S.O.S. Nicaragua


22 octubre, 2018 By Pepa Úbeda Leave a Comment

PDF ImprimirCon dolor pero sin sorpresas me van llegando noticias de Nicaragua.

Compartí con las nicaragüenses A. y S. el XXX Congreso Feminista de Valencia en 2007. Al año siguiente, me invitaron a visitar su país. Eran niñas cuando su pueblo se levantó contra Somoza, pero sus familias formaron parte de la Revolución Popular Sandinista (1979).

Hasta entonces, Nicaragua había sido el cortijo de unas pocas familias apoyadas por los EEUU, con sólidos intereses económicos en el país. Los Somoza eran sus últimos protegidos y, tal como Roosevelt apuntó, “Puede que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Tras la revolución, el primer gobierno del Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN) pierde el poder en 1990. Le sucederán los muy conservadores y neoliberales Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Aunque en 2006 Daniel Ortega, líder del FSLN, ya había recuperado el poder, la corrupción y la represión continuaron afianzándose sin que los nicaragüenses pudiesen denunciarlo, pues las democracias progresistas confiaban en Ortega. La cuestión es cómo se ha podido llegar a la actual situación.

LUIS NIETO PEREIRA —militante internacionalista y profesor de Historia Moderna y Contemporánea— y MÓNICA BALTODANO —historiadora, excomandanta guerrillera y exmiembra de la Dirección del FSLN— desvelan algunas claves en CTXT (Ortega-Murillo, ¿los nuevos Somoza?, 26/09/2018).

Ambos acusan a la pareja de haber convertido el partido en una maquinaria electoral y represiva, controlar a través de sus hijos los medios de comunicación públicos, nombrar y destituir cargos de acuerdo con su lealtad al tándem gobernante, haber potenciado escuadrones paramilitares que someten y aterrorizan a la población, manipular a los cuadros jóvenes del FSLN y aniquilar a los viejos, y negar las violaciones que, durante 20 años y desde los 11, padeció Zoilamérica, hija de Murillo, a manos de Ortega.

Todo empezó cuando algunos cuadros sandinistas se repartieron propiedades públicas en la “piñata” tras la derrota electoral de 1990. Adujeron que pretendían acumular medios para trabajar desde la oposición. Sin embargo, Alemán y Ortega hicieron un pacto: el primero, condenado por corrupción, salía de la cárcel y el segundo recuperaba el poder tras unas elecciones fraudulentas en 2011 y 2016.

No se puede obviar la profunda división de la iglesia católica nicaragüense. El sector popular siempre estuvo al lado del pueblo y la revolución. La alta jerarquía —encabezada por monseñor Obando y Bravo— y algunas iglesias evangélicas apoyaron la contrarrevolución armada y financiada por los EEUU. La caída del FSLN en 1990 coincide con el declive de la Teología de la Liberación en Latinoamérica a causa de la persecución de que es objeto por parte del Vaticano. Es cuando Ortega se acerca al sector reaccionario y llegan a un acuerdo: silencio y protección eclesial frente a la corrupción gubernamental por un lado y aumento de poder en el seno de la iglesia por el otro. Ortega nombrará a Obando “prócer de la paz y la reconciliación”, le pedirá perdón por los “errores del pasado” en el 25º aniversario de la Revolución, le otorgará la medalla a la orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, apoyará su Universidad Católica y su emisora de radio, y lo nombrará gran aliado y consejero espiritual. A cambio, Obando dejará de atacarlo, lo alabará como estadista y lo defenderá ante el Vaticano.

Consecuencia grave de dicha alianza —fruto del profundo odio que Murillo siente hacia los movimientos feministas—, pues dejó totalmente desasistidas a las mujeres, es la derogación de la Ley del Aborto más antigua de Latinoamérica (1837) y el establecimiento de una dura penalización ante todo tipo de abortos, incluidos los terapéuticos y los embarazos provocados por abuso y/o violación en una sociedad en la que son habituales en muchas familias.

Ortega-Murillo alardean de haber conseguido una Nicaragua socialista y económicamente igualitaria. Sin embargo, los hechos desmienten sus palabras: Ortega se alió con el gran capital, el Banco Mundial, las grandes corporaciones y los inversionistas; se puso a las órdenes del FMI y vendió las riquezas del país a transnacionales y multinacionales; elevó los impuestos a la clase trabajadora y abortó la reforma agraria; la cúpula empresarial y militar salieron fortalecidas; la nueva burguesía sandinista se enriqueció en negocios poco

transparentes; y se expulsó de sus tierras a los indígenas para construir urbanizaciones de lujo y el canal interoceánico. En cuanto a política social, la financiación en salud, educación y vivienda es totalmente insuficiente; no existe separación de poderes; las políticas de género son inexistentes y/o retrógradas; y se han consolidado las camarillas orteguista y murillista. Han conseguido, pues, generalizar la crisis, agudizar las desigualdades, promover una atención clientelista y afianzar la corrupción.

ÓSCAR RENÉ VARGAS (71 años), cofundó en los 60 el FSLN y salvó la vida de Ortega de la Guardia Nacional de Somoza, vivió la insurrección y revolución en directo e hizo una intensa campaña por Ortega en 2006, pero dijo que en las filas del FSLN “pensar es peligroso” y tuvo que abandonar el partido. Este sociólogo, analista político y autor y coautor de medio centenar de libros, examina la crisis nicaragüense y el estado de salud del FSLN y afirma que la protesta generalizada no viene del exterior, que tiene líderes locales y que Ortega ha perdido la calle; añade que, en la actualidad, el FSLN no supera las mil personas.

La líder campesina FRANCISCA RAMÍREZ (La Vanguardia, septiembre), que vive refugiada en Costa Rica amenazada de muerte, confirma que el objetivo de las protestas es echar a Ortega, porque está matando a su propio pueblo. Ha liderado el movimiento contra el canal interoceánico y ha instado a la comunidad internacional a presionar para que haya elecciones anticipadas con supervisión internacional y un Consejo Supremo Electoral imparcial que garantice la transparencia. Piensa continuar luchando desde Costa Rica para desenmascarar al dictador y recuperar la democracia. Espera que el pueblo no se desmovilice a pesar del asesinato de jóvenes por los paramilitares, de torturas y violaciones a detenidos y sus familiares por la policía, y de que el ejército no haya parado la carnicería.

El estallido social de abril y el abandono del gran capital y la Conferencia Episcopal a Ortega, lo obligaron a abrir un diálogo nacional.

Diversos organismos internacionales han denunciado secuestros masivos, detenciones ilegales, huida a miles del país, torturas, procesos judiciales sin garantías, terror gubernamental, “operaciones de limpieza” y criminalización de la protesta. A pesar de ello, hay sectores de la izquierda extranjera que afirman que todo es resultado de maniobras neoliberales. Parecen haber olvidado que el pueblo nicaragüense es sandinista, antiimperialista y de izquierdas; que quiere derrocar a un gobierno corrupto y represor; y que una parte importante del sandinismo histórico se ha alejado de Ortega y su camarilla.

El detonador de las protestas fue el incendio forestal de la Reserva Indio Maíz (13 de abril) a causa de la desidia del gobierno; seguido de una reforma de la Seguridad Social que asfixia al pueblo y que provocó las primeras concentraciones pacíficas. El gobierno ordenó contramarchas y reprimió las marchas. Ante las primeras víctimas, las protestas arreciaron y la represión gubernamental se agudizó. Aunque Ortega retiró la reforma, era demasiado tarde: los estudiantes exigieron acabar con la corrupción y la falta de libertad; Ortega aumentó la represión, que lleva ya casi medio millar de muertos y 3.325 víctimas (cifras de Naciones Unidas negadas por el gobierno).

“The Boston Globe” (30/08/2918) corroboró dicha represión y pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas que exigiese al gobierno que acabase con ella, además de desarmar a los civiles responsables de los asesinatos y las detenciones arbitrarias. Otros medios internacionales han denunciado arrestos ilegales, torturas, tribunales cerrados y pérdida de empleo de los profesionales (profesores, doctores, jueces…) que se han pronunciado en contra. Miles de nicaragüenses han pedido asilo político en Costa Rica. El mismo jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, anuncia que “el mundo mira hacia otro lado” y urge a la comunidad internacional a “tomar los pasos concretos para que la actual crisis en Nicaragua no descienda hacia un más profundo disturbio social y político”.

El gobierno de Ortega ha rechazado los informes críticos y los atribuye a la oposición, pero no permite la presencia de representantes independientes. Argumenta que los pensionistas no protestaron y que fueron los estudiantes de universidades privadas, empresarios y opositores, porque su intención es establecer una estructura neoliberal; que el FMI lo obligó introducir la reforma de las pensiones; que la violencia procede de maras y víctimas; que los medios de comunicación mienten porque están en manos de neoliberales; y que la crisis es fruto de la injerencia de poderes económicos interiores y exteriores que quieren quedarse con el país mediante elecciones anticipadas. Ante la violencia policial, aceptó la investigación de la Corte Interamericana de DDHH, la OEA y la ONU y prometió tomar medidas contra los responsables en caso de demostrarse. Aseguró que la Mesa por la Paz y el Diálogo Nacional constituida por gobierno, oposición, representantes estudiantiles, empresarios, sindicatos e iglesia católica seguía adelante. Que el origen del problema eran los EEUU, porque la construcción del canal interoceánico había recaído en empresas británicas, holandesas y chinas, no norteamericanas, y que presionaba a Nicaragua con sanciones para que no recibiese ayudas internacionales. Terminaba afirmando que, desde 2017, había habido importantes logros sociales y económicos.

Ante estas noticias, resulta incomprensible la oposición a analizar seriamente la situación de cierta izquierda española. ¿Quizás es porque han sido muy bien atendidos por el gobierno al ir allí como cooperantes o partido político? Con todo, ¿tan difícil es llevar a cabo un análisis objetivo? ¿qué les costaría enviar de incógnito a algún representante y comprobar in situ la realidad?

Redes Cristianas (RC) ha publicado una carta abierta que reitera todo lo anterior, invitan a la izquierda a informarse adecuadamente porque cuentan con suficientes datos y le recuerdan que debe solidarizarse con quien sufre una brutal represión: el pueblo. Insiste en que los sectores que animaron el levantamiento —espontáneo, autoconvocado y pacífico— fueron estudiantes, barrios populares, campesinado, sectores urbanos y ecologistas…

RC se sorprende de afirmaciones de esa izquierda: “el gobierno nicaragüense es uno de los últimos bastiones de la izquierda latinoamericana” y considerar a Ortega “uno de los nuestros” (‘El imperio contra Nicaragua’ (10-06-2018), firmado por el responsable de relaciones internacionales del PCE, y ‘Sobre Nicaragua y el feminismo’ (10-07-2018), comunicado del área de feminismo del PCE).

Y se pregunta por qué silencian o ignoran las denuncias de importantes y valientes sandinistas como Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Dora María Téllez, Mónica Baltodano, Henry Ruiz o Edmundo Jarquín, solo por citar a algunos…

La acusa de ignorar o despreciar los testimonios de protagonistas como las estudiantes nicaragüenses que han recorrido Europa para explicar la situación (Caravana Informativa de la Solidaridad Internacional para Nicaragua) y preferir la lealtad a unas siglas corrompidas y a la complicidad de casta, a defender una ideología progresista y de izquierdas que aboga por la democracia, los derechos humanos, la justicia social y la defensa del planeta. Con su actitud, solo han conseguido el fortalecimiento de la derecha, el neoliberalismo y una nueva dictadura.

Afortunadamente, ha habido muchos ejemplos de objetividad, como la ‘Declaración urgente por Nicaragua’ (17 de julio), firmada por intelectuales y activistas latinoamericanos o las asociaciones feministas (más de 1.000 en España), que intentaron entregar sin éxito en la Embajada en Madrid y el consulado en Barcelona de Nicaragua un escrito de solidaridad con las compañeras nicaragüenses (25/09/2018). Sin embargo, la embajada respondió con “la firme decisión política de las más altas autoridades del país de no aceptar ningún mensaje de nuestra parte”.

Pepa Úbeda

Filed Under: Revista SurRS Sur global

https://www.sur.org.co/s-o-s-nicaragua/

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