¡Se acabó el tiempo! Los católicos exigen la verdad, el Vaticano debe abordar el abuso sexual del clero y su encubrimiento, la futura iglesia


 Se acabó el tiempo!Los católicos demandan la verdad
Roma, del 21 al 24 de febrero de 2019: el  Papa Francisco se reunirá con los jefes de las conferencias de obispos de todo el mundo para abordar el abuso al clero y su encubrimiento. Catolicos 
¡Llame a los obispos a la responsabilidad y la acción tomando estas acciones!
Descarga  el recurso Time’s Up .  ¡Encuentre las herramientas que necesita para  reunir el catolicismo  en su ciudad o región para dar testimonio juntos y / o  escribir una carta  a los líderes católicos que exigen transparencia, responsabilidad y reforma!Solidarizarse con las víctimas mediante el uso de un brazalete azul  a la masa vigilia en su parroquia para llamar a la oración para la inclusión de a) los sobrevivientes de abuso sexual y sus familias; b) laicos, especialmente mujeres; c) grupos que trabajan por la justicia de sobrevivientes; d) mujeres teólogas en estas reuniones y en todas las conversaciones sobre reforma y sanación.
  Publique una foto de usted usando su brazalete en Instagram usando #CatholicsBandingTogether y #TImesUp o envíe una foto de usted usando su brazalete a  woc@womensordination.org . 
Puedes ver todas las fotos visitando: https://www.instagram.com/catholicsbandingtogether/
OrganizadoresLos católicos se unen   www.instagram.com/catholicsbandingtogether/Conferencia de Ordenación de Mujeres  www.womensordination.orgSEPA WOC  http://www.sepawoc.org/RAPPORT (Renovación y ordenación de personas sacerdotales reconsiderada hoy)Centro de Quijote  https://quixote.orgNuevas formas  https://www.newwaysministry.org/FutureChurch  www.futurechurch.orgDignityUSA  https://www.dignityusa.orgCORPUS  http://www.corpus.orgLlamado¡
 a la acción  www.cta-usa.org

 

https://bridgetmarys.blogspot.com/2019/02/times-up-catholics-demand-truth-vatican.html

Diez momentos en los que el Papa ha hecho historia


febrero 11, 2019


El Papa Francisco bendice a un niño durante una misa en la Ciudad Deportiva Sheik Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el martes 5 de febrero del 2019.
El Papa Francisco bendice a un niño durante una misa en la Ciudad Deportiva Sheik Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el martes 5 de febrero del 2019.

El pontificado del papa Francisco ha estado marcado por primeras veces. Fue el sucesor de Benedicto XVI, el primer papa en renunciar desde el siglo XV; es el primer pontífice de origen latinoamericano, el primer jesuita y uno de los pocos no europeos en la historia de la Iglesia Católica Romana (el primero en la historia reciente).

Este año se cumplen seis años desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Obispo de Roma, a continuación diez de los momentos más significativos de estos años.

  1. Reformó el Código penal, aumentando la sanciones contra pederastas

Poco después de su nombramiento como obispo de Roma, el papa aprobó una reforma del código penal de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano que amplió la definición de los ‘delitos contra menores’ para incluir, entre otros, la prostitución y la pornografía infantil.

2. Abrió el debate sobre el celibato en la Iglesia

En un vuelo de regreso de Río de Janeiro y ante la pregunta de un periodista, el papa dijo que el celibato “al no ser un dogma de fe” siempre deja la puerta abierta al debate. Puso el ejemplo de los ritos orientales católicos, en donde se permite la ordenación de personas casadas. Sin embargo, recientemente (2019), también en un vuelo, esta vez hacia Panamá, el papa Francisco dijo que piensa que el celibato es un “don” para la iglesia y que no está de acuerdo con “permitir el celibato opcional”.

3. Canonizaciones históricas

Entre las canonizaciones que más relevancia han tenido durante el pontificado del papa Francisco están la de la madre Teresa de Calcuta, casi 20 años después de su muerte en 1997, la madre Laura Montoya, la primera santa colombiana y José Sánchez del Río, conocido como el “niño cristero” de Michoacán, quien fue asesinado a los 14 años por defender la religión católica.

4. Fue una pieza clave en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

De acuerdo con la administración Obama, el papa Francisco jugó un importante papel en el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos que eventualmente llevó a los dos países a restaurar sus relaciones en el 2015. “A la hora de estimar la importancia de este papa, te quedas corto” dijeron funcionarios de la Casa Blanca cuando se anunció el histórico deshielo. Francisco se reunió cara a cara tanto con el presidente Barack Obama como con Raúl Castro.

Foto de archivo del 27 de marzo del 2014 en donde el presidente Barack Obama se encuentra con el Papa Francisco durante su intercambio de regalos en el Vaticano.
Foto de archivo del 27 de marzo del 2014 en donde el presidente Barack Obama se encuentra con el Papa Francisco durante su intercambio de regalos en el Vaticano.

5. Acercó a los divorciados a la Iglesia

En su exhortación apostólica ‘Amoris Laetitia’, el papa Francisco dijo que las personas divorciadas no tenían que “sentirse excomulgadas” sino que pueden “vivir y madurar como miembros activos de la iglesia”. Añadió además que quienes viven separados de las parejas con las que contrajeron matrimonio por medio de la Iglesia Católica no viven en pecado mortal. “Nadie puede ser condenado para siempre”, dijo el papa.

6. Autorizó que se perdonara a mujeres que hayan abortado

Durante el año de la Misericordia y en una carta apostólica, el papa autorizó a los sacerdotes para que puedan perdonar el pecado del aborto sin tener que recurrir a la autorización de un obispo, como tenía que hacerse antes. El aborto es considerado un pecado grave dentro de la Iglesia Católica y conlleva a la excomunión. Sin embargo, en la carta ‘Misericordia et miseria’, el papa afirmó que “no existe ningún pecado que la Misericordia de Dios no pueda alcanzar”.

7. Visitó Birmania en medio de la persecución a los rohinyá

En la primera visita de un papa a la nación asiático, el papa Francisco pidió en Myanmar que se respetaran los derechos de “cada grupo étnico y su identidad”, un gesto cargado de simbolismo en medio de lo que lo que la ONU definió como una “limpieza étnica” en contra de la minoría rohinyá.

8. Ha enfrentado escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Chile y Estados Unidos.

En este último año, tanto en Chile como en Estados Unidos se han destapado cientos de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes y cómo la iglesia falló a la hora de enfrentar el problema y proteger a los menores. El papa aceptó la renuncia de varios obispos, se reunió con líderes de la iglesia y autorizó la investigación sobre los casos de abuso sexual en ambos países.

9. Apoyó el Pacto Mundial de las Migraciones

El papa ha apoyado continuamente los derechos de los migrantes y ha pedido a la comunidad internacional mejorar sus políticas al respecto. De este modo, dio su apoyo al Pacto Mundial de las Migraciones que se firmó en Marrakech, Marruecos, en diciembre del 2018. El pontífice dijo que esperaba que el acuerdo sirviera para “trabajar con responsabilidad, solidaridad y compasión hacia quienes por distintos motivos han dejado su propio país”.

10. Reconoció el abuso de sacerdotes a monjas

A la vuelta de su visita a los Emiratos Árabes Unidos, el papa Francisco habló en una rueda de prensa sobre el papel de las mujeres dentro de la Iglesia Católica y reconoció, por primera vez, los abusos que muchas de ellas han sufrido por parte de sacerdotes.

“Dentro de la Iglesia ha habido clérigos que han hecho esto [abusar sexualmente]”, afirmó el pontífice. Añadió además que cree que “la humanidad todavía no ha madurado” y que todavía se considera a la mujer como ciudadanos de “segunda clase”. Hizo mención a los feminicidios como ejemplo de las consecuencias de ese tipo de pensamiento.

https://www.voanoticias.com/a/diez-momentos-papa-francisco-hecho-historia-/4782322.html

“Decir que no hubo conflicto es deslegitimar la paz”: Francisco de Roux


POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS | PUBLICADO HACE 2 HORAS

Para el padre Francisco de Roux, la verdad de lo sucedido en el conflicto armado debe estar por encima de intereses políticos. Además, se debe contar con las víctimas para construir país.

Con la serenidad que le caracteriza, el padre jesuita Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, asegura que la verdad es una meta a la que se puede llegar por distintos caminos y con distintas versiones.

Ese objetivo, dice, está enmarcado en la realidad de cada persona; en sus palabras, es una realidad que está siempre presente, no inventada, a veces soñada, pero siempre está dada por las circunstancias; aún así “la verdad es tratar de acercarnos a esa realidad lo más cerca posible”.

Agrega el sacerdote que se llega a ella –la verdad– cuando todas las preguntas que se deben responder están resueltas. Aunque en asuntos históricos y humanos hay múltiples interpretaciones, y acercarse a la verdad puede ser difícil, “uno sí puede decir: de todas las hipótesis que se plantearon, la que nos parece más verosímil es la que deja menos preguntas sin respuesta”.

EL COLOMBIANO conversó con De Roux sobre la comisión que dirige, la verdad y la situación del Centro Nacional de Memoria Histórica que, a la fecha, no cuenta con un director por las polémicas suscitadas por los aspirantes al cargo.

¿Cuál es el papel de la Comisión de la Verdad (CV)?

“Esuna institución de Estado de carácter constitucional independiente del Congreso, de la Presidencia y de la Rama Judicial. Su tarea es contribuir al esclarecimiento de lo que nos ocurrió a los colombianos durante más de 55 años de confrontación armada. Además, avanzar hacia el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que pueden contribuir a que construyamos un país distinto, y el reconocimiento de responsabilidades aceptadas voluntariamente para profundizar la convivencia en los territorios. Todo esto apunta a la no repetición. Estas cuatro cosas forman un solo objetivo para la Comisión de la Verdad”.

¿Está ligada a algún estamento gubernamental?

“De ninguna manera. Nosotros no dependemos de ninguna instancia del Estado, somos absolutamente autónomos. Tenemos una serie de condiciones porque manejamos una información reservada, no solo de las víctimas sino de los estamentos públicos. Tenemos que proteger, bajo protocolos muy serios, esa información, pero tenemos algo que no tiene ningún funcionario público, podemos conversar directamente con responsables de crímenes y podemos escuchar testimonios de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y escuchar cosas análogas o complementarias. Estamos exentos de la obligación como funcionarios de referir los nombres de dónde vienen esas informaciones y exentos de ser acusados como cómplices. Todo eso tiene que quedar reservado”.

Usted menciona un concepto que ha sido debatido en el país y es el de conflicto armado. ¿Ha habido o no en Colombia conflicto armado?

“Yo lo que estoy convencido es que afirmar que en Colombia no ha habido conflicto armado interno, o afirmar que es dudoso que en Colombia haya existido, es una afirmación políticamente correcta, pero la realidad es que si uno lo contrasta con los desarrollos de la Corte Constitucional, que en varios casos ha declarado exequible el proceso que hoy en día se hace a través de la JEP, de la Comisión de la Verdad, y de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, se está afirmando la existencia del conflicto armado interno, como lo afirma también la Comunidad Internacional y como lo ha aseverado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el apoyo que le ha dado al proceso colombiano”.

¿A qué se refiere con 
“políticamente correcto”?

“Dudar que hubo conflicto armado o afirmar que no hubo desbarata la legitimidad del procedimiento de paz que se llevó a cabo en La Habana, y desbarata completamente la legitimidad de los organismos que hicieron la paz con las Farc. Todo queda sin piso. Eso no tiene legitimidad si no hubo conflicto armado.

A nosotros no nos interesa si lo que decimos le da gusto o no a un sector, nos interesa que se diga a verdad”.

¿Decir políticamente correcto se refiere a que es un enunciado para congraciarse con alguien?

“Pero claro. Te voy a decir qué hay de fondo: yo quiero que el Centro Democrático me dé el aval para que el presidente Duque me nombre y si yo lo planteo así, claro que me dan el aval, Uribe se lo da”.

En ese orden, ¿decir que en Colombia no hay conflicto armado puede tener un interés político?

“Por supuesto, porque en las circunstancias actuales en primer lugar, poner en duda que haya habido un conflicto armado o afirmar que no lo hubo echa en tierra la legitimidad de la forma como se hizo la negociación en Cuba”.

La Comisión de la Verdad va a recibir a quién quiera contar su verdad sobre el conflicto. ¿Se cruzarían o reñirían las funciones con las del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH?

“Estoy convencido que son funciones distintas y espero justamente que independientemente de quién sea el director, podamos trabajar para complementarnos. El CNMH es un centro de estudios académicos, sus funcionarios, que son del Estado, son académicos y su papel es recibir la memoria y analizarla.

La tarea de la CV es mucho más compleja. Partimos de que la memoria no es la verdad, es el lugar donde comenzamos a plantearnos las preguntas que nos pueden llevar finalmente a la no repetición a través de procesos en los que queremos involucrar la participación de la sociedad desde muy diversos puntos de vista, para que los colombianos podamos captar el sentido de lo que nos ocurrió y buscar una salida hacia el futuro en las diferencias. Por eso, si bien tenemos académicos, la mayor parte de las personas que trabaja en la comisión y están en las distintas partes del país no son académicos”.

Van a recibir las versiones de la verdad, pero ¿están obligados entregarlas a entidades judiciales?

“Nada de lo que nosotros manejamos es para ser utilizado judicialmente. No somos la JEP, no juzgamos a nadie, no condenamos, no dictamos sentencia. Frente a la verdad jurídica, que la hace la JEP, nosotros vamos detrás de la búsqueda de la verdad histórica y de la verdad humana de lo que nos pasó en el conflicto. No podemos utilizar testimonios, no podemos permitir que testimonios que recibamos donde hay referencias a personas y a responsabilidades individuales pasen a la rama judicial y se utilicen en la configuración de sentencias o procesos judiciales, tenemos la obligación de reservar esa información. Nosotros recibimos información de la JEP, como recibimos información de la Fiscalía y del Ejército y tenemos libertad para escudriñarla, pero no le podemos pasar información a la JEP ni a ningún juez”.

El CNMH lleva un tiempo sin director, han pasado dos personas como candidatas y no han llegado, hay un tercero en carrera. ¿Cuál debe se el perfil para ese cargo?

“La persona que llegue debe, por lo menos, tener la estatura académica y el perfil nacional e internacional que tiene un hombre como Gonzalo Sánchez (anterior director). El CNMH y sus trabajos han tenido reconocimiento de las mejores universidades del mundo, y sus casi 80 volúmenes son estudiados en casi todas las partes porque es el análisis del conflicto de un país. Eso no lo puede perder el país. Por eso, si ese trabajo se ha de continuar, se le debería dotar de esas posibilidades.

Por otra parte, el centro tiene la obligación de la construcción del Museo Nacional de la Memoria de lo que pasó en el conflicto, es un museo de todas las víctimas, y es un desafío enorme cuando uno piensa lo que se hizo en Israel con el holocausto, lo que se hizo en Chile con la memoria de las víctimas o en otros países. Ese director tiene esa responsabilidad inmensa”.

¿La CV debe escuchar a las víctimas y a victimarios?

“Nosotros en la CV debemos escuchar a los victimarios, es parte de nuestro interés, pero nosotros no los llamamos victimarios sino responsables que deben contribuir voluntariamente a la verdad. El CNMH ha tenido explícitamente búsqueda y conversaciones con responsables, pero uno diría que fue muy profundo el estudio que hicieron con el paramilitarismo y son un récord muy difícil de superar, pero su mayor parte es un trabajo con la memoria de las víctimas. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, porque sino es imposible captar lo que nos ha pasado.

Una muestra de eso son los 50 volúmenes que nos entregó el Ejército sobre el accionar de las Farc, y por supuesto nosotros no solo queremos eso del Ejército, sino también otros asuntos en que la responsabilidad misma de ellos se cuenta en el conflicto”.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

¿CÓMO FUNCIONA?EL MANDATO DE LA COMISIÓN

Identificar y comprender los hechos de violencia más graves cometidos en el contexto del conflicto armado interno, especialmente aquellos que ocurrieron de manera repetida, que por sus características pueden ser agrupados en patrones y de los cuales es posible establecer las responsabilidades colectivas de quienes los cometieron. Identificar y comprender los impactos devastadores de la guerra en el ámbito humano, familiar, social y político, para determinar cómo el conflicto afectó a los grupos más vulnerables. Identificar y comprender la historia, el contexto, las causas y todos los factores que facilitaron el origen y la persistencia del conflicto. Identificar y comprender el surgimiento de procesos ejemplares de resistencia y de fortalecimiento del tejido social y de la institucionalidad a pesar del intenso conflicto.

PARÉNTESISSIN DIRECTOR EL CNMH

Javier Alexánder Macías
JAVIER ALEXÁNDER MACÍAS

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Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/francisco-de-roux-decir-que-no-hubo-conflicto-

Una iniciativa que llega desde Suiza


February 11, 2019

Desde la Asociación queremos dar publicidad a una iniciativa que un grupo de teólogas suizas ha puesto en marcha hoy mismo. Y damos las gracias a Mª Angeles Díaz que trabaja como asistente pastoral en la Misión de Lengua Española de Basilea, por habernosla hecho llegar.

Estas mujeres, teólogas suizas, son especialmente activas en visualizar la presencia de la mujer en la Iglesia y en reivindicar sus derechos. Algunas hace un par de años pusieron en marcha una iniciativa de votación popular para que la iglesia local terminara con la discrimanción laboral de la mujeres; en 2018, para la visita del Papa a Ginebra consiguieron que en el altar también pudiéramos estar presentes vestidas con nuestras albas,en muchas de nuestras parroquias son las teólogas las que leen el Evangelio en la Eucaristía del domingo…etc. 

Ahora se trata de hacer una red de oración para pedir la renovación de la Iglesia partiendo como semilla en los claustros benedictinos femeninos.

Por el momento la página web está sólo en alemán pero en ella aparece el texto completo de la oración en español y se va a traducir a otras lengua en breve.

¡Súmate a esta iniciativa!

https://www.asociaciondeteologas.org/single-post/2019/02/11/Una-iniciativa-que-llega-desde-Suiza?utm_campaign=63ee9ae8-

“Hay religiosas explotadas sexualmente por hombres a los que tienen que llamar padre”


“En 2008, el superior masculino de la casa en la que vivía en Roma entró en mi habitación, me desnudó y me penetró”, denuncia esta exmonja y teóloga que lucha contra las agresiones sexuales en la Iglesia

Wagner ha lanzado junto a la exreligiosa Rocío Figueroa la iniciativa Voices of Faith, que pretende visibilizar las agresiones a las mujeres por parte de la jerarquía eclesiástica

El Papa acaba de admitir que existen estos abusos a mujeres, aunque de momento no ha develado cómo va a luchar contra ellos, lamenta WagnerJesús Bastante 

32 comentarios10/02/2019 – 21:04h

Doris Wagner, teóloga alemana que ha denunciado abusos
Doris Wagner, exmonja alemana que ha denunciado abusos

más INFO

Doris Wagner, teóloga alemana, tiene 34 años, y durante ocho años perteneció a la vida religiosa. En ese tiempo, fue violada por un cura en 2008, hechos que denunció ante sus superiores, que no hicieron nada. Más tarde, fue acosada por su confesor, el alemán Hermann Geissler, quien esta misma semana ha dimitido de su cargo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque ha desmentido tajantemente las acusaciones en su contra.

Wagner, junto a Rocío Figueroa, han lanzado la iniciativa Voices of Faith, que busca romper el manto de silencio respecto a los abusos y violaciones de sacerdotes y obispos a religiosas en todo el mundo, una lacra reconocida por el Papa Francisco a la vuelta de su reciente viaje a Emiratos Árabes Unidos. 

¿Qué le han parecido las palabras del Papa reconociendo la existencia de abusos a religiosas por parte del clero?

Me parece que el reconocimiento debería haber llegado mucho antes. Sin embargo, es un alivio que haya ocurrido, y espero que, a partir de ahora, muchas más religiosas que hayan sufrido abuso sexual se den cuenta de que no están solas, y se atrevan a hablar. También desearía que, después de admitir esta realidad, el Papa Francisco tome las medidas apropiadas, porque hasta ahora no ha anunciado de qué manera va a lidiar la Iglesia con este escándalo.

¿Cuál es la dimensión real de este escándalo?

Me faltan las palabras para expresar el horror que siento al hablar del abuso sexual de las monjas. Son mujeres, muchas de ellas jóvenes, idealistas, que hacen voto de castidad porque quieren dedicar sus vidas a Cristo y a su Iglesia, pero que se ven atrapadas en una realidad en la que son explotadas sexualmente por hombres a los que tienen que llamar “padre”. Ha habido casos de sacerdotes que embarazaron a las religiosas y luego las obligaron a abortar. Incluso Maura O’Donohue nos informó de un caso de una monja que murió durante el aborto, y que el mismo sacerdote que había abusado de ella obligó a que el niño abortado presidiera su misa de Réquiem. Esto es horrible.

¿Cuántas religiosas han podido sufrir abusos en el mundo?

Existe un estudio realizado sobre el tema, que sugiere que el 40% de las religiosas del mundo han sufrido abuso sexual, un 10% antes de unirse a la vida religiosa y el 30% después. Es una cifra enorme, y espero que se investigue sobre ella.

 ¿Cuál fue su experiencia?

Entré en la vida religiosa en 2003, a los 19 años. Desde el principio me maltrataron espiritualmente: no se me permitió elegir a mi confesor ni a mi director espiritual. No podía hablar libremente con otros miembros de la comunidad, leer libros… En 2008, el superior masculino de la casa en la que vivía en ese momento (Roma) entró en mi habitación y me desnudó. Aunque le dije que no tenía permiso para hacer esto me tocó y, finalmente, me penetró. Esta experiencia me destrozó. Tardé dos años en contarlo a mis superiores, pero ellos decidieron no actuar. Finalmente, en 2011, pude dejar la comunidad y denunciar el caso ante el Vaticano.

Su confesor, Hermann Geissler, también abusó de usted y acaba de renunciar a su cargo en Doctrina de la Fe. ¿Qué sintió al saber la noticia? ¿Es suficiente?

Me sorprendió cuando supe que había renunciado. Primero, porque no esperaba que sucediera, ya que pasó hace años. En segundo lugar, la declaración del Vaticano fue realmente asombrosa, porque no aclaraba por qué había renunciado, qué acusaciones negaba y contra quién, y a quién amenazaba con emprender acciones legales. Me pregunto: ¿Hay denuncias de otras víctimas? ¿Se ha vuelto a abrir mi caso? Y si es así, ¿por qué no me han informado?

¿Qué le exigen las religiosas a la Iglesia para erradicar esta lacra?

El abuso tiene dos causas principales: poder e impunidad, que hay que atajar en todos los niveles de la Iglesia. Las mujeres deben ser reconocidas como iguales a los hombres, tener acceso a los órganos de poder y toma de decisión en la Iglesia. La idealización de la servidumbre femenina tiene que terminar.

Mientras las monjas se vean obligadas a vivir de acuerdo con un ideal de abnegación y sumisión, y vivan en completa dependencia espiritual y financiera, serán vulnerables. Toda persona que aproveche su poder eclesial para abusar de otros debe ser perseguida y sancionada, sin importar qué estatus, nombre o función tenga en la Iglesia.

El movimiento #metoo… ¿también ha llegado a la Iglesia?

Aún no estoy segura. Ojalá que sí lo hiciera.

https://www.eldiario.es/sociedad/Doris-Wagner-sacerdotes-embarazaron-religiosas_0_865814371.html

700 casos de abusos sacuden a la Iglesia Bautista de EEUU


Abusos en la IglesiaPDRELIGIÓN | AMÉRICA

Un nuevo escándalo sacude a una organización clerical después de que cientos de líderes espirituales y personal administrativo de la Iglesia Bautista del Sur en Texas y otros estados de los EEUU han sido acusados por abuso sexual en los últimos 20 años, según una investigación periodística.

Al menos 380 líderes de la Iglesia Bautista del Sur, entre pastores, ministros, maestros dominicales, diáconos y voluntarios, enfrentaron algún tipo de acusación por conducta sexual inapropiada que dejaron en las últimas dos décadas más de 700 víctimas, algunas de ellas de apenas 3 años de edad.

Condenados por abuso sexual

Así lo revela una investigación conjunta de los periódicos Houston Chronicle y San Antonio Express-News, los dos principales diarios de Texas, que en más de seis meses de pesquisas hallaron que unos 220 de los acusados fueron condenados por abuso sexual o negociaron acuerdos para reducir sus penas.

Algunos de ellos confesaron sus actos o renunciaron a sus cargos dentro de la congregación que, con 15 millones de miembros, es la más grande entre las protestantes de EEUU. La gran mayoría de los acusados, según la investigación periodística, perteneció a iglesias de Texas y a la fecha existen más de 100 que a pesar de figurar en el registro central de delincuentes sexuales, se mantienen en algún ministerio de la congregación.

Las pesadillas de las víctimas

Muchas de las víctimas enfrentaron el rechazo de sus Iglesias y feligreses y fueron abandonadas a su suerte, mientras que a otras se les pidió perdonar a sus atacantes o que abortaran, como ocurrió a mujeres que habían quedado embarazadas, de acuerdo a los diarios. A su vez, varios de los acusados permanecen aún bajo custodia a la espera de que concluyan sus condenas en cárceles estatales y federales, ubicadas desde California hasta Florida.

La investigación también advierte que al menos 35 pastores y personal administrativo señalados por conductas inadecuadas fueron aceptados luego en iglesias, sin que los líderes de sus congregaciones alertaran a las autoridades. Varios expresidentes y líderes de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) fueron criticados por las presuntas víctimas, debido a que ocultaron u obstaculizaron las acusaciones presentadas.

La gran mayoría de las víctimas eran adolescentes que fueron ultrajadas en más de una ocasión, según la investigación, que revela que algunas víctimas tenían tres años de edad y fueron abusadas en las oficinas de los pastores durante las clases dominicales.

La investigación afirma que los pocos adultos que fueron objeto de abuso sexual, entre hombres y mujeres, habían ido a buscar ayuda pastoral. La revelación periodística se da en medio del escándalo que rodea a la iglesia católica estadounidense por la revelación, el año pasado, de casos de abuso sexual a menores de edad, que implican a unos 1.200 curas.

El actual presidente de SBC, J.D. Greear, calificó los abusos descritos en el informe de “pura maldad”. “Estoy devastado por las revelaciones. Las voces en ese artículo deben ser escuchadas como una advertencia de Dios, que reclama arrepentimiento por parte de la Iglesia”, dijo Greer en una declaración difundida en su cuenta de Twitter, y se comprometió a hacer todo lo posible para prevenir situaciones semejantes.

(RD/Agencias)

https://www.periodistadigital.com/religion/america/2019/02/11/religion-iglesia-america-confesiones-700-casos-abusos-sacuden-iglesia-bautista-eeuu-so

COLOMBIA: ¿SE MILITARIZA LA GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL?


  •  Gudynas Eduardo

La militarización de la gestión ambiental es una de las consecuencias de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que acaba de presentar el gobierno Duque. Allí la Naturaleza es presentada como un “activo” que será protegida por militares y policías, donde el componente “político” de una política ambiental queda por debajo de su militarización. La intención no parece centrada en una protección ecológica sino en reemplazar los extractivismos ilegales por otros que sean legales en el sentido de ser otorgados por el Estado. O sea, estamos ante un nuevo síntoma de la lucha por los excedentes económicos que genera la explotación de la Naturaleza. Vale la pena compartir algunas reacciones preliminares sobre esta problemática.

En efecto, en aquel plan de desarrollo se parte de una visión de la “seguridad” que integra varias dimensiones, algunas de ellas muy conocidas como las amenazas al Estado, pero tiene la novedad de sumarle el campo ambiental. Esa dimensión está enfocada en el agua, la biodiversidad y el resto del ambiente, considerándolos un “activo estratégico” del país. Todo esto se debería a un contexto de futura escasez y eventuales conflictos por el control de los recursos.

Al tomar ese camino hay dos consecuencias simultáneas. Por un lado, incluir las cuestiones ambientales en la campo de la seguridad en un país como Colombia, y en sus circunstancias, significa militarizarla. Por otro lado, el ambiente pasa a entenderse como una “activo”, acentuándose dramáticamente la fragmentación de la Naturaleza (1)

Esta nueva “seguridad ambiental” aparece en la sección titulada “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana”. Allí se enumeran diversos objetivos, desde asuntos clásicos en esa materia como la defensa y el control marítimo, terrestre o aéreo, al control territorial, la lucha contra la criminalización y las drogas, la protección a las personas y comunidades.

Obsérvese que de ese modo, dentro del campo de la seguridad del país aparecen mezclados en el mismo nivel, la protección de la integridad territorial y la soberanía del país, con los intereses sobre la biodiversidad, el ambiente y los recursos naturales. A su vez, esa idea de ambiente no es la clásica de los ecólogos o de las comunidades locales, sino que apela al concepto de “activos”, un término cargado de antecedentes que vienen del mundo empresarial. Se está refiriendo a la protección de recursos naturales económicamente relevantes, pero no a la conservación de plantas o animales.

Esta postura de una “seguridad ambiental” ha sido presentada como una gran novedad, aunque hay algunos antecedentes sudamericanos. Se pueden citar a los gobiernos militares en Brasil iniciados en 1964 y que se adentraron en la década de 1980, apostando por controlar la Amazonia. Sus planes no tenían una intencionalidad ecológica, tal como proteger la biodiversidad en la selva tropical, sino que respondían a una obsesión con el control territorial y encaminar una “colonización” de regiones que se consideraban vacías o desaprovechadas. Esa mirada no era ingenua ya que específicamente excluía a los indígenas, y por ello jugaba con la metáfora de región vacía o “desierto verde”. Lo relevante de esos antecedentes es que de algún modo esas posiciones se debilitaron en los años siguientes a medida que avanzaban las políticas ambientales, pero regresaron con el triunfo de la extrema derecha de Jair Bolsonaro. El nuevo presidente de Brasil, y los militares que le acompañan, resucitan los discursos de una región que debe ser explotada, de indígenas que deben desaparecer o ser reconvertidos en empresarios, y una flexibilización de los controles ambientales clásicos. No es descabellado plantearse preguntarse si las posturas tan extremas de Bolsonaro en Brasil generan condiciones para que en los países vecinos, y entre ellos Colombia, se retome esa prédica de un militarismo sobre el territorio.

Las medidas en seguridad y defensa nacional de esos “activos” estarán a manos de una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por fuerzas militares y policías, coordinando con la fiscalía y autoridades ambientales. De este modo, policías y soldados deberían ser los nuevos protectores de la biodiversidad. Se consolida así una militarización de la gestión ambiental.

Estas medidas tan extremas se deberían al reconocimiento que las actividades criminales o ilegales tienen crecientes impactos sobre el ambiente. Esa problemática no es nueva, ya que desde hace décadas se sabe que existen prácticas ilegales de extracción y comercialización, por ejemplo, de maderas. Pero es posiblemente el continuo avance de la minería ilegal, con todos sus impactos sociales y ambientales, lo que ha obligado a este movimiento. En el plan se reconoce que grupos armados organizados que actúan en la minería ilegal logran ingresos financieros similares a los del narcotráfico, y que esas actividades se expanden en diversas regiones y ya amenazas a los parques nacionales (2).

La minería ilegal de oro la que concentra todas las atenciones, y la gravedad que representa se la reconoce con sinceridad. En el texto del Plan se deja en claro que el gobierno sabe que es la minería ilegal de oro la que domina totalmente a ese sector: el 86% del oro extraído en Colombia proviene de prácticas ilegales. Por lo tanto, todas las discusiones sobre el manejo de la minería empresarial formal de oro se convierten en eufemismos ante la gravedad de esta situación (3). Dicho de otro modo, Colombia es esencialmente un país de minería de oro ilegal, y los sectores legales son minoritarios. Considerando todo el sector minero, se admite que posiblemente el 13% del PBI minero provenga del tráfico ilegal. El plan también admite que en el 44% de los municipios del país se realiza minería ilegal de oro, carbón o algún otro mineral, dejando en claro la enorme penetración territorial de este flagelo. A su vez, los grupos ilegales que operan en ese tipo de minería están a su vez en muchos casos involucrados en cultivos ilícitos, tráfico de maderas, etc.

El plan propone atacar “estructuralmente” la explotación y comercialización ilícita de minerales, entre varias otras metas, para promover el tránsito hacia prácticas legales. Se anuncian desde posibles reformas normativas a planes de apoyo local. Entre ellas, por ejemplo, promover la participación del sector privado en la lucha contra la minería ilegal a lo largo de la cadena de comercialización.

Entre esos instrumentos, uno de los más preocupantes es la formalización de un ordenamiento territorial a gran escala con las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), para aquellas regiones que son importantes tanto por temas de seguridad como por la protección ambiental. Esas zonas serán “intervenidas” por lo menos durante cinco años con la intención, según la letra del plan, de fortalecer el Estado en ellas, dando servicios sociales y protegiendo a la población civil. Esto incluye aspectos compartibles, tales como reemplazar economías ilegales por otras que sean legales. Pero a la vez deja en claro que en esas zonas el Ministerio de Defensa determinará la estrategia de intervención militar y policial, y que serán complementadas con “ingenieros militares” y “empresas del sector”. Esos extremos están repletos tanto de riesgos, que vienen siendo discutidos desde el pasado año, como de intentos similares que en muchos casos terminaron en un cóctel de más violencia contra las comunidades locales y ninguna salida económica viable. Como parte de ese control territorial, en el plan se insiste en planes de desarrollo local que más o menos reproducen estrategias conocidas, cuando en realidad lo que se necesitan son alternativas al desarrollo.

Se postula una cierta reorganización institucional para todos estos fines. Se reorganiza el Consejo de Seguridad Nacional para incorporar al Ministerio del Ambiente, y la temática ambiental deberá estar incluir en una Estrategia de Seguridad Nacional, y posiblemente también en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Esa ampliación de los servicios de inteligencia sobre la temática ambiental no es menor. Un examen de situaciones similares en países vecinos muestra que, por ejemplo en Ecuador, eso desembocó en espionaje y control sobre organizaciones ambientalistas, y en Argentina, en un programa de seguimiento de líderes locales (el conocido “proyecto X” del gobierno Kirchner que espiaba a más de mil organizaciones ciudadanas; 3). En esos países prevaleció el control político y social sobre los ciudadanos antes que la protección de la Naturaleza.

Estas medidas, analizadas en forma preliminar aquí, así como otras que aparecen en otros capítulos del plan de desarrollo, no generan ninguna certeza en terminar con la problemática ambiental del país. Se construye una estrategia de militarización que tiene por finalidad controlar a los recursos naturales, los territorios y a sus poblaciones, donde el primer propósito que se insinúa es en realidad suplantar los emprendimientos ilegales por otros que serían legales, o al menos no tan ilegales — ya que nada parece indicar que mejorarán las irregularidades en evaluaciones de impacto ambiental, zonificación, control del funcionamiento, participación ciudadanía, información pública.

Dicho de forma muy esquemática, no está en juego el problema mayor que es la minería de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, sino que se busca reemplazarla por una minería en manos de actores empresariales formalizados y reconocidos por el Estado. De ese modo el Estado, y los agrupamientos políticos que cobijan, podrán decidir quién accederá a esa minería, cuánto se cobrará en impuestos, etc. O incluso para aquellos que son escépticos dados los niveles de corrupción incluso dentro del Estado, se podría argumentar que se reemplazarán unos entramados ilegales por otros (4). Es por ello que son tantas las cosas que pueden salir más con esta estrategia.

Esta estrategia de seguridad podría ser interpretada como una pelea por quienes controlan los excedentes económicos de la explotación de los recursos naturales. No es una disputa sobre cómo proteger a la Naturaleza o a las comunidades. Es más, otras medidas dentro del Plan así como otras iniciativas del gobierno muestran una intención de liberalizar todavía más la minería, por ejemplo.

Algunos argumentarán que la militarización de la gestión ambiental comenzó realmente con el accionar de las guerrillas y otros grupos armados, y que el gobierno no tiene más remedio que reaccionar ante ellas. Hay mucho de verdad en ello y es comprensible. Incluso habrá actores locales que reclaman esa seguridad ante las amenazas y violencia que sufren, y esto también es entendible. Pero aceptar esto en un plan de desarrollo es incorporar una lógica de la guerra también en la política ambiental. El riesgo aquí es que un gobierno finalmente termine razonando y actuando como los grupos armados, y entiende que la única solución esté centrada en ese campo. Eso no es nuevo, y en esos enfrentamientos quedan atrapadas las comunidades locales.

Es ingenuo pensar que la protección del ambiente se ganará con pelotones de soldados y policías. Más ingenuo es pensar que con ello se podrá abordar el drama de la minería de oro: ¿pondrán un soldado detrás de cada recodo de cada río? ¿un policía detrás de cada árbol?

El caso del oro es posiblemente uno de los más sencillos para encaminar una alternativa post-extractivista. El país debe implementar una moratoria a la exportación de oro de cualquier origen. No tiene sentido persistir en esas prácticas que, por un lado, no atienden ninguna necesidad vital contemporánea (aproximadamente el 90% del oro se utiliza con fines suntuarios o superfluos como joyas), y que deja en el país un daño ecológico y social enorme. El dinero que se utilizaría en toda esas prácticas de seguridad y militarización, debería ser encaminado en alternativas productivas para las comunidades locales atrapadas en esas prácticas. A su vez, el dinero que se ahorraría en los costos económicos de esos impactos también debería ser orientado a una reconversión productiva (5).

Esta propuesta de seguridad y militarización termina debilitando aún más la “política” en cualquier “política ambiental”. En lugar de promover el debate de ideas, la participación ciudadana y la democratización en la toma de decisiones sobre los aprovechamientos de la Naturaleza, se apuesta a controles militarizados sobre los territorios y las personas, manteniéndose la esencia del papel de Colombia como proveedora de materias primas para la globalización. Es en tod esto que existen enormes riesgos que deberían ser analizados en detalle.

Notas

(1) En el Plan se dice: “Es necesario adoptar una visión multidimensional de la seguridad que implique la comprensión de las amenazas al Estado y a la población como fenómenos articulados que tienen incidencia en los campos económico, político, social y medioambiental y, por tanto, es necesario generar respuestas articuladas de Estado para enfrentarlas. El agua, la biodiversidad y el medio ambiente son el interés nacional principal y prevalente desde la óptica de la seguridad nacional y un activo estratégico del país, en un contexto de futura escasez y de eventuales conflictos por su control.”

(2) El Plan lo dice claramente: “es notoria la progresiva participación de Grupos Armados Organizados en la extracción ilícita de minerales y su posterior comercialización, actividades que generan ingresos similares a los producidos por el narcotráfico y que, al igual que los cultivos de coca, son los factores principales de daño a los recursos hídricos, los parques naturales, los páramos y, en general, a los recursos naturales del país, los cuales representan en su conjunto el más importante activo estratégico de la Nación. La consecuencia es el fortalecimiento de esas organizaciones criminales, la dificultad de garantizar la seguridad y la convivencia en las zonas afectadas, la degradación acelerada del medio ambiente y la creación de condiciones que propician la prolongación indefinida de la violencia y la criminalidad e, incluso, su agravamiento”.

(3) En el Plan se indica que el “86% [de las toneladas de oro producidas en Colombia] fue extraído a partir de las operaciones de mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la ley (Dirección Nacional de Inteligencia, 2018). En correspondencia con lo anterior, un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2010) indicó que en el 44% de los municipios del país existe explotación ilegal de carbón, oro u otro mineral. Así mismo, durante la elaboración del Censo Minero Departamental, se identificaron 14.357 unidades de producción minera, de las cuales tan solo el 37% tienen título minero; mientras que el 63% no lo tienen”. Se agrega que “ la cifra resultante asociada a los ingresos criminales por explotación ilegal de yacimientos mineros podría aproximarse a los $10 billones, lo que representó el 13% del PIB Minero en el año 2012 …”.

(3) Proyecto X: Cómo espió la Gendarmería a más de mil organizaciones, Clarín, 10 marzo 2013, https://www.clarin.com/home/espio-gendarmeria-mil-organizaciones_0_SkFWsScsvQl.html

(4) Sobre el flagelo de la corrupción, siguen vigentes todas las alertas. Por ejemplo, ante este plan de desarrollo, Salomón Kalmanovitz indica que en el “pacto por la legalidad se enuncia que habrá cero tolerancia para los corruptos. Ojalá fuera cierto porque la corrupción endémica causa la pérdida o el desvío de parte importante de los pocos recursos que logra acopiar el Estado”. ¿Cuál plan de desarrollo”, S. Kalmanovitz, 14 enbero 2018, https://www.elespectador.com/opinion/cual-plan-de-desarrollo-columna-833817

(5) Sobre la moratoria de la minería de oro ver la entrevista en El Espectador, en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/no-tiene-sentido-seguir-sacando-oro-eduardo-gudynas-articulo-789751

Estas y otras medidas son parte de las llamadas transiciones post-extractivistas; se analizan en detalle para distintos países en varios documentos disponibles en http://www.transiciones.org

El autor es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Su último libro publicado en Colombia es “Extactivismos y Corrupción”, editado por Desde Abajo.

http://blogs.elespectador.com/actualidad/embrollo-del-desarrollo/se-militariza-la-gestion-ambiental-territorial/amp?__twitter_i

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