22 Feb. 2019
El tercer gobierno de Uribe, en cabeza de Duque, regresa el diagnóstico y la terapia al primero, demostrando que no hay causa perdida. El credo reza que en Colombia no hay conflicto armado sino ataque terrorista contra la democracia, como muy pronto lo va a acreditar el Centro de Memoria Histórica bajo la dirección de Darío Acevedo. La paz de Santos fue una falsa paz que regaló impunidad a cambio de nada y por tanto incentiva el delito. El gobierno anterior descuidó la seguridad y por eso los ganaderos no pueden volver a sus fincas sin peligro. No se puede juzgar a los defensores de la democracia con el mismo rasero de quienes atentan contra ella. Pedirles a los militares y policías que confiesen la verdad para obtener beneficios judiciales es estimular a los delatores para que la justicia izquierdista persiga a quienes salvaron la patria del castrochavismo. La JEP es una farsa que debe desmontarse con una nueva reforma constitucional. La reforma rural es un embeleco de izquierdistas y la movilización popular está infiltrada por los terroristas para ponerle obstáculos al desarrollo de las empresas mineras y los megaproyectos.
La distancia entre esta caricatura y la realidad es enorme, pero eso no le quita fuerza a la simplificación como arma de adoctrinamiento para la secta de los creyentes. El credo, repetido en miles de trinos, explica la reticencia del Gobierno para honrar los compromisos del Acuerdo de Paz con las Farc, la inexistencia de una política de reforma rural, las dudas sobre la conveniencia de sancionar la ley estatutaria de la JEP, la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad nacional y aun la debilidad del Gobierno para proteger la vida de los líderes sociales, mientras se promueve el porte de armas para autodefensa de los propietarios.
Si Colombia tiene una democracia asediada desde afuera por sus enemigos, no tiene sentido hacer reformas sociales para ampliar la democracia, pues al abrir la puerta se colarían quienes pretenden destruirla. Con ese equipaje mental, el gobierno Duque está condenado a sufrir repetidos choques con la realidad, comenzando con el recrudecimiento del conflicto armado con las milicias del Eln, el rearme y reconstrucción de las Farc, la involución de las bandas criminales en fuerzas paramilitares que de nuevo se alíen clandestinamente con la política antiterrorista y el resurgimiento de la protesta social por la frustración de expectativas que despertó el proceso de paz.
Esos choques de realidad no pueden afrontarse con una visión maniquea de amigos y enemigos, sino que exigen hacer el esfuerzo de tener más y mejor Estado, controlar el territorio con los bienes públicos de la seguridad y la justicia, garantizar los derechos de la población y ganarse el apoyo de las bases sociales de las guerrillas y las organizaciones del crimen organizado con políticas de inclusión social y productiva.
21 Feb. 2019
El horror de los falsos positivos
Por: Juan Carlos Botero
Colombia es un país de grandes virtudes y también de grandes infamias. Y una de las peores (que ya es decir mucho) es el horror de los falsos positivos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.
El presidente de entonces, al ser cuestionado sobre estas personas humildes desaparecidas por las fuerzas del orden, contribuyó a extender una sombra de duda sobre lo ocurrido, reforzando la tesis de que esas atrocidades no eran ciertas, o que la muerte de esta gente indefensa era merecida aun si no eran guerrilleros muertos en combate. Porque “no estarían recogiendo café”, famosamente declaró en sorna.
Pero ahora ante la JEP los militares encargados de desaparecer a esas personas, todas sin recursos, han confesado sus delitos y lo han hecho delante de los familiares de las víctimas, cara a cara, y las escenas han sido desgarradoras.
Ya se realizaron las primeras audiencias entre víctimas y victimarios. Hay 14 miembros de la Fuerza Pública acusados del asesinato y la desaparición de cinco jóvenes en Soacha, Cundinamarca (todos entre 17 y 25 años), ocurridos entre enero y agosto de 2008; muchachos raptados y asesinados en Ocaña, Norte de Santander, acusados de ser guerrilleros caídos en combate.
Está el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, vinculado al caso anterior, y con 16 procesos más en su contra por falsos positivos. Y en Casanare 11 militares que formaban parte del Gaula del Ejército ya pidieron perdón por 13 casos de falsos positivos. Varios son suboficiales y soldados rasos que enfrentan los cargos, mientras los altos mandos que crearon este sistema atroz y ordenaron las ejecuciones extrajudiciales no están presentes en los juicios.
En Colombia este drama forma parte de una tragedia mayor, que son todos los desaparecidos por actos violentos. Se estima que hay más de 86.000 desaparecidos en el país. Pero el de los falsos positivos es particularmente infame porque, como dijo una de las madres de las víctimas, “las FF. AA. están para proteger las vidas, no para matarlas”. Y son esas madres las que han dado el ejemplo, porque pese a su pobreza y orfandad del Estado no han dejado de buscar a sus hijos desaparecidos. Y lo peor es que ellas mismas han sido amenazadas por su empeño de conocer la verdad y hacerla pública.
Aquí hay dos injusticias adicionales. La primera es que a las víctimas, después de sufrir semejante calvario, sólo les queda la pérdida del ser querido, mientras que los asesinos obtienen beneficios judiciales. A las madres, como declaró una al cabo de la audiencia, sólo les resta “un poquito de alivio en el alma”.
Y la segunda es que esto refleja una aberrante desigualdad social, porque en todos los casos las víctimas eran humildes; uno era un joven desempleado; otro, un obrero, y otro trabajaba en calzado. De pertenecer a familias ricas, estas atrocidades no les habrían pasado, ni habrían tardado diez años en hacerse justicia.
Lo cierto es que si no fuera por la JEP, ni quienes cometieron estos horrores los habrían reconocido en público ni les habrían pedido perdón a las víctimas, y sus familiares tampoco se habrían sentado frente a ellos para verles la cara y escuchar sus confesiones y disculpas. En fin, todo esto vale la pena tenerlo en cuenta, y más ahora que ruge el debate acerca de la JEP y la conveniencia de su existencia.
22 Feb. 2019
Prejuicios y cuentas
Por: Francisco Gutiérrez Sanín
Y nombraron de director del Centro Nacional de Memoria Histórica a Darío Acevedo. Cuando algunas organizaciones de víctimas le pidieron que les devolviera sus archivos, el señor Acevedo declaró que no lo haría y les pidió que no prejuzgaran. Espero que se venga un pulso jurídico, que marque una reivindicación por la decencia, y que a él se sumen muchas víctimas.
Entre otras cosas, porque nadie está prejuzgando al señor Acevedo. Todo el mundo ha podido ver y evaluar durante años lo que él y su trayectoria representan. Ahí están, públicos, sus dichos y hechos. No niego que esa trayectoria represente una humorada fantástica, como para el menos disciplinado de los libretistas: Acevedo tuvo su corazón del lado del triunfo de la revolución cuando nuestra guerra iba en ascenso, después pasó a odiar a sus amigos del día anterior y ahora hace parte del combo que inexorablemente nos empuja hacia una nueva oleada de conflicto. Ha contemplado desde dos bandos extremos esa guerra cuya existencia se empeña en negar, depende de quienes quieren mantenernos en conflictos violentos y ahora encabeza una fabulosa operación de blanqueo, para que él y sus nuevos jefes puedan decir que aquí no pasó nada.
Porque de eso se trata. Nada más. Nada menos. El uribismo no puede aceptar que se piense o se escarbe en el pasado (o el presente) de este país: desde el caudillo, enfrentado a sus mil enredos y a sus mil demonios, hasta la nube de personajes que dependen de que este se mantenga en el poder, lo que necesitan es que el Centro de Memoria, la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz no funcionen. Harán cualquier cosa por sabotear estas instancias. También, por amordazar a los educadores en todos los niveles. Ya vieron el proyecto de ley de Edward Rodríguez prohibiendo la ideología —pues el uribismo no es una ideología: es la verdad— en la escuela. No es el primer proyecto liberticida del Centro Democrático (CD) durante este gobierno: también había querido amenazar con cárcel a quien tratara de acceder a información que tendría que mantenerse secreta. Poco le importa al CD que estos globos de prueba se desinflen: después de numerosos ensayos algo pasará. Hay que insistir e insistir; así se va creando un clima de opinión antidemocrático.
En mi pasada columna puse en cuestión que se pudiera hablar en realidad de moderados y radicales dentro del CD. Como fuere, la supuesta ala radical está de plácemes. ¿No han notado que Mafe Cabal ya no dice nada, ni de la Unión Soviética, ni de sus diferencias con el presidente, ni de otros temas? Esto, aparte de mostrar tranquilizadoramente que los radicales uribistas al menos se atienen a una regla de decencia básica —no hablar con la boca llena—, sugiere que se sienten plenamente satisfechos por el giro que están tomando las cosas. A propósito, esta es mi interpretación de la recuperación de Duque en la encuesta de Caracol, Semana y Blu: había caído a menos de 30 % de aceptación porque se echó encima durante un corto período a izquierdistas, moderados y a su base radicalizada. Pero con su nuevo giro ésta volvió al redil.
Por otra parte, Uribe ya tiene más imagen negativa que positiva. Difícil que salga de ahí: de hecho, sólo tiene un puntito más de imagen positiva que uno de los blancos de su odio furibundo, Santos. Como nadie se refirió a esto, me parece conveniente destacarlo. La mayoría se opone a que nos metan soldados gringos. Pero lo más sorprendente —después de toda el agua sucia que le han tirado a la paz— es que más del 60 % de los colombianos están de acuerdo en que la solución al problema de las guerrillas es insistir en los diálogos.
Hay allí afuera un país cansado de la guerra y la indecencia.
Fuente: elespectador.com
