CHILE: Ex provincial jesuita investigado por abuso pidió su renuncia al estado clerical


Publicado: Martes, 26 de Marzo de 2019 a las 20:34hrs. | Periodista Digital: Cooperativa.cl

Eugenio Valenzuela envió la solicitud al superior general de la orden y al papa Francisco.

Los denunciantes acusan que con esto “no se acaba el tema de la reparación y el reconocimiento de la Compañía de estas situaciones”.

Ex provincial jesuita investigado por abuso pidió su renuncia al estado clerical

Foto: Jesuitas

Se le otorgó permiso a Velenzuela para vivir fuera de las casas de la Compañía de Jesús.

El cura Eugenio Valenzuela, ex provincial de la Compañía de Jesús en Chile entre 2008 y 2013, solicitó formalmente su renuncia al estado clerical en medio de las investigaciones en su contra por denuncias de abuso sexual y de conciencia.

A través de un comunicado, la orden confirmó que Valenzuela pidió “formalmente al Superior General de la Compañía de Jesús (Arturo Sosa) su salida de la Orden y al papa Francisco la dimisión del estado clerical”.

El provincial jesuita Cristián del Campo envió a la curia general de la orden los antecedentes que acompañan esta solicitud, documentos que “serán remitidos al papa Francisco para su resolución”.

El vocero de los denunciantes de abusos al interior de la congregación, Daniel Palacios, dijo a Cooperativa que “es una decisión de Valenzuela, no es una decisión de la Compañía de Jesús”.

“La Compañía de Jesús no es la que toma la decisión, está informando una decisión de Valenzuela. Entonces, no es que la Compañía está haciendo algo, simplemente está informando y entregando estos nuevos antecedentes de estos casos. No sé si es que volvieron a revisar los casos que hago referencia u otros, pero claramente aquí no soluciona todo”, aseveró.

Palacios reconoció que con esto “no se acaba el tema de la reparación y el reconocimiento de la Compañía de estas situaciones que realizó Valenzuela cumpliendo las funciones de guía espiritual que la misma compañía le encomendaba”

A la espera de la decisión del Vaticano, se le otorgó permiso a Velenzuela para vivir fuera de las casas de la Compañía de Jesús.

En febrero pasado se informó que una “investigación previa” realizada por el abogado Waldo Bown –el mismo que indaga las acusaciones contra Renato Poblete– consideró “verosímiles” un conjunto de hechos de abuso sexual y de conciencia denunciados respecto de Valenzuela.

La orden “intentó mantener bajo reserva” la indagatoria, que “apuntaba a conductas sin consentimiento” y que fue encargada a Bown por la propia congregación, tras recibir la denuncia de “un hombre adulto”.

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/ex-provincial-jesuita-investigado-por-abuso-pidio-su-renuncia-al-estado/2019-03-26/2

El Vaticano deja ir a la representante del género femenino en la Iglesia


MILITANCIA FEMINISTA EN EL CATOLICISMO

 Mar, 26/03/2019 – 20:10  Enviado en: 

El Vaticano continua envuelto en escándalos, después de haber sido el centro de los escándalos por abuso sexual en los últimos meses, el martes 26/03, perdió a Lucetta Scaraffia, la defensora de las mujeres en la institución y fundadora de la revista suplementaria de la Santa Sede, Women Church World. La revista en una su última edición denuncio el acoso de los sacerdotes a las monjas miembros de la institución, lo que al parecer no fue muy bien recibido por las autoridades religiosas.

Lucetta Scaraffina, la representante de las mujeres en el Vaticano

Contenido

El 26/03, Women Church World, la revista mensual del Vaticano que destaca y analiza el lugar de la mujer en la Iglesia, perdió a su fundadora, Lucetta Scaraffia, y a su equipo de 11 empleados, quienes hace 7 años se encargan del medio de comunicación de la institución. La razón: se sentían sofocadas por el accionar de la institución en cuanto a temas femeninos.

A través de una carta dirigida al Papa Francisco I, las trabajadoras de la revista que era publicada una vez por mes como suplemento del diario, L’Osservatore, decidieron dejar su trabajo porque “ya hace tiempo nuestra línea editorial les molesta”, explicó Scaraffia para luego explicar que el punto de inflexión fue el intento de deslegitimación por parte de la Santa Sede. 

En el documento, que fue publicado por la agencia de noticias estadounidense, Associated Press, Scaraffia acusó a la Iglesia de preferir a las mujeres elegidas por la administración masculina y “consideradas confiables”.

La edición en formato revista, represento por más de 7 años a la porción femenina de una institución masculina en su totalidad, donde históricamente los derechos de la mujer no están representados en igualdad de condiciones que los de los hombres, donde los muros para el género femenino o para la comunidad homosexual siempre fueron controversialmente altos. 

Según lo publicado por la agencia, la decisión se tomó a principios de año, luego del nombramiento de Andrea Monda, como nuevo editor del diario L’Osservatore. El mismo, al parecer, no es un hombre de confianza a los ojos de Scaraffia ya que lo acusa de querer volver a la censura del género femenino, “contrariamente a lo que busca el Papa Francisco”, explicó la líder feminista. 

Aunque Monda negó cualquier tipo de interferencia y deslegitimación, ya que dice abogar por un diálogo verdaderamente libre.

Scaraffia, además de ser periodista y profesora de historia, fue conocida por la comunidad católica como la impulsora de la publicación de grandes temas, entre ellos el recientemente reconocido públicamente por el Papa Francisco, abuso a las monjas por parte de sacerdotes. 

Cuando este artículo salió a la luz a principios de febrero de 2019, Scaraffia señaló en una entrevista: “Por fin, ahora muchas mujeres tendrán el valor de hablar sobre el tema y denunciar a sus abusadores”.

El artículo que dio cuenta de una realidad incómoda e inverosímil para las reglas de la institución, cayó como una bomba para la Iglesia ya que ocurrió en medio de las denuncias por abuso sexual a niños por parte de Obispos y sacerdotes en todo el mundo. Entre ellos, el Cardenal Pell en Australia y la investigación en agosto 2018 que denunciaba abusos en 6 diócesis católicas en Pensilvania (Estados Unidos), donde más de 300 sacerdotes fueron culpados y casi 1000 niños las víctimas.

Tras la cumbre, Scaraffia, explicó que si bien el evento había sido un gran avance, los obispos continúan ejerciendo el papel de controladores actuando como si fueran inocentes porque no hay ningún tipo de control sobre ellos por parte de la Iglesia. Además, resaltó la necesidad de la presencia femenina en la institución y no en puestos inferiores, “me las imagino hasta como Secretarías de Estado”, aclaró al diario español El País.

Si bien en la histórica cumbre sobre el abuso en la Iglesia organizado por el Papa Francisco en febrero 2019 muchas mujeres miembros de la institución fueron asignadas con roles más que decisivos para hablar, la situación al parecer no era igual en los medios de comunicación de la Santa Sede. Pero, teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de la Iglesia, ¿puede ser la falta de representación femenina una causa de la caída de la credibilidad de la institución?

https://www.urgente24.com/mundo/global/el-vaticano-deja-ir-la-representante-del-genero-femenino-en-la-iglesia

El odio, arma política


Por Javier Dario Restrepo

Columnas de opinión Actualizado hace 2 dias

La congresista que en la Comisión de Paz del Congreso llamó, sin más, a un congresista de la Farc “terrorista”, hizo evidente el síntoma. Ocho días después la sesión de la misma comisión acabó en otro bochornoso bochinche. Aunque parece solo una expresión de fanatismo o de malacrianza de la congresista,  el detalle es sintomático. Llamar rojos, comunistas, o guerrillos a los que  piensan distinto, es el punto de partida para las actitudes violentas de rechazo a los que piensan de otra manera –en deportes, en religión, en política, sobre la paz, sobre la guerra– aunque nunca hayan militado en el partido comunista o en las guerrillas.

Una reciente estadística sobre los autores de asesinatos de líderes sociales reveló que el 17,42% de esas muertes fueron obra de exparamilitares y que el Ejército Nacional es responsable del 4,28%. Al menos entre estos dos grupos el prejuicio de la congresista es el mismo: hay en el país un grupo de izquierdosos a los que se rechaza verbalmente al comienzo, después se los silencia y finalmente se los inmoviliza, dentro de un proceso que no parece tener reversa.

El sentido común, más lúcido que el sentido partidista, pregunta entonces: ¿estas personas qué han hecho para que así se les persiga? Y la verdad es que contra ellos solo hay la sospecha de pertenecer a grupos de izquierda o de profesar sus ideas.

Pero la pregunta es insistente; suponga usted que yo soy comunista, ¿hay algo de ilegal o de subversivo en eso? ¿Se justifica de algún modo la persecución contra estas personas? Hubo tiempos, los del presidente Valencia, en que se les puso fuera de la ley; ese oscurantismo fue superado por presidentes de mayor lucidez y mejor comprensión; pero en nuestros días es algo tan superado como el miedo a los fantasmas.

En uno de estos domingos, el caricaturista de El Espectador le echó leña a esa hoguera de odio al presentar a la directora de la JEP detrás de un atril identificado por el viejo símbolo de la hoz y el martillo. ¿Con qué fundamento el caricaturista clasifica esa institución como comunista? El simplismo intelectual de estos odiadores clasifica sin más al Centro de Memoria Histórica como comunista, y como a la JEP, también a la Comisión de la Verdad, aún a sabiendas de que no hay argumentos para afirmarlo. Y de las consecuencias de esa acusación, ¿cuántos de los líderes sociales muertos resultaron víctimas de ese prejuicio creado por el odio?

Quizás sea peor la actitud de los que vieron las masacres de comienzo de año con su saldo de 30 muertos como parte del paisaje. Mientras tanto el llamado a odiar, con toda su interna dinámica de muerte, hace parte del arsenal electoral, que se aplica para que los electores lleguen a las urnas odiando.

Con la misma inconsciencia con que un niño pone en funcionamiento su juguete nuevo, los líderes políticos, como si se tratara de algo inocente, esperan su éxito electoral de la aplicación del odio como móvil. Ahí tienen a la Comisión de Paz del Congreso de bochorno en bochorno, movida no por motivos de paz sino de odio; y a todos esos grupos armados que llevan a cuestas sus listas de enemigos. El odio está movilizando más la política que las ideas.

Fuente: http://www.elheraldo.com

Un cura de Barcelona dice que denunciar los abusos de Montserrat es “un ataque a Cataluña”


Publicado el 25 de Marzo de 2019 – 18: 28

EL INDEPENDIENTE

El 'pare Manel', párroco en Barcelona y candidato en las listas de Junts per Catalunya en 2017.

El ‘pare Manel’, párroco en Barcelona y candidato en las listas de Junts per Catalunya en 2017. FACEBOOK

Manel Pousa i Engroñat es un cura histórico de los distritos humildes de Barcelona. Personaje mediático e impulsor de la Fundación ‘Pare Manel’, como se le conoce popularmente, con la que recauda dinero en galas anuales y recorre los distritos promoviendo proyectos que tratan de estructurar barrios golpeados primero por la droga y después por la crisis. Manel Pousa saltó a la política en las pasadas elecciones autonómicas del 21-D, en las que concurrió en las listas de Junts per Catalunya en los últimos puestos de la provincia de Barcelona. “Me lo pidieron y lo hice consciente de que iba de adorno”, ha dicho este fin de semana en una entrevista concedida al digital Crític

En esa entrevista, el popular párroco también hace referencia a la cascada de denuncias de abusos sexuales en el monasterio de Montserrat que se han producido en los últimos meses. Hasta ocho personas han denunciado los presuntos tocamientos de uno de los monjes de la institución, que se habrían producido al menos desde los años 70. Sin embargo, estos casos esconden, según el padre Manel Pousa, una intencionalidad política.

Todo lo que los medios han dicho de Montserrat para descalificar sabiendo lo que representa en el imaginario catalán…a mí eso me huele a chamuscado”, dijo hace semanas otro párroco

“¿Por qué después de 40 años salen ahora, y en el monasterio? Aquí hay descaradamente un ataque a Cataluña”, analiza el párroco ‘fichado’ por Carles Puigdemont para las pasadas elecciones autonómicas. “Seguro que influye”, insiste cuando le repreguntan si cree que tras las denuncias de Montserrat hay una carga política de fondo. Posteriormente, compara los abusos en la Iglesia con los que se producen en el seno familiar. “Si esto pasa en familias normales que pueden vivir más o menos la sexualidad…¡imagínate en un convento o con un capellán!”.

No es la primera vez que el párroco barcelonés protagoniza polémicas eclesiásticas. Hace ocho años, de hecho, ya estuvo cerca de ser excomulgado tras ser acusado de financiar abortos entre sus feligresas. El religioso explicó que simplemente se asesoraba a las mujeres que llegaban con dudas sobre sus opciones, y que no se financiaba nada. Finalmente evitó el castigo y denunció una campaña política en su contra.

Cinto Busquet, faro del catolicismo independentista

Pousa, sin embargo, no ha sido el primer cura catalán en acogerse a la teoría política sobre los abusos. El viernes 15 de marzo abrió la veda el párroco de Calella, Cinto Busquet, cuando habló del primer denunciante de los abusos de Montserrat para decir que según las fotos “no parecía muy abusado, sino que estaba en un juego y que ya le iba bien”.

Busquet prosiguió sus declaraciones a un medio local de Calella con el argumento político: “No estoy diciendo que no hubiera nada, pero que en este momento, a 25 años de distancia, que saque esto contra Montserrat…No quiero ir más allá pero en el momento del proceso político que vivimos, y todo lo que los medios han dicho de Montserrat para descalificar sabiendo lo que representa en el imaginario catalán… a mí eso me huele a chamuscado”.

Posteriormente, Busquet tuvo que pedir disculpas al denunciante: “No era mi intención herir o menospreciar el sufrimiento que haya podido tener o las consecuencias que esto haya podido llevar en su vida”. Como Pousa, Busquet también es un cura polémico. Sin ir más lejos, es el impulsor del grupo ‘Cristianos por la soberanía’ que pide “rezar juntos hasta el pleno reconocimiento de la soberanía nacional en Cataluña” y lideró el grupo de 400 religiosos que firmaron una carta a favor de las tesis independentistas en los días previos al 1-O.

https://www.elindependiente.com/politica/2019/03/25/pare-manel-abusos-montserrat-ataque-cataluna/

Emilio Montero Herrero – Hay otro feminismo



EMILIO MONTERO HERRERO|25 marzo, 201988

EMILIO-MONTERO

Es curioso que hayamos inventado el término feminismo para definir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, cuando no hay términos equivalentes para la lucha por la igualdad de derechos en otros ámbitos. Por ejemplo, el que niega la igualdad de derechos entre personas de razas diferentes es un racista, pero el que la defiende no se le llama de una manera determinada, sino que simplemente es lo normal. De cualquier forma, lo que es cierto es que existen pocas palabras que susciten tanta polémica como la palabra feminismo sobre lo que significa tal igualdad.

Hace unos días se celebraba el día de la mujer, un homenaje super merecido. Pero confieso con toda sinceridad, y probablemente me tilden de no sé qué cosas, que lo que vi y escuché en buena parte de ese día y en días posteriores tenía que ver muy poco con la dignidad y la maravilla de la mujer, de su grandeza inmensa.

Debemos condenar enérgicamente toda clase de violencia con las mujeres, pero también es necesario denunciar la manipulación que el feminismo radical está queriendo imponer con la ideología de género y con la utilización de las muertes de mujeres por violencia, queriendo dar a entender que la mujer está oprimida por el hombre en todos los terrenos y sobre todo en la familia y la maternidad.

Este feminismo poco tiene que ver con las mujeres y sus derechos y mucho con el asalto al poder de una izquierda que conocedora de su fracaso histórico ahora se disfraza de mujer.

El feminismo se enfrenta hoy a un enemigo que no existe, inventado, una falsedad. Llama a librar una batalla que no ha lugar porque las mujeres hoy en España no necesitan leyes específicas para alcanzar derechos que ya tienen reconocidos por las leyes en vigor. Lo que necesitan es que se apliquen las existentes y que se apliquen bien.

Para empezar, la manifestación del 8 M fue convocada por el poder. Las huelgas se convocan contra el poder. Cuando el que convoca las huelgas es el que manda, lo podrás calificar como quieras, pero huelga no, en todo caso se podría llamar cierre patronal. Además se convocaba bajo un manifiesto realmente chocante en el que se mezclaba el feminismo con la lucha contra el capitalismo.

Si se hubieran molestado los que animaron a acudir a esa manifestación y hacer huelga ese día en consultar los informes de Naciones Unidas, sobre donde se encuentran las mujeres más oprimidas, más maltratadas, más violadas, más agredidas y más asesinadas, hubieran comprobado que es justamente en los países que tienen una querencia ideológica más próxima a algunos de los que se dieron cita en esa manifestación. Y que donde la mujer es más libre, donde goza de más derechos, de más capacidad de elección es precisamente en los países capitalistas occidentales.

¿De verdad cree alguno de los que se manifestaron ese día que por lo que hay que protestar es la situación de la mujer en España?. ¿Alguno se ha molestado en analizar algún dato, para comparar cómo está la mujer en España en relación con otros países?. Pues resulta que los datos lo que dicen es que España es el quinto mejor país del mundo para nacer mujer, que España es uno de los países del mundo donde menos agresiones sexuales a mujeres y asesinatos por violencia doméstica se producen y que España es uno de los países con más mujeres directivas y uno de los países donde más igualdad real existe entre hombres y mujeres. Lo que muestra que detrás de tanta protesta hay muy pocos datos racionales y muchas consignas y propaganda, como lo de la brecha salarial, cuando en España está garantizado desde el año 1981 que una mujer cobre lo mismo que un hombre por el mismo puesto de trabajo.

Por otra parte, ¿Está a favor de las mujeres quien agrede a otras mujeres, algunas niñas, por no estar de acuerdo con sus planteamientos, como sucedió ese día por no ponerse el lazo morado? Estas son las de “yo si te creo”. ¿O están a favor de las mujeres los partidos que convocaron esa manifestación, que son los mismos que rechazan la prisión permanente revisable para los psicópatas violadores de mujeres?

También debemos considerar las nuevas leyes de “igualdad” y de violencia de género, que están quebrando el derecho fundamental de igualdad ante la ley que recoge la Constitución Española en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”. Situación más alarmante aún en la medida que estas leyes rompen el principio de presunción de inocencia de los hombres, que se pueden ver indefensos, criminalizados y estigmatizados socialmente por una simple denuncia, antes siquiera de ser determinada su veracidad.

Teniendo en cuenta, además, que un noventa por ciento de las mujeres son madres, esposas, novias o mujeres que viven plenamente identificadas con su rol social, esta la ley se vuelve discriminatoria con el estamento social, causando un caos en la convivencia.

Lo más grave, no obstante, es que estas leyes han resultado ser un fracaso a la hora de erradicar el mal que pretenden combatir: los asesinatos de mujeres no han disminuido.

Para lo que sí han servido es para sufragar con millones de euros públicos a numerosas organizaciones vinculadas a la izquierda y el feminismo radical, que siguen cómodamente expandiendo su ideología amparándose en la defensa de la mujer.

El feminismo lucha por la igualdad entre hombre y mujer; está muy bien, pero que no se vengue contra el hombre acusándole de un machismo prepotente y que es condenable siempre. Ante todo todos somos personas iguales; a iguales hechos delictivos mismas penas.

Siempre ha habido y habrá personas de ambos sexos, que roben, asesinen, violen o maltraten al prójimo. Y es esencial que la justicia actúe, pero lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que la Ley sea un instrumento con fines de adoctrinamiento político o social.

Leonor Tamayo, presidenta de Women of the World, ha declarado que el 8M no representa a muchas mujeres y que por eso no secundaron una huelga que consideraban política e inundaron las redes sociales con frases como estas: “No necesito que ningún colectivo en pelotas hable por mí” o “No necesito un día absurdo para reivindicarme”.

Leonor Tamayo también afirmó que “los manipuladores de la opinión pública han dibujado una realidad inventada sostenida en medias verdades o, directamente, en falacias, datos manipulados y mentiras, creando la ilusión de que las mujeres estamos sometidas a una tiranía violenta, que no somos libres ni iguales a los hombres, y que terribles peligros nos amenazan cada vez que pisamos la calle. Todo ello para justificar dos cosas: su chiringuito de subvenciones y la aprobación de leyes que limiten nuestra libertad”. “En España las mujeres no estamos en situación de inferioridad ni discriminación. Es más, muchas personas empezamos a sentir que los que están siendo discriminados por la ley son los hombres”.

Con todo esto, ¿quiero decir en estas líneas que las mujeres en nuestro país no sufren algún tipo de discriminación? Por supuesto que no. ¿Significa esto que las mujeres no tropiecen en su vida laboral con muchísimas dificultades?, por supuesto que no. Para empezar, las mujeres por cuestión meramente fisiológica resulta que tienen hijos, y es absolutamente cierto que este país como en todos los países del mundo sigue habiendo mujeres que no encuentran la manera de compatibilizar su vida familiar con el trabajo, porque quieren una vida profesional y ser madres a la vez. Y los políticos en vez de echarse las manos a la cabeza organizando manifestaciones, más les valdría trabajar para buscar soluciones, como que tengan libertad para elegir trabajar menos horas para dedicar más tiempo a su familia si así lo desean, poder usar el teletrabajo, guarderías, etc. Igualmente aplicable a los padres, por supuesto. Y sobre todo, es fundamental la formación de los jóvenes en valores y en el respeto mutuo.

http://www.eladelantado.com/opinion/tribuna/emilio-montero-herrero-hay-otro-feminismo/

Presidenta de la JEP pide al senador Uribe “no acudir a estrategias de desprestigio”


26 Marzo 2019

JEP


Colombia en Transición

Patricia Linares le recordó al también expresidente que desde la JEP se ha propiciado un debate con respeto y que, como servidor público, debería impulsar la paz, un derecho y un deber estipulado en la Constitución.

Después de la controversia que generó la valla instalada en Antioquia del partido Centro Democrático, acusando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de estar del lado de los victimarios, su presidenta, Patricia Linares, envió una carta al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole respeto en el debate en torno a esta jurisdicción y el cumplimiento estricto del artículo 22 de la Constitución, “que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos”.

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Senador de la República 

Honorable Senador Uribe,

En septiembre de 2017, cuando el papa Francisco visitó nuestro país, nos dejó una serie de reflexiones que día a día se nos presentan como necesarias para avanzar en el camino de construir una paz estable y duradera.

Nos dijo, por ejemplo, que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos” y que ese esfuerzo “nos debe hacer huir de toda tentación de venganza”.

Antecedida de esas reflexiones quiero, muy respetuosamente, dirigirme a usted, como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de los dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo.

Un deber que en mi criterio se intensifica cuando cumplimos  servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional, dirigidas a jueces de la república que ejercemos nuestras funciones con la autonomía e independencia, con la que nos dota la Constitución, siempre supeditados a sus directrices y mandatos.

En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quieren tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciados debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo.

Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, reclaman como derecho la construcción de una paz estable y duradera y de nosotros, los servidores públicos, el trámite democrático de las diferencias, los debates y las controversias que puedan surgir en torno al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición y, concretamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Somos un Tribunal de Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.

Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz.

La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje democrático, sereno, sincero, conciliador, el lenguaje que necesita Colombia para por fin pasar la página extensa de la guerra y quedar inmersos en la tarea inmensa de reconstruirnos como sociedad.

Los colombianos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos.

Cordialmente,

PATRICIA LINARES PRIETO

Presidenta de la JEP

Respuesta de Uribe:

Respetada Dra. Patricia Linares, Presidente JEP: 

Creo que en la JEP deberían respetar opiniones que creen que ese no es el camino de la paz ni de la reivindicación de las víctimas.

Seguiré en el Congreso, con argumentos, como ud lo ha conocido, buscando reformas, atte.

ÁlvaroUribeV

https://colombia2020.elespectador.com/jep/presidenta-de-la-jep-pide-al-senador-uribe-no-acudir-estrategias-de-desprestigio

Declaración de Patricia Linares, presidenta de la @JEP_Colombia, sobre carta enviada al senador

https://www.pscp.tv/w/1jMJgOBBWWWJL

Pinochómetro a la carta del fiscal sobre la JEP – revista Semana

La misiva se basa en cuatro puntos que fueron centrales en la sentencia de la Corte Constitucional. SEMANA la analizó y comparó punto por punto con el fallo para establecer cuáles de las inconveniencias que señala Martínez son verdad, verdades a medias o falsas. Estas son las conclusiones.

1. ¿Beneficios por delitos de ejecución continuada?

Fiscalía: El fiscal Martínez le pidió al presidente Duque que se presente al Congreso una iniciativa de Ley para que se defina con exactitud en qué casos y en qué circunstancias la jurisdicción ordinaria es competente para investigar y juzgar a los reinsertados que luego del 1 de diciembre del 2016 (fecha de la firma del acuerdo de paz) continúan vinculados a actividades de narcotráfico. Según el jefe del ente investigador, tal como quedó la ley estatutaria después de salir de la Corte Constitucional, los reinsertados que continúan en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente podrán conservar beneficios de la JEP y no serán investigados ni juzgados por la justicia ordinaria.

Verdad a medias: Se extrae de la sentencia que la JEP podría mantener su competencia sobre delitos de ejecución permanente como el narcotráfico aun cuando se cometa después de la firma del acuerdo de paz. Al respecto la corte señala: “A diferencia del delito instantáneo en el cual la consumación tiene lugar en un momento específico, (…) en el delito permanente la consumación se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela”.

Los magistrados precisan que la competencia de JEP solo se mantiene cuando se trate de delitos de ejecución permanente y cuando el delito se haya cometido con el fin de financiar las actividades del grupo. La jurisdicción de paz quedaría excluida de su competencia cuando hubieren sido“cometidos exclusivamente con la finalidad de obtener beneficio económico particular”. También si se trata de un nuevo delito que no tiene carácter de permanente.

Fiscalía: Otro pero que señala el fiscal dentro de este acápite es que, según él, los reincidentes conservarán los beneficios (penas blandas) cuando lo que debería ocurrir es que los pierdan como consecuencia justamente de esa circunstancia. Al respecto el fiscal Martínez señala: “Lo más grave es que pese a tratarse de desmovilizados y haber asumido el compromiso de no repetición, su conducta sería juzgada con un régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP, contrario a lo dispuesto para cualquier ciudadano, lo cual se lleva de calle el Acuerdo de Paz cuando previó que el régimen de la JEP se aplicaría únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, puntualiza la carta.

Verdad a medias: La Fiscalía pareciera hacer relación a que los reinsertados, comparecientes ante la JEP, van a perseverar en el narcotráfico después del acuerdo. Frente a esto la corte diferencia claramente dos escenarios: uno, si existe la comisión de un nuevo delito, en cuyo caso la competencia de investigación y juzgamiento será de la justicia ordinaria. Si se trata de conductas de ejecución permanente, la JEP puede evaluar si hubo lugar a incumplimientos a las condiciones del sistema y podrá someterlos a sus penas ordinarias, que son máximo de 20 años y que se podrían cumplir en centros de reclusión del Inpec.  

Fiscalía: La carta de la Fiscalía afirma: “La entrada en vigencia de la Ley lleva implícito un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esta actividad, en momentos en que la política pública antidrogas reclama un tratamiento diferente. Así, si un desmovilizado mantiene sus cultivos ilegales

podría ser beneficiario con penas no restrictivas de la libertad de 2 a 5 años, mientras que un campesino está expuesto a sanciones de prisión de 6 a 12 años”

Falso: En las cuentas del fiscal no se incluye el hecho de que continuar con la actividad de narcotráfico por parte de un desmovilizado lo deja en el peor de los escenarios en materia penal, incluso, por encima de un sembrador de coca sometido al sistema penal ordinario. Si se llegara a establecer la responsabilidad de un excombatiente en unas plantaciones ilegales (que dejó sembradas antes de la firma del acuerdo de paz) pero que posteriormente sirvieron para el procesamiento y tráfico de drogas, podría quedar sometido dos sanciones: de un lado, por los delitos cometidos en el marco del conflicto la JEP le podría imponer una sanción hasta de 20 años. De otro, la justicia ordinaria tendrá que procesarlo por los nuevos hechos. De modo, que en casos como esos, la sanción para el excombatiente sería mayor que la de un campesino, lo cual no se podrían considerar como un “incentivo perverso”.

2. ¿Reincidencia en secuestro, narcotráfico y homicidio no implica la pérdida de todos los beneficios de la JEP?

Fiscalía: La carta de Martínez subraya que la no repetición es una condición fundamental del sistema de justicia transicional, y pese a ello Yesid Reyes y el abogado de las Farc señalaron que este compromiso “se limitaba a la obligación de los reinsertados de no volver a levantarse en armas contra el Estado”. De modo que frente a los beneficios de paz les resultó “irrelevante que volvieran al secuestro, al homicidio, al narcotráfico o a la extorsión, para citar algunos ejemplos”, afirmó. 

También señaló que el fallo de la Corte Constitucional, que eliminó una expresión del artículo 20 de la ley estatutaria, implicaría que la exclusión del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación se produce únicamente por la rebelión o por entrar a formar parte de grupos armados o delictivos organizados. Las demás reincidencias por parte de los sujetos de competencia de la JEP simplemente traerán como consecuencia la pérdida de algunos beneficios y derechos, de conformidad con un análisis de proporcionalidad y gradualidad que se le confía a la JEP”

Verdad a medias: La Corte Constitucional le dio la razón a los abogados Yesid Reyes y Enrique Santiago al señalar que la condición para entrar al sistema de verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es suscribir un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional, luego su compromiso “fundamental” es la dejación de las armas. En consecuencia, el artículo 62 de la ley estatutaria estableció que el incumplimiento más grave es la deserción, por lo tanto se sanciona con la exclusión de todos los beneficios de la JEP. “El abandono del proceso de paz constituye una afectación grave de la finalidad esencial de la justicia transicional cual es la finalización del conflicto armado. A quienes incumplan su obligación de no participar de nuevo en la violencia armada”, dice la sentencia. A partir de este extremo, las consecuencias se van graduando frente a los delitos que se cometieron en el marco del conflicto.

Este alto tribunal eliminó la posibilidad de que un excombatiente que incumpliera con el régimen de condicionalidades perdiera “todos los” tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías que le ofrece la Jurisdicción de Paz. Lo hizo, basada en que estos incumplimientos deberán ser determinados “conforme a los criterios de gradualidad, integralidad y proporcionalidad”. La lógica tras esta determinación de escalonamiento es que no es mismo que un excombatiente se rearme a que sea procesado, por ejemplo, por inasistencia familiar o por un accidente de tránsito. No obstante, esto no significa un mejor tratamiento penal para quienes vuelvan a delinquir ya que quienes reincidan en la comisión de delitos quedarán sometidos a las sanciones de dos jurisdicciones: la JEP (por hechos cometidos durante el conflicto) y la justicia ordinaria (por hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz). 

Fiscalía: Sobre el punto la Fiscalía insiste en que de entrar en vigencia la ley estatutaria “convivirían”los beneficios de la JEP con la reincidencia en delitos tales como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico o el homicidio doloso, ya que cometerlos -dice- no implica la pérdida de los mismos. “Entendía y entiende la Fiscalía que desde el punto de vista axiológico y a la luz de lo acordado en La Habana, no es posible que los beneficios de reincorporación convivan con el delito”.

Verdad a medias: 

Como ya se ha dicho los nuevos delitos son de competencia de la justicia ordinaria. Y frente a delitos cometidos en el marco del conflicto, sobre los cuales continuará siendo la JEP la competente, puede conducir a la pérdida de tratamientos especiales, incluyendo el tratamiento penal y penitenciario especial. La corte aclara que “ningún responsable de hechos de competencia de la JEP puede recibir tratamientos especiales incondicionados”.

Fiscalía: Para sustentar el argumento Martínez revela unas preocupantes cifras de reincidencia. Asegura que tienen 361 investigaciones activas contra excombatientes de las Farc por hechos presuntamente cometidos después del 1 de diciembre del 2016: 31 por narcotráfico y porte de armas de fuego, 24 por homicidios, 22 por amenazas, 19 por concierto para deliquir, 8 por extorsión, 10 por secuestro, 13 por tráfico de estupefacientes, 10 por delitos sexuales. 

Verdad: Las cifras de la Fiscalía son reveladoras y dan cuenta de un panorama que tiene que ser rápidamente asumido por la justicia ordinaria por tratarse, supuestamente, de hechos delictivos nuevos. Por ello, la urgencia que entre en vigencia la ley estatutaria de la JEP que deja clara esta competencia y establece las reglas para que el modelo se ponga a andar. También vale aclarar que los datos del ente acusador se refieren a presuntos hechos que habrían sido cometidos por ex combatientes. Es decir, son cifras de la fiscalía, no son fallos de la justicia.

3. ¿Suspensión de investigaciones por delitos relacionados al conflicto?

Fiscalía: Según la ley estatutaria, la Fiscalía y cualquier otro órgano investigador que opere en Colombia podrá seguir llevando las investigaciones sobre las cuales tiene competencia la JEP hasta el día en que la Sala anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía deberá remitir la totalidad de los expedientes que tenga y  perderá competencia. También señala que los órganos y servidores públicos que realicen estas investigaciones podrán en el entretanto realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate “absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas”. Hasta este punto la Fiscalía estuvo de acuerdo. Sin embargo, la Corte añadió un condicionamiento, y es que “no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales”, a lo cual el ente investigador manifestó que quedó “maniatado”.  

Para el fiscal, estas líneas suponen la “suspensión automática de todas las investigaciones” en cuestión, lo cual constituye“un incentivo a la impunidad”, en la medida en que se paraliza la acción de la justicia sin suspender prescripciones y abriendo una oportunidad para que se diluya el acopio de pruebas esenciales para las investigaciones. 

“No sería posible llevar a cabo respecto de reinsertados y agentes de Estado, entrevistas, interrogatorios, declaraciones juradas, indagatorias, audiencias de formulación de imputación, audiencias de control de legalidad cuando el indagado conoce de la investigación etc.. En la práctica equivaldría a que, mientras la JEP asume competencia en estos casos, no habría jurisdicción que opere y asuma efectivamente tales investigaciones porque las actuaciones que se desarrollan en tales diligencias resultan esenciales a toda investigación penal, todo ello en desmedro de los intereses de las víctimas y un claro cumplimiento del deber del Estado de ejercer persecución penal por graves crímenes”. 

Falso: La Corte Constitucional tomó esta decisión fundada en una sentencia previa C025 del 2018. Allí ponderó la obligación de perseguir los delitos más graves, por un lado, y el cumplimiento de los compromisos de quienes se sometieron al Acuerdo Final, por otro lado. Consideró entonces que debía hallarse un “punto medio”, como lo fue considerar que la  suspensión de las investigaciones adelantadas en todos los procesos en los que se haya otorgado libertad condicional o se haya decidido el traslado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización era excesiva, por lo que debía limitarse solo a la competencia para adoptar decisiones que impliquen afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales. 

En la estatutaria, los magistrados fueron claros en señalar que ello no“implica suspender las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cuya competencia se mantiene vigente en relación con la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación”Así como tampoco implica que los responsables de las conductas objeto de los informes remitidos por la Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden liberados de obligaciones frente a las referidas investigaciones, pues estos quedan a disposición del Sistema de Verdad Justicia y Reparación. En particular, deben rendir declaración de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los plazos establecidos, así como cumplir las demás condiciones que les resulten exigibles durante ese lapso ante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.zx

4. ¿Habrá impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean los máximos responsables?

Fiscalía: Según la carta, la Fiscalía propuso al Congreso cautela en los alcances del principio de selección que establece la ley estatutaria a efecto de que nunca fuera posible la renuncia a la acción penal respecto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los actores del conflicto, con apego a los compromisos internacionales contraídos por Colombia.

El Congreso dispuso que“en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trata de delitos no amnistiables”, pero este parágrafo fue declarado constitucional de manera condicionada en el “entendido de que la renuncia a la acción penal queda circunscrita a aquellos que adquieran una connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables”.

Al respecto el fiscal riposta:“De entrar en vigencia con la condicionalidad dispuesta en el numeral segundo de la sentencia, Colombia podría llegarse a eximir de toda responsabilidad penal a los autores de estos delitos, cuando no sean considerados máximos responsables”. Y señala que la CPI ha sido enfática en que la obligación de cada estado es ejercer su jurisdicción penal sobre aquellos responsables de crímenes internacionales por lo que dichos crímenes no deben quedar sin castigo y que se debe garantizar su eficaz enjuiciamiento tomando las medidas a nivel interno.

Verdad a medias: Dado que pretender abarcar cada uno de los hechos criminales y sus respectivos responsables en más de cincuenta años de conflicto solo garantiza la impunidad, la corte facultó a la JEP para hacer uso de la selección con el fin de concentrar sus esfuerzos en los máximos responsables de los hechos más graves y representativos. De hecho, el alto tribunal afirmó que lo más adecuado para satisfacer las expectativas de justicia es hacer uso de la selección de casos, para concentrar los esfuerzos de investigación de forma más eficiente.  

El alto tribunal estableció unos criterios que se deben tener en consideración: que se trate de hechos graves, representativos, atribuibles a los máximos responsables, que hayan afectado a personas o comunidades de especial protección constitucional, y que se seleccionen sin tener en cuenta si existen o no suficientes pruebas. Los magistrados consideran que si bien la selección tiene consecuencias individuales en los responsables de los hechos, permite a la JEP abordar macro-procesos que abordan preferencialmente conjuntos de hechos y conductas en lugar de hechos aislados o específicos. “La atribución de responsabilidad a quienes han tenido una participación activa o determinante y a los máximos responsables estará basada en un enfoque de crímenes de sistema, entendidos como manifestación de criminalidad organizada determinada por políticas, planes y prácticas que se caracterizan por involucrar un continuum de poderes e intereses”. 

“Lo anterior no excluye de manera alguna la posibilidad de seleccionar casos aislados, los cuales pueden también constituir graves violaciones a los derechos humanos”, indicó el alto tribunal en su sentencia. Al respecto la congresista Juanita Goebertus señala dos aspectos claves: que investigar hecho a hecho y caso a caso genera impunidad. Y que esta asunto fue resuelto desde la sentencia del Marco Jurídico para la paz de 2011 que la Corte Penal Internacional avaló.

Dos victorias en una semana: ¿Trump camino a la reelección?


MURO CON MÉXICO
En medio de los descubrimientos del caso Rusiagate y tras la primera utilización del veto, semanas atrás, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cámara de Representantes norteamericano, no logró la cantidad de votos necesarias para anular el veto del mandatario. Como si no fuera suficiente, el jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, anunció el acceso a US$ 1.000 millones para la construcción de un muro. ¿ Acaso el líder de derecha va directo al segundo mandato en 2020?
Por URGENTE24
Presidente Donald Trump, en su campaña electoral 2016.
El martes 26/03, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría demócrata, no pudo contra el primer mandatario, Donald Trump, y sus ideología de discriminación y falló al intentar frenar el veto del presidente. El 15/02, cuando el líder norteamericano declaró emergencia nacional para financiar su muro fronterizo, una de las que fue sus bases de campaña electoral en 2016, para evitar la inmigración y narcotráfico desde México, se desató un escándalo tanto en el Congreso estadounidense como en la sociedad ya que algunos creían que la idea de declaración de “emergencia nacional”era demasiado extrema. En consecuencia, el 14/023 el Senado votó a favor de la anulación de la declaración de emergencia, sin embargo, como Trump no podía permitir el fallo de su principal proyecto, más teniendo en cuenta la posible reelección en 2020 y la protección de su credibilidad, el 15/03, utilizó su prerrogativa propia de los presidentes y vetó la decisión del poder Legislativo. Si bien el Congreso intentó torcer la situación, los votos a favor no fueron suficientes, solo 14 republicanos se unieron a los demócratas al votar para anular el veto. La votación con 248 a favor y 181 en contra no alcanzó la mayoría de 2/3 necesaria para frenar la declaración de emergencia nacional.”El presidente optó por continuar desafiando la Constitución, el Congreso y la voluntad del pueblo estadounidense con un veto”, expresó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, antes de la votación. Como si fuera poco, este martes 26/05, el Pentágono (sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos) autorizó el desbloqueo de US$ 1.000 millones para la construcción de un muro entre las ciudades de Tijuana(México) y San Diego (Estados Unidos), donde se encuentra la caliente frontera entre ambos países.Patrick Shanahan, el jefe interino del Pentágono escribió en un documento oficial: “autorizó al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a comenzar a proyectar y ejecutar hasta 1.000 millones de dólares en apoyo al Departamento de Seguridad Interior, la Aduana y la Patrulla Fronteriza”. Aunque con la declaración de emergencia nacional tiene permitido transferir hasta US$ 3600 millones.Teniendo en cuenta la segunda victoria del presidente de Estados Unidos esta semana en el caso RusiaGate, donde el fiscal especial de Estados Unidos ,Robert Mueller, no encontró pruebas que relacionen al equipo electoral del presidente y Rusia en los comicios del 2016. Lo que dejó al presidente fuera de peligro y permiso para “continuar haciendo a América grande”. A pesar de que el informe acusó formalmente a 34 personas, entre ellas 6 ayudantes de Trump, el informe no incluyó nuevos cargos ni imputaciones. En una declaración, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo: “La declaración de emergencia sin ley del Presidente viola claramente el poder exclusivo de la bolsa del Congreso, y el Congreso trabajará a través de los procesos de autorización y defensa para terminar esta acción peligrosa y restaurar nuestro sistema constitucional de equilibrio de poderes”.Si bien en 6 meses, el Congreso tendrá otra oportunidad para poner fin a los proyectos del presidente, según algunos, no habría vuelta atrás con la construcción del muro. Y tampoco con su candidatura 2020. 


Fuente: Urgente24.com

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