26 Enero 2019
Líderes sociales de María La Baja, en zozobra constante
Comunidades campesinas y étnicas que reclaman acceso a tierra y agua están bajo amenaza. Así lo advierte la más reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitó ayer este municipio y escuchó a sus pobladores.
En María La Baja hay preocupación. Allí, a dos horas de la turística Cartagena, las comunidades rurales que reclaman la restitución de tierras, la reparación colectiva y exigen acceso y calidad al agua, están bajo riesgo.
En reacción a ese estado de zozobra, la Defensoría del Pueblo emitió el pasado 9 de enero una alerta temprana que advierte sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos los líderes sociales de este municipio de Bolívar por la acción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Según el informe de esta agencia del Ministerio Público, esa banda criminal consolidó su presencia en este municipio en 2015, después de una disputa territorial con Los Paisas y Los Rastrojos. Su interés es el de explotar los corredores geoestratégicos para el tráfico de armas y de estupefacientes producidos en la Serranía de San Lucas, el sur de Bolívar, Sucre, el Norteste y Bajo Cauca antioqueño. Desde hace tres años, ese grupo armado ilegal está relacionado con las amenazas a comunidades campesinas y étnicas que reclaman sus derechos.
En agosto de 2018, por ejemplo, circularon panfletos en los que fueron amenazados integrantes del consejo comunitario de Comunidades Negras de Correa, la Junta de Acción Comunal de Correa y el consejo comunitario de Flamenco. “En el panfleto se establece un plazo de 24 horas a estos líderes y lideresas para salir de los corregimientos e indica que la población civil de los corregimientos de Los Bellos, Retiro Nuevo, Flamenco y Correa que se oponga a estas intimidaciones también podría sufrir retaliaciones”, indica la alerta. El hecho generó el desplazamiento de varias de las familias que participan en los procesos de reparación colectiva.
Pero las amenazas han sido recurrentes también contra comunidades campesinas, que abandonaron o les fueron despojadas las tierras durante el conflicto armado. Es el caso de la Asociación de Campesinas y Campesinos Afrocolombianos (Asocaafro), integrada por 41 familias que reclaman 600 hectáreas. Desde 2015, los miembros de esta comunidad han recibido amenazas por cuenta de hombres armados que les impiden el paso hacia La Loma de la Cruz, una zona de protección del embalse de Matuya. La comunidad lleva años pidiéndole a la Unidad de Restitución que estudie su caso y a la Unidad Nacional de Protección, que mejore las medidas de seguridad.
La Defensoría señala que el riesgo también reviste a “campesinos que se han negado a vender sus predios a empresas agroindustriales o a entrar en el modelo de alianzas productivas, en predios como El Cucal y Cascajalito, en la vereda de Pueblo Nuevo, corregimiento de Retiro Nuevo, y en otros situados en San José de Playón, en María La Baja. Para las comunidades rurales del municipio de María la Baja, adicionalmente a la disputa por la tierra, la defensa por el uso de los cuerpos de agua del distrito de riego se ha convertido en un factor de riesgo”, indica la alerta. …
En lo urbano, los jóvenes…
Promesas estatales…
https://verdadabierta.com/lideres-sociales-de-maria-la-baja-en-zozobra-constante/
26 Enero 2019
Tres municipios de Valle del Cauca, en alto riesgo por incremento de la violencia
La Defensoría del Pueblo emitió simultáneamente tres alertas tempranas de inminencia el pasado miércoles, describiendo los escenarios de posibles vulneraciones de derechos humanos que afrontan los habitantes de Buenaventura, Jamundí y Bolívar. En estos documentos, se les hace un llamado a entidades estatales del orden local, regional y nacional para que tomen medidas que mitiguen las amenazas descritas y no ocurran más tragedias.
Justo cuando en algunas regiones del país se viven momentos de angustia ante un eventual recrudecimiento del conflicto armado tras la ruptura de las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln, a raíz del carro bomba que detonó en Bogotá el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander, que cobró la vida de 21 personas, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo hace un llamado por los peligros que padecen miles de vallecaucanos.
Si bien los escenarios descritos en los tres municipios son variados y obedecen a dinámicas locales, enmarcadas por el control de rentas ilícitas, en ellos se describe la presencia del Eln como un riesgo latente para las comunidades del sur, el Pacífico y el norte del departamento. Y cobran mayor relevancia en estos momentos, puesto que es previsible que, de desatarse una confrontación abierta entre la Fuerza Pública y el último grupo que guerrillero que queda en el país, quienes más sufran las consecuencias sea la población civil y sus líderes sociales.
Aunque los grupos armados varían según la región, todos los informes registran hechos en común: amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones, homicidios selectivos, secuestros, reclutamientos forzados, entre otros crímenes que padecen afrodescendientes, indígenas y campesinos de zonas atrasadas y olvidadas históricamente por el Estado.
Lo peor de todo es que estos informes de advertencia hacen seguimiento y les dan continuidad a otras alertas que, en su debido momento, fueron presentadas a las autoridades encargas de velar por la protección de los derechos humanos de quienes se encuentran en riesgo. Meses después, la situación ha empeorado y ha sido casi nula la efectividad de las medidas de las pocas instituciones que se tomaron en serio las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo.
Este es el panorama de los tres municipios que se encuentran en alto riesgo, según advierte esta agencia del Ministerio Público.
Buenaventura…
Jamundí…
Bolívar…
https://verdadabierta.com/tres-municipios-valle-del-cauca-alto-riesgo-incremento-la-violencia/
25 Enero 2019
Ambientalistas del Magdalena Medio denuncian amenazas por hablar sobre el riesgo del fracking
Uno de ellos tuvo que salir del país con ayuda de una organización de Derechos Humanos, porque, de acuerdo con su testimonio “habían contratado dos sicarios para matarme”.
Organizaciones ambientalistas del Magdalena Medio denunciaron que desde 2018 han recibido varias amenazas por defender la naturaleza, el medio ambiente y los derechos humanos en sus territorios.
Una lucha que se intensificó a finales del año pasado cuando expresaron sus inquietudes respecto al piloto de fracking que se iba a realizar en algunas zonas de la región. El líder ambiental, Óscar Mauricio Sampayo, quien cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, indicó que algunos amigos suyos han sido víctimas de sucesos extraños en los últimos meses.
“Han informado que individuos extraños se han estado aproximado a sus viviendas. Son hombres armados que deambulan en las calles, como para hacerles saber que están ahí. Ha tocado llamar a los cuadrantes para que pregunten que hacen ahí”, afirmó Sampayo.
Aunque ya han denunciado estos hechos ante la Fiscalía regional, aseguran que es muy poco su interés y por esta razón, prefieren guardar silencio ya que temen que sean “judicializados por las entidades”.
“Nos están judicializando por decir la verdad, ¿eso es justo?”, aseguró el líder social del Magdalena Medio quien informó que las situaciones que se viven en la región son cada vez de mayor dimensión. “En pocas palabras, si usted necesita protección, debe irse de Barrancabermeja”, agregó.
Huir del país
Este es la salida para algunos líderes ambientales, quienes prefieren huir de su hogar porque no se sienten seguros.
“Yo no podía estar más en la región. Mi única alternativa fue irme del país”, expresó a El Espectador, el médico y líder ambientalista Yesid Blanco, quien gracias a dos corporaciones de derechos humanos del Magdalena Medio salió del país.
La tarea de Blanco en la región era informar a la comunidad sobre los temas relacionados con la contaminación ambiental pues, asegura, muchas personas se aprovechan de la falta de la falta de conocimiento que tienen algunos pobladores para engañarlos con ideas falsas.
“A los líderes en Barrancabermeja los amenazan todos los días y es peor si uno es ambiental”, expresó el médico. Yesid se fue del país al conocer que, presuntamente, “habían contratado dos sicarios para matarme”.
Algunos ambientalistas que prefirieron mantener la reserva de su nombre afirmaron a El Espectador que “estamos en el ojo de las autoridades porque siempre ponemos el pecho. Sucede un problema y ahí estamos nosotros porque el pueblo nos necesita para defenderlos. Pero ¿quién nos defiende a nosotros?”.
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