Obispos chilenos se reunieron por segunda vez con el papa Francisco en el Vaticano


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| Periodista Radio: EFE / Cooperativa.cl

Los 34 prelados sostendrán dos encuentros con el pontífice este jueves.

No se han entregado mayores detalles de las conversaciones.

Obispos chilenos se reunieron por segunda vez con el papa Francisco en el Vaticano

Llévatelo:

Los 34 obispos chilenos llamados por el papa Francisco al Vaticano por su gestión poco transparente en los casos de abusos a menores se reunieron este miércoles de nuevo con el pontífice y lo volverán hacer mañana.

El encuentro tuvo lugar a las 18:00 hora local (mediodía de Chile), una cita a la que partieron en autobús con 45 minutos de antelación desde la residencia vaticana “Domus Romana Sacerdotalis”, donde se alojan, y sin hacer declaraciones a la prensa que les esperaba a la salida.

Las reuniones de los obispos chilenos con el pontífice comenzaron este martes y terminarán mañana, cuando se celebrarán otras dos, una por la mañana y otra por la tarde.

En el encuentro de este martes el papa argentino les entregó a cada uno un texto con los temas de meditación y les instó, desde dicho momento y hasta la próxima reunión, “a meditar y orar”.

Francisco convocó a los obispos después de haber constatado que fue mal informado respecto al obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros, a quien acusan de que sabía que el cura Fernando Karadima abusó durante años de menores.

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/obispos-chilenos-se-reunieron-por-segunda-vez-con-el-papa-francisco-en/2018-05-16/140553.html

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“El asesinato de quienes más contribuyen a la paz es una vergüenza”: ONU


Kate Gilmore, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló sobre el proceso de paz en Colombia. Asegura que el caso Santrich pone a prueba la credibilidad de la justicia.

Entrevista a Kate Gilmore de Naciones Unidas sobre el proceso de paz y Santrich “El asesinato de quienes más contribuyen a la paz es una vergüenza”: ONU

Al término del Examen Periódico Universal, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, Kate Gilmore, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió ampliamente al proceso de paz. Su voz es implacable, clara y comprometida en cualquier escenario. En una entrevista concedida a los medios de comunicación puntualizó cuáles son esos desafíos sobre los que hay que construir.

Desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra anunció que la ONU seguirá jugando su rol en el monitoreo de la documentación, la verificación y corroboración de hechos. “La defensa de los Derechos Humanos no sería nada sin esos datos. ¿Han visto una película que se llama Buscando a Nemo? En una línea que aparece en esa película dice: ‘Los peces son amigos‘, en este caso, los datos son nuestros amigos”, manifestó.

La segunda voz más autorizada para defender los derechos humanos en el mundo manifestó que es necesario evitar a tiempo más violencia como consecuencia de las víctimas no escuchadas, los datos ocultos o las políticas sin cumplir.

¿Qué opina sobre los casos de corrupción en relación con los fondos para el proceso de paz?

Kate Gilmore: Tenemos varias preocupaciones respecto del proceso de paz. No investigamos específicamente el flujo de fondos, es una parte diferente de nuestra misión. Pero en general, lo que detectamos es que hay la necesidad de un liderazgo robusto e imparcial en este proceso de paz para protegerlo de las mismas razones que causaron el conflicto. En inglés tenemos una expresión: que la cura se convierta en la enfermedad. Eso nos preocupa mucho y en particular por las personas que más han sufrido, incluyendo aquellos que se encuentran por fuera de las áreas urbanas y que están directamente afectados por los procesos de desmovilización y reintegración. Nos preocupa mucho de qué manera la gente va a tener acceso a servicios sociales; cómo pueden retornar las economías locales; cómo mantenemos la prioridad en la salud, la educación y el empleo. Si las personas no pueden ver, vivir y recibir los beneficios del proceso de paz ¿por qué habrían de implicarse en él? Para mucha gente hubo muy buenas razones para empezar el conflicto aunque el precio fuera demasiado alto. Es sumamente difícil que en tiempos de transición las acusaciones de corrupción no se investiguen y se esclarezcan de manera imparcial; esto va en contra de la confianza y la fe de la gente. En particular, si todavía no disfruta de los beneficios que se les prometieron.

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“Es sumamente difícil que en tiempos de transición las acusaciones de corrupción no se investiguen y se esclarezcan de manera imparcial; esto va en contra de la confianza y la fe de la gente”

Si se llegaran a comprobar los temas de corrupción ¿cómo se afectaría el trabajo de la oficina directamente?

K.G.: El trabajo del alto comisionado depende de una cosa: que exista el respeto al Estado de Derecho. Que existan ilegalidades no es usual, pero eso no significa que deba ser inevitable. Si el gobierno y personas cercanas al proceso de paz no cumplen con sus tareas e incurren en hechos de corrupción y de desvío de recursos, no significa que sea el fin del mundo. Lo que importa es que existan mecanismos de supervisión para poder reaccionar rápido de manera proporcional y justa. Lo que a la oficina del Alto Comisionado le interesa es que se respete el Estado de Derecho y que de manera transparente, el sistema de justicia desarrolle investigaciones justas para que los ciudadanos tengan confianza en el sistema. Que los que tenemos responsabilidades seamos capaces de responder por ellas. Todos cometemos errores y eso pasa en cualquier sistema en el mundo. No digo que esto sea una excusa, pero ocurre.

En inglés tenemos un refrán, que dice “cuanto más rápido mejor”. El problema real es cuando esos errores pasan inadvertidos, nadie responde por ellos y no se solucionan.

¿Qué tan viable ve que la JEP cumpla su mandato?

K.G.: Soy totalmente realista. Estamos hablando de un sistema que está basado en el Estado de Derecho, en los estándares internacionales del derecho y busca ganarse la confianza de la gente. Solo necesitamos voluntad política. También necesitamos priorizar que ese sistema reciba el apoyo financiero y el respaldo para que logre ser un sistema íntegro y no un engaño a los ciudadanos. Esto siempre es un tema de apoyo político. Por eso es que tenemos gobiernos con poderes y responsabilidades. Nosotros decimos esta frase en todos los países del mundo: el sistema de justicia que ustedes tienen depende de lo que inviertan y del poder que quieran darle. Y antes que nada, necesitan igualdad, una representación justa, proporcionalidad en términos de cuáles son los casos que llegan a la justicia y un sistema judicial imparcial. Que se entienda primero que todo que su deber es con la ciudadanía y con los colombianos. El sistema debe ser justo y debe ser abierto al escrutinio de la gente.

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¿Qué tan viable ve usted esta situación en Colombia, especialmente en términos de respaldo político?

K.G.: Esta es una de las razones por las que la misión de la ONU está en Colombia. Colombia no necesita a la ONU para que tenga un rol como si el país fuera un Estado fallido. Lo que necesita es que Naciones Unidas sea un testigo de una administración justa de la ley y que sea un instrumento para darle al gobierno y a las autoridades reportes de realidades que no siempre son convenientes.

Tener un rol como el que tiene la ONU en un momento de construcción de paz como el que está viviendo Colombia es como ir al dentista. Usted no quiere ir al dentista, el trabajo del dentista es muy doloroso, quisiera con todas sus fuerzas tener que evitarlo, pero por otro lado, usted sabe que es bueno para usted. El problema es cuando el dentista no es lo suficientemente valiente porque ahí sí está en problemas. El trabajo del dentista, dentro de los estándares profesionales, es hacer lo necesario para que estemos sanos. Eso es lo que tiene que hacer la ONU. Nosotros tenemos estándares, tenemos que defenderlos y tenemos que ir a nuestras misiones con valentía y con equidad.

“Si el gobierno y personas cercanas al proceso de paz no cumplen con sus tareas e incurren en hechos de corrupción y de desvío de recursos, no significa que sea el fin del mundo. Lo que importa es poder reaccionar de manera proporcional y justa”.

Estamos siendo testigos y debemos apoyar el proceso para que ese sistema de justicia que históricamente ha sido poco respetado por la gente recobre su verdadero valor en la sociedad. Mis colegas y yo creemos profundamente que esa confianza en el sistema de justicia, incluyendo el sistema de justicia especial, debe venir no del gobierno sino de la gente desde las raíces. Por eso es que en nuestro tiempo en Colombia hemos hecho tanto énfasis en este tema. Hemos querido salir de Bogotá hacia las comunidades en donde la gente ha vivido lo peor del conflicto. Es su confianza lo que tenemos que ganarnos.

La justicia real llega conversando con las partes y de una comprensión valiente de quienes tienen que encontrar la verdadera justicia. Eso no puede ser responsabilidad de un solo lado. La justicia debe ser imparcial. Eso es lo que la ONU puede ofrecer; nosotros debemos ser leales a los derechos de la gente y no estar en ningún lado del conflicto. Ir al dentista es un tema sensible y puede ser doloroso. Y no significa que el dentista siempre tenga la razón, pero hay que ir.

¿Cómo hacemos que esta voluntad política se vea reflejada en esta situación cuando la oficina ya había dicho que se están equivocando?

K.G.: La gente de Colombia es la que puede cambiar las cosas, no alguien de afuera. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos del lado del proceso de paz para que llegue a la gente y no del lado del poder, del conflicto de intereses y de la incertidumbre. Esto a veces es difícil y es por eso que vuelvo sobre el mismo punto. Que nosotros en la oficina de Derechos Humanos sentimos una obligación de estar con la gente que más ha sufrido. No es que les demos voz, porque ellos tienen la suya propia, más bien lo que hacemos es ayudar dándoles un micrófono. Es decir, llevando sus voces a los más altos niveles de la autoridad y usar los estándares de derechos humanos para mostrar cómo se debe responder a estas voces. Cuando la gente dice que no confía, que ha sido sometida a crímenes que no han sido juzgados ni reconocidos sobre hechos de violencia del pasado, que el sistema de justicia la excluye, somos nosotros (como oficina) los tenemos que acudir a las autoridades y ponernos del lado de ellos. No del lado de los poderosos, ni de los privilegiados, ni de aquellos a quienes esas voces les resultan incómodas. Sino al lado de la gente. Es así como podemos contribuir al contexto político favorable para una paz duradera. El gobierno y las autoridades deben entender que deben rendir cuentas por eso. No estamos en un régimen de poder sino de responsabilidad frente a los colombianos.

¿Cómo lo hacen?

K.G.: De tres maneras: desde el punto de vista de la ONU, nosotros monitoreamos y reportamos. Ponemos la verdad, los hechos, las evidencia, muchas veces inconvenientes para el gobierno, que en la mayoría de los casos estarían felices de no saber. Por eso es que la importancia de nuestra oficina sea la documentación, la verificación y corroboración de esos hechos. La defensa de los DD. HH. no sería nada sin esos datos. ¿Han visto una película que se llama Buscando a Nemo? En una línea que aparece en esa película dice: “Los peces son amigos”, en este caso, los datos son nuestros amigos. Es sumamente importante el monitoreo, los reportes y que hagamos públicas las evidencias que muestran si estamos haciendo las cosas bien o estamos fallando. Esos datos son los que nos dirán la respuesta.

“Hay una infección en la región que yo considero muy dañina y que tiene que ver con el tema de corrupción”

La segunda cosa que debemos hacer es tener en cuenta que la única forma de que una sociedad cambie para mejorar es entregándoles  el micrófono a quienes han sufrido más que los demás. Cualquier instancia en la que se piense, cualquier hazaña en ciencia, literatura, política no ha existido por una tradición clásica sino por quienes han estado por fuera de ese sistema. Para nosotros la mejor manera de alejarse de ese conflicto es escuchando diversas voces en la mesa, experiencias diferentes para entender cuál es la situación del país. No está bien tener solo las voces de la élite o solo las de los generales, o de los altos políticos. No. Tienen que ser los que más han sufrido.

El tercer punto se basa en tener un plan de acción que pueda medir los índices de progreso que las autoridades deben rendirle a la ciudadanía. Esas son cosas que son posibles de lograr y así crear un círculo virtuoso: participación, recopilación de datos, escuchar a las víctimas y un plan de acción para darles respuesta a los afectados. Esto es lo que deberían lograr y no un círculo vicioso donde el sistema se rompe, es decir, unas víctimas que no son escuchadas, datos que están ocultos, políticas sin cumplir. Esto solo lleva a más violencia, más luto.

¿Cree que las medidas para la protección de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos tomadas por el gobierno han sido eficientes?

“Nadie ha dicho que íbamos a prender un interruptor y pasar del infierno al cielo con el acuerdo de paz”

K.G.: Para ser honestos, estamos sumamente preocupados. Es claro para la ley y para el público que la pérdida de vidas, las lesiones personales y la intimidación no deberían estar ocurriendo. Nadie ha dicho que íbamos a prender un interruptor y pasar del infierno al cielo con el acuerdo de paz. No es la ausencia de paraíso. Lo que es inexplicable es que la gente siga perdiendo su vida. El contexto y las causas de lo que pasa en Colombia también ocurren en el contexto de la región, Latinoamérica es hoy el lugar más peligroso en el mundo para ser un defensor de derechos humanos, además de Siria e Irak. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Pasa lo mismo con los periodistas. ¿Cómo es posible que el lugar más peligroso para ser periodista sea México, además de Irak? ¿Qué demonios está pasando?

Estamos viendo que hay una infección en la región que yo considero muy dañina, que tiene que ver con el tema de corrupción del que hablamos al comienzo. Existe un apetito tan grande para progresar que está estrechamente relacionado con un concepto de desarrollo que tiene que ver con darle relevancia a los productos locales y los productos naturales de la región. Es más o menos como explotar todos los recursos del país para alcanzar estos beneficios estrechamente relacionados al desarrollo económico, pero no social ni ecológico.

Esas sociedades basadas en el desarrollo económico son las más vulnerables a la corrupción. Y me refiero a esto con el tema de los defensores de derechos humanos, especialmente los relacionados con el medioambiente, porque son ellos quienes denuncian las irregularidades que pueden existir cuando se le da relevancia al desarrollo económico. Cuando ellos levantan la mano y dicen que algo está mal, sabemos que muchos actores, incluyendo los no estatales, están relacionados con muchos asesinatos. Esto es una realidad. Por mencionar un ejemplo, Berta Cáceres, en Honduras, quien es uno de los ejemplos más claros de esta dinámica. Y esto es lo que está pasando en Colombia.

Es importante resaltar que lo que está pasando es diferente a lo que sucedía cuando el conflicto estaba activo y estamos ya empezando a pagar el costo si el acuerdo de paz no queda bien implementado. Esto va a acelerarse si no se maneja diferente, por eso estamos muy preocupados. Estamos viendo la pérdida de vidas y las amenazas, y vemos con temor que hay un contexto en el que los gobiernos de la región están viendo esta situación casi como aceptable, que las voces de la sociedad deben ser silenciadas y que los defensores de Derechos Humanos son una especie peligrosa. Que es casi aceptable y tolerable la pérdida de vidas cuando simplemente estas personas están levantando la voz y luchando por sus derechos. Esto hace parte de esas verdades que son inconvenientes para los gobiernos. En esto debemos estar del lado de la sociedad, no con los gobiernos que mantienen esta situación o no toman las decisiones acertadas. Siempre estaremos del lado de los defensores de derechos humanos.

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En ese sentido, ¿cree que el gobierno colombiano está haciendo lo suficiente?

K.G.: Mientras sigan muriendo nadie está haciendo lo suficiente. Deberíamos estar avergonzados por las muertes de las que hemos sido testigos. Todos los que estamos involucrados en la implementación de los acuerdos nos deberíamos sentir avergonzados de lo que está sucediendo. Es vergonzoso que en Colombia esta violencia siga sucediendo y esté dirigida a quienes más contribuyen a que la paz sea una realidad. El país añora la paz tanto como sufrió la guerra. Necesitamos defensores de Derechos Humanos porque son ellos los que están comprometidos en la construcción de un mundo diferente y son ellos quienes harán que la paz sea una realidad. ¿Ellos son los que tienen que ser asesinados? ¡Qué vergüenza!, eso no está bien. Nadie va a recuperar esas vidas. Estamos desgastando sus vidas, su talento, su conocimiento, su valentía y sus convicciones.

¿Qué efectos tiene en la estabilidad de la región la internacionalización del conflicto armado, especialmente en Ecuador?

“Ningún país en el mundo debería hacer de sí mismo una isla para solucionar sus propios problemas. No es posible ni es deseable, como no lo es que haya un muro entre Estados Unidos y México”

K.G.: Ustedes saben mejor que yo lo difícil que ha sido esta situación para Colombia. Estamos hablando de Ecuador y de Venezuela, que son fronteras porosas, siempre ha habido movimiento de gente. No es un fenómeno reciente y lo que está pasando con los países vecinos se ve como una complicación para los colombianos y para el proceso de paz. Pero las opciones para el gobierno son trabajar con las comunidades locales y buscar respuestas con ellas. Nosotros hemos pedido y aconsejado que las autoridades locales estén más presentes en las comunidades de frontera, pero no estamos hablando de fuerzas armadas, estamos hablando de jueces, profesores, escuelas y servicios para el manejo el flujo de personas, servicios de trámite para personas que piden asilo. Indudablemente, la situación en Ecuador, Venezuela y otros lugares está muy lejos de reunir estas condiciones.

Ningún país en el mundo debería hacer de sí mismo una isla para solucionar sus propios problemas. No es posible ni es deseable, como no lo es que haya un muro entre Estados Unidos y México. No queremos una Colombia amurallada. Esa no es en absoluto una respuesta. Todo el mundo tiene derechos, independientemente de su nacionalidad, de cualquier lado de la frontera en el que se encuentren o de si se están movilizando en esa zona. Es un hecho. Para cumplir su rol, el Estado tiene que hacer presencia y hacerlo de manera proporcional, incluso en el envío de recursos. El presupuesto que históricamente se ha destinado a las Fuerzas Militares debe construir una nueva tradición de inversión en la población civil. De manera, que la presencia del Estado sea más civil. Esto incluye una actuación policial y una administración de justicia más justas y efectivas. Así como también proporcionar medidas de protección, esto no incluye lo que parece ser una tolerancia frente a la violencia que están viviendo los que están alzando sus voces.

“El presupuesto que históricamente se ha destinado a las fuerzas militares debe construir una nueva tradición de inversión en la población civil”

¿El caso Santrich pone en jaque el proceso de paz con las Farc?

K.G.: El caso Santrich pone a prueba la credibilidad de la justicia, por las circunstancias de su captura, su huelga de hambre, etc. Hay estándares de seguimiento para esto que tienen que mantenerse, no es muy atípico. Hay estándares legales que deben ser sostenidos y él también tiene derechos. Los derechos son para los mejores y los peores entre nosotros. No perdemos nuestros derechos cuando no ganamos una elección, cuando cruzamos una frontera o cuando somos considerados como oposición o aunque haya acusaciones contra nosotros tenemos el derecho al debido proceso. Para nosotros este es un caso simbólico por su estatus y lo que representa, pero también es un caso de prueba como lo sería para cualquiera, independientemente de su identidad. Se trata de si el sistema de justicia es capaz de mantenerse en un punto de vista claro y objetivo para el Estado de Derecho y prevenir que sea contaminado por otras influencias. Esto va a ser importante para todas las partes implicadas, con lo que vuelvo a la idea inicial: un componente principal del acuerdo de paz es la construcción de confianza. Si la gente ve este caso como un mensaje de que no se puede confiar en la justicia esto tiene implicaciones muy graves. Ahora es el momento para que se haga una aplicación imparcial, justa y no discriminatoria de la ley. Esto incluye la garantía de los derechos de Santrich, que mantiene independientemente de la opinión que tengamos de él.

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¿Cuál es su mensaje para Colombia?

K.G.: Todo nuestro trabajo en países alrededor del mundo no se compara con el que hacemos en Colombia. No existe otro país en el mundo al que le tengamos tanto afecto como Colombia, sobre todo con nuestros colegas. Nuestra relación representa tantas cosas en términos de qué es lo peor que puede pasar a la gente y también lo mejor por su valentía y coraje. El proceso de paz a pesar de los contratiempos ha sido uno de los pocos momentos en los que mis colegas y yo hemos sentido esperanza y emoción. Nos sentimos muy conectados, como si hiciéramos parte de la paz que se merece Colombia. Es un país muy importante y apreciado en los escenarios internacionales. Hemos estado presentes en Colombia por décadas y estamos muy comprometidos por su situación no solo desde el punto de vista profesional sino también personal. Sentimos una obligación de ser solidarios con los colombianos. Hemos visto cómo colegas han sufrido un precio muy alto por conseguir la paz. Por eso, la consolidación basada en la consolidación de los derechos y a justicia en Colombia lo vemos como un reto para el mundo.

¿Cuál es el futuro de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia?

K.G.: Tenemos que seguir ganándonos el respeto de los ciudadanos. Si lo logramos, seguiremos ahí. Si no logramos consolidar la confianza, no importa cuál sea el mandato que tengamos, no estaremos haciendo lo correcto. Confiamos en que la gente en Colombia nos vea como unos colaboradores para consolidar su paz. En el minuto en el que no nos vean de esta manera, debemos irnos. Estamos determinados en seguir siendo aportantes a la causa de la paz, pero en últimas dependemos de los colombianos.

Johanna Álvarez Quintero
Enviada Especial, Ginebra, Suiza.

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México entrega la frontera a Trump: Ulises Noyola Rodríguez


ALAI AMLATINA, 16/05/2018.- El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense, ha mantenido el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación a los designios de Washington.

 

En primer lugar, el presidente Donald Trump justificó su decisión de apoyarse en la Guardia Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable a tal punto que la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de drogas y migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales, estaba destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el aumento de la seguridad fronteriza era inevitable[1].

 

A diferencia del despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack Obama y George Bush cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla Fronteriza llegó a un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que no resulta claro cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas cuando la Patrulla Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de corrupción en dejar pasar la droga en el lado estadounidense[2].

 

De esta manera, la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente Donald Trump se debió a su intención de recuperar el apoyo político de los estadounidenses desencantados por el fracaso de la construcción del muro fronterizo, la permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano se ha negado a financiar el muro y un minúsculo fondo se obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción debido a la incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo con la facción demócrata[3].

 

Sin embargo, la verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra en el control migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice. En ese espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera sur de México, el gobierno norteamericano ha canalizado enormes recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur.

 

Por un lado, el objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen organizado en el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar entre México y Estados Unidos, ha resultado un fracaso. El gobierno norteamericano no ha aplicado una política efectiva para reducir la demanda de drogas y la venta de armas, factores que han fortificado en gran medida a los cárteles de droga, las compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas al lavado de dinero.

 

Por otro lado, la cooperación militar de los dos gobiernos ha implicado el intercambio de datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el adiestramiento militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases militares. Toda esta colaboración ha creado una infraestructura, orientada a frenar el flujo de migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro Solalinde, viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos, de tal suerte que el gobierno mexicano podría ser demandado por las autoridades de Centroamérica ante organismos internacionales[4].

 

Ahora el gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda la infraestructura militar, a los migrantes como criminales, que según él, pertenecerían a grupos delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible de Estados Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de México tiene la obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente en materia de migración con Washington, esto con el fin de comenzar a erradicar el genocidio de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su reputación en la defensa de los derechos humanos.

 

En cuanto a la asistencia económica, el gobierno norteamericano cada vez más se ha ido deslindando de la Iniciativa Mérida obligando al gobierno mexicano a pagar casi toda la factura. Lo anterior se confirma con la solicitud del presidente Donald Trump de proporcionar únicamente 85 millones de dólares en el año en curso, cifra ínfima en comparación con el financiamiento inicial de 400 millones de dólares en 2008[5]. De forma inevitable, las autoridades mexicanas seguirán gastando cada vez más recursos en la contratación de fuerzas armadas, la compra de equipo militar y el adiestramiento de cuerpos policiales frente al desinterés de Washington de financiar la guerra contra el crimen organizado.

 

La carga económica para el gobierno de México resulta bastante costosa, puesto que el gasto militar se duplicó en las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto[6]. Las compras excesivas de equipo militar han implicado la militarización del territorio mexicano, teniendo como resultado el sexenio más violento con un saldo total de 104,000 homicidios durante los cinco años y medio del gobierno actual. Frente a la cruenta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido otra alternativa que reconocer que la estrategia de seguridad no fue acertada durante su gestión.

 

Por otra parte, el Programa Frontera Sur, lanzado en 2014, se centró en asegurar un paso formal y ordenado de los migrantes, a través del incremento de las protecciones y las acciones sociales hacia ellos. Pero el balance del programa ha sido un aumento abrupto de la detención de migrantes, mientas los cuerpos armados cometen numerosas violaciones de sus derechos humanos. A este enorme costo, el gobierno estadounidense ha reducido drásticamente el flujo de migrantes, si tomamos en cuenta que el número de personas detenidas en la frontera sur aumentó casi el doble entre 2013 y 2017[7].

 

Cabe destacar que el Programa Frontera Sur no involucró un programa de desarrollo económico para los países centroamericanos ni tampoco para los estados fronterizos de México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los grupos criminales para tener hombres que realicen sus actividades delictivas. Sin la elaboración de una estrategia integral, el programa está destinado a seguir deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes volverán a intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de permanecer en sus países de origen.

 

Por si fuera poco, el gobierno mexicano fue el anfitrión de la Conferencia Centroamericana de Seguridad en abril de este año. Los participantes plantearon diversas iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica en contra de las organizaciones criminales trasnacionales. Como resultado, las fuerzas mexicanas terminarán colaborando con los cuerpos militares del Comando Sur, el Comando Norte y las fuerzas centroamericanas[8]. En el marco de esta colaboración, una nueva base militar será instalada en la frontera de Guatemala a fin de realizar ejercicios militares conjuntos que se desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.

 

Todo ello responde a la necesidad de crear redes más complejas de seguridad frente a la aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para superar el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La región fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando la violencia, ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que tendrán que enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos, amenazas y peligros en la frontera sur de México.

 

– Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización

 

URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/192918

 

[1] The New York Times. Trump Signs Memo Ordering End to ‘Catch and Release’ Immigration Policy. Fecha de publicación: 6/4/2018.

[2] The New York Times. The Enemy Within: Bribes Bore a Hole in the U.S. Border. Fecha de publicación: 28/12/2016.

[3] Bussiness Insider. Congress’s massive new spending bill completely whiffed on Trump’s demands for ‘the wall’. Fecha de publicación: 22/3/2018.

[4] Reforma. Acusan intromisión de agentes de EU. Fecha de publicación: 10/4/2018.

[5] Congressional Research Service. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond. Fecha de publicación: 29/6/2017.

[6] El gasto militar pasó de 52,235 a 112,403 millones de pesos entre 2007 y 2016 de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

[7] WOLA. La frontera sur de México. Fecha de publicación: Junio de 2017.

[8]Huffington Post. Así es la estrategia con la que EU busca que México vigile la frontera sur. Fecha de publicación: 26/4/2017.

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Nicaragua: los frailes entre el pueblo y los antidisturbios.


Hace días que los grandes medios no hablan de Nicaragua y eso hace pensar que la crisis ha pasado, pero no es así.

Una vez más es la evidencia de como se manipula la información y, con ella, la percepción que tenemos de la realidad.

Los religiosos y sacerdotes forman un cordón de protección ante las fuerzas policiales.

Ayer un grupo de frailes franciscanos (OFM) junto a otros sacerdotes tuvieron que hacer de escudo humano entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios.

Todo sucedió en Juigalpa, en el centro del país, cuando un grupo de manifestantes intentó oponerse a la presencia policial en la zona de salida hacia Managua y para despejar la carretera, los antimotines comenzaron a reprimir con bombas lacrimógenas y escopeta de balines a los civiles, quienes se defendían únicamente con piedras.

Fue entonces que los religiosos decidieron intervenir para evitar que la violencia creciese y las consecuencias fuesen irreversibles.

Fray Carlos Torres, OFM, animador JPIC de Nicaragua, en dialogo con pazybien.es, destaca que ellos están bien “apoyando el dialogo nacional. Hay varios hermanos en el servicio de mediación trabajando para garantizarlo”.

Preguntado por las razones que los han impulsado, fray Carlos no duda en recordar que esto “es parte constitutiva de nuestra espiritualidad franciscana. Recordamos, por ejemplo, la visita de Francisco al Sultán durante la guerra de Damieta, estos son nuevos areópagos”.

Se hace así evidente una parte importante del carisma: la mediación y el dialogo, aun a riesgo de la propia vida.

 

Repercusión en las redes.

El primero en llegar a la zona fue fray Roberto Fernández, OFM quien se enfrentó en solitario a las fuerzas de represión.

Fray Roberto Fernández, OFM en la zona de los enfrentamientos.

Se sumaron luego fray Marcos Patzan, OFM y fray Fabián Mejia.

Fray Fabián Mejia, fray Marco Patzan y Fray Roberto Fernández interceden ante la autoridad policial.

Desde la parroquia San Francisco de Asís de Juigalpa, a la que pertenecen los frailes, advierten de las falsas noticias que están circulando a estas horas por las redes. Los frailes están bien de salud y no se ha convocado, desde la Parroquia, ninguna marcha de protesta para hoy.

El video grabado por una de las manifestantes y que circula en las redes, evidencia la tensión del momento y la acción de los religiosos.

Reproductor de vídeo

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Apoyo de la OFS de Argentina.

A los mensajes de apoyo y cercanía con el pueblo nicaraguense que se han sucitado desde distintas partes del mundo, se suma ahora la Orden Franciscana Seglar de Argentina. 

En una carta remitida a la Familia Franciscana de Nicaragua los seglares argentinos dicen lo siguiente:

En estos últimos días supimos que siguen las marchas y los reclamos en su país para el esclarecimiento de las muertes, detenidos y desaparecidos tras los tristes acontecimientos sucedidos en torno al 18 de Abril pasado, Nos unimos al “llamado para que cese toda violencia, se evite más derramamiento de sangre, y lascuestiones abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad[i].

La OFS de Argentina no quiere ser mera espectadora de vuestro sufrimiento. Por eso, queridos hermanos, les ofrecemos nuestras oraciones y también nuestra ayuda para difundir a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestra sufriente y querida América Latina las injusticias que están viviendo. Mantenernos comunicados hace que no estemos solos y así poder sentir nuestra mano tendida y nuestro corazón pronto a sus necesidades.

Quiera el Buen Pastor, que estos lamentables hechos culminen en un camino de reparación y que el pueblo nicaragüense pueda vivir por fin “La paz que es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y el amor fraterno[ii] que tanto anhelan.

Hermanos recuerden en sus corazones estas palabras para que sean esperanza en este camino “…parecía que tú, Nicaragua… eras solamente un campo de batalla, un polígono de las súper-potencias, pero hoy se ve, que eres un sujeto de tu propia soberanía, humana, cristiana, Nicaragua[iii]. Que el Dios único y verdadero les conceda una paz duradera como fruto de la justicia, el dialogo y el amor fraterno. Que la misericordia de Dios este con ustedes, los invitamos a ponernos bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe siguiendo el testimonio de su siervo Francisco, Clara y de muchos hermanos nuestros que nos precedieron.

[i] Regina Coeli – Papa Francisco

[ii] CC.GG. Art.23-1

[iii] San Juan Pablo II – 2ª Visita a Nicaragua – 08/02/1996

http://www.pazybien.es/nicaragua-los-frailes-entre-el-pueblo-y-los-antidisturbios/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nicaragua_los_fra

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James Harrison, el donante de sangre mágica, se retira tras salvar a 2,4 millones de bebés

16 May 2018 Deja un comentario


Este australiano de 81 años y que ha donado más de 1.100 veces contiene unos anticuerpos esenciales para elaborar la vacuna Anti-D

El Periódico

James Harrison, de 81 años, hizo su última donación sanguínea el 11 de mayo de 2018.

James Harrison, de 81 años, hizo su última donación sanguínea el 11 de mayo de 2018. / TARA DELIA (CRUZ ROJA AUSTRALIANA)

James Harrison ha salvado la vida a 2,4 millones de bebés y podría seguir aumentando la cifra, pero le ha llegado el momento de retirarse. Este australiano de 81 años es conocido en su país como ‘el hombre del brazo de oro‘. Y no es para menos: lleva donando sangre una vez cada dos semanas desde hace 60 años, lo que suma más de 1.100 extracciones, pero es que encima contiene unos anticuerpos muy poco comunes que son imprescindibles para elaborar la vacuna Anti-D, clave para combatir la enfermedad de Rhesus.

Solo 160 personas en Australia poseen dicho tipo de sangre, y ninguna se ha solidarizado en tal medida como Harrison. A él le marcó mucho un accidente que sufrió cuando tenía 14 años y por el que le tuvieron que hacer muchas transfusiones de sangre de desconocidos. Más de 13 litros precisó después de haber sido sometido a una complicada operación en la pared torácica. Agradecido, decidió ser él quien aportara su grano de arena nada más llegar a la edad adulta.

¿Pero por qué se retira? No porque quiera, sino porque la ley australiana fija su edad como tope legal para seguir donando sangre. La Cruz Roja Australiana le ha dedicado numerosos agradecimientos y en 1999 recibió la Medalla de la Orden de Australia “por su increíble y continuo apoyo al Servicio de Sangre y al programa Anti-D”.

“Espero que sea un récord que alguien rompa, porque significará que están dedicados a la causa”, afirmó Harrison tras su última donación, en el Centro de Donaciones de Sangre del Ayuntamiento de Sidney. “Échenme la culpa por el aumento de población. Yo seguiría haciéndolo si me dejaran”, bromeó.

“Échenme la culpa por el aumento de población. Yo seguiría haciéndolo si me dejaran”

James Harrison

Donante de sangre

Según cálculos de la Cruz Roja, el 17% de las embarazadas australianas precisan de la vacuna Anti-D para que sus hijos no nazcan con problemas sanguíneos y un alto riesgo de mortalidad. Solo es reducido grupo de 160 personas contienen en su plasma los anticuerpos necesarios para elaborar dicha vacuna. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Harrison los ‘fabricó’ a raíz de aquellas transfusiones que recibió de gente anónima cuando era adolescente. Ya ha devuelto el favor con creces.

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180516/james-harrison-donante-sangre-australia-6821492

Cinco demandas por la paz en Colombia – Carta abierta de los defensores internacionales de los derechos humanos

16 May 2018 Deja un comentario


Únase a Noam Chomsky, Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Ezquivel, Piedad Córdoba, fundadora de Colombianns for Peace, y muchas organizaciones internacionales de derechos humanos y solidaridad que defienden la paz en Colombia. Aprobar esta carta de inicio de sesión y sus cinco demandas.También puede firmar como individuo, junto con su afiliación organizacional (solo con fines de identificación).

Envíe sus endosos a James@AFGJ.org

Cuando el gobierno colombiano y las ex FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) firmaron acuerdos que terminaron más de cinco décadas de conflicto armado, no solo llegaron a un pacto de buena fe entre ellos, sino con la nación, la región , y todos aquellos internacionalmente que tienen hambre de paz y sed de justicia.

Rica en cultura y recursos, la ubicación estratégica y la historia de Colombia le otorgan una importancia más allá de sus fronteras. Si los acuerdos de paz resultan duraderos y viables, abrirán un camino de esperanza para las generaciones venideras. Pero si los enemigos de esta paz se salen con la suya, desatarán un reino interno de terror contra los trabajadores, las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas, los defensores del medio ambiente y los defensores de los derechos humanos. Ya comenzaron a hacerlo, con asaltos contra movimientos sociales que subieron a los niveles más altos en más de diez años. El fracaso de los acuerdos de paz completaría el sacrificio de la soberanía de Colombia a los amos extranjeros que usan a la nación para exportar la inestabilidad y la represión en toda América Latina y colocar grandes ganancias en los cofres de las corporaciones transnacionales.

Los acuerdos de paz alcanzados a fines de 2016 se están desentrañando de diversas maneras: agresiones legislativas; fraude electoral e intimidación; reveses legales; ejecuciones extrajudiciales y masacres; desplazamiento continuo de familias y comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas; y el incumplimiento por parte del Estado colombiano de los compromisos establecidos en los acuerdos. Los sindicalistas siguen siendo asesinados a tasas más altas que en cualquier otro lugar del mundo, a pesar de las disposiciones para su seguridad incluidas en el Plan de Acción Laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia (TLC) y en los acuerdos de paz. Si la extrema derecha consolida el poder a través de las elecciones y la violencia brutal en el campo, esto arrojará una sombra de desesperación que se extenderá y crecerá, afectando a la gente en todas partes.

No es exagerado decir que la guerra y la represión en Colombia están “hechas en los Estados Unidos”.La Comisión Yarborough del Pentágono instó a Colombia, en 1962, (dos años antes de que comenzara la guerra civil de Colombia con las FARC-EP), a “realizar contraataques y funciones de contrapropaganda y, según sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y terroristas contra conocidos proponentes comunistas. Debería estar respaldado por los Estados Unidos “. Los “proponentes comunistas conocidos” incluían no solo a los miembros del Partido Comunista, sino a los líderes campesinos, afrocolombianos e indígenas, sindicalistas, maestros y activistas estudiantiles. Estados Unidos ha contribuido con más de $ 12 mil millones a través del Plan Colombia para desarrollar las capacidades represivas y militares de Colombia.

La extradición de ex-insurgentes colombianos y líderes paramilitares a los EE. UU. Es otro medio de interferencia con el proceso de paz y las investigaciones sobre los vínculos entre los escuadrones de la muerte y el sistema político y económico de Colombia. El encarcelamiento de Simón Trinidad (Ricardo Palmera) en la prisión de Supermax en Florence, Colorado revela la indiferencia de los Estados Unidos por la paz de Colombia. Trinidad no fue un coordinador de las actividades militares de las FARC-EP, sino un intelectual que se desempeñó como su principal negociador para la liberación de los cautivos y para la paz. El lugar que le correspondía durante las conversaciones de paz estaba en la mesa, no consumiéndose en confinamiento solitario en una celda lejos de casa.

Ahora el gobierno de los Estados Unidos ha pedido el arresto de Jesús Santrich, ex insurgente y uno de los negociadores de las FARC-EP durante las conversaciones de paz. Es probable que este arresto conduzca a la extradición de Santrich a los Estados Unidos. Muchos observadores cercanos desde hace mucho tiempo del conflicto colombiano creen que la detención de Santrich tiene muchas de las marcas de una configuración y un intento de descarrilar y deslegitimar los acuerdos. Pero incluso si hubiera alguna verdad en los cargos, los supuestos crímenes habrían tenido lugar en suelo colombiano y deberían ser tratados en Colombia. La probable extradición de Santrich establecería un precedente que podría usarse contra antiguos líderes de las FARC-EP para anular los acuerdos.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece dirigida a socavar los acuerdos de paz. El embajador de los Estados Unidos en Colombia; el Subsecretario de Estado para la Aplicación de la Ley Internacional de Estupefacientes; el Secretario de Estado; El vicepresidente; y Pres. Trump entregó declaraciones recientes contra los programas voluntarios de Colombia para el desarrollo rural y la erradicación de cultivos ilícitos. La erradicación forzosa favorecida por la Casa Blanca ha resultado en masacres y escalada de abusos contra los derechos humanos.

En febrero pasado, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur del Pentágono, visitó a las tropas colombianas reunidas en el sur para perseguir la erradicación forzosa y luchar contra varios grupos armados. También visitó a las tropas colombianas reunidas en la frontera con Venezuela, dándonos un ejemplo de cómo la guerra y la paz y la relación especial de Colombia con el ejército de los Estados Unidos tienen implicaciones internacionales.

Desde hace tiempo, existen llamados para poner fin al Plan Colombia y derogar el TLC entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros apoyamos estos. Sin embargo, queremos destacar cinco puntos que representan la primera línea de los ataques a los acuerdos de paz. Además, solicitamos a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que den los siguientes pasos para forjar un nuevo camino de paz, justicia y dignidad que garantice las aspiraciones de paz del pueblo colombiano y del mundo. Durante este período de elecciones nacionales en Colombia, pedimos a cada uno de los candidatos presidenciales que se comprometan a tomar las siguientes medidas si son elegidos.

Llamamos a los gobiernos colombiano y estadounidense a:

  • Poner fin a la violencia política contra activistas sociales, líderes indígenas y afrocolombianos, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, organizadores de comunidades rurales, ex insurgentes, ex presos políticos y familiares de ex insurgentes y presos políticos . Desde la implementación de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016, la violencia política ha alcanzado el nivel más alto en más de diez años. Al menos 282 activistas del movimiento popular han sido asesinados desde entonces. Podemos agregar a ese número de víctimas 51 ex insurgentes desmovilizados y 14 de sus familiares. El gobierno colombiano debe velar por la seguridad de los objetivos de la violencia política. El gobierno de EE. UU. Debe poner fin a las políticas que empeoran la situación.
  • Terminar con la erradicación violenta y forzada de cultivos ilícitos. Buscar programas de erradicación voluntaria, desarrollo rural y sustitución de cultivos como se especifica en los acuerdos de paz.  Los agricultores en lugares remotos crecen cultivos ilícitos debido a la falta de caminos decentes para llevar los cultivos no ilícitos al mercado, ya que los narcotraficantes vendrán a su aldea a hacer compras. Incluso con mejores caminos, la economía rural ha sido diezmada por los acuerdos de libre comercio que han convertido a Colombia en un país dependiente de las importaciones de alimentos. Las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas carecen de infraestructura adecuada para las escuelas, la atención médica y los servicios básicos de energía y agua.
  • El gobierno de los Estados Unidos debe eliminar a las FARC-EP de la lista de terroristas del Departamento de Estado.  Los acuerdos de paz son la ley de la tierra en Colombia. Las FARC-EP ya no existen como un ejército insurgente y han sido reemplazadas por el partido político nuevo y legal, la Fuerza Común Alternativa Revolucionaria (FARC).
  • Liberar a todos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra que aún se mantienen en Colombia y repatriar a los que ahora se llevan a cabo en los Estados Unidos.Terminar con la política de extraditar a los ex miembros de las FARC-EP, así como a los líderes paramilitares, a los EE. UU.  Las extradiciones interfieren con los acuerdos de paz y las investigaciones de los paramilitares. El proceso de paz se ve debilitado por el hecho de que Colombia no ha liberado a todos los presos cubiertos por los acuerdos. Todavía hay 625 de esos prisioneros.
  • Respetar el derecho de las campañas de oposición a participar en el proceso electoral abiertamente y sin temor por la seguridad. El fraude generalizado y la intimidación de los votantes deben cesar. El gobierno colombiano debe garantizar la seguridad de las campañas de la oposición. Los gobiernos de los Estados Unidos e internacionales no deben reconocer las elecciones que tienen lugar bajo nubes de fraude, intimidación y violencia. Tanto el partido político de las FARC como las campañas de centro izquierda han sido atacadas por matones pagados. Las elecciones legislativas y primarias en marzo de 2018 se vieron empañadas por la escasez de votos en más del 20% del sistema de votación de Colombia, incluidas las tres ciudades más grandes del país. La Misión de Observación Electoral de Colombia reportó 1.290 violaciones de campaña pero no había establecido suficientes oficinas para llevar a cabo investigaciones. Las violaciones incluyeron la compra de votos y los trabajadores del recinto que se negaron a entregar las boletas. Una encuesta del día de las elecciones informó que el 30% de los votantes colombianos dijeron que no podían votar en privado.

Finalmente, nosotros, los abajo firmantes, deseamos y trabajamos por la paz y la democracia real para Colombia y el mundo. Nos comprometemos a no darnos por vencidos en este hermoso sueño, sino a continuar hablando en contra de aquellos que destruirían la paz. Lo sabemos, y afirmamos una vez más que: ¡LA PAZ DE COLOMBIA ES LA PAZ DEL MUNDO!

Endosantes individuales (organizaciones enumeradas solo con fines de identificación):

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y Defensor de los Derechos Humanos de Argentina

Noam Chomsky, Profesor Emérito de Lingüística, Instituto Tecnológico de Massachusetts

Piedad Esneda Córdoba Ruiz, ex senadora colombiana y fundadora de colombianos por la paz

Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de los Derechos Humanos del Pueblo

Eduardo Correa, Profesor e Investigador de Dominio en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Gilberto López y Rivas, Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México

Jamal Juma, coordinador de la campaña STOP THE WALL en Palestina

Daniel Kovalik, Consejero General Asociado de United Steelworkers

David Swanson, autor de Curing Exceptionalism y director de World BEYOND War

Leilani Clark, Co-Coordinadora Nacional, Alianza por la Justicia Global

James Jordan, Co-Coordinador Nacional, Alianza para la Justicia Global

Cathy Rojas, ANSWER Coalition

Mark Burton, abogado, Alliance for Global Justice y Denver Peace Council

Pamela Brubaker, Profesora Emérita de Religión y Ética, Seminario Luterano de California

Carlos Fazio Varela, Periodista y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Departamento de Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Anahit Ahoronian Kharputlian, Ingeniera Agonómica y Profesora de la Comisión Multisectorial de Uruguay

Samuel Hernández Morales, CODEP – MNPP (Consejo de Defensa de los Pueblos – Movimiento Nacional (de México) por el Poder Popular

Raquel Mogollón, coordinadora de Camino Común International Xchange

Ana Laura Padgett Rojas, Red Guatemalteca de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos

Mohyeddin Abdulaziz, Comité de Solidaridad Palestina de Arizona

Maribel Quintana, Secretaria Organizacional de IU Becerril de la Sierra, Madrid, España

Pedro Tostado, sociólogo, Madrid, España

Sarah Roberts, miembro de Southside Presbyterian Church, Tucson Samaritans y No More Deaths

Ingrid Ivanna Romero Navarette, Comité Oscar Romero de Madrid España

Audrey Bomse, Copresidenta del Subcomité Nacional de Abogados de la Federación de Abogados de Palestina

Dominick Tuminaro, Subcomité de la Subdivisión Nacional de Abogados de Cuba

Stanley Caster, red de acción progresiva de Brooklyn

Camilo Matos, Partido Nacionalista de Puerto Rico

Ken Hayes, Escuela de las Américas Watch, Austin, Texas

Jennie Eisert, Comité Antiguerra de Minnesota

Meredith Aby-Keirstead, Comité Contra la Guerra de Minnesota

Kane Widlicka, Comité Antiguerra de Minnesota

Christine Hauschildt, Comité contra la Guerra de Minnesota

Rhea Smykalski, Comité Antiguerra de Minnesota

Tracy Molm, Comité Antiguerra de Minnesota

Kent Morning, Comité Antiguerra de Minnesota

Thistle Parker-Hartog, Comité Antiguerra de Minnesota

Misty Rowan, Comité Antiguerra de Minnesota

Stephanie Taylor, Comité antiguerra de Minnesota

RAEchel RUNNING, Artista sin Fronteras, Tucsón, Arizona

Martha Rollins, Código Rosa

Nancy Wallace Nelson, Alianza para la Justicia Global y Code Pink

Faye Hinze, Task Force en las Américas

Tom Whitney, escritor para People’s World

Rachel Lipscomb, Coalición de Derechos Humanos

Juan Manuel Morales Iglesias, Empresario

Marco Rizzardini, sociólogo español

Diana Paredes, socióloga peruana que vive en España

Michelle Jahnke, Tucson, Arizona

Steven Johnson, Texas

Endosos organizacionales:

Observatorio de los derechos humanos de las personas (coalición internacional)

Coordinación Americana para los Derechos del Pueblo (coalición internacional)

Alianza por la Justicia Global (EE. UU.)

School of the Americas Watch (Estados Unidos, Chile)

Oekumenisches Buero fuer Frieden und Gerechtigkeit eV
Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia

Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia (Alemania)

Izquierda Unida (España)

Coalición contra bases militares extranjeras de EE. UU. (EE. UU.)

World Beyond War (EE. UU.)

Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza (México, EEUU)

Red nacional de lucha de mujeres (EE. UU.)

Amigos de Sembrando Paz (EE. UU.)

Plataforma Solidaridad Colombia de Madrid, España

Centro de Acción Internacional (EE. UU.)

Partido por el Socialismo y la Liberación (EE. UU.)

Comité Oscar Romero de Madrid, España

Workers World Party (Estados Unidos)

Grupo de trabajo sobre las Américas (EE. UU.)

Camino Común International Xchange (Colombia, EE. UU.)

Pan Left Video Collective (EE. UU.)

Comité antiguerra de Minnesota

Centro de Nicaragua para la Acción Comunitaria (NICCA)

Comité antiguerra de Tucson (EE. UU.)

Estudiantes de Tucson para una sociedad democrática (EE. UU.)

Comité de Solidaridad Palestina de Arizona (EE. UU.)

Puentes a través de las fronteras (EE. UU.)

Sirve a la gente – Despierta la Conciencia Revolucionaria (EE. UU.)

Para leer en español

Eventos Aliados

¡Actúa AHORA para exigir la Libertad Inmediata de Edwin Espinal Robelo!

Delegación Nicaragua con el amigo del ATV – junio de 2018. honor la historia de Trabajadores luchas por la tierra y la dignidad en Nicaragu una 

Publicado por Bridget Mary Meehan a las 11:35 a.m.

http://bridgetmarys.blogspot.com/2018/05/five-demands-for-peace-in-colombia-open.html

Obispos chilenos: “Si es necesario pediremos perdón setenta veces siete”

16 May 2018 Deja un comentario


A la vigilia del encuentro con el Papa Francisco sobre el tema de los abusos, los Obispos chilenos reiteraron que el pedido de perdón debe ser realmente reparador

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

A pocas horas del inicio de los encuentros del Santo Padre con los obispos chilenos, 31 obispos ordinarios y auxiliares y tres eméritos, el Secretario de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Fernando Ramos, y el Obispo de San Bernardo, Mons. Juan Ignacio González Ezzáruriz, Asesor de la Conferencia Episcopal de Chile en materias jurídicas y canónicas y miembro del comité permanente de la CEC, otorgaron una conferencia de prensa para exponer su visión en relación a los encuentros que mantendrán con el Obispo de Roma.

Dos temas principales

La conferencia se llevó a cabo tras la llegada de los prelados a Roma, convocados por el Papa, “para solicitarles su colaboración y asistencia en el discernimiento de las medidas que a corto, medio y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile” y “para reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia”.

El Secretario de la Conferencia Episcopal Chilena, tras recordar la carta del Papa en la que los llamó para hablar sobre estos “dos grandes temas”, y el nuevo informe emitido por la Santa Sede con el que se dan precisaciones relativas a los coloquios que mantendrán, precisó que “el marco de estos encuentros se referirá a temas de abusos de poder, abusos de conciencia y abusos sexuales que han ocurrido en las últimas décadas en la iglesia chilena, así como a los mecanismos que han llevado en algunos casos a su encubrimiento y a las graves omisiones hacia las víctimas”.

“Un segundo punto – añadió Mons. Ramos – es compartir las conclusiones del Santo Padre derivadas del informe de Mons. Scicluna. Y un tercer punto es invitarnos a hacer un largo proceso sinodal de discernimiento para ver las responsabilidades de todos y cada uno en estas terribles heridas que son los abusos, y buscar los cambios necesarios para que no se repitan nuevamente”.

Actitud de dolor y vergüenza

En ese sentido, el prelado explicó la actitud con la cual los obispos chilenos se disponen a realizar los coloquios:

“Nuestra actitud es, en primer lugar, de dolor y vergüenza. Dolor, porque, lamentablemente, hay víctimas: hay personas que son víctimas de abusos, y eso nos causa un profundo dolor. Y la vergüenza, porque estos abusos se han producido en ambientes eclesiales que son justamente aquellos en donde no debieron ocurrir jamás este tipo de abusos”. “Con toda humildad queremos escuchar lo que él tendrá para decirnos”, agregó el Auxiliar de Santiago, y aludió a una tercera actitud, de “apertura al discernimiento en conjunto con el Santo Padre, tanto personal como comunitario, de todos los obispos de Chile”, que conlleve a este proceso sinodal, que permitirá renovar la iglesia chilena.

“ Si es necesario pediremos perdón setenta veces siete ”

En relación al tema del perdón, los obispos se hicieron fuertes del ejemplo del Papa Francisco: “El Papa nos ha dado un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer. Él mismo reconoció que cometió un error y si es necesario lo vamos a hacer (ndr. pedir perdón) las veces que sea necesario. Él nos dirá cosas, nosotros le daremos nuestro punto de vista”. El pedido de perdón a las víctimas es “necesario”, recalcó por su parte Mons. Gonzalez y aseveró: “es el gran punto y para lo que hemos venido aquí”. 

“Atender el dolor de las víctimas es un imperativo moral. Si es necesario, como dice Jesús «hasta setenta veces siete» pediremos perdón”. Un pedido de perdón que sea “realmente reparador para las víctimas”, dijo Mons. Ramos y reiteró: “nosotros tenemos que pedir perdón setenta veces siete”.

Los coloquios con el Santo Padre se llevarán a cabo en la pequeña sala del Aula Pablo VI en el Vaticano.

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2018-05/obispos-chilenos-necesario-pediremos-perdon-setenta-veces-siete.html

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