COLOMBIA: La guerra asedia a las comunidades indígenas del Chocó


El rápido avance paramilitar y los choques con el ELN dejan confinadas y en grave riesgo humanitario a las comunidades indígenas de Kiparadó (Bajo Atrato), Capa y Alto Atrato (Lloró), Alto Baudó o Litoral de San Juan. Unos pueblos, que siguen siendo “víctimas de un Estado soberbio e indolente”.

Aquí se va a morir mucha gente hasta que el Gobierno haga algo”. El líder indígena con el que se comunica Colombia Plural en el Bajo Atrato está agitado y enfadado. “Está ocurriendo lo mismo que hace 20 años [Operación Génesis]: nadie ve, nadie cree. Da miedo”. Cuenta cómo hace unos días miembros del ELN reunieron a la comunidad wounaan y embera de Kiparadó (que está en el río del mismo nombre perteneciente al municipio de Riosucio) y le advirtieron que alrededor todo estaba minado. “Mientras los paras sigan avanzando nosotros seguiremos bloqueando”, les dijeron. Bloquear es equivalente a minar y ahora las comunidades del Kiparadó, afluente del Truandó, no pueden salir a cazar, a cosechar en sus cultivos o a buscar leña.

Lo que está ocurriendo en el Kiparadó, en el Bajo Atrato, afecta a casi todo el municipio de Riosucio y sus cuencas, y también lo están viviendo los indígenas del Alto Baudó o del municipio de Lloró. Ahora también se prenden las alarmas porque grupos de paramilitares están cerca del río Bojayá, en el Medio Atrato, a donde están llegando aprovechando los corredores que unen Domingodó con la zona de Unión Baquiaza a través del río Opogadó. “La gente no quiere desplazarse… pero tenemos 33 comunidades en grave riesgo también en el Bojayá”, asegura Plácido Bailarín, presidente de FEDOREWA, una de las cinco organizaciones indígenas que opera en el Chocó

La rápida ocupación paramilitar y los choques con el ELN, que trata de copar las zonas donde tenía control territorial la guerrilla de las FARC-EP, ha sido denunciada recientemente por todos los obispos de la región, por Amnistía Internacional, por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, o por la Defensoría del Pueblo, aunque parece que al Estado no incomodan de momento estas llamadas de atención por el recrudecimiento de la guerra en los tiempos de la paz. “Aquí se va a morir mucha gente hasta que el Gobierno haga algo”, podría repetir el líder que habla desde el terreno con la prudencia que marca la realidad: “Nadie dice nada porque acá lo que se dice en un Consejo de Seguridad lo saben los gaitanistas en horas. Por eso nadie quiere hablar”.

Sin embargo, el brigadier general Mauricio Moreno Rodríguez, máximo responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, asegura a Colombia Plural que “donde ha habido problemas, hemos intervenido”. “La población ha regresado al Alto Baudó, a Lloró, se evitó el ataque en Domingodó, se ha atendido y desminado en Docordó… no hay ni un solo alcalde desplazado, todos están gobernando en su zona”. Para el general Moreno, lo que está ocurriendo es un intento por “controlar las rutas del narcotráfico” y los grupos armados están combatiendo contra las fuerzas militares o entre ellos porque “los hemos sacado de su zona de confort con nuestros operativos. Si tuvieran control sobre el territorio, no estarían combatiendo”.

Las alertas no son teóricas. La tensión entre paramilitares y elenos estalló este viernes 24 de marzo a las 7 p.m., cuando comenzaron los combates entre los paramilitares, atrincherados en un lugar conocido como La Isla, y los guerrilleros, que respondían desde una de las comunidades, poniendo en grave riesgo la vida de los civiles. En Kiparadó ahora están confinadas 39 familias que suman casi 200 personas; en la vecina comunidad de Jivadó, hay otras 17 familias (80 personas) asediadas y con ya problemas alimentarios. El general Moreno asegura que ya hay infantes de Marina en la boca del KIparadó y del Truandó, “pero no ha sido efectiva la llegada porque el río lleva poca agua y asegurar un punto para entrar por tierra nos lleva unos cuatro días”.

El líder, sin nombre para poder guardar la vida, relata que “los paramilitares entraron a sol caliente [a la luz del día] y en pangas grandes. Es imposible que los retenes militares no los vieran”. Para él, lo que ocurre es que “la institucionalidad no quiere visibilizar que hay paramilitares”.

  • ¿Entran vestidos de civil?
  • No, no, entran uniformados y con armamento potente

Ellos entran, pero también hacen retenes para evitar que pasen otras muchas cosas. Según relatan las organizaciones indígenas, hay controles paramilitares que no dejan pasar comida, “porque dicen que es para los elenos”, e, incluso, intentaron bloquear la partida destinada a los restaurantes escolares. “Es raro ¿no? Los únicos que vemos a los paramilitares somos la población civil, porque los militares en Turbo o en Riosucio no ven nada. Hay algo que está pasando”, cuestiona Plácido Bailarín. El general Moreno insiste en que la infantería de Marina tiene controlado el río Atrato y que, tras los choques en Kiparadó, está en el Truandó. Y en algo sí es enfático: los grupos armados no son paramilitares. “Son grupos de narcotraficantes que se colocan una marca [Gaitanistas] para lograr un estatus, pero son delincuentes sin ideología sin conexión con fenómenos del pasado… de hecho, cada vez son más criminales”.

Los uniformes con los que aparecen estos hombres son de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, esas que el Estado se empeña en negar y, como confirma Héctor Andrade, de la organización indígena ASOREWA, “no hablamos de 2 o 3 paras, porque en cosa de 15 días se han expandido por todo el Chocó”. Los líderes indígenas también están sorprendidos de la extensión de terreno en la que se está expandiendo el ELN y constatan, con decepción, como “con guerra o con paz, nos dan duro”. Bailarín, recuerda el breve espejismo de esperanza. “Sabíamos que eso de la paz no iba a ser fácil, pero habíamos vivido un tiempo de tranquilidad increíble [desde el alto el fuego unilateral mantenido por las FARC desde mediados de 2015] que nos había traído esperanzas”. “En muy pocos meses la gente había vuelto al río Truandó, estaba organizando de nuevo su territorio, había esperanza”, refuerza Héctor Andrade. “No va a ser fácil superar un segundo golpe de guerra como este, después de todo lo que la gente ha visto y sufrido ya”.

“Los pueblos indígenas del Chocó siguen siendo víctimas de un Estado Social de Derecho soberbio e indolente” / Padre Albeiro Parra

Comunidad de Mindó

Comunidad de Mindó

Dos líderes indígenas del municipio de Lloró, también con nombres difuminados por el temor, denuncian la grave situación que se vive en una zona “invisible”. El 13 de enero vivieron de nuevo bombardeos en la zona del Alto Andágueda que provocó el segundo desplazamiento de un grupo de 20 familias que habían retornado a una zona que la guerra vació en el territorio ancestral del resguardo La Puria. Ahora, viven hacinados con otros embera de la zona. Pero en las últimas semanas, las de la expansión paramilitar, han visto llegar a unos 200 hombres con identificaciones de las Autodefensas Gaitanistas que están acosando a comunidades del Alto Atrato y del río Capa. “En Mindó, donde la comunidad ya salió en 2010, se iban a desplazar el jueves pasado, pero la gente sabe lo duro que es y están ahora confinados”, relata uno de los líderes que explica que de las 24 comunidades indígenas del municipio de Lloró, 20 están confinadas. En la zona, también está en inminente riesgo de desplazamiento la comunidad afro de Villa Claret.

Hay mucho miedo y ya hay problemas de alimentación. En Chirriquí están cobrando 200 mil pesos a los docentes si quieren pasar a las comunidades y están restringiendo el paso de comida. Además, dicen que cargan lista con indígenas a los que buscan. La gente tiene mucho miedo”. La palabra miedo se repite una y otra vez. Miedo a una guerra que no cesa y miedo ante el abandono total en lugares invisibles para la opinión pública. El padre Albeiro Parra, director de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Quibdó, cree “la guerra continúa para los pueblos indígenas del Chocó”. Unos pueblos que “siguen siendo víctimas de un Estado Social de Derecho soberbio e indolente”.

Plácido Bailarín asegura que tampoco han mejorado las cosas en el Alto Baudó y, ante esta situación generalizada, exige al Gobierno Nacional “que frene esta ola de violencia que nuevamente ha tomado fuerza”. Para el presidente de FEDOREWA, “estos grupos [los paramilitares] están atacando simultáneamente en muchos puntos para que nadie se fije en un punto”. Y en esa ceremonia violenta de la confusión las víctimas vuelven a ser las comunidades indígenas más aisladas. Bailarín cree imprescindible el acompañamiento internacional y la visibilización de lo que está pasando. “No podemos hacer mucho más”. Héctor Andrade, de hecho, asegura que también es difícil la situación para las organizaciones: “¿Con qué garantías podemos acompañar a nuestras comunidades las organizaciones que trabajamos en derechos humanos y en la defensa del territorio? Esto es muy peligroso”. El presidente de ASOREWA reconoce que, aunque sabían que la guerra no acababa para los pueblos indígenas, no esperaban una ocupación territorial “tan rápida”.

Para la Fuerza de Tarea Conjunta Titán el problema es de percepción. “Esto pasa en cualquier país… si hay un atentado en Madrid la gente no quiere ir a Madrid. Es lógico entonces que acá, con 46.000 kilómetros cuadrados de selva, la percepción de seguridad se afecte”.

COLOMBIA: Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?


Escrito por  FELIPE MARTÍNEZ

Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y…

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:
1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata.

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.
Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

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SOBRE MONS. ROMERO. Por Maria López Vigil


Monseñor Romero piezas para un retrato (Maria Lopez Vigil)

Iglesia católica propone diálogo entre el Gobierno y los paramilitares


Marzo 24, 2017 | 12:51 Pm |
Monseñor Nel Beltrán Santamaría / Foto Colprensa

Monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo Emérito de Sincelejo, propuso que los colombianos, la iglesia y el Estado deberían comenzar conversaciones con las bandas criminales de origen paramilitar.

Los colombianos la iglesia y el Estado tendríamos que dar pasos para comenzar un diálogo y una conversación con los paramilitares“, afirmó el obispo.

El obispo indicó que estos grupos armados estarían dispuestos a que se inicien diálogos con el Gobierno; “que los paramilitares estén sentados, eso significa que quieren dialogar a su modo“, afirmó.

Sin los colombianos no puede haber paz porque el conflicto no solo es dejar unas armas sino que es la comprensión de lo que es la paz“, manifestó.

Monseñor Nel Beltrán reconoció que hay dificultades en los procesos de paz que se adelantan con las guerrillas, “que se deben resolver por el camino de la negociación“.

Esta propuesta de la iglesia tiene como propósito parar la ola de asesinatos a líderes sociales y campesinos y una posible incursión del paramilitarismo en el posconflicto.

http://www.rcnradio.com/nacional/iglesia-catolica-propone-dialogo-gobierno-los-paramilitares/

COLOMBIA:LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ EN SU 20 ANIVERSARIO CELEBRANDO!



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Si alguien quiere entender el significado de la dignidad, vea a la Comunidad de Paz de San Jose de Apartadó conmemorando sus 20 años de resistencia. Han sido pisoteados por décadas, sin embargo tienen la entereza de permanecer en el territorio y honrar la memoria de sus muertos.

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COLOMBIA. ANTIOQUIA: Presunto francotirador del ejército asesinó dos personas en Remedios, Antioquia

24 Mar 2017 Deja un comentario


Cahucopana / Viernes 24 de marzo de 2017

En Remedios, Antioquia, fueron asesinados dos hombres por presuntos francotiradores del Ejército Nacional a tan solo una hora de la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal.

Comunidades campesinas del municipio de Remedios informaron que el día 2 de marzo, siendo aproximadamente las 3:15 de la tarde, entre la vereda Mina Nueva y el caserío de Panamá Nueve, después de escucharse varios disparos y observarse la presencia del Ejército Nacional, se hallaron los cuerpos de dos hombres asesinados.

Según la información recibida por Cahucopana, posterior a la comisión de verificación adelantada por miembros de la comunidad y de los equipos de acción humanitaria, se logró establecer que una de las personas era un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se encontraba de civil desplazándose en una moto manejada por Hernán Guillermo Villa, un trasportador y arriero de la región, quien también fue asesinado y del cual se constató no tenía ninguna relación con el grupo guerrillero.

Al parecer los disparos fueron propinados por un francotirador del Ejército Nacional en un modus operandis que la corporación ha venido denunciando en los últimos dos años, en hechos similares donde tres insurgentes en estado de indefensión y estando con civiles -casos de alias Zapata de las Farc-EP y alias Marquitos y Pitufo del ELN- fueron asesinados por francotiradores del ejército infringiendo el DIH y las normas internacionales de protección al combatiente indefenso y en hechos donde pudieron haber sido capturados.

A su vez, un habitante de la región que se encontraba cerca al lugar de los hechos y quien iba en moto, al percatarse lo ocurrido, se lanzó de la misma dejándola abandonada para salvaguardar su vida, la cual fue quemada minutos después por soldados del Ejército.

Resaltamos la preocupación de la organización frente a la posible vinculación del arriero con el ELN convirtiéndose en un caso más de ejecución extrajudicial, práctica sistemática e histórica que se ha dado en la región por parte del ejército.

Hacemos un llamado al gobierno nacional y el ELN para que declaren el cese bilateral y avancen en las negociaciones hacia la consecución de la solución política con este grupo insurgente. Las comunidades persisten en la construcción de paz en los territorios.

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article21216

COLOMBIA: 5 MUJERES QUE SON ORGULLO COLOMBIANO!

23 Mar 2017 Deja un comentario



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