Qué sentido tiene, cuál es el contexto, cuáles son las dificultades y cuáles las posibilidades de aprobación del referendo ciudadano que está siendo promovido para acabar con la JEP.
Juan Manuel Charry*
Polarización y división
Hace un mes, un sector ciudadano propuso derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por medio de un referendo.
Dado que la Registraduría Nacional entregó los formularios, ya la propuesta arrancó con la recolección de firmas. Esta propuesta deja entrever cuán polarizada está la sociedad colombiana. ¿Es posible que esta propuesta prospere?
La sociedad colombiana está profundamente dividida desde que el primer gobierno de Juan Manuel Santos empezó a negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El mismo Gobierno eligió una estrategia de comunicación muy criticada: dividir a los ciudadanos entre amigos y enemigos de la paz. Esa división se hizo más profunda una vez que el ‘No’ ganó en el plebiscito y el Gobierno refrendó el acuerdo en el Congreso.
Aunque el acuerdo no fue aprobado en el plebiscito, el Gobierno siguió desarrollándolo, y así rompió una regla de oro de la democracia bajo el argumento de que se había reunido con los líderes políticos del ‘No‘ y que la refrendación popular había ocurrido en el Congreso.
Duque no superó la división
Con las elecciones presidenciales de 2018, un sector de la población esperaba que se superara la división política y con ella la polarización de la opinión pública.
Iván Duque ganó las elecciones con el 54 por ciento de los votos de una posición de centro derecha. Su victoria fue asegurada por la propuesta de cumplir los acuerdos, pero con modificaciones, lo cual implicaba buscar los consensos entre las partes de modo que la división fuera superada.
Un grupo ciudadano propuso un referendo para derogar la JEP mediante firmas.
Sin embargo, el sector que impulsó el ‘Sí’ en el plebiscito no ha accedido a aceptar las modificaciones propuestas e insiste en que se debe respetar el acuerdo sin más reformas. Por lo tanto, persiste la división.
En marzo de este año, el presidente objetó por inconveniencia seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Si bien este pudo ser un buen escenario para los consensos, fue todo lo contrario, pues tres meses después la Corte Constitucional enterró las objeciones y le ordenó a Duque sancionar la Ley Estatutaria.
El caso Santrich
El 15 de mayo, la JEP tomó una discutible decisión: pidió la libertad de Jesús Santrich y le otorgó la garantía de no extradición. De modo paralelo a la decisión de la JEP, el Consejo de Estado decidió mantener la investidura de Santrich.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le reconoció el fuero de congresista y le abrió una investigación por hechos relacionados con narcotráfico vinculados con la solicitud de extradición de Estados Unidos.
La decisión de la Corte chocó con la decisión de la JEP, pues al avocar conocimiento indicó que los hechos por los que se acusaba a Santrich eran crímenes posteriores a la firma del acuerdo y que, por lo tanto, Santrich no tenía la garantía de no extradición.
A pesar de las investigaciones, Jesús Santrich se posesionó como representante a la Cámara en medio de criticas y reproches a las anteriores decisiones judiciales.
Además, Santrich no compareció a la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se reafirmaron muchos de los temores y de las críticas a la libertad ordenada por la JEP.
Si bien varias de las decisiones de los altos tribunales tienen recurso de apelación y pueden ser revisadas, los jueces dejaron en la opinión el amargo sabor de la impunidad.
El referendo para derogar la JEP
En en este contexto, un grupo ciudadano propuso un referendo para derogar la JEP mediante firmas.
El 13 de junio, el militante del uribismo, Herbin Hoyos, anunció el comienzo de la recolección de firmas. El propósito de esta iniciativa es crear salas especiales en la Corte Suprema de Justicia y remover a los actuales magistrados.
En mi opinión, es una reacción que responde a un ambiente polarizado que fomenta opiniones y que no conduce a una decisión efectiva, pues como explicaré, su trámite es complejo.
Para adelantar tal referendo es necesario:
- Recolectar las firmas equivalentes al 5 por ciento del censo electoral, es decir, 1,9 millones de firmas aproximadamente;
- Promulgar una ley de convocatoria a elecciones con la mayoría de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes;
- Superar el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional;
- Y obtener el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda la cuarta parte del censo electoral —9,5 millones aproximadamente—.
Por estas exigencias, la propuesta podría tardar cerca de dos años en llevarse a cabo. Por lo tanto, se trata de un procedimiento de participación ciudadana de muy difícil éxito si tenemos en cuenta sus antecedentes:
- La consulta anti-corrupción, un asunto prácticamente sin oposición, no alcanzó el umbral de la tercera parte del censo electoral.
- El referendo propuesto por Álvaro Uribe en su primer gobierno tan solo logró aprobar una pregunta, a pesar de tratarse de un presidente elegido por mayoría absoluta.
Estos antecedentes y las complejidades del trámite no auguran el derogamiento de la JEP.
Referendo vs. Decisiones Judiciales
En este caso, el referendo es un camino desproporcionado que ataca un fallo judicial específico a través de la supresión de toda una jurisdicción y la remoción de sus magistrados.
Es desproporcionado porque todavía se pueden ejercer los recursos de apelación respectivos. Además, los magistrados están sujetos al control político del Congreso —aunque sea teóricamente—, por lo que existen vías ordinarias para vigilar sus funciones.
En todo caso, parece que la fuga de Santrich y la expedición de una orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia confirman el error en el que incurrió la JEP y su ingenuidad al dejarlo en libertad. La fuga también parece un indicio de culpabilidad de Santrich, y una clara manifestación de los errores de implementación del acuerdo con las FARC.
Como tantas veces se ha dicho, la administración de justicia atraviesa uno de sus más difíciles momentos: si sus decisiones siguen siendo desacertadas perderá aún más legitimidad ante la sociedad, y por lo tanto, será necesaria una reforma.
Se trata de un procedimiento de participación ciudadana de muy difícil éxito si tenemos en cuenta sus antecedentes.
Sin embargo, una reforma a la justicia no se debe hacer al calor de los enfrentamientos políticos, sino después de un acertado diagnóstico y unas soluciones cuidadosamente estudiadas, que difícilmente se pueden adoptar por referendo.
Este tipo de propuestas son el resultado, por un lado, de la exacerbación de los ánimos ante las diferencias y, por otro lado, de la torpeza política de corto plazo que busca figurar en el escándalo y en la confrontación.
Foto:Twitter Herbin Hoyos
Herbin Hoyos y otros promotores del No adelantan la recolección de firmas para el referendo derogatorio de la JEP. |
Por el contrario, el camino acertado es la construcción de políticas de Estado y de los consensos de los partidos en los asuntos fundamentales, por encima de las posturas ideológicas.
La política requiere de practicas más ponderadas, visiones de largo plazo, debates más argumentados, y soluciones consensuadas. Lamentablemente, la proximidad de las elecciones regionales hace que se imponga la lógica mediática donde la figuración lo es todo y el escándalo su camino más fácil.
En fin, parecería que los grandes sectores de opinión están atrapados entre las posturas radicalizadas e inmediatistas, y que, por lo tanto no han encontrado el vocero y la fórmula de conciliación entre los extremos.
Aunque no prospere, el referendo para derogar la JEP es un llamado a los partidos políticos para superar la polarización causada por la forma como se refrendó e implementó el acuerdo con las Farc. De ahora en adelante, es necesario que se representen a los sectores más moderados, que quieren soluciones y no confrontaciones.
* Abogado constitucionalista
http://www.razonpublica.com
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