Un espacio para recrear lo sagrado y lo profano con ojos de mujer. Somos un grupo ecuménico en búsqueda de la justicia e igualdad.Respetamos la opinión, de los autores aunque no necesariamente estemos de acuerdo.
Allegados a Diofanor Montoya Urrego, de 75 años, no salen de la conmoción por el crimen. Autoridades municipales creen que su homicidio fue por equivocación.
Mientras se encontraba realizando labores de campo en su finca ubicada en la vereda La Unión, del municipio de Maceo (Antioquia), dos hombres armados le propinaron seis disparos a Diofanor Montoya Urrego, un campesino que desde hace 45 años se desempeñaba como líder comunal de su vereda.
«Era muy servicial, no tengo cosa mala de él como vecino, todos estamos muy sorprendidos con lo que pasó, la pregunta es que por qué, porque cuando alguien debe algo pues uno dice sí le hicieron eso por lo uno y por lo otro, pero de él no teníamos ninguna referencia mala», expresó Janeth Jaramillo, una vecina de la víctima.
Por su parte, familiares afirmaron que Diofanor no había reportado amenazas de muerte en su contra.
«Él nunca nos dijo ve estoy amenazado por esto, él era muy discreto en sus cosas, si tenía un problema nunca no lo comentó, pero todas las personas, todos los vecinos nos dicen por qué tenían que matar ese viejo, si ese viejo no se metía con nadie», aseguró su hija Beatriz Helena Montoya Serna.
Para Julián Urrego Atehortúa, secretario de Gobierno de Maceo, el crimen de Diofanor pudo haber sido un error.
«Hasta el momento se puede manejar una hipótesis de que fue error, que de pronto las personas iban detrás de otras personas, de la comunidad y por equivocación atentaron contra la vida del señor», manifestó el funcionario.
En la zona se reforzó la presencia militar, mientras los habitantes de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño, pidieron a las autoridades que se lleguen hasta las últimas circunstancias para dar con los responsables de este crimen, al tiempo que solicitaron mayor protección para los líderes comunales.
No es de extrañar que Mc Cain hubiera pedido que Santos estuviera en su funeral. ¿Acaso el proceso de paz no esconde intereses mineros e imperialistas?
El senador estadounidense John McCain falleció el 25 de agosto de 2018, a la edad de 81 años. Los grandes medios de prensa transnacionales lo presentan como un «héroe» de la guerra en Vietnam y como un «hombre íntegro» y «sin concesiones» ante el presidente Donald Trump.
Pero el heroísmo en Vietnam de este «defensor de la libertad» consiste en haber participado como piloto en los bombardeos aéreos estadounidenses contra instalaciones civiles vietnamitas. Fue así como su avión fue abatido, en 1967, por medios antiaéreos soviéticos cuando bombardeaba una central eléctrica. Hijo de un almirante estadounidense que sería nombrado jefe del US PaCom [1], John McCain se convirtió entonces en prisionero de guerra y estuvo 5 años en las cárceles vietnamitas, donde dice haber sido torturado.
Ya liberado y de regreso en Estados Unidos, fue electo, en 1982, a la Cámara de Representantes y se convirtió en senador, en 1986. Entre paréntesis, el supuestamente «íntegro» McCain fue uno de los cinco senadores denominados The Keating Five porque aceptaron sobornos del banquero y financista Charles Keating, deseoso de “enterrar” una serie de estafas.
En el 2000, McCain es candidato a la investidura republicana con vista a la elección presidencial. Su rival en aquellas primarias, George W. Bush, no cree en el heroísmo de McCain en Vietnam e incluso lo acusa de traición, recordando la confesión que firmó como prisionero de guerra, confesión que el propio McCain atribuye a la tortura.
En 2008, siendo McCain el candidato republicano a la elección presidencial ante el demócrata Barack Obama, el New York Times revela que varias empresas habían financiado su campaña en el 2000 como retribución a los actos de McCain como presidente de la comisión senatorial para el Comercio.
Las posiciones de McCain en materia de política interna son difíciles de clasificar pero respaldaba la imposición de condenas penales a las mujeres que abortan. Por otro lado, se pronunciaba contra la tortura.
Desde 1993, John McCain ejerció simultáneamente su mandato de senador y la presidencia del IRI, organismo estadounidense que se ocupa de sobornar partidos políticos de derecha en el extranjero. El IRI (International Republican Institute) es uno de los principales tentáculos de la NED (National Endowment for Democracy), que a su vez actúa como servicio secreto común de los «Cincos Ojos» (Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido). Al ejercer durante 25 años la presidencia del IRI, McCain violó el principio básico de separación de poderes. Fue sólo a principios del actual mes de agosto que John McCain fue reemplazado en la presidencia del IRI por el también senador Dan Sullivan.
Como presidente del IRI, John McCain participó en la organización de numerosos golpes de Estado y apoyó sin excepción todas las guerras estadounidenses y británicas.
McCain preparó, por ejemplo, el fracasado golpe de Estado contra el presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez, el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, presidente constitucional de Haití, la intentona golpista contra Mwai Kibaki, presidente constitucional de Kenya, y más recientemente, el derrocamiento de Viktor Yanukovich, presidente constitucional de Ucrania.
Verdadero director de la «primavera árabe», John McCain dio la señal de inicio de las guerras contra Libia y Siria en una reunión de los servicios secretos de los aliados de Estados Unidos realizada en El Cairo, en febrero de 2011. Posteriormente viajó al Líbano, donde confió al diputado Okab Sakr, vinculado al hoy primer ministro Saad Hariri, la tarea de garantizar el suministro de armas a los yihadistas que debían derrocar la República Árabe Siria. Durante esa estancia en Líbano, McCain visitó la localidad libanesa de Ersal y decidió instalar allí la base de retaguardia que los yihadistas utilizaron después contra Siria.
En mayo de 2013, el senador estadounidense John McCain penetró ilegalmente en Siria bajo la protección de Israel y se reunió en suelo sirio (ver foto) con varios jefes yihadistas, entre los que se hallaba Mohammad Nour, quien acababa de secuestrar 11 civiles libaneses. Según denunciamos desde este mismo sitio web, en aquella ocasión John McCain se reunió también con Abu Bakr al-Baghdadi, el futuro «califa» del Emirato Islámico (Daesh) [2], acusación desmentida en aquel momento por la oficina de McCain a pesar de la foto que los muestra juntos en el aquel encuentro (al-Baghdadi aparece a la izquierda, en el círculo rojo).
Sin embargo, un año después, el 16 septiembre de 2014, al participar como invitado en el Sean Hannity’s Show de Fox News, el propio McCain dice haberse reunido con los líderes de Daesh y estar en contacto permanente con ellos mientras explica que Estados Unidos tiene que utilizar a todos los «rebeldes» para acabar con la República Árabe Siria (Ver video).
El hecho es que, de manera totalmente consciente y sin remordimiento alguno, John McCain participó en la destrucción de toda una región del mundo.
Se dice que el río Catatumbo en el noreste de Colombia sabe a sangre. Los cuerpos se encuentran en el río cada año; en el pasado reciente, muchos fueron víctimas de la guerra civil multidireccional de Colombia, que fue financiada, al menos parcialmente, por el tráfico de drogas.
Las probabilidades son que si usted o alguien que usted conoce ha consumido cocaína, la droga comenzó como una planta de coca en la región de Catatumbo; es el hogar de algunas de las producciones de coca más intensivas del mundo. La vida aquí ha girado en torno a la cosecha y la violencia que viene con ella, durante décadas.
Pero ahora, en la comunidad rural de Las Palmas, en el Catatumbo, un grupo de ex cultivadores de coca ha rechazado su viejo cultivo comercial. Con la ayuda del Servicio Jesuita a Refugiados y la Diócesis de Tibú, 41 familias en Las Palmas están reemplazando la producción de coca con cultivos legítimos con la esperanza de promover la paz. El éxito o fracaso del proyecto podría determinar el futuro de la región y podría sugerir una nueva estrategia en la guerra global contra el narcotráfico.
Dirigirse a la región de Catatumbo significa dejar atrás la autoridad del gobierno. Uno pasa los puestos de control del ejército colombiano tripulados por soldados armados con rifles de asalto, flanqueados por tanques y transportes blindados de personal, ya que las carreteras ya con baches vuelven a senderos de roca y tierra apenas marcados. Pronto estás en territorio guerrillero.
Los Acuerdos de La Habana llevaron a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor de las guerrillas izquierdistas del país. Pero a pesar de las grandes esperanzas generadas por el acuerdo, la paz nunca llegó realmente. El Servicio Jesuita a Refugiados sigue reasentando a las personas desplazadas por la violencia en el Catatumbo.
Como dice una mujer que se vio obligada a huir en mayo: «La paz es una mentira; el Catatumbo es tan malo hoy como lo era hace 10 años. Desde que las FARC se fueron, ha habido muchas muertes. Y, por supuesto, las FARC continúan, solo por otros nombres «.
Hoy, las ex unidades de las FARC cuyos miembros han denunciado los acuerdos de paz continúan luchando. Además, dos grupos izquierdistas rivales, el EPL y el ELN (el Ejército de Liberación Popular y el Ejército para la Liberación Nacional, conocidos como Pelusos y Elenos ), disputan gran parte del terreno en el Catatumbo anteriormente controlado por los combatientes de las FARC. Las diferencias ideológicas entre los grupos pueden parecer cómicamente pequeñas, pero la lucha es mortalmente grave.
El resultado ha sido que el gobierno ha luchado para establecer su autoridad o proporcionar servicios sociales en el Catatumbo. Antes de los acuerdos, las FARC funcionaban como un protoestado, haciendo de todo, desde la satisfacción de las necesidades básicas hasta la lucha contra los delitos menores. La ausencia de control gubernamental también aseguró que los cultivadores de coca pudieran continuar su producción, a pesar de la constante amenaza de violencia.
Los acuerdos de paz de 2016 tenían la intención de cambiar todo eso. Además de desmovilizar a las FARC, los acuerdos estaban destinados a ofrecer una salida a la producción de coca para los agricultores que por mucho tiempo dependían de ella. Los granjeros debían limpiar sus campos de plantas de coca. El gobierno debía ayudar a los agricultores a plantar cultivos legítimos y a proporcionar subsidios a esos agricultores hasta que pudieran mantenerse por sí mismos.
Con la ayuda del Servicio Jesuita a Refugiados y la Diócesis de Tibú, 41 familias están reemplazando la producción de coca con cultivos legítimos con la esperanza de promover la paz.
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Confiando en la promesa del gobierno, las familias de Las Palmas firmaron el acuerdo. Ellos voluntariamente destruyeron sus campos de coca, su principal fuente de ingresos. Lo hicieron porque casi todos habían experimentado la violencia resultante del cultivo de la coca. Los agricultores creen que el gobierno colombiano nunca invertiría en escuelas o infraestructura en una región productora de coca. Estaban cansados de los ataques del ejército y la extorsión de la guerrilla y las masacres de los paramilitares. Muchos habían perdido hermanos, hijos, padres o cónyuges. Querían algo mejor para sus hijos.
Pero casi un año después de destruir sus campos de coca, las familias siguen esperando la ayuda del gobierno. Esa es parte de la razón por la cual la transición a un cultivo alternativo ha sido demasiado difícil para muchos. Si un agricultor en el Catatumbo desea sembrar coca, hay ayuda para él inmediatamente.
Un campo lleno de coca sirve como una forma de crédito social. «[Si estás cultivando coca] la tienda te dará lo que necesitas, no tienes que pagar por adelantado por ninguna de las semillas, y los trabajadores vendrán a ayudarte a recoger la cosecha sin cobrar, porque todos saben en tres meses , obtendrás ganancias «, explicó Alex, uno de los ex cultivadores de coca, que pidió a Estados Unidos que no usara su apellido.
«Es muy fácil juzgar a las personas por trabajar con [coca], pero tenemos que darnos cuenta de que [el cultivo de la coca] es una necesidad». Para las personas que siembran cultivos legítimos, es una lucha para ganarse la vida. Alex, signatario de los acuerdos de La Habana 2015, voluntariamente limpió sus campos de coca. Ahora se siente traicionado: «Hemos visto los conflictos por la droga. Hemos visto a muchas familias asesinadas que estaban trabajando con las drogas.
«La paz es una mentira; el Catatumbo es tan malo hoy como lo era hace 10 años. Desde que las FARC se fueron, ha habido muchas muertes. Y, por supuesto, las FARC continúan, solo por otros nombres «.
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«Uno entiende que sí, la coca causa un daño, un impacto social, y cuando [la violencia] toca a tu propia familia te das cuenta del inmenso daño que estabas causando», dijo. «Es por eso que creímos en una sustitución voluntaria. Dijimos, ‘Vamos a deshacernos de la droga’. Pero desde que lo hicimos ha estado sufriendo porque los agricultores pierden su estabilidad económica. Ahora tenemos que preocuparnos de cómo vamos a conseguir comida «.
Para Alex, es el gobierno el culpable: «El gobierno no cumplió su palabra. Y albergo la culpa de haber convencido a tantos otros a seguir mi ejemplo «.
El Servicio Jesuita a Refugiados y la Diócesis de Tibú han estado buscando acompañar a los agricultores que hicieron el cambio. La ayuda más importante es simplemente práctica: después de décadas de depender del cultivo de la planta de coca, los agricultores han perdido muchos conocimientos agrícolas sobre otros cultivos. José Luis Duarte, el asesor técnico del proyecto del Servicio Jesuita a Refugiados para la juventud rural, dice que el objetivo es «generar o regenerar una identidad como agricultores».
Con ese fin, el Sr. Duarte supervisa varios proyectos del JRS que ayudan a los agricultores locales a plantar cultivos como la yuca, el cacao, el maíz y el plátano, y crían animales como cerdos y pollos. Mientras se encuentra en el Catatumbo, el Sr. Duarte pasa sus días llegando a cabañas remotas y terrenos, visitando a las familias participantes e inspeccionando el progreso. Un especialista en agricultura, el Sr. Duarte a menudo les muestra a los ex cultivadores de coca mejores formas de plantar.
El Sr. Duarte explica: «Ahora hay asistencia técnica. No solo están jugando con lo que siempre han hecho, sino que les ayudamos a garantizar una mayor calidad de sus productos «. Independientemente de la calidad de los productos, sin embargo, llevar los productos al mercado sigue siendo el mayor obstáculo para la transición de la coca La mala calidad de las carreteras, la lejanía de la ubicación y la inseguridad de la región hacen que sea difícil atraer inversiones o vender productos.
Todavía hay campos de coca alrededor del Catatumbo. Puedes verlos desde la carretera, extendiéndose a lo largo de los lados de las colinas, pareciendo continuar a veces hasta donde alcanza la vista. Con los agricultores que cultivan coca que siguen viviendo bien día a día, la presión sobre los agricultores que han optado por dejar el cultivo de coca es inmensa.
«Queremos cambiar. Pero nadie apuesta a los cambios «, dijo Alex. «Lo único que la gente apuesta es la guerra, la política como de costumbre … Hace pensar que si quieres cambiar, si quieres dejar de causar daños al país, no puedes sostenerte. ¿Cómo podemos hacerlo para que nuestras 41 familias no se vean obligadas a volver a plantar coca? Eso sería lo más vergonzoso, volver a plantar coca para sobrevivir «.
Para complicar aún más la situación, es la elección de un nuevo presidente colombiano. El candidato derechista Iván Duque ganó en un deslizamiento de tierra el 17 de junio. Durante la campaña, el Sr. Duque prometió volver a una línea dura contra los guerrilleros. Lo más preocupante para los agricultores del Catatumbo es que se negó a descartar el regreso a la fumigación aérea, una polémica política financiada por los Estados Unidos acusada de causar cáncer en las áreas afectadas.
La fumigación de regiones productoras de coca con pesticidas también destruye la capacidad de los agricultores para cultivar cualquier otra cosa en el área. Cualquier retorno a la fumigación o un aumento en la violencia podría destruir el frágil progreso que JRS y sus socios en la región han logrado.
El Catatumbo enfrenta un futuro incierto. Lo cierto es que un grupo de agricultores, con el apoyo de la iglesia, ha llegado muy lejos en un camino muy difícil hacia la eliminación de la producción de coca. Y, sin embargo, todavía no hay garantía de que vean una recompensa permanente por el esfuerzo.
De tener éxito, sin embargo, habrá un ejemplo real para que los agricultores de la región dejen la coca y la violencia que la acompaña.
Roberto de la Rosa muestra los escombros tras el derrumbe de casas promovido por el gobierno de Zacatecas. / Manuel Hernández Borbolla / RT
El pueblo que arrasó una minera propiedad del hombre «más rico del mundo»
Roberto de la Rosa es el último guerrero de Salaverna, un pueblo derrumbado por una minera propiedad de quien fuera el hombre más rico del mundo.
«Yo digo que se defiende el pueblo a medida que uno lo quiera», afirma don Roberto. «La misma defensa de nuestro pueblo nos da valor para enfrentarnos a quien sea», agrega el campesino de 66 años de edad, mientras relata los estragos ocasionados por la Minera Frisco Tayahua, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, considerado en 2014 como el hombre más rico del mundo por la revista Forbes y quien hoy ocupa la séptima posición entre los más acaudalados del planeta.
La historia que relata don Roberto, es la historia de un pueblo que lucha contra la extinción, provocada por la voracidad de las grandes empresas mineras que operan en México desde hace décadas con apoyo del gobierno. Una historia que se repite con insistencia desde la instauración del modelo económico neoliberal a finales de la década de 1980, mismo que fomentó el despojo de comunidades enteras para beneficio de unos cuantos.
El campesino vivió en su niñez un desalojo forzado por la instalación de una empresa minera. Hoy lucha para que la historia no se repita. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Una explosión cambió el destino del Salaverna. Ocurrió el 6 de diciembre de 2012, alrededor de las 7:15 de la mañana. Una detonación con explosivos al interior de la minera Frisco Tayahua provocó un cráter en uno de los cerros donde se asienta el pueblo, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Una localidad donde el 60% de la población vive en situación de pobreza, a pesar de estar cercados por proyectos mineros que, según el discurso oficial, habrían de generar una derrama económica suficiente para mejorar las condiciones de vida de los lugareños.
Roberto asegura que la explosión fue provocada de manera deliberada para que la gente abandonara sus casas y la empresa Frisco pudiera iniciar un proyecto de minería a cielo abierto yextraer grandes cantidades de oro, plata, cobre y zinc. Por ello, advierte Roberto, el hundimiento del terreno estuvo precedido por varios intentos de desalojar a la gente de sus casas para reubicarlas en otro lugar, con apoyo del gobierno. Para el campesino –quien vive de sembrar maíz, frijol y posee algunos chivos en un terreno cerca de su casa– aquella explosión no fue producto de la casualidad, sino un acto premeditado.
El campesino muestra el agujero que ocasionó una explosión en la mina en medio del pueblo. / Manuel Hernández Borbolla / RT
«Eso fue un acto de terrorismo porque ya no podían sacar a la gente», acusa Roberto. «Aquí dicen que no pasa nada, que no hubo daños, que no ocurrió nada malo. Decían que fue un deslave por las lluvias, y en ese tiempo ni llovió», recuerda Roberto. El cráter, ocasionado por un supuesto deslave según la versión oficial, ocurrió en temporada de sequía.
Tras el incidente, alrededor de 20 familias se vieron obligadas a abandonar el pueblo.
Un cráter en medio del pueblo de Salaverna tras una explosión al interior de la mina. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Sin embargo, el millonario proyecto de minería a cielo abierto permanece detenido por un pequeño grupo de personas dispuestas a defender su hogar.
«Como se cerró la mina unos días, los que trabajaban aquí todavía, los corrieron de sus trabajos, por apoyar a gente del pueblo», cuenta Roberto, quien agrega: «Todos están arrodillados, sometidos por el capital. Es una mafia la del gobierno».
Así comenzó la lucha. Luego vino la emboscada que terminaría con la demolición del pueblo.
Tras la explosión, la demolición
La trampa fue orquestada por el gobierno de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, quien a los pocos meses de asumir funciones como gobernador, convocó a los pobladores de Salaverna a una reunión en la capital del estado, ubicada a 285 kilómetros de la comunidad, con el objetivo de resolver el conflicto. Mientras los líderes de la comunidad llegaban a la capital del estado, la mañana del 23 de diciembre de 2016, en vísperas de Navidad, don Roberto recibió el aviso de que funcionarios estatales entraron al pueblo con maquinaria pesada para demoler sus casas.
Don Roberto recorre las calles de Salaverna, un pueblo en ruinas. / Manuel Hernández Borbolla / RT
«Llegamos a Zacatecas, íbamos saliendo de la central de autobuses, cuando me cae una llamada: ‘Oiga don Beto, van entrando estatales, ministeriales, municipales, también llevan mudanzas, hasta una ambulancia y dos bulldozer’. Luego pensé: ‘Esto ya valió'», cuenta el campesino.
A los pocos minutos, el líder de la resistencia recibió otra llamada telefónica. «Don Beto, dicen que traen un oficio y que nos van a desalojar ahora mismo y que van a tumbar las casas», le avisaron.
Una máquina utilizada para demoler casas de los habitantes de Salaverna todavía permanece arrumbada en un predio del poblado. / Manuel Hernández Borbolla / RT
«No venían a notificar, venían a tumbar, para entregarle el pueblo a Carlos Slim«, relata Roberto. «Yo creo que el plan era desposeernos para decir, ‘¿y ahora qué pelean?’ Pero no podían hacer eso, porque el juicio sigue corriendo todavía», agrega.
Algunas familias de la comunidad resistieron el embate. Otras, en cambio, decidieron mudarse a Nuevo Salaverna, el poblado construido por Minera Frisco con el objetivo de reubicar a las familias en casas de reducido tamaño, lo cual provocó que la gente tuviera que vender sus animales y renunciara a su antigua forma de vida. Fue así que varias familias decidieron cambiar de lugar tras el derrumbe de sus casas, luego de que los hombres de familia fueran amenazados con perder su empleo en la mina en caso de no aceptar el desalojo forzado.
Diferentes testimonios recogidos en medios locales, han documentado la inconformidad de varios habitantes de Nuevo Salaverna, ante el estrecho tamaño de sus viviendas y sus nuevas condiciones de vida.
El campesino de 66 años muestra lo que alguna vez fue una pequeña tienda. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Pero aún así, algunos decidieron quedarse a defender su hogar pese a los embates de la minera y el gobierno.
Al enterarse de que la maquinaria estaba demoliendo el pueblo, Don Roberto y la comitiva que se encontraba en la capital del estado de Zacatecas realizaron protestas en contra del gobernador. De poco sirvió. Regresó a su pueblo y sólo encontró escombros.
«Está canijo ver que la escuela donde uno estudió ya estaba tirada, la iglesia y todo. Duele. Es lo que nos identifica a nosotros, es mi identidad. Lo que estos quieren es borrar nuestro arraigo, nuestra identidad, nuestra historia«, cuenta el campesino, quien a pesar de sólo haber concluido la educación primaria, es un apasionado lector de historia.
El líder de la defensa de Salaverna muestra un montón de escombros que antes fueron la iglesia del pueblo. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Esta no era la primera vez que don Roberto se enfrentaba a algo así. Cuando era niño, con apenas 11 años de edad, fue desalojado del pueblo de Providencia junto a su familia por la llegada de una minera. Medio siglo después la historia volvía repetirse. Pero a diferencia de cuando era niño, esta vez Roberto decidió luchar hasta el final, a pesar de las amenazas que, afirma, recibió por parte de directivos que trabajan para la empresa minera Frisco Tayahua.
«Yo venía de Providencia, de un desalojo. Luego me tuve que ir a Monterrey por falta de oportunidades aquí, pero como quiera, no dejaba de venir yo a Salaverna, hasta hace 20 años que me vine de regreso. Uno ya trae una experiencia de atrás. Las mineras no han dejado ningún beneficio en la región. Lo que sí han dejado son muchos daños a la salud, muchos atropellos», dice Roberto.
Restos de la demolición de Salaverna, ocurrida en diciembre de 2016. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Con la demolición del pueblo, todo cambió. El ánimo se vino abajo y la desesperanza se apoderó de los pobladores de Salaverna.
«La gente está desilusionada. No cree en el gobierno porque esto no puede ser gobierno, está actuando como si fuera un gerente de la minera, a favor de las mineras. Por eso vienen reporteros y gente a ver cómo está el problema y ya no quieren denunciar, porque dicen que es en vano, que para qué denuncias, si al cabo no pasa nada. No hay justicia«, cuenta Roberto.
Uno de los pocos pobladores que todavía aceptan hablar es Miguel Sánchez, quien lleva viviendo más de 30 años en Salaverna, pueblo al que llegó para trabajar en la mina. Tiene 68 años y una pensión que apenas le alcanza para sobrevivir. Pero a pesar de ello es, junto con Roberto, uno de losúltimosdefensores del pueblo que hoy está en ruinas.
Miguel Sánchez es, junto con Roberto, uno de los últimos defensores de Salaverna contra la minera Frisco Tayahua. / Manuel Hernández Borbolla / RT
«Esto es un atropello que no tiene fundamento. ¿En qué se basa el gobierno para venir a sacarnos? Venían con una orden de desalojo pero no venía dictaminada por ningún juez, sino nada más porque ellos decían», cuenta don Miguel. «No estamos dispuestos a salirnos por una miseria», afirma el jubilado, quien formaba parte de la comitiva que fue convocada a la capital del estado mientras las máquinas entraban a la comunidad y «golpeaban a la gente«, tal como le ocurrió a su hijo, quien fue agredido por cuatro funcionarios estatales que quedaron impunes.
Una batalla legal aún por resolverse
Aunque los pobladores saben que la batalla por recuperar su pueblo está prácticamente perdida, mantienen la esperanza de que las cosas puedan cambiar un poco con un cambio de gobierno a nivel nacional, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el litigio contra la Minera Frisco Tayahua para determinar la propiedad de la tierra sigue en tribunales.
«Por la vía legal, los habitantes de Salaverna sostienen que el polígono de tierra donde viven, que son 4.650 hectáreas, son terrenos nacionales que siguen siendo propiedad de la nación, y como ellos detentan la posesión desde hace varias generaciones, le están solicitando al gobierno federal que les sean adjudicadas en propiedad. Al mismo tiempo la empresa dice que ella es dueña de 3.584 hectáreas de ese polígono y presentan unas escrituras», explica Efraín Arteaga Domínguez, académico y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quien lleva la defensa legal de los pobladores de Salaverna.
«Es un caso donde extrañamente Slim se topó con gente que no tiene precio. Les ofrece y les ofrece diferentes cantidades de dinero y la gente no acepta».Efraín Aretaga, representante legal de pobladores de Salaverna
«Ese conflicto agrario se está ventilando en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu). El procedimiento y el litigio legal en la Sedatu va muy avanzado. El gobierno le ha dicho a la empresa que no basta con que presente unas escrituras expedidas ante un notario, sino documentos que comprueben que esas tierras salieron del dominio de la nación. Y cuantas veces se le ha pedido a la empresa que compruebe eso, la empresa vuelve a presentar la misma escritura firmada ante un notario. Ya se agotaron los tiempos legales y la empresa no ha podido probar que esas tierras hayan salido del dominio de la nación. Por lo tanto, su escritura está quedando en calidad de apócrifa», añade el también investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
«Esperamos que la Sedatu dictamine que esas son tierras nacionales y que a los habitantes de Salaverna, por ser hijos, nietos, bisnietos de generaciones de campesinos y ganaderos que han habitado ahí desde hace varios siglos, desde mucho antes que llegara la empresa, a ellos les corresponda el mejor derecho para que esos terrenos nacionales les sean entregados en propiedad», señala.
Con dos de los proyectos mineros más grandes de México, el valle de Mazapil es un caso emblemático de los problemas que genera la minería. / Manuel Hernández Borbolla / RT
«Es un caso donde extrañamente Slim se topó con gente que no tiene precio», señala Arteaga. «Les ofrece y les ofrece diferentes cantidades de dinero y la gente no acepta».
RT contactó a la empresa Minera Frisco para conocer su versión de la historia. Sin embargo, hasta el momento de publicar este reportaje no se ha obtenido respuesta.
También contactó al gobierno de Zacatecas para conocer la posición de la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna sobre el tema, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Al igual que ocurre en Salaverna con la empresa Frisco de Slim, otras mineras mexicanas y canadienses han optado por utilizar esquemas similares para explotar grandes extensiones de tierra con fuertes impactos sociales y ambientales, convirtiendo a la minería en una de las principales amenazas para comunidades a lo largo y ancho de México, mismas que se niegan a desaparecer del mapa.
La entrada de la mina de Frisco Tayahua se encuentra justo a un costado de Salaverna. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Mientras Roberto recorre las calles empedradas de su pueblo en ruinas, no puede evitar revivir con nostalgia los momentos que vivió ahí. Recuerda que había un billar, una escuela. En lo alto de una loma yace el cadáver de un amigo suyo, cuyo estado de salud comenzó a deteriorarse por la explosión que marcó el destino de Salaverna. Ahora todos son escombros. «¿Esto es desarrollo?«, se pregunta el campesino mientras recorre lo que quedó del templo, en la cima de una colina. Una estampa que retrata las inequidades de la economíaante la voracidad siempre insaciable del gran capital, donde los ricos suelen imponerse a los más pobres.
«Dicen que el fin justifica los medios. Y el fin de ellos es hacer una gran fortuna, muérase quien se muera«, afirma Roberto.
Pero a pesar del alto impacto de la minería a cielo abierto, el gobierno mexicano sigue favoreciendo a empresas mineras a pesar de que su participación en la economía nacional es mínimo. Empresas que además, no pagan impuestos.
México «subasta» tierras nacionales en concesiones mineras a un alto costo ambiental
La presencia de la minería es evidente al llegar a la ciudad de Zacatecas, capital del estado con el mismo nombre, un lugar semidesértico ubicado al norte de México, donde la actividad minera ha sido una constante desde que los primeros conquistadores españolesdescubrieron grandes yacimientos de plata en aquella región, durante los primeros años de la época colonial.
«Del año 1982 a 2016 se han acumulado 113,3 millones de hectáreas concesionadas, que equivalen al 57,6% del territorio mexicano que se ha privatizado para beneficio de la industria minera».Federico Guzmán, académico de la UAZ
Pero a pesar de su larga tradición minera de casi 500 años, todo cambió en Zacatecas con la implementación del modelo neoliberal y la proliferación de la minería a cielo abierto.
«Lo que ha ocurrido en México en los últimos 35 años con los gobiernos neoliberales que hemos tenido, de dos partidos distintos, es que están subastando el territorio», explica Federico Guzmán, doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
«De el año 1982 a 2016 se han acumulado 113,3 millones de hectáreas concesionadas, que equivalen al 57,6% del territorio mexicano que se ha privatizado para beneficio de la industria minera», añade el experto.
La ciudad de Zacatecas, que da nombre al estado, data de una larga tradición minera desde la época colonial. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Sin embargo, muchas de esas concesiones ya no son vigentes. Como los datos oficiales no son del todo precisos, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, existe una polémica sobre qué porcentaje del territorio mexicano es actualmente concesionado a las empresas mineras.
Al cierre de 2016 el Registro Público de Minería contabilizó un total de 25.652 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales ampararon una superficie de 25,1 millones de hectáreas, equivalentes a un 11,3% del territorio nacional. Sin embargo, otras organizaciones como CartoCrítica y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han advertido que existen múltiples inconsistencias con esta información.
«El despojo que se ha generado en esos últimos 34 años ha permitido que más de la mitad del territorio mexicano esté subastado y a disposición de las empresas mineras de origen canadiense, estadounidense, inglés, asiáticas, pero también para beneficio de los grandes corporativos mineros de los hombres más ricos de México: Minera Frisco de Carlos Slim, Peñoles de Alberto Bailleres y Grupo México de Germán Larrea», señala el Guzmán.
De las 347 empresas mineras que operan en México, 328 (94%) son de origen extranjero, mientras que solo 19 son mexicanas, según datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera. Del total de empresas que operan en México, 218 son canadienses (62%); 51 son estadounidenses (14%); 12 son chinas y 7 de origen británico.
Datos del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas señalan que tan sólo en el estado hay 206 proyectos de exploración minera, de los que 145 son de capital mexicano. Entre ellos, 34 son de Grupo Peñoles y Fresnillo PLC, ambas filiales propiedad de Bailleres; 12 de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim y 11 de Grupo México, de Germán Larrea. Una situación que evidencia la fuerte concentración de proyectos mineros en la zona, a manos de los tres hombres más ricos del país.
Datos de la Secretaría de Economía sostienen que desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari los magnates Slim, Larrea y Bailleres han recibido 2.218 concesiones mineras en todo el país, controlando casi 4 millones de hectáreas para explotación de minerales, equivalentes al 2% de la plataforma continental que integra el territorio mexicano.
En este sentido, asegura Guzmán, autor del libro ‘Megaminería y siete maldades del despojo territorial‘, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte representó un «parteaguas», pues a partir de 1994, la minería comenzó a apropiarse cada vez de mayor territorio, debido a que la explotación a cielo abierto requiere grandes extensiones para poder operar, trayendo consigo fuertes impactos ambientales y sociales.
Una toma satelital del municipio de Mazapil, Zacatecas, muestra la minera Peñasquito de la empresa Goldcorp. El punto rojo marca el pueblo de Salaverna. / Google maps
De acuerdo con el investigador, existen siete tendencias a nivel internacional en la industria minera que están provocando una serie de afectaciones cuyos efectos son cada vez más visibles en países como México. Estas afectaciones pueden resumirse en lo que Guzmán denomina las «siete maldades» de la industria minera:
Subordinación de los Estados nacionales donde se asienta la industria minera;
Despojo a las comunidades;
La manera en que se articulan los capitales extractivos en los mercados internacionales;
La transición de la minería subterránea a la megaminería a cielo abierto;
Transición de extracción de minerales de modalidad mecanizada a automatizada;
Trabajo y sobreexplotación laboral;
Reparto inequitativo de la renta minera.
Una serie de factores que intervienen en la apropiación de otros recursos vitales, como el agua.
La apropiación del agua para minería
«En 2001, el agua concesionada que tenía la industria minera, era por un monto de 53,5 millones de metros cúbicos. Cuando vemos el dato oficial más reciente de la Comisión Nacional del Agua, esa cifra se incrementó para 2014, a 436,6 millones de metros cúbicos«, explica Guzmán.
Esto significa que la minería incrementó en más de un 716% su consumo de agua en todo México en los primeros 15 años del siglo XXI.
Durante la presentación del libro ‘Megaminería y siete maldades del despojo territorial’, académicos discutieron los impactos en Zacatecas y el país. / Manuel Hernández Borbolla / RT
Tan sólo en Zacatecas, la industria minera consume más agua (55,7 millones de metros cúbicos al año) de lo que consumía toda la industria minera a nivel nacional en 2001. De este modo, según cifras oficiales recopiladas por el investigador, tan sólo 16 empresas mineras asentadas en Zacatecas consumen más agua que toda la población zacatecana (1 millón 528.247 personas).
«De ese tamaño es el impacto en cuanto al saqueo del recurso hídrico», añade Guzmán.
Esto sin contar con los grandes volúmenes de agua contaminada que deja a su paso la industria minera. Cifras oficiales muestran que en 2014, el volumen de agua contaminado por la minería alcanzó los 213,5 millones de metros cúbicos. Es decir, que la industria minera contamina prácticamente la mitad del agua que consume.
En 2014, una minera filial de Grupo México derramó 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22.000 personas en siete municipios. Un ecocidio, considerado el «desastre ambiental más grave de la minería en México«, cuyas sanciones económicas representaron apenas el 0,1% de las utilidades anuales de Grupo México. Una multa poco significativa para la empresa frente a la magnitud del desastre.
En meses recientes, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre manejo de sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, calificó el caso como un «ejemplo descarado y flagrante de impunidad«, luego de que Grupo México, la empresa minera más grande del país, evadió su responsabilidad en la remediación del desastre, con la complacencia del gobierno.
Tan sólo en 2018, otros dos derrames de sustancias tóxicas a manos de mineras han provocado importantes afectaciones sobre cuerpos de agua en zonas desérticas, donde el acceso al líquido es una preocupación constante para millones de personas. Uno ocurrió en marzo pasado, en el estado de Durango, donde una mina derramó 200 litros de cianuro en el Río Paxtla. El otro ocurrió en junio, cuando un derrumbe en una presa de jales mineros (polvo muy fino de roca molida con minerales que pueden disolverse en el aire y el agua) provocó un derrame de metales pesados en el río Fuerte, en Chihuahua.
Un peligro para los ecosistemas
De ahí que las bajas sanciones, laxa regulación y falta de aplicación de la ley, han provocado que las afectaciones ambientales de la minería llegaran hasta reservas ecológicas, ya que de manera ilegal, existen al menos 74 proyectos mineros dentro de Áreas Naturales Protegidas en todo el país. Esto,según hallazgos del estudio ‘Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio 2017‘, realizado por la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En México existen cerca de 64,5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales, el 22,5% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.
«Es alarmante encontrar que las concesiones mineras tocan al menos a 42% de núcleos agrarios forestales y que hay estados en los que más del 50% de los bosques de propiedad social están concesionados», señala un informe sobre el impacto de la minería en los bosques, desarrollado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
El 60% de los pobladores del municipio de Mazapil, donde se asienta Salaverna, viven en condiciones de pobreza. / Manuel Hernández Borbolla / RT
De 2003 a 2016, México ha perdido 10 billones 647.396 millones de pesos (564.700 millones de dólares) por «agotamiento y degradación ambiental«, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). De estos, casi el 17,64% corresponden a la minería, equivalentes a 1 billón 878.949 pesos (98.287 millones de dólares).
En el mismo periodo, el valor de la producción minera en México fue de 2 billones 917.200 millones de pesos (152.598 millones de dólares), según los datos más recientes del Anuario Estadístico de Minería Mexicana.
Esto significa que las pérdidas ambientales que deja en México el sector minero son equivalentes al 64,4% del valor total de la producción. Por ello, se puede afirmar que la minería es uno de los sectores de la economía que deja más pérdidas económicas por daños ambientales, a pesar de contribuir con el 4% del Producto Interno Bruto del país, según cifras oficiales.
Esto, sin tomar en cuenta las afectaciones que genera por el uso y contaminación del agua, ya que los indicadores con los que INEGI no consideran este fenómeno a la hora de calcular los costos ambientales de la minería, por lo que el impacto ambiental sería todavía mayor.
De este modo, la industria minera se ha convertido en un problema para los ecosistemas que dependen de ejidos y comunidades rurales, que luchan frente a los embates de una industria depredadora.
Al igual que ocurre en Salaverna, los estragos de la minería han ocasionado una serie de conflictos en todo el país, incluyendo condiciones de trabajo precarias y una serie de asesinatos cometidos contra opositores a proyectos mineros de gran escala. De todos estos temas, hablaremos en una próxima entrega.
La coca y los muertos son las noticias que salen de este municipio quetuvo una tregua hasta hace un año. De nuevo siete jóvenes aparecieron hoy asesinados.
Cuando daba misa en El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, el padre Javier tenía que hablar fuerte. Su voz se enfrentaba a los a los parlantes que a todo volumen reproducían corridos norteños y vallenatos. Las prostitutas caminaban a todas horas frente a la iglesia y las cantinas nunca cerraban. Allí, en ese municipio del Cauca, la coca ha hecho estragos y solo el dinero cuenta.
Javier Porras llegó con 25 años a ocuparse de la parroquia de Argelia. No sabia lo que le esperaba: entierros, miedo, combates entre las Farc y el ejército como el que presenció recién llegado con un guerrillero disparando en sus narices una M-60 mientras un niño recogía todos los cartuchos en su saco. La guerra era un espectáculo que desde los argelinos seguían desde la ventana mientras el partido de fútbol continuaba en la cancha principal.
Ese solo día murieron tres niños que pateaban el balón y Javier no aguantó más: sacó un megáfono y comenzó a gritar intentando apaciguar las balas, urgido por proteger los niños. A media noche se presentó un guerrillero en su cuarto: “Vengo de parte del comandante Matera*. Si no quiere terminar como esos niños, quédese callado y deje de ser tan sapo.” Los nervios, el temblor de piernas, el sudor no le impidieron increparlo: “Yo acá no vine a defenderlo a usted ni a su guerrilla. Yo vine a defender la vida.”
A la mañana siguiente, cuando el padre regresaba a la casa cural después de hacer vueltas en el pueblo, se le acercó la presidenta de la junta de acción comunal: “Padre, mire debajo de su casa”. Javier se tomó su tiempo, pero ante la insistencia se agachó. Se arrodilló y vio una máquina. Era una bomba; esta sería la primera de las tres que le colocaron las Farc en su intento por borrarlo del mapa.
El padre Javier justo después de terminar misa de domingo a las 7:20 de la tarde – Foto: Juan José Jaramillo A.
Javier se viste solo de negro, camisa tipo polo de algodón, pantalón negro y zapatos Vans negros. Lo único blanco es el caucho de la suela de los tenis. Las uñas se las pinta con esmalte transparente, y siempre las tiene cortadas y limadas, aún estando en la mitad de la selva. Para él, el aspecto físico es primordial: es la primera impresión que tiene la gente de la institución a la que pertenece.
Su primera tarea en Argelia fue reparar la casa cural que se caía a pedazos. No había iglesia, y él tenía que cocinar bajo un improvisado techo de bolsa de plástico negro. Con colectas en bazares recogió el dinero para levantar el templo, pero no fue fácil: los guerrilleros de las Farc y el ELN miraban al padre Javier como un infiltrado militar. Cuando se paraba en las tablas que hacían las veces de púlpito ante los pocos campesinos que se atrevían a ir a misa, los guerrilleros enfusilados se hacían a la entrada para escuchar cada palabra.
Una semana después de aquella primera bomba, le dejaron otra en la basura. Los monaguillos la sacaron y estuvieron pateándola por quince minutos hasta que se rompió. Salió un taco de explosivo. Tenía un cable suelto y por eso no estalló. En dos años nunca pudo ganarse el favor de Matera*, el comandante de las Farc. Pero sí le pidieron que acudiera al bautizo de la hija del comandante de las Farc en medio de la selva.
Los elenos también se demoraron en aceptarlo. Un joven encapuchado con una pañoleta roja y negra comenzó a pintar con aerosol un Simón Bolívar montando a caballo de más de dos metros en la pared de la casa cural. Javier, con las piernas temblorosas, se le enfrentó: “Mi templo me lo respeta. Yo no le tengo miedo y si quiere nos enfrentamos”. Nunca había sudado tanto. Al día siguiente el mismo grafitero apareció en su oficina. Se presentó como El Mechas*. Era el comandante del ELN en la zona: “Padre, tiene mi respeto.” Desde ese día comenzaron a trabajar de la mano.
Después de tres años de vender empanadas para levantar cuatro templos en el municipio, de convocar carnavales en defensa de la vida, y después de que las Farc trasladaron a Matera* y nombraron comandante a Camilo* – un graduado de la Universidad del Valle – las cosas empezaron a cambiar.
El padre Javier logró unir a guerrilleros de las Farc y el ELN y bajar la presión sobre la gente. Comenzaron a permitir y hasta financiar celebraciones como el Día de la Madre. Se frenaron los asesinatos de limpieza social, y más bien le entregaban la lista al padre para que él convenciera a los jóvenes que cambiaran las prácticas. Poco a poco consiguió convertirse en el intermediario entre comunidad y grupos armados, un faro para los habitantes de Argelia.
El padre sirve la comida de sus comensales, y él mismo calentó el tamal que lleva en las manos – Foto: Juan José Jaramillo A.
Durante un año el padre Javier se quitó el cuello de clérigo unas horas al día para dar clases y durante cuatro años fue coordinador académico. Realizó convivencias entre padres y estudiantes, y hasta un retiro para los drogadictos del pueblo al que les llevó sicólogo, trabajador social y hasta bailarín. Después de ese último evento, más de 500 familias decidieron dejar de sembrar coca. A las Farc no les molestó mucho perder esos cultivadores porque ya estaban en los diálogos en La Habana y tenían que mostrar otra cara de la guerrilla.
Estaba en su oficina cuando le llegó de Popayán la noticia del traslado. Debía dejar El Plateado, habían pasado cinco años. Las Farc y la comunidad enviaron cartas pidiendo que dejaran al cura que cambió la cara del municipio, pero la orden fue tajante. Javier acató, pero decidió despedirse por la puerta grande: logró que el Grupo Folclórico del Divino Niño – que él mismo había fundado – fuera aceptado en el concurso nacional de música en Zambrano, Bolívar. Solo había un problema: los 22 muchachos de su chirimía no tenían cómo llegar hasta la Costa Caribe.
Se sentó con las dos guerrillas y logró que el ELN le diera $4 millones, mientras que las Farc hizo empanadas y un bazar para conseguir la misma cantidad de plata. Era una inversión rentable: cada uno de esos niños y jóvenes, para poder ser buenos en el baile, dejaron de parrandear, fumar y tomar. Cambiaron su vida.
La chirimía viajó y ganó. Fue el último acto de Javier como cura. Empacó sus maletas y volvió a Caldono, Cauca, donde nació, pero acompañado por dos chivas de argelinos que decidieron dejarlo instalado en el pueblo. Volvió después de 16 años rompiendo las reglas: ningún cura puede predicar en su tierra. Fueron 16 años recorriendo el departamento para poder volver a su pueblo. Cuando se fue en medio de la guerra soñaba con ser músico, pero volvió como cura a un pueblo en paz.
Javier es artista. Pinta y siempre enseña a sus muchachos a hacer lo mismo. Es además una fuente de financiación para sus capillas. Ha vendido lienzos hasta en la Costa Caribe y ha exportado para Perú.
Atrás habían quedado los días en que a solo 30 metros de la estación de Policía de Caldono, la casa cural se estremecía con cada pipeta de gas que lanzaban las Farc. Pero desde que la guerrilla y el Estado firmaron el armisticio, el padre Javier la convirtió en un centro de vida: desde las seis de la mañana hay movimiento en la cocina y los viejos del pueblo comienzan a entrar por las puertas para pedir ayuda o consejos. Más que un centro de poder, la casa cural es un lugar para los desprotegidos.
Quiere que campesinos e indígenas vuelvan a creer en la Iglesia y ha hecho del arte, desde imágenes religiosas hasta grafitis su arma. Cuadros que adornan no solo la casa cural sino todo el pueblo. Un cura que ahora, sin balas cruzadas ni miedo regrese la fe a este pueblo perdido en las montañas del Cauca.
@jjjaramillo2
*Nombres de los comandantes cambiados por seguridad.
Suárez, Cauca, a una hora de Cali, tiene sus montañas cubiertas de coca. En diez años cayeron los sembrados de pancoger y las parcelas cultivadas para reemplazarlos por coca. Llegaron del sur, de Nariño y Putumayo grandes cocaleros cargados de semillas que repartieron entre los campesinos que no dudaron en empezar a cambiar el café, la yuca, el plátano por el rentable cultivo. En este municipio como en cientos de Colombia se mezclaban campesinos, narcos y guerrilleros: economía legal e ilegal.
La firma del Acuerdo de La Habana le abrió a los pobladores un nuevo horizonte: dejar atrás la coca y regresar a su vocación campesina. Todos estaban dispuestos. A comienzos del año un funcionario del programa de sustitución en cabeza de Eduardo Diaz y el ministro del post-conflicto Rafael Pardo los invitó a organizarse para firmar un pacto colectivo. En marzo estaban listos. Pero nadie del gobierno volvió a aparecer. La situación es general en el país. El resultado: 209.000 hectáreas de coca a un mes de terminar el gobierno Santos.
Hermosos sombreros de papel hechos en China, de venta en Colombia y bien baratos.
No es por nada, y ni por nada, pero este hecho me ha remontado a la época de mis ancestros.
Las mujeres cuando terminaban sus quehaceres, eran hábiles tejiendo, bien fuera en lana, fibra de caña, o cabuya. Veo sus manos curtidas y cuartiadas, por aquel duro ensarte y amarre, haciendo canastos, sombreros, jiqueras, o mochilas.
Canastos y sillas de material resistente, que han dejado huellas en las manos de nuestros artesanos.
Si nuestros ancestros regresaran, que nos dirían? Qué vergüenza! No quiero ni saberlo.
Se acabaron nuestros trabajos artesanales…se acabo el empleo de nuestras mujeres y hombres…
Nos sentaremos en sillas de papel, y nos pondremos hermosos sombreros de papel, flor de un día. «Pero, es qué miren, qué hermosura, qué baratos!?» Qué inocencia, que ingenuidad, como nos engañamos y engañan con el TLC (Tratado libre de Comercio).
Honro y beso las manos de mis ancestros, de nuestros artesanos y les doy gracias por cuidar nuestros bosques, cañadas y rios…
Pienso en mis hermanas/os artesanos por la vía Sasaima-Cundinarmarca…y en Boyacá.
Magnífico REPORTE REALIZADO POR MÓNICA ÁLVAREZ (Red Colombiana lugares de memoria) A JOSEFINA PERDOMO RIVERA, (directora de MUMIDAVI), lider comprometida, amiga y compañera y hermana de apoyo.
Evangelizadoras.
Fuente remitido al e-mail
El viaje
La concepción y los preparativos del , organizado por Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la Vida – MUMIDAVI, apoyado por el PNUD y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que opera en el Caquetá, que se llevaría a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre en Cartagena del Chairá, me eran tan complejos como su largo nombre. Complejo porque allí estarían viudas e hijas de policías y militares, mujeres de las Farc, mujeres del alto y bajo Caguán víctimas de la policía, del ejército y de la guerrilla y Sandra Henao la esposa del general Flórez.
Complejo porque sentía que me dirigía a un lugar colmado de tensiones que en algún momento y por el más pequeño detalle podrían convertirse en un desencuentro, en una confrontación que evidenciaría una vez más que la guerra nos ha obligado a tomar bando, a construir enemigos con nombre pero sin rostro, aquel que se espera mirar algún día a los ojos para por fin poder reclamarle que diga el por qué, en dónde está, para contarle la historia de un hijo, una hija, un padre, un esposo, un tío, un hermano amado, que se convirtió en una terrible ausencia, en una herida difícil de sanar.
La complejidad aumentó cuando a mi pregunta de cuál sería la agenda del encuentro, Josefina Perdomo Rivera, directora de MUMIDAVI, me envió una nota en la que solo estaba el tema, el día y la hora en la que haría mi intervención, el resto me dijo, es parte de la sorpresa. ¡Más! Estuve a punto de decirle, pero guardé silencio, era Josefina, una mujer cuyo trabajo creía conocer hasta ese momento.
En Cartagena del Chairá descubrí que todas habíamos emprendido el viaje sin una brújula que nos demarcara horarios, lugares específicos y actividades. Al llegar intenté compartir mi incertidumbre con algunas de las asistentes pero la respuesta de una de ellas me dejó sin palabras: ¡Y quién no confía en Josefina!
Para llegar a Cartagena del Chairá debía tomar un avión hasta Florencia capital del Caquetá, y luego un carro por tres o cuatro horas o más, todo dependía del clima. Si había llovido la carretera podía volverse un largo tramo de espera en medio del calor y la humedad de un territorio que es la puerta del Amazonas, un territorio que yo apenas percibía y adivinaba a través de los relatos de otros. Afortunadamente el clima había estado seco, así que promedié unas tres horas de viaje. Mi optimismo aumentó cuando el carro avanzaba por una carretera pavimentada, con poco tránsito, por la que iban apareciendo algunos pequeños caseríos. Adentro íbamos tan solo tres pasajeras que fuimos reconociéndonos en el trayecto: una de las representantes de las Farc en las negociaciones de la Habana, una profesora que había salido de Cartagena del Chairá hacía varios años (un accidente y el haber estado presa injustamente por rebelión habían generado su salida) y yo, como integrante de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Luego nos detuvimos para recoger a dos integrantes más de las Farc que están en la zona de transición de la Montañita.
Mi alegría se acabó cuando empezamos a transitar por un camino colmado de baches profundos que hacían que el carro se moviera con lentitud, midiendo con cuidado el lado y la forma por donde mejor podía pasarlos. Sentía que me iba adentrando en un sendero que me dejaría perdida en la mitad de la nada, rodeada de árboles y observando, hasta quedar dormida, aquel maravilloso e incierto atardecer de la llanura. Pensé en Josefina, en las tantas veces que me ha contado sobre su dificultad para comunicarse, para tener acceso a la señal de internet, para viajar hasta Bogotá.
Cuando por fin llegamos a Cartagena del Chairá no lo podía creer. Apareció de pronto y sin que pudiera preverlo un pueblo con calles muy amplias, con separadores en los que crecen grandes árboles; con gente tranquila que conversaba en la calle o que se dirigía hacia algún lugar en moto, las mismas que abarrotan la mayoría de ciudades y pueblos de Colombia.
Nos instalamos en un hotel agradable y sencillo, más tarde vendrían a recogernos para ir a la cena de bienvenida. A pesar de la cercanía, Josefina prefirió pedir a la alcaldía una buseta que nos llevaría a los distintos lugares en los que se realizarían las actividades. Es mejor no llamar la atención, nos dijo.
La cena se llevó a cabo en Villa Luz un lugar con dos piscinas en donde dos veces a la semana son atendidos por un equipo especializado de MUVIDAVI, los niños y niñas con necesidades especiales. Allí se presentaron Andrea Durán, fisioterapeuta; Vanesa Patiño, Educadora especial; Lucía Peña, psicóloga; Deily Dayan Rojas, Comunicadora Social; Amalfi Beltrán, líder comunitaria; Yenny Nataly Vargas Neira, abogada y Susanita, religiosa francesa que llegó a Colombia a los dieciocho años, y que lleva más de cincuenta años trabajando con diferentes comunidades. Gracias a su persistencia, a la confianza en su tarea, Josefina ha logrado que estas jóvenes estudien en diferentes universidades del país, carreras que responden tanto a sus intereses como a las necesidades de la comunidad. Todo un equipo preparado y comprometido para acompañarnos en un Encuentro al que todavía le temía.
El homenaje
A las siete de la mañana bajamos a desayunar, y la buseta nos recogió a las ocho para llevarnos al megacolegio José María Córdoba, en donde poco a poco también fueron llegando las mujeres que habitan en Cartagena del Chairá, muchas de las cuales provienen de otros lugares. Luego pasamos al salón de encuentro, un espacio amplio y sin paredes, lo que permitía ver el hermoso paisaje que rodea al colegio, la extensa llanura que se extiende detrás de él colmada de vegetación y unas montañas que se ven a lo lejos. Pero era precisamente esa ubicación, la que lo había convertido en otros años en lugar de escape de los guerrilleros, después de los combates con el ejército en el pueblo.
Ese día vivimos uno de los momentos más difíciles de describir y estoy segura de que pervive en la memoria de muchas, sino de todas las que estuvimos allí. Un momento que me confrontó con mis prejuicios, con esas fáciles generalizaciones que solemos hacer y que nos llevan a conformarnos porque pensamos que no es posible.
En el piso del centro del salón se puso una tela con los cuatro elementos de la naturaleza a manera de altar, allí las mujeres le rendirían homenaje a los seres queridos que han muerto o que están desaparecidos. Una a una fueron pasando a contar la historia de su hijo, de su hija, de su esposo, de su hermano, de su tío, de su padre; su ocupación, la forma como las trataba, el amor que le tienen, la falta que les hace. Cada una de ellas llevaba en la mano su foto, que depositaba en el altar una vez terminaba de presentarnos su historia. En ese momento sentía cómo esa mujer se desprendía por un instante de esa imagen para compartirla con todas las asistentes. Allí había seres muy amados, no importaba si habían sido guerrilleros, militares o campesinos. La guerra se los había llevado a todos por igual. El dolor por su muerte o desaparición era el mismo y era tan profundo, que las lágrimas se iban derramando sin que hubiera forma de amarrarlas. Había mujeres que llevaban varias fotos, que iban contando la historia de cada uno de ellos y de ellas, otras que narraron lo difícil que es ser la hija o la esposa de un militar, el tener que crecer en zonas de combate, el rezar cada día para que llegara completo y vivo. Una de las guerrilleras llevaba cinco fotos de sus familiares muertos. Allí había madres, esposas, hermanas, hijas de militares, guerrilleros y campesinos envueltos en una guerra que habían ido heredando de generación en generación.
Al final nos abrazamos, nos miramos, y en la profundidad vimos las historias que se han guardado por muchos años en silencio, con miedo, con rabia, con frustración e indignación. Se abrazó la integrante de las Farc con la esposa, la hija del militar, del policía; se abrazaron las mujeres del alto y bajo Caguán, porque todas, independientemente del lugar de donde proveníamos y del bando en el que hubiera estado la persona que se había perdido en esa larga y terrible guerra, sentíamos el mismo dolor, la misma ausencia y el mismo deseo de que haya paz, de que lo sucedido no se repita.
Después de aquel momento podíamos sentarnos con tranquilidad a conversar la una con la otra, las historias por mucho tiempo guardadas iban fluyendo. Allí estaba la hija que había entendido la lucha de una madre, que tuvo que compartir con toda una comunidad; la madre de un soldado profesional que después de varios años de haber recibido el cuerpo de su hijo, conocía el lugar en donde había muerto; las que habían combatido en esa zona; las que siguen buscando a sus desaparecidos o llorando a sus muertos; las que por muchos años habían guardado en silencio la historia de su hijo o de su hija guerrillera; las que estuvieron presas injustamente por rebelión, una de las cuales tuvo que pasar una noche en un socavón disputándose con las ratas un pedazo de pan que llevaba, mientras escuchaba gritos en medio de la oscuridad. Conocí mujeres líderes de un barrio, de una vereda, de una comunidad, madres amorosas, abuelas muy jóvenes, con una adolescencia que se les había quedado guardada en el brillo de sus ojos.
Entendí entonces por qué Josefina había insistido tanto en que ese espacio fuera solo de y para las mujeres. Allí podíamos expresar las emociones y las ideas con confianza, sin el temor a la censura, el reproche o el comentario, a esa presión que siente la mujer en una sociedad tan machista como la nuestra. Las mujeres necesitaban ese espacio porque en él podían ver, entender y reconocer su trabajo cotidiano por la vida, por mantener unida a una comunidad que el miedo y la muerte resquebrajaban. Las mujeres que se habían echado al hombro a los sobrevivientes para buscar una nueva tierra o barbechar la que habían sembrado con la muerte, para que la esperanza volviera a renacer. Las mujeres que escriben relatos silenciados o negados, íbamos reconociendo y valorando nuestra historia y entendíamos la necesidad de contarla y de contarnos.
En los relatos de varias de las mujeres presentes también fue apareciendo de a pedazos la historia de Peñas Coloradas. Más tarde una de ellas me contaría que en el año 2004 el ejército los sacó a todos del pueblo porque habría un enfrentamiento con la guerrilla. Sus casas, la escuela, las calles, el pueblo entero lo convirtieron en una trinchera, pero el enfrentamiento nunca se dio. “Sin embargo, nunca pudimos regresar porque el ejército montó allí una base militar y cuando tratamos de volver nos impidieron el paso, que estaba prohibido. Se robaron todo, hasta los cables de las casas, hoy es un pueblo fantasma. Como éramos tan amigos, era un pueblo muy unido, seguimos comunicándonos. Unos se vinieron para acá para Cartagena del Chairá, otros para Florencia, Bogotá, estamos regados por muchos lados, yo ya me quedé por Pereira, allá tuve que volver a comenzar”.
En la tarde conocí el Bosque de la Memoria, un espacio sobre el que las mujeres MUMIDAVI hablan con orgullo. “Nosotros sacamos la basura, las ramas, por eso ahora se ve tan limpio. Somos las víctimas de este conflicto armado: mujeres y varones de todas las edades quienes lo cuidamos y queremos que tenga senderos que lleven a la casa de la memoria, de los juegos, para trabajar con los niños” Nos contó Amalfi mientras nos guiaba por una parte del bosque. Esa tarde, en el lago del Bosque de la Memoria se reflejaba un rojo atardecer.
El río de la memoria
Al siguiente día Sandra Henao y Nelly Buitrago contaron cómo la guerra les había mostrado imágenes dolorosas de muchachos muy jóvenes amputados por las minas antipersonas, les había dejado la inmensa ausencia de los desaparecidos y los muertos, las comunidades rotas, el miedo por los combates. Algunos se habían dado en la plaza del pueblo, donde hay dos monumentos a la memoria, uno hecho por la comunidad y el otro por los militares. Uno cuidado y el otro silencioso, solitario. Por esto y por muchas más razones Sandra Henao que ha visto el sufrimiento de muchos soldados y de sus familias, y Nelly Buitrago que lo ha visto desde los campesinos y las comunidades, están trabajando con mucha valentía para que se cumplan los Acuerdos de paz. Una tarea muy difícil porque algunos se empeñan en mantener la guerra.
En la tarde, nuestro viaje por la memoria y la reconciliación continuó por el maravilloso río Caguán. Íbamos en un ferry que se deslizaba lento y frágil por ese amplio río, en cuyas orillas aparecía un paisaje que dejaba ver la naturaleza exuberante de la Amazonía. “Por aquí pasó José Eustasio, esto hace parte de la Vorágine, es un río que amo mucho y cuando muera quiero que echen mis cenizas en él”. Mientras escuchaba a Josefina, heredera directa del amor por aquella región y por el río Caguán, que se prometía algún día recorrer como lo había hecho su tío abuelo para escribir la vorágine de sus días, comprendía una vez más la gran distancia que hay entre las palabras y la realidad. Recordé cuántas veces había leído o escuchado la expresión “se lo tragó la manigua”, y por primera vez no la entendí tan solo como un hecho de abandono o huida de la civilización, sino que me reconocí como uno de los marineros del barco de Ulises que debían amarrarse al mástil, para no lanzarse a las aguas del mar hipnotizados por los cantos de las sirenas.
En las orillas del río Caguán caminamos por una arena suave, escuchando las múltiples voces que emanaban de la naturaleza circundante, y que como un eco empezaron a resonar en nosotras hasta convertirnos en una armoniosa sinfonía de mujeres tranquilas, liberadas, que sueñan el nuevo amanecer de un país que también irá sanando sus heridas. Una sinfonía que se iba expandiendo en el lejano horizonte de la selva y que fue nuestro “bosque de sonidos” que acompaña el “Bosque de la Memoria”, testigo silencioso de vidas entregadas y renacidas.
Y luego, nos extasiamos mirando las aves que iban pintando de blanco los árboles de sus orillas, y un cielo de trazos rojos, verdes, amarillos que a cada minuto iba cambiando sus matices. Aquella imagen se convirtió irremediablemente en el deseo por volver.
El día cerró con una presentación musical de los niños y niñas con condición especial. Llegaron con bombas y con música que algunos seguían en su silla de ruedas y otros como Pedrito caminando, algo que los médicos habían dicho era imposible. Nos entregaron tarjetas hechas por ellos y luego bailamos. La emoción de verlos nos contagió de esperanza los sueños.
Lo imposible
Había llegado el momento del regreso, el Encuentro llegaba a su fin y frente a todas mis previsiones y temores, lo imposible se había dado gracias al trabajo incansable de un grupo de mujeres MUMIDAVI que con sus cuidados, nos habían hecho sentir protegidas y seguras. En la mañana nos despedimos con fuertes abrazos. Cada una de nosotras partía con la certeza de que la reconciliación es posible, que es necesario volver a Colombia un espacio de encuentros entre mujeres, hombres, niños, jóvenes, familias que se escuchan para conocer y entender la historia que cada uno ha vivido: “he ido a varios encuentros pero siempre es muy difícil porque hay muchos reproches, ésta es la primera vez que no me siento estigmatizada” dijo una de las integrantes de las Farc cuando se despedía de mí en el aeropuerto de Bogotá.
En este Encuentro también había empezado a descubrir la historia de dos mujeres: Josefina y Susanita, una historia que no aparece en libro o manual alguno, ni en los titulares de ningún periódico, pero que hace parte de las heroicas historias que nos falta por descubrir y contar. Mujeres que están acostumbradas a lograr lo imposible, a construir un barrio con la gente, a denunciar las detenciones ilegales, a darle refugio a los que se han quedado sin nada, a reclamarle a uno y otro bando sus atropellos. Su trabajo les ha granjeado el respeto y la confianza que hizo que las fuerzas armadas, las Farc y las mujeres de la comunidad las apoyaran para que desde muchas orillas, llegáramos para hacer brotar la Paz del medio y bajo Caguán con rostro de Mujer. Una semilla maravillosa que nos quedó sembrada en la memoria.
MOLE, Bogotá, 25 de diciembre de 2017
(Mónica Álvarez- Red Colombiana Lugares de Memoria)
Bredunco lo denominaron los indígenas. El joven y viejo Cauca, el río
más importante de Colombia, después del Yuma o Magdalena, ha sido
tumba, fosa común, inspiración de poetas como León de Greiff (“Oh
Cauca de fragoroso peregrinar por chorreras y rocales…”) y ahora, o
desde hace algunos años, centro de la construcción de la
hidroeléctrica más grande del país.
El Cauca, novelado y cantado, el río indómito, el mismo que ha puesto
en vilo la ingeniería, hoy es el ojo de una tormenta que se ha desatado
por Hidroituango, un proyecto de las Empresas Públicas de Medellín y
la Gobernación de Antioquia, con apoyos financieros nacionales e
internacionales. En una región, centro de conflictos, donde en 1997 se
presentó la masacre de El Aro; una zona de disputas entre la guerrilla
y el paramilitarismo; en una vasta extensión con influencia en 12
municipios antioqueños, el proyecto nació atravesado por distintas
polémicas, desde las ambientales hasta las de desplazamientos forzosos
de la población.
En marzo de 2013, un poco más de 300 personas de la región afectada,
se refugiaron en el coliseo de la Universidad de Antioquia, en
Medellín. Expresaron su inconformidad con la construcción de la
represa y sus temores por las amenazas de grupos armados. Uno de los
líderes campesinos (Nelson Giraldo Posada) que dirigió la toma del
recinto universitario fue asesinado en septiembre de ese año. Le
propinaron cuatro tiros y lo degollaron en Ituango.
La construcción de la megaobra ha causado diversos impactos sociales y
en el ecosistema. La organización Ríos Vivos, defensora de derechos
humanos y ambientales de los municipios afectados, denunció en
distintos momentos los despojos, inundaciones y desplazamientos, al
tiempo que las voces oficiales decían que se habían indemnizado a las
comunidades. El taponamiento de los túneles de desviación del cauce
milenario del Cauca parece, en esencia, ocultar un drama humano y social
de enormes proporciones.
Según Ríos Vivos, los habitantes del cañón del Cauca advirtieron que
la situación que hoy se está padeciendo podría ocurrir, “pero la
soberbia de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la inacción del
Estado han puesto a la región al borde del colapso total”, se dice en
un artículo publicado en el sitio La pluma.net, publicado el 14 de
mayo de 2018. La vocera Isabel Zuleta, citada en el artículo, dice que
“para las comunidades es aterrador ver que un río tan caudaloso se
está devolviendo”. El testimonio indica que los pescadores dejaron
sus atarrayas; los barequeros, sus molinos y herramientas y que, en la
zona, todavía había habitantes de fincas que no fueron compradas.
“No es cierto lo que dice Empresas Públicas de Medellín que habían
comprado todos los predios, el gerente le está mintiendo al país, hay
fincas que no han sido compensadas”, agrega la portavoz de Ríos
Vivos, entidad que, desde hace más de una década, se ha opuesto al
proyecto. “Es lamentable que en Colombia no se escuche a las
comunidades y su saber ancestral”. Las primeras consecuencias graves
de la situación se vivieron en Puerto Valdivia. Ya parece haber en la
región una crisis social y un desastre ambiental.
Sin embargo, para el gobernador de Antioquia, todo lo que está
acaeciendo no es más que una telenovela, una ficción. Eso dijo en
algunos noticiarios. O, como lo calificó al principio de que se
filtraran las primeras informaciones (por lo demás, ha habido una gran
desinformación al respecto) sobre los sucesos de Hidroituango y el río
Cauca, un “pequeño impase”.
El “pequeño impase”, en todo caso, tiene en la incertidumbre y la
desazón a los pobladores de los 12 municipios de la zona de influencia
de la hidroeléctrica y dejado en la miseria a numerosas familias de
Puerto Valdivia. No sobra recordar que, por aquellos breñales, de osos
perezosos y guacamayas, de oro y atarrayas, de bosque tropical seco, ha
habido cerca de 60 masacres desde la década del noventa y más de 600
desaparecidos.
El Patrón Mono, como llaman al río los barequeros del cañón del
Cauca en Antioquia, se ha embravecido contra el denominado
“progreso” a ultranza. Sus orillas “caliginosas” se ampliaron
con la turbulencia de sus aguas eternas. Hasta ahora, da la impresión
de ser muy turbio lo que está pasando con Hidroituango. Tal vez, ese
río de la historia esté más contento con el recuerdo de aquella Venus
de Bolombolo, la de “los perfectos muslos”, que enloqueció a un
poeta de taheña barba, que con las barrabasadas telenovelescas de un
farandulero gobernador.
Evangelizadoras de los apóstoles 
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