La lucha por el alma paisa: JEREMY McDERMITT.


  • 2019/03/07 00:15 Un reciente ejemplo de intolerancia y misoginia en el que resultó involucrada mi esposa, en mi ciudad, Medellín, me obligó a hacer algo de introspección sobre la naturaleza de la sociedad paisa y su futuro.

Llevo más de 20 años viviendo en Medellín. Y para la gran frustración e incredulidad de mi esposa nacida en esta tierra, yo creo que no hay un mejor lugar para vivir ni mejor gente con quienes compartir.

Pero el mes pasado, mi esposa, la periodista Ana Cristina Restrepo, fue llamada “activista de la guerrilla” por el columnista Raúl Tamayo, de El Colombiano. Al parecer, se sintió movido a hacerlo ante el pensamiento liberal de ella, sus críticas a la Iglesia católica y su disposición a investigar la más paisa de las instituciones, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta acusación de “activista de la guerrilla” produjo no poca consternación en nuestra pequeña familia. Ana ha recibido amenazas de muerte antes y nos han ofrecido protección policial en varias oportunidades, de modo que un señalamiento de esos era una cruz más en su espalda.

Sin embargo, pusimos esas amenazas en perspectiva como un costo necesario del ejercicio de nuestra profesión y la construcción de una democracia más saludable en Colombia. Llevamos una vida privilegiada en un buen barrio de Medellín, y no podemos comparar nuestros problemas con los de miles de periodistas y líderes comunitarios en zonas rurales, para quienes esas amenazas hacen parte de la cotidianidad y muy a menudo terminan en muerte y desplazamientos. Nos maravilla la valentía de esas personas.

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El señor Tamayo terminó retractándose de su afirmación en términos legales, mientras que en otras palabras repitió el señalamiento. Eso fue mezquino, y El Colombiano, en lugar de condenar una acción que amenazaba la seguridad de los periodistas, se mantuvo al margen y, según me pareció, disculpó discretamente la posición del señor Tamayo. Luego me enteré de que Tamayo tiene relación no solo con algunos de los intereses económicos más poderosos de Medellín, sino también con los dueños y directivos de El Colombiano. Me sentí profundamente desengañado, pues para mí El Colombiano, un periódico que leía diariamente, era la voz y el pulso de Medellín y de la sociedad paisa.

Así que mientras en mi interior ardía de ira hacia Tamayo por poner en peligro a mi esposa y mis hijos, y hacía el duelo por la muerte (para mí) de El Colombiano como una voz periodística seria e independiente, pensé que debía analizar con más detenimiento lo que esto significa para el futuro de mis hijos paisas.

Comencé por leer las columnas de Tamayo. Sus opiniones me parecieron una mezcla predecible de ideas conservadoras, apegado a las instituciones de la familia y la iglesia católica. A estas las presenta como los valores tradicionales paisas, que se cuestionan por la propia cuenta y riesgo, pues sin ellas la sociedad se desmoronaría.

Pues bien, yo soy un exoficial del Ejército Británico, de un medio tradicional y conservador, me educaron en un internado dirigido por monjes benedictinos, me crié en el seno de una devota familia católica y me adhiero fuertemente a las nociones de la familia y el trabajo duro. Parecería que yo soy el paisa de pura cepa, si no se tiene en cuenta el accidente de mi nacionalidad británica.

Y luego me di cuenta dónde estaba la paradoja: en la angustiosa polarización de nuestra política actual, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos en la era Trump y en otros lugares, y en la Gran Bretaña del Brexit, hemos permitido que fanáticos como el señor Tamayo se apropien de los valores conservadores y los presenten en términos de odio e intolerancia.

No podemos aceptar algo así. Y me gustaría decirles por qué creo que el señor Tamayo y los de su clase están condenados al cenicero de la historia y por qué las futuras generaciones de paisas mirarán hacia los de esa estirpe con la repulsión y el rechazo que se merecen.

Cuando llegué a Colombia en 1997, el país estaba a punto de sumirse en una guerra civil sin cuartel. La guerrilla acampaba en las afueras, e incluso en el interior, de las principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali; la presencia del estado era poca o nula en medio país; la amenaza paramilitar se propagaba por todo el territorio; se conocían noticias de masacres casi una vez por semana, y había más de ocho presuntos secuestros al día. Muchos sectores de mi amada Medellín eran zonas de guerra y muchas actitudes paisas eran como las montañas que rodean esta ciudad: cerradas e intimidantes.

Hoy en día Medellín se ha hecho un nombre en todo el mundo como ejemplo de innovación y renovación, una ciudad que sobrevivió a la violencia de los narcos, la guerrilla y los paramilitares. Gente de todo el mundo se pasea por miles en la ciudad, maravillados por la arquitectura, la música, la diversidad cultural y la incontenible alegría de sus habitantes. Y los paisas, sanando las cicatrices de la guerra y el sufrimiento, son cálidos y acogedores. Son gente que trabaja con tesón, van a casa con sus familias a consentirlas y mimarlas, y los domingos muchos se dirigen a la iglesia a dar gracias por sus bendiciones.

La mayoría de los paisas han aprendido de todo el sufrimiento. No desean ver que se repita. No quieren ver a sus hijos crecer en medio del odio y la violencia. Están abiertos a que paramilitares y guerrilleros desmovilizados caminen por sus calles y trabajen en sus negocios y fábricas. Acogen a los extranjeros con los brazos abiertos, donde antes los miraban con recelo.

Creo que el señor Tamayo y su especie son una ínfima mayoría, que aún piensan en términos tribales, llenos de odio.  Mis paisas, la gran mayoría, siempre tienen una palabra de aliento, me preguntan por mi familia, se burlan de mi terrible acento en español, y tienen ansias de saber del mundo más allá de sus fronteras y de aprender de él.

Así que no dejemos que el señor Tamayo y otros como él nos lleven a creer que todos los paisas piensan y actúan como él. El odio y la intolerancia no tienen lugar para la mayoría de los paisas, en especial las nuevas generaciones. Ser tradicional no significa cerrarse a nuevas ideas, o no desear lo mejor para su prójimo, sin importar sus tendencias políticas, sexuales o religiosas. Y no hay una raza en este planeta más obsesionada con la tradición que los británicos, así que yo sé muy bien lo que les digo.

@jerrymcdermott

https://www.semana.com/opinion/articulo/columna-de-jeremy-mcdermott-la-lucha-por-el-alma-paisa/604091

“En Colombia no tenemos esperanza de que la justicia interna haga algo”: padre Javier Giraldo


por Panorama | 10-03-2019

En entrevista con PANORAMA, el sacerdote habló de la situación de los defensores en Colombia, de la persistencia de la violencia y el paramilitarismo y de la necesidad de que la justicia internacional investigue lo que la local está dejando en la impunidad.

Es difícil explicarle Colombia a alguien que no sea colombiano. Por qué firmaron la paz a regañadientes, por qué no celebraron el acuerdo, por qué, ahora que deberían estar tratando de vivir en paz, están masacrando a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales.

El pasado martes, el sacerdote jesuita Javier Giraldo encabezó en Ginebra un panel sobre la situación de los defensores en Colombia. El evento tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, donde actualmente se celebra la cuadragésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El padre Javier es un referente en la defensa de los derechos humanos en Colombia. A él le pedimos que nos ayudara a contarles ese país a nuestros lectores de otros lugares del mundo. Hablamos de defensores y líderes sociales, de la situación tras la firma del Acuerdo de Paz, de paramilitarismo y del papel que puede tener la comunidad internacional en este momento crucial para la consolidación de la paz en el territorio colombiano.

¿Qué está pasando con los defensores de derechos humanos?

En Colombia los defensores de derechos humanos siempre han sido perseguidos. Pero, últimamente, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC a finales de 2016, se ha agudizado mucho la matanza de los defensores en un sentido amplio, o sea, campesinos y miembros de organizaciones defensoras de los derechos del campesinado, sindicalistas, miembros de ONG de derechos humanos, líderes estudiantiles o de partidos políticos de oposición. Desde que se firmó el Acuerdo, más de 400 de ellos han sido asesinados.

Visto desde fuera, resulta paradójico que luego de la firma del Acuerdo la situación haya empeorado para los defensores. ¿Por qué ocurrió esto?

No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, cuando con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), al comienzo de los ochenta, se firmó el primer proceso de paz que implicaba que la guerrilla de las FARC se convirtiera en un partido político legal, la Unión Patriótica, hubo una matanza generalizada de quienes se adhirieron a él: se calcula que más de 5000 personas de ese partido nuevo, legal, fueron asesinadas.

En otras ocasiones en que ha habido un cese de lucha de otras organizaciones guerrilleras, como cuando se firmó la paz con las guerrillas liberales, también sus miembros fueron asesinados después de firmar la paz.

O sea, ha habido como una tradición de que se firma la paz y luego hay una matanza, y eso está ocurriendo también ahora.

¿Por qué persiste el paramilitarismo en Colombia?

Porque las estructuras nunca fueron desmontadas: por el contrario. El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) habló mucho de negociaciones de paz y desmonte de estructuras paramilitares en su Gobierno. Pero si uno analiza a fondo qué fue lo que pasó allí en realidad, a mi modo de ver, fue más bien una legalización y ampliación de las estructuras paramilitares.

Panel sobre defensores de derechos humanos en Colombia, Ginebra, 2019. Foto: Panorama

En el panel también estaban el relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, representantes de varias ONG, como Coljuristas y PBI, y un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Él se las arregló para dar la impresión de que se estaban desmontando, que estaban firmando la paz, pero realmente las normas que él ideó en ese momento eran más bien para someterlas a unos procesos judiciales muy benignos, de mucha impunidad y que solamente cobijó a los más conocidos.

Los paramilitares de base, que actuaron bajo un nombre ficticio, no estaban en los archivos de la Fiscalía y por eso nunca fueron a la cárcel: solamente los grandes líderes paramilitares que sí eran conocidos en todo el país o en el exterior pagaron unos pocos meses de cárcel y luego fueron amnistiados.

Ahora, esas estructuras paramilitares, que existían ilegalmente hasta ese momento, se transformaron en unos cuerpos legales como, por ejemplo, las redes de informantes, las redes de cooperantes, los soldados campesinos… estructuras todas que legalizaban una vinculación de varios millones de civiles a la guerra.

Por eso yo digo que más bien esas estructuras paramilitares fueron legalizadas y ampliadas en el Gobierno del presidente Uribe: porque realmente lo que significa el paramilitarismo es la vinculación de la población civil a la guerra, es decir, la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Desgraciadamente eso es lo que hemos vivido durante décadas en Colombia.

¿Cómo está la situación ahora?

El presidente Iván Duque (2018-2022) hace pocas semanas expuso su nueva política de seguridad en un cuartel de grandes proporciones, en donde hay mucha presencia de tropas norteamericanas, y allí habló de más de un millón de civiles ya vinculados para actuar armados. Entonces, el paramilitarismo sigue, y muy fuerte, como una política de Estado explícita.

Además, el presidente Duque antes de exponer públicamente esta política de seguridad había firmado un decreto, supuestamente, para restringir el porte de armas, pero dejando un artículo en que le da atribuciones al ministro de Defensa y a los comandantes de las brigadas militares para entregarles armas a quienes consideren discrecionalmente como desprotegidos.

Y entre ellos ya se ha mencionado, por ejemplo, a los ganaderos, que siempre apoyaron las estructuras paramilitares. O sea, se vuelve a legalizar el paramilitarismo de una manera muy explícita en este Gobierno.

¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional en la implementación del acuerdo y la consolidación de la paz en Colombia?

La comunidad internacional lleva muchos años elaborando informes sobre la situación de Colombia y formulando recomendaciones que siempre son bien recibidas, en el discurso, por los Gobiernos: dicen que las aceptan con mucho interés, pero nunca las ponen en práctica.

Ahora, yo creo que una de las grandes fallas en Colombia es la justicia: allá siempre ha habido impunidad. Y cuando en el proceso de paz se habló de justicia se crearon unos nuevos mecanismos como la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero ya se le encontró la manera de continuar con la impunidad también a través de estos nuevos mecanismos.

Yo diría que la mejor participación de la comunidad internacional sería que se haga justicia por fuera de las estructuras del país. Por ejemplo, que la Corte Penal Internacional aplique realmente el Estatuto de Roma y juzgue a los máximos responsables de la violencia. Yo creo que los presidentes, desde hace un buen tiempo, tienen una responsabilidad enorme en toda esta violencia.

Por ejemplo, he sido acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y llevamos cuatro presidentes a los cuales les hemos enviado, varias veces al mes, denuncias, llamados y súplicas apremiantes para que controlen el paramilitarismo, a los militares que están en esa región y que son criminales, pero nunca han querido escucharnos.

Por eso yo creo que debe actuar la justicia internacional: porque allá no tenemos esperanza de que la justicia interna haga algo.

Todas las intervenciones del panel en el que participó el padre Javier están disponibles en este enlace.

panorama.ridh.org/en-colombia-no-tenemos-esperanza-de-que-la-justicia-interna-haga-algo-padre-javier-giraldo/

“Un culto tolerante que llegó con los esclavos africanos”


12 de Marzo de 2019 | 02:08 |

“Derivada del animismo africano -que rinde culto al alma de la naturaleza a través de sus dioses, los orixás- esta religión milenaria que llegó a Brasil con los esclavos africanos consigue cada vez más adeptos por ser un culto tolerante y abierto a todos”, sostiene la doctora en psicología y sociología Sylvia Marcos en uno de sus estudios sobre religión y género.

“Al igual que la santería cubana -agrega- que también nació de las creencias y deidades que llegaron a la isla con los esclavos africanos, en el candomblé el cosmos y las personas están interrelacionados y eso es lo que le da sentido”.

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Esta conclusión fue reafirmada por Conceiçao Panasco da Silva, al decir que el candomblé “cree que somos el espejo de una deidad, que tenemos un orishá arquetipo que representa una fuerza de la naturaleza y de esa forma vemos a las personas como ellas son realmente”.

Aquí, el mayor cargo para mujeres es el de Iyalorixá y para hombres el de Babalorixás, aunque el mayor respeto y la gran palabra es la de las mujeres.

https://www.eldia.com/nota/2019-3-12-2-8-23–un-culto-tolerante-que-llego-con-los-esclavos-africanos–informacion-general

El largo camino de Miriam, la mujer que desafía a la Iglesia Católica


El largo camino de Miriam, la mujer que desafía a la Iglesia Católica

Miriam Azócar se vinculó desde pequeña a la Iglesia Católica y cuando era adolecente, decidió consolidar su vocación estudiando Religión. Pero un temprano embarazo influyó negativamente en autoridades dogmáticas, cerrando las puertas de su futuro laboral. La que sigue, es la historia de su lucha por dignidad, mezclada con viejas y duras prácticas eclesiásticas.

Por Vasti Abarca y Catalina Arenas / 11.03.2019Compartir en FacebookCompartir en TwitterEnviar por WhatsAppCompartirEnviar por EmailCompartir en LinkedIn

“Mi gran ventaja es que estoy fuera de la Iglesia y no tengo nada que perder”, dice Miriam Azócar. “No tengo más miedo”.

Su historia se remonta a 2000, cuando cursaba tercer año de Pedagogía en Religión en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, UCSC. Miriam quedó embarazada de quien hoy es su conviviente civil. Es fue la puerta de entrada a su infierno, el cual se enardeció al enterarse que sufría una enfermedad autoinmune: Lupus.

“En noviembre de ese año estábamos en actividades universitarias y tuve una urgencia médica que me dejó en el hospital”, dice Miriam. “Quedé hospitalizada 20 días, me dieron el alta sin diagnóstico y por diciembre me entero que estoy embarazada y que tengo Lupus, una mezcla que era casi mortal”.

Después del episodio, el médico ordenó una larga licencia para Miriam que no le permitía volver a clases en marzo y tampoco trabajar. En ese momento, Miriam trabajaba como profesora de Religión en un colegio en la comuna de Chiguayante, en la población La Leonera.

Al ser estudiante, necesitaba un Certificado de Idoneidad Moral para poder ejercer, que era entregado por el coordinador de carrera, René Donoso. El citado certificado es un documento que acredita a los colegios que un aspirante a profesor de Religión es competente para realizar clases, en base a su conducta moral y laical.

Bajo los estatutos católicos, sin embargo, Miriam había perdido esa idoneidad por quedar embarazada mientras vivía en concubinato. Esa fue una traba que según Miriam, solo las mujeres deben enfrentar. “Muchos de mis compañeros fueron padres mientras estudiaban y lograron ejercer su profesión. Lo que pasa es que ellos no llegaron con la guata a la universidad, y yo sí”, enfatiza.

A pesar de que Miriam se reunió en reiteradas ocasiones con Donoso, hombre laico con un alto grado en el departamento de Educación de la universidad, él insistió en que no merecía el certificado.

“Él, frente a mí, leyó un documento donde decía que me es negado este certificado de idoneidad moral por estar en mi condición de madre soltera y conviviente”, recuerda.

Miriam dice que había optado por la vida al elegir esa profesión. “¿Y esta es la forma en la que la Iglesia me acompaña?”, preguntó a René Donoso. Pero no obtuvo respuesta. “Para él –continúa Miriam- yo transgredía una norma del Código de Derecho Canónico”.

Según el inciso del Código, ella no cumplía con lo que significa el sentido ético y moral consecuente de seguimiento y adhesión de vida cristiana.

Esa vida cristiana a la cual hace referencia el Código, se basa en un camino ceñido a las normas que establecieron las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica que históricamente han sido varones. Son hombres que no se embarazan y que han naturalizado el abuso de poder y conciencia hacia las mujeres. Miriam perdió una fuente de ingreso económico que necesitaba en medio de su embarazo y la reciente enfermedad que se había presentado, para pagar deudas y cobros de arriendo que, finalmente, provocaron un fuerte decaimiento de su salud mental.

Camino de difícil andar

La vocación de Miriam inició desde pequeña, cuando vivía en Concepción. A través de su formación católica, entregada por su madre y profesoras, a quienes considera sus mentoras, sintió el llamado para continuar transmitiendo la fe, como parte de una práctica que culturalmente es realizada por mujeres en su vida diaria, fuera del contexto del poder clerical.

Hoy, con 45 años, Miriam no tiene miedo de pedir justicia. A causa de la discriminación que sufrió, tuvo que abandonar su carrera y buscar un trabajo que le permitiera sustento junto a su pareja e hijo. Mientras, la universidad no se olvida de seguir cobrando los ocho millones de pesos que no pagó a modo de protesta por el maltrato sufrido y que, actualmente, la mantiene en Dicom.

Los abusos de poder y conciencia operan en distintos niveles en una mujer, tanto psicológicos como sociales. Para muchas, es un lento proceso el poder asimilar la violencia de la cual fueron víctimas. Primero deben existir condiciones materiales y subjetivas para que esto ocurra.

“El Estado debe trabajar por esas condiciones y una Iglesia tiene que enfrentarse a prevalecerlas. Y cuando no está el Estado, la iglesia puede tener un rol relevante siempre y cuando quiera transformar la concepción que ha construido históricamente del hombre y la mujer”, explica la socióloga Tatiana Hernández.

Documento perdido

Las vías de denuncia dentro de la Iglesia Católica son escasas y complicadas de seguir, principalmente por las trabas que la misma Iglesia pone a quienes se atreven a denunciar.

Miriam desde hace años mantiene su situación a la espera de un juicio laboral que está en desarrollo. Para poder concretar su denuncia, necesita toda la documentación que pueda respaldar su relato, como el documento que Donoso leyó frente a ella, en el que la sentenciaba a la inmoralidad.

Esa situación permanece en una nebulosa, debido a que en octubre de 2018 monseñor Fernando Chomali, actual Gran Canciller de la UCSC, a quien nunca había visto en persona, le dio malas noticias a Miriam. Vía correo electrónico le informó que “la Vicaría ha hecho lo posible por encontrar el documento que usted ha perdido y no ha sido encontrado”.

Chomali fue nombrado Arzobispo de la Santísima Concepción en 2011 por el Papa Benedicto XVI y fue carta para reemplazar a Ricardo Ezzati en el Arzobispado de Santiago. Sin embargo, él mismo aclaró que no era la persona indicada.

Un mes más tarde, Miriam tuvo una entrevista con el administrador apostólico de Chillán, Sergio Pérez de Arce. El sacerdote, que está vinculado a la Congregación de los Sagrados Corazones, prometía ser un aliado en este rocoso camino, según Miriam. Sin embargo, se llevó una lamentable sorpresa al escuchar a Pérez de Arce decir que lo ocurrido solo fue una insensatez por parte de Donoso.

“Las acciones de abuso de poder y conciencia son un descriterio para Pérez de Arce”, dijo Miriam, a través de Twitter. “Para mí y mi familia, no”.

Sin bajar los brazos, continúo su búsqueda de justicia con el apoyo de las abogadas de AML Defensa de Mujeres. “No voy a echar pie atrás porque pasaron por encima de mis hijos y de mí”, asegura. “Lo hago por dignidad”.

Después de largo tiempo comunicándose solo por correo electrónico, el 20 de febrero Miriam se pudo reunir de manera presencial con Monseñor Fernando Chomalí. El arzobispo reconoció que es una situación que jamás debió pasar. “Me dijo que nunca le hubiese negado a una madre soltera la oportunidad de seguir trabajando y se comprometió a que el 18 de marzo será el último plazo para hablar con las autoridades de la universidad”, relata.

En concreto, Miriam exige que la deuda de ocho millones de pesos sea condonada y exista un acto reparatorio por parte de la Iglesia Católica. La contradicción está en que para que sea condonada su deuda, debe presentar toda la documentación pertinente y Fernando Chomalí se negó a recibir los antecedentes escritos que Miriam llevó a la reunión.

Este muro de hierro que enfrenta no es novedad. Aquellas que de manera valiente deciden denunciar abusos dentro de la Iglesia Católica, no tardan en llegar al pozo sin fondo en el que la Iglesia olvida a las víctimas y sus denuncias.

https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/11/el-largo-camino-de-miriam-la-mujer-que-desafia-a-la-iglesia-catolica/

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