamentales para enriquecer las reflexiones e intercambios de las experiencias previstas. El programa de la Asamblea contempla cuatro conferencias: la  Prof. Ana María Bidegain  destaca “los obstáculos y puntos de apoyo para la ‘promoción’ de la mujer en la realidad latinoamericanael Dr. Guzmán Carriquiry  pasará en revista las mujeres que, en la historia de América Latina, han marcado “la pauta de una transformación cultural”; el Cardenal Francisco Robles  disertará sobre “la presencia de la Virgen María y el papel de la mujer en la evangelización de los pueblos latinoamericanos” y  el Cardenal Marc Ouellet , presidente de la CAL, lo hará sobre “la mujer a la luz del misterio de la Trinidad y de la Iglesia “.

Una serie sucesiva de paneles enfrentados a la realidad de la mujer, “educadora y catequista”, en el ámbito del trabajo y de la política, en el empeño de “solidaridad con los pobres y el cuidado de la casa común “y en” la edificación de la Iglesia “. Los trabajos de la  Asamblea Plenaria  de la CAL fueron coronados por una audiencia con el  Santo Padre Francisco  en la mañana del día viernes 9 de marzo.

En el comunicado de prensa se informa que en este trabajo de preparación de esta Asamblea se celebró en sus jornadas de ejecución quedaba incluido el  8 de marzo , ” Día internacional de la mujer “. Por eso, la CAL tiene la iniciativa de invitar a una cena de amistad y un homenaje precisamente en ese día, junto con todos los participantes en la Asamblea, a unas 40 mujeres de las más de 700 que trabajan en el Vaticano, con distintos niveles de responsabilidad y que representa simbólicamente a todo el género femenino que día a día trabaja en el Vaticano.

http://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-03/asamblea-plenaria-la-mujer-comision-pontificia-america-latina.html

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La Dra. Ana Maria Bidegain, saluda al Papa Francisco y haciéndole entrega de su libro: “Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo latinoamericano” Ed. San Benito.

CHILE: ¿Barros encubrió o no encubrió los abusos?


Francisco y obispo Barros

Podría ser el inicio de una especie de “instrucción” sobre la actuación de los dos últimos arzobispos de Santiago, el actual cardenal Ricardo Ezzati y el emérito, cardenal Francisco Javier Errázuriz

(Luis Badilla, en RyL).- Apenas volvió el Papa de Sudamérica, el pasado 22 de enero, ya había en el aire algo indefinido pero suficiente para que muchos empezaran a suponer que el asunto Barros tendría nuevos capítulos de envergadura.

Los más atentos consideraron muy prometedora la total apertura de Francisco y su declarada disposición, que confirmó en varias oportunidades, a cambiar de opinión en el caso de que hubiera nuevos elementos, comprobados y convincentes. En el avión, concluyó sus consideraciones sobre el tema diciendo: «Por eso, lo mejor es que el que cree que es así (que el obispo es culpable, N.d.R.), aporte las evidencias rápido. Si creen que es así honestamente. Yo en este momento no creo que sea así, porque no las hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas».

Como ya hemos visto y analizado en estos días, Mons. Charles Scicluna y el padre Jordi Bertomeu viajaron a Chile para cumplir la misión que les había encargado el Papa: han escuchado, largamente y con atención, a varias personas, laicos y eclesiásticos, obispos y sacerdotes, víctimas y personas involucradas en otros casos de abusos de parte de salesianos y maristas; han recibido y reunido una enorme cantidad de documentos, testimonios escritos (incluso inéditos) y, al margen de los parámetros oficiales de su delicada misión, escucharon también otras opiniones, provenientes de fuentes y experiencias diferentes. ¿Y ahora, qué podría ocurrir?

1. Un primer informe. Sin duda lo primero y más importante es el regreso de los enviados al Vaticano, la audiencia de trabajo con el Santo Padre y la entrega de un primer informe escrito, que podría ser perfeccionado y profundizado con sucesivos documentos a entregar en tiempos breves. Como en el caso de todas las cuestiones delicadas e importantes para el Papa Francisco, el criterio no es “la urgencia” (esa espasmódica que lleva a cometer errores) sino “la prioridad” que implica actuar con rapidez pero reflexivamente.

2. El paso de un “no” a un “sí”. Los Enviados deben entregarle al Papa elementos convincentes, objetivos y tal vez definitivos sobre una pregunta única y precisa: ¿Mons. Juan Barros encubrió o no los abusos del padre Karadima, como afirman sus acusadores? Hasta ahora las autoridades eclesiásticas de Chile y el Vaticano respondieron esa pregunta con un perentorio “no”. Después de la visita del Papa Francisco a Chile habrían surgido nuevos elementos, reunidos y documentados por los Enviados papales, que podrían convertir en “sí” lo que durante años fue “no”.

3. La crítica cambia el blanco. Si la conclusión de la investigación confirmara la inocencia de Mons. Barros, la Iglesia cerrará oficial y definitivamente el caso, pero sin duda en Chile el asunto no se considerará terminado: todos los esfuerzos de los denunciantes se concentrarán en el Papa Francisco, identificándolo como la persona que condena los abusos con palabras pero en los hechos es cómplice de la estrategia de encubrimiento. O bien, más grave aún, podría ser acusado – aunque haya demostrado la eventual inocencia del obispo de Osorno – de no querer actuar contra la raíz del problema, consolidada durante décadas de silencios, omisiones y complicidades, que es esa incapacidad de la Iglesia para manejar los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Se crearía así, sobre todo en los medios internacionales, un cuadro muy delicado para el pontificado de Francisco, sometido a un duro bombardeo precisamente por este tema desde hace varias semanas.

4. Renuncia de Mons. Barros. Si las conclusiones consideran que Mons. Juan Barros, obispo de Osorno, es culpable de las acusaciones que se le hacen desde hace tiempo, las consecuencias pueden ser muchas y de distinta naturaleza. Las más importantes son dos: la primera es la renuncia en breve del obispo. La segunda, más compleja y articulada, podría ser el inicio de una especie de “instrucción” sobre la actuación de los dos últimos arzobispos de Santiago, el actual cardenal Ricardo Ezzati y el emérito, cardenal Francisco Javier Errázuriz. En este procedimiento, cuya forma no es fácil imaginar, se incluirían también otros miembros del clero que estuvieron relacionados con este asunto desde la década del ’70 en adelante. No es plausible suponer que se realicen “juicios” sino más bien discretos y graduales alejamientos, sobre todo porque casi todos los protagonistas son ya prelados ancianos. Obviamente si de alguna manera se configurara una situación de este tipo, la Iglesia chilena debería afrontar un verdadero terremoto.

5. Silencio de prensa para bajar la atención de los medios. Algunos órganos de prensa chilenos han considerado en las últimas horas una evolución singular, que muy probablemente se concrete. Una especie de “silencio de prensa” prolongado a ultranza, con el supuesto propósito de que el tema caiga en el olvido, como ocurrió recientemente con el caso del Consejero de la Nunciatura en Washington. Mons. Carlo Alberto Cappella fue acusado por las autoridades canadienses y estadounidenses de violación de las normas en materia de imágenes pedófilas y pornográficas, y está siendo juzgando en el Vaticano desde septiembre del año pasado. Sobre dicho caso no se sabe casi nada desde hace cinco meses, salvo algunas referencias en los medios canadienses.

HONDURAS: Carta de Bertha Zúñiga, hija de Berta Cáceres, en el segundo aniversario del asesinato de su madre.


 

 

Por la mañana temprana, hace dos años en México, recibí la llamada que confirmó lo que usted había anunciado sobre lo que era más común:  que un día iban a matar a causa de su lucha.  En ese momento, supe que teníamos que asumir la búsqueda de la justicia con la fuerza con la que había luchado. Lo que no sabía era cómo iba a enfrentarse a tanta impunidad.

En ese momento, empaqué mi bolsa, llamaba a mis hermanos y me fui a Honduras para estar en mi dolor con los que estaban siempre a su lado: la gente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), su  compás.

Unos días antes de que habíamos conversado largamente, y me habló de las amenazas de los hombres de  Desarrollos Energéticos SA  (DESA) en otra de las protestas de la comunidad de Río Blanco en contra de la represión Agua Zarca que DESA estaba construyendo. Ha comentado que me gusta lo que era el taller sobre energías alternativas, facilitado por Gustavo Castro, el único testigo de su muerte. Recuerdo cuando hicimos el llamado para la inversión de la Compañía de Desarrollo de los Países Bajos Finanzas, Fondo Finn y el Banco Centroamericano de Integración Económica, y cómo me explicó que toda la violencia en ese proyecto fue culpa de su dinero.

Me sentí abrumado por el temor de que el Estado que persiguió y criminalizó usted deje su muerte en la impunidad. Pero nunca imaginé que lo haría de una manera tan abierta con tantas irregularidades que se enfrentaría a un trato de llegar a la verdad.

Mami, no hay que exagerar, ha hecho todo lo posible para llegar a la justicia: denuncias, protestas, investigaciones independientes, exigiendo sin cesar nuestra participación en la investigación, y tratando de cancelar la concesión ilegal que se originó todo. Hemos avanzado. Pero vaya, no miento a usted, la mafia que protege a los máximos responsables de su muerte es muy potente.

Cada palabra suya, cada vez que me enseñó, me he acompañado y que no estaba fuera de la tristeza. He viajado a todos los lugares posibles para conocer el crimen y decirle a todos que vive en la lucha de las comunidades que desafían los poderosos. Hoy camino en Río Blanco con la certeza absoluta de que este territorio es libre y que vamos a llegar a la verdadera justicia.

SOA Watch  <brigitte@soaw.org>

¿POSCONFLICTO O POSACUERDO?


La continuación de la emergencia y el drama humanitarios, en varias regiones, confirma que el país está bastante lejos de la terminación del conflicto armado interno. El Estado sigue sin llegar.
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ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS PUBLICADO HACE 18 HORAS

La imagen de los desplazados que arriban a los parques de los municipios del Norte y del Bajo Cauca de Antioquia, o la de las visitas de la Cruz Roja Internacional a las comunidades confinadas del Alto Baudó o de Tumaco, en Chocó y Nariño, son el retrato de un conflicto armado que no termina aún y que provoca en el país, casi a diario, nuevas emergencias humanitarias y víctimas.

Esa situación hace más preciso que se hable de un proceso de “posacuerdo” que de uno de “posconflicto”. La confrontación entre grupos armados ilegales, su presencia territorial y sus economías criminales, y la lucha de las Fuerzas Armadas oficiales por contener tales fenómenos están en la agenda.

Los informes recientes sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos y la dinámica persistente de organizaciones irregulares, con mando y orden militar, que con frecuencia dejan a los civiles en medio de las hostilidades, dicen también de la lentísima capacidad del Estado para implementar los acuerdos con las Farc y para atender zonas que, era previsible, serían copadas por bandas criminales y guerrillas históricas y residuales.

Por ello la observación reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según la cual “es alarmante que continúen los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y gota a gota; las extorsiones, el confinamiento, el control social y la vinculación de menores a grupos armados y pandillas”.

En ese contexto, ese organismo y otros más de ayuda humanitaria y derechos humanos están teniendo tanta o más actividad que la desplegada en los años en los que las Farc estuvieron enfrentadas al Estado colombiano y en que golpearon con brutalidad a los ciudadanos.

Resultó y resulta optimista en exceso que se insista desde el Gobierno Nacional en emplear la categoría “posconflicto” cuando la cotidianidad de cientos de comunidades ha sido cruenta el último año, como ocurre en Tumaco y en Ituango, donde la reorganización de los disidentes de las Farc provoca disputas con el Eln y el Clan del Golfo.

Son reiteradas las críticas frente a la incapacidad de la fuerza institucional de proveer no solo seguridad, control territorial y protección a la población civil, sino la falta de acción en la cobertura de salud, educación, justicia, empleo y productividad.

En declaraciones a la prensa, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, fue insistente en que si los acuerdos de paz no benefician a las personas, y si ellas no ven cambios concretos, pues además de las frustraciones que esto trae es inevitable interpretar que “la institucionalidad no llegó a tiempo a los territorios abandonados por las Farc”.

Esa orfandad es el sentimiento que asalta a poblados y ciudadanos que hoy afrontan una grave crisis humanitaria en la periferia de departamentos como Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Arauca, Caquetá, Nariño, Chocó y Antioquia.

Entre las múltiples afectaciones a las víctimas, cuya estadística, según el CICR, es de 550 casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 2017, también está la recomendación de sistematizar y ahondar la búsqueda de los desaparecidos, otro drama de larga presencia en una Colombia que, como puede verse, está muy lejos de hablar de “posconflicto”.

http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/posconflicto-o-posacuerdo-LG8293638

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