COLOMBIA: MAS VOCES SE LEVANTAN: MUJERES CHOCOANAS Y TIERRAS.


27 Mayo 2019

Informe

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CHOCOANAS, UNA CUESTIÓN DE ESTADO

PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN HUMANAS

La Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género es una organización feminista comprometida con la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la justicia de género.

Nuestra acción política feminista de construcción de paz y defensa de los derechos de mujeres y niñas nos ha llevado desde nuestros inicios, durante más de trece años, a trabajar con mujeres chocoanas en temas de política pública, construcción de paz y defensa de derechos humanos de las mujeres que habitan en el departamento del Chocó.

En esta oportunidad, y como compromiso con las mujeres de este territorio, nos aliamos con la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y Mujeres en Zona de Conflicto (mzc) y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) y el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación (fos), para desarrollar los proyectos “Documentación, capacitación y aumento de la participación de las mujeres para la reducción de los niveles de violencia en el Chocó” y “La paz sostenible tiene piel de mujer negra”, que se llevaron a cabo en los municipios de Quibdó, Istmina y El Carmen de Atrato.

Este informe, Derechos humanos de las mujeres chocoanas, una cuestión de Estado, además de ser un producto comprometido en ambos proyectos, constituye otra evidencia de un país racista y clasista, con un Estado indolente que ha saqueado y empobrecido ese territorio sin compasión, dejando secuelas de miseria y hambre, y no ha garantizado los derechos mínimos de su población.

Sin embargo, la tenacidad de los pobladores y las pobladoras del Chocó no tiene límites, y a pesar de ser este uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y de sufrir las consecuencias del abandono histórico del Estado, es reconocido por su compromiso con la paz. Cerca del 80% de la población apostó por el Sí en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las farc-ep, y también ahí nacieron iniciativas de gran importancia como el “Acuerdo humanitario ¡ya!”.

En el Chocó, la sociedad civil en general y las mujeres en particular llevan décadas construyendo la paz territorial con un enfoque de género y étnico-racial que pone en evidencia el déficit de derechos humanos que vive la población, pero que además visibiliza las resistencias, insistencias y acciones de exigibilidad de derechos.

Este informe sobre la garantía de derechos a las mujeres chocoanas, dentro y fuera del conflicto armado, se logra por el trabajo juicioso, respetuoso y de reconocimiento mutuo de dos organizaciones: la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Corporación Humanas. En él han sido fundamentales las confianzas y saberes de mujeres amigas, como Nimia Teresa Vargas, Lucila Mosquera, Nérvita Moreno, Karen Elisa Córdoba Rengifo y muchas otras compañeras de la Red, sin quienes este resultado –que gozamos y sufrimos–habría sido imposible.

Además de las colegas y amigas de la Red, la voz sincera y firme de las mujeres de Quibdó, Istmina y El Carmen de Atrato que participaron en el proceso llenan las páginas de este informe que duele en tanto y que es la muestra de la mezquindad y usura del gobierno nacional.

Nuestro agradecimiento a las amigas de siempre, Mujeres en Zona de Conflicto, que ya conocen estas tierras chocoanas y saben de lo que estamos hablando; también a AECID y FOS por haber apoyado un proceso con mujeres víctimas del conflicto armado y de violencia basada en género, en el Chocó, y haber permitido develar la situación de derechos humanos de las mujeres en este departamento, así como el incumplimiento del Estado colombiano de sus compromisos internacionales de garantizar los derechos humanos a las mujeres en todo el territorio nacional.

Adriana María Benjumea Rúa Directora de la Corporación Humanas

Consulta el texto en:

https://www.aecid.org.co/recursos_user//derechoshumanosdelasMujereschocoanasunacuestiondeestado.pdf

25 Mayo 2019

PRESIDENTE, TODAVÍA SE PUEDE SALVAR EL ACUERDO DE PAZ

Por: Jani Silva. Lideresa campesina y ambiental del Putumayo.

Yo vengo desde la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en Puerto Asís, Putumayo, frontera con el Ecuador. Nuestra reserva tiene aproximadamente 23,000 hectáreas divididas en 25 veredas. Desde el centro de La Perla hay una hora en lancha por el río Putumayo hasta Puerto Asís; desde otras zonas de la reserva hay que caminar hasta dos horas para llegar al río y luego sí embarcarse aguas arriba hasta la ciudad.

En la Perla Amazónica tenemos los ríos Toayá, Cuembí, Lorenzó, Chufiyá y Mansoyá. También hay varios caños, es un lugar muy bonito porque hay agua y bastantes humedales. La figura de Zona de Reserva Campesina surge a partir de las movilizaciones agrarias realizadas en la década del 90 y la constitución de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica fue impulsada por líderes de la comunidad y representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

Fue reconocida por el Incora por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000, y está conformada por las Inspecciones Bajo Cuembí y Comandante, de donde toma su primer nombre (Bajo Cuembí-Comandante), las cuales se integran en el Corregimiento denominado La Perla Amazónica. Vivimos alrededor de 870 familias y la mayoría de las familias son de agricultores. Estamos divididos por sectores: hay dos sectores de siete veredas, uno de seis y el otro sector con el resto de veredas.

En el sector uno y el sector cuatro que son 11 veredas entre los dos, el 60% de las personas que viven allá están pendientes de lo que pueda generar una empresa petrolera que les da empleos, pero también conflictos y contaminación. Las otras veredas viven de la agricultura.

El 90% de las comunidades de la reserva entraron al programa de sustitución de cultivos porque la economía de sostenibilidad era la coca, pero el tema de soberanía alimentaria la hemos trabajado. La gente también tiene su cultivo pequeño, tiene la comida ahí, pero la agricultura no es rentable económicamente; es para alimentar a la familia, a los marranos y a las gallinas.

Nuestra organización se llama ADISPA y tenemos un Plan de Desarrollo Sostenible propio y enfocado en los derechos ambientales, sociales, culturales y educativos; la idea es estar actualizándolo cada tres o cuatro años con lo que vamos logrando y con las nuevas necesidades o nuevas problemáticas que pueden surgir. Nuestro Plan de Desarrollo ha sido un modelo para los planes de otros municipios del Putumayo.

Incidimos mucho en el tema de exigirle al gobierno anterior una salida negociada al conflicto armado. Por estar localizados en una parte estratégica del departamento hemos sufrido mucho la violencia. Hemos sufrido mucho la presencia de la guerrilla, mucha estigmatización hacia los campesinos de parte de los paramilitares, de parte del ejército por estar en una parte donde siempre nos decían que éramos guerrilleros.

Estábamos muy contentos, muy tranquilos con la salida negociada al conflicto y fuimos actores en las conversaciones, incluso yo tuve la oportunidad de estar en La Habana presentando el punto cinco del tema de víctimas y el tema de tierras. Lo que queremos es que haya una equidad en la propiedad de la tierra, lo que queremos también es que haya una frontera agrícola que nos permita producir volviendo a lo ancestral, cultivar de una forma sana, que respete el medio ambiente.

En las Zonas de Reserva Campesina no vemos el desarrollo como lo está pintando el gobierno que es como un tema de explotación de hidrocarburos. No se da cuenta que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que el camino es el plan de manejo ambiental en los territorios. Lo que están creando las empresas petroleras es una ruptura del tejido social y organizativo, una pelea incluso entre familias y entre las comunidades.

En el presente hay mucha incertidumbre, no sólo por las amenazas a nosotros los líderes, sino que también hay una amenaza permanente a la salud de la comunidad porque no sólo hay explotación petrolera sino que también hay minería, y eso nos afecta los ríos y los caños que llegan a la reserva contaminados, las aguas ya no están limpias y eso es muy grave. Nosotros ya empezamos un trabajo de organización para fomentar el tema productivo limpio, con mujeres y con jóvenes estamos creando grupos donde ellos son gestores ambientales, incluso dentro del proyecto se está manejando un proyecto para producir miel. Estamos recuperando especies de abejas para poderlas multiplicar y enseñarle a los niños cómo es el manejo de las abejas y la importancia que tienen para el tema agrícola.

El panorama para nosotros como líderes es incierto. Hay unas amenazas por parte de disidencias, pero también puede ser el narcotráfico, o los paramilitares. Nadie se identifica, nadie dice es que yo soy del grupo tal. Pero las amenazas son permanentes. El conflicto que se está dando y las persecuciones que se están dando a veces nos ponen a dudar, nos ponen en incertidumbre porque planteamos unas acciones que vamos hacer a lo largo del tiempo pero, por lo menos a mí, me pone a pensar qué voy a hacer. Justo esta semana llegó otra amenaza diciendo que me van a matar. La situación es muy delicada.

Yo le pido al gobierno, al presidente Duque, que se tiene que tener en cuenta el Acuerdo de Paz, que se implemente en la realidad así como está establecido. Todavía hay posibilidad de salvar el Acuerdo de Paz. No digan que las muertes que están ocurriendo en nuestro territorio son aisladas, no, las muertes tienen un patrón y eso hay que investigarlo y hay que llevarlo a la justicia. Tengo que decirlo: así empezó todo esto antes, y a esa época no queremos volver.

Hasta el momento se han constituido seis (6) Zonas de Reserva Campesina en todo el país:

1- El Pato-Balsillas, departamento del Caquetá
2- Calamar, departamento del Guaviare
3- Montes de María II, departamento de Bolívar
4- La Perla Amazónica (antes Bajo Cuembí-Comandante), departamento del Putumayo
5- Cabrera, departamento de Cundinamarca
6- Valle del Río Cimitarra, departamentos de Antioquia y Bolívar

28 Mayo 2019

CIDH, primera parada del debate por el fin de la Ley de Restitución de Tierras

Doce organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un detallado análisis sobre logros, deudas y desafíos de esa norma de justicia transicional, que tiene la misión de devolverle sus predios a quienes los perdieron en medio del conflicto armado. A dos años de que termine su vigencia, le piden a ese organismo internacional que abogue para sea prolongada.

“Esta ley no es un puerto de destino, sino apenas la grilla de partida. Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad, no sólo del Estado, sino de toda la sociedad colombiana, para cumplirles a las víctimas”, declaró el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras sancionar, el 10 de junio de 2011, la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que tendría una vigencia de diez años.

Sin embargo, hoy, tras casi ocho años de aplicación, para la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Yira Castro, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y seis organizaciones más, esas pretensiones se quedaron cortas.

“Concluimos que el Estado colombiano no ha cumplido con la garantía del derecho a la restitución de comunidades campesinas y étnicas y que debe prontamente hacer ajustes en su implementación para corregir lo que está fallando, y de manera urgente prorrogar la vigencia de la ley”, es uno de los principales puntos de las 96 páginas que componen su radiografía expuesta en Kingston, Jamaica, el pasado 9 de mayo durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH y presentada esta mañana en Bogotá.

El principal argumento que esgrimen son los propios resultados de la Ley de Restitución de Tierras: a poco más de dos años de que termine su vigencia, tan sólo se han logrado sentencias de restitución de poco menos de 350 mil hectáreas, cuando el problema del despojo se calculaba inicialmente en 6 millones. Además, se advierte que la Unidad de Restitución de Tierras le negó a cerca del 64 por ciento de las víctimas el acceso al procedimiento judicial.

A eso se suman las dificultades para que se acaten integralmente los fallos de que han emitido los jueces de tierras: “No resulta reparador implementar desarticuladamente las órdenes de una sentencia para, por ejemplo, lograr la restitución jurídica de una parcela, pero incumplir las órdenes de construcción de vivienda o realizar la entrega material de un predio sin la infraestructura de servicios públicos”.

No obstante, ese proceso también ha arrojado luces en medio de un largo camino cubierto de sombras. “La política de restitución de tierras, con todos sus problemas, ha sido de suma importancia para el restablecimiento de los derechos de propiedad de víctimas en el contexto del conflicto armado del país, así como de derechos territoriales de pueblos étnicos, y además ha contribuido a la construcción de paz”.

De acuerdo con cifras de la Unidas de Restitución de Tierras (URT), la entidad creada por la Ley 1448 para atender todas las reclamaciones de predios, rurales y urbanos, hasta la fecha los jueces especializados de tierras han ordenado mediante sentencia la restitución de 7.502 predios, que abarcan 341.725 hectáreas, beneficiando a 45.655 personas, una cifra considerada baja por las organizaciones sociales; por tal razón, plantean la necesidad de darle un aliento más largo a la Ley 1448 de 2011 y de fortalecer su modelo para que tenga un mayor alcance.

A contrarreloj…

Dificultades para la restitución…

Deudas con las víctimas…

URT habla de su gestión…

Radiografía de la restitución de tierras en Colombia

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/05/Radiografia_de_la_restitucion_de_tierras_en_Colombia_2019.pdf

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