COLOMBIA: “ARMAS” ENCONTRADAS EN EL PARO DE BUENAVENTURA Y CALI: MARIMBAS, CONUNOS, MARACAS, TAMBORES, GUASA. Olga Lucia Álvarez Benjumea ARCWP*


 

 

 

Después de haber vivido en la Isla de Cascajal=Buenaventura, y haber trabajado muy de cerca con el Profeta de la No-violencia, Gerardo Valencia Cano, no puedo menos que elevar mi voz, grito de dolor, ante lo que veo, escucho, sucede y  está sucediendo  en el principal puerto colombiano sobre nuestra  Costa Pacífica.

 

Qué está pasando? ¿Quiénes son los peligrosos? ¿Los que mantienen la pobreza y se usufructúan de ella?

 

Con profundo dolor, que no puedo ocultar, miro las noticias ocasionadas por nuestros dirigentes y gobernantes, quienes seguramente de muy “buena voluntad” aparecen protegiendo el saqueo y el robo que en esa hermosa y rica zona, se le hace a nuestra Madre Tierra. Ver: (http://www.eltiempo.com/colombia/cali/mineria-ilegal-en-el-naya-cauca-y-valle-piden-reactivar-bases-militares-91374.

http://noticias.caracoltv.com/cali/masiva-movilizacion-en-jamundi-en-rechazo-asesinato-de-180-indigenas-tras-acuerdos-de-paz-con-farc

 

Que se escucha, en ese sonido largo y sordo la protección hacia nuestro pueblo afro, e indígenas? Gritos de dolor, terror y muerte!

 

Dónde se les está respondiendo y reconociendo al Pueblo Afro e Indígenas, lo que hace años, están solicitando? Vivir con dignidad! Agua potable, servicios públicos, salud, educación vivienda, empleo?

 

Lo que han decidido, en su reunión para “calmar el paro” que pena, tener que decir: es un enorme parche, donde no es el dolor (Ver: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/reunion-entre-gobierno-y-protestantes-por-paro-en-buenaventura-91622

 

Qué vergüenza, que alguno de nuestros representantes afros, haya aprendido mañas corruptas, ajenas al pueblo afro! Ver: https://www.las2orillas.co/contrato-4-7-mil-millones-entrego-alcalde-buenaventura-festival-reinado/

 

Y qué decir de los verdaderos dueños de Buenaventura? Cuál de ellos ha dormido sin techo, ni pan, descalzo, en la selva en medio de un aguacero, y el peligro que esto representa? O navegado por el rio San Juan, al calor de la lluvia y el sol, que generosamente ha secado las ropas pegadas al cuerpo? Ya sea pescando o sacando madera.Ver:  https://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/

En el Libro del Génesis 1:28 leemos que Dios, nos ha dicho a mujeres y hombres: “Dar a luz a muchos. Creciendo en número. Llenar la tierra y gobernar sobre ella. Dominen a los peces del mar, sobre las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” Pero, parece que hemos leído mal, perdón, interpretado mal, este texto. El “dar a luz y crecer en número”, en ninguna parte dice que sea a matar, hasta que queden unos pocos…El “llenar la tierra y gobernar sobre ella” Tampoco dice que sea oficio de unos pocos esta tarea: es responsabilidad de todas y todos! “Dominen a los peces del mar, sobre las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. Nuestro pueblo afro, indígena, campesino, las mujeres, lo niños, no son ni peces, ni aves, ni bestias, para someterles y menos para acabar con ellxs.

 

No hay que olvidar la Historia, así ya no sea materia obligatoria en el Pensum Educativo del país.

 

Vigilemos nuestras acciones y actitudes, no estamos muy lejos de provocar, incluso con más violencia, lo que nuestro país vivió en el 48, y lo que hemos visto en pasados “Acuerdos de Paz” más recientes.

 

Les dejo con las marimbas, conunos, guasa, tambores y maracas.

 

https://www.google.com.co/search?newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=me+voy+pa´+vete+musica

 

*Presbitera católica romana.

COLOMBIA. VIDEO “SOY DE BUENAVENTURA”


Hoy son 50 mil bonaverenses o más en las calles

Mientras Colombia duerme, le ‘roban’ el agua


El último informe de Amigos de la Tierra sobre el estado del agua en América Latina es demoledor. Apropiación, acaparamiento, privatización, contaminación… El Estado juega a favor de un sector privado que ve el agua como una mercancía. Nada más.

En los páramos de Colombia, de donde procede el 70% de las aguas que consumen los colombianos, se reportan 522 títulos mineros; el plátano, la caña de azúcar y la palma aceitera acaparan el 68,62% de la ‘apropiación’ del agua en el país y el sector hidroeléctrico ocupa el segundo lugar de la demanda hidríca. De las 318 cabeceras municipales con probabilidad de desabastecimiento, 65 lo sufren por limitaciones en sus infraestructuras, y la gestión del agua sigue privatizándose. La industria embotelladora también crece, con beneficios de 240 mil millones de pesos al año, y el 1,1% de las concesiones de agua en Colombia acapara el 62% del volumen de agua concedida en el país. Según el estudio Roa, García y Brown de 2015, de los 20 mayores beneficiarios por volumen de agua individuales, 10 son para hidroeléctricas, 5 para la agricultura con distritos de riego a gran escala y el tercer lugar lo ocupa una cementera que tiene industrias en 4 departamentos. De los 20 mayores beneficiados por número de concesiones, la mitad es para molinos de caña de azúcar.

Por culpa de la contaminación de las aguas, en La Guajira ha disminuido de forma considerable la pesca y las actividades agrícolas, y es más difícil la manutención de los animales. Lo cuentan sus pobladores, que solo salen en las noticia por la sequía y la desnutrición infantil. Las comunidades afrodescendientes e indígenas aseguran que han desparecido entre 8 y 10 arroyos y quebradas. Pero la mina de El Cerrejón tiene permiso para utilizar 25 litros de agua por segundo del río Ranchería y 17.000 metros cúbicos de agua diarios para aplacar el polvo del carbón. Un ejemplo de cómo la “aniquilación de fuentes también representa una forma de privatización (…) Desaparecen fuentes del bien común para el beneficio de una empresa”. Esta, como las anteriores, son imágenes de la realidad en Colombia. Ejemplos de cómo el agua ha sido considerada únicamente como un recurso para las actividades extractivas, ”desconociendo su importancia ambiental y social” y su relación con los valores ancestrales y las cosmovisiones.

La Guajira, los páramos, las hidroeléctricas y los grandes proyectos agroindutriales son la parte de un todo, de un diagnóstico que el Informe Estado del Agua en América Latina y el Caribe, elaborado por Amigos de la Tierra, hace de Colombia y en el que se describe una constante privatización de las fuentes y de la gestión del agua en el país; el acaparamiento del agua en manos de unos pocos, a pesar de ser un bien público; el privilegio del uso corporativo del agua. Todo ello implica, advierten, la violación de un derecho fundamental, así como mayor inequidad e injusticia ambiental y social. Mientras, el Gobierno lo disfraza de consecuencias del cambio climático y de fenómenos naturales.

En el informe participan organizaciones de una quincena de países de América Latina y El Caribe que analizan la situación en Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras, Uruguay y Colombia, cuyo capítulo ha sido elaborado por por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat -Agua Viva.

Sector Minero Energético la Guajira 2017 // Geographiando

Para Amigos de la Tierra la política desarrollada por los gobiernos colombianos para ubicar al país como potencia minero energética y agroindustrial implica una “generalización de la contaminación y de la apropiación de las aguas”. Junto a ello, las nuevas estrategias, como la economía verde, intentan “mercantilizar la naturaleza interpretando el agua como un servicio en un creciente mercado trasnacional y privatizando los territorios esenciales para el ciclo hídrico”. El informe advierte de que desde los años 90 del siglo pasado, los gobiernos colombianos han incentivado un control corporativo de las aguas donde “actores más poderosos toman el control del agua mientras las poblaciones no reciben beneficio de las supuestas inversiones, teniendo que pagar deudas adquiridas por sus gobernantes”. Esta situación produce ese “acaparamiento” del agua que concentra este recurso en manos de corporaciones o intereses privados “provocando inequidad y escasez, una escasez que no es propia de esos territorios sino del acaparamiento del agua y de las destrucción acelerada de los ecosistemas que garantizan el ciclo hídrido”.

La llamada ‘economía verde convierte el agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”

Las consecuencias son medibles. Escenarios de sequía recurrentes en los últimos años, disminución del volumen de agua (de 60 litros por segundo por kilómetros cuadrado en 1990 a 56 en 2012), contaminación, y aumento de los conflictos socioambientales.

A pesar de que Colombia cuenta con una oferta hídrica de 2.011.665 millones de metros cúbicos de agua, ocupa el puesto 24 del ranking mundial de la relación de la disponibilidad de agua para las personas (Naciones Unidas 2003). Los conflictos socioambientales, en su gran mayoría relacionadas a las afecciones y usos del agua, aumentan en América Latina. El mapa que los recoge señala 300 casos y sitúa a Colombia en el primer lugar con 173. En la mayor parte de América Latina los conflictos por el agua no están relacionados con la escasez real o física, sino por una escasez “inducida, provocada” por una diversidad de factores que incluyen mal manejo, contaminación y desconocimiento de las gestiones ancestrales y comunitarias, sentencia el informe.

Privatización de las fuentes y la gestión

Martínez Zambrano relata que el agua se ha convertido en un elemento de preocupación para las poblaciones e instituciones de Colombia pero aún no se ha visibilizado de forma masiva la responsabilidad de las actividades extractivas en estos escenarios de escasez. Considera que una de las razones es la “estrategia del gobierno de atribuir las crisis del agua a fenómenos naturales como El Niño o el Cambio Climático velando la responsabilidad de las actividades extractivas que desconocen los ciclos vitales del agua”. Al desactivar las críticas se “naturaliza” la escasez de agua como si no hubiera responsables o se desvía la mirada hacia esos fenómenos climáticos “desconociendo las causas estructurales”. En Colombia, según datos del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (IDEAM) de 2015, por causa de la extracción minera se vierten a las aguas y suelos alrededor de 205 toneladas de mercurio al año, solo por la extracción de oro y plata.

“La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes”

Ante la protesta social, el Gobierno ha decidido delimitar los páramos, pero, para Martínez Zambrano y los movimientos ambientalistas, los únicos beneficiarios de esta medida son las propias empresas petroleras y mineras ya que se da vía libre para sus actividades sin restricciones en todas aquellas regiones fuera de las zonas delimitadas y se rompe la visión integral de la montaña andina. Además, el primer proceso de delimitación puesto en marcha, en Santurban, “ni siquiera protege los territorios del páramo” y permite extracción minera para títulos anteriores a 2010. El Plan Nacional de Desarrollo 2014.2018 permite minería y petróleo en los 36 territorios de páramos para títulos anteriores a 2010 y 2011.

Economías verdes y agroindustria

Pero la apropiación de las fuentes de agua también está relacionada con las economías verdes, la agroindustria y las hidroeléctricas, advierte el informe de Amigos de la Tierra. Una apropiación vinculada también al despojo territorial, la calidad del agua o las actividades productivas de las poblaciones. Como ejemplo de estas afirmaciones, Martínez Zambrano explica que el Plan de Desarrollo también ubica el crecimiento verde como una de las estrategias de desarrollo del país (Reducción de Emisiones por Deforestación y Pago por Servicios Ambientales). Detrás de esta supuesta visión sostenible, sus disposiciones convierten el bien común del agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”. “Esta regulación -alerta- reproduce una política de desplazamiento del campesino ya que el pago tiene como objetivo la adquisición de tierra y no la permanencia de la relación del campesino con su territorio”. Además, programas como el Pago por Servicios Ambientales invisibilizan formas históricas y ancestrales de manejo del ambiente como la gestión comunitaria del agua.

Otro ejemplo destacado es la caña de azúcar y la palma aceitera, que han tenido un crecimiento “sin precedentes” en el país. La primera supera las 418.000 hectáreas, según el informe, la segunda llega a las 455.000 hectáreas. Estos dos cultivos, junto al plátano, acaparan el 68,62% de la apropiación del agua “ríos, lagos y acuíferos que no retornan a sus fuentes”. El sector hidroeléctrico constituye el segundo lugar en la demanda hídrica del país con 7.738 millones de metros cúbicos de agua y aunque la huella hídrica no es tan alta como en el sector agrícola, porque el agua supuestamente vuelve, en términos ambientales, económicos y sociales las consecuencias son “desastrosas”: inundaciones de tierras fértiles, desplazamiento forzado de familias, erosión de las riberas, pérdida de especies e inseguridad alimentaria. Solo Hidrosogamoso, Hidroituango y El Quimbo inundan 20.000 hectáreas altamente productivas. Hidrosogamoso ha desplazado alrededor de 20.000 familias, ha disminuido la presencia de medio centenar de especies que existían en la cuenca, se ha transformado el microclima de la zona y aumentado la presencia de plagas, y el agua del embalse se encuentra en estado de putrefacción por el alto contenido de materia orgánica que no fue talada antes de llenarlo.

Para los responsables del informe, las hidroeléctricas producen “profundas transformaciones territoriales”. No sólo se controlan las aguas, sino las vidas humanas y prácticas comunitarias. Los pueblos pierden el derecho de hacer uso del río y la soberanía de decidir sobre sus aguas porque las comunidades no son consultadas y porque las empresas privadas controlan el libre acceso al río.

A todo ello se suma la privatización de la gestión del agua y la apuesta por las Asociaciones Público Privadas para prestar el servicio a través de préstamos internacionales. Una política que el documento centra especialmente en Álvaro Uribe, “con miles de millones” invertidos en obras que ni siguiera se iniciaron y diagnósticos y diseños que no se cumplieron y empresas que no prestaban ningún servicios, y Juan Manuel Santos que impulsa un programa denominado ‘Aguas para la prosperidad’ que, según Martínez Zambrano, cae en los mismos esquemas que privilegian a operadores privados. Ahora el punto de mira está en la ruralidad colombiana, pero no tiene en cuenta el sujeto campesino ni los acueductos comunitarios. “Este modelo de servicio de agua que persigue el lucro, basándose en ‘la capacidad de pago’, y cuyo horizonte se orienta hacia un mayor consumo de agua, no presagia nada bueno para los territorios campesinos y rurales del país”.

Un derecho fundamental

Para Amigos de la Tierra, el Estado colombiano ha “violado sistemáticamente” el derecho fundamental del agua y ha privilegiado un uso corporativo del agua en el territorio nacional. Porque los derechos del agua en el país se concentran en una parte relativamente pequeña de los usuarios de agua, y en regiones donde la competencia por el agua es alta. “No sólo la distribución del agua en el país es inequitativa, sino que los procesos para adquirir las concesiones de agua no demuestran los criterios de equidad y sostenibilidad”, el capital juega un papel fundamental en el acceso del agua, excluyendo a los más pequeños usuarios rurales, y favoreciendo a los sectores industriales, agroindustriales y energéticos, denuncian Amigos de la Tierra en su informe.

Se estima que el 70% de los pequeños usuarios no pueden mantener una concesión de aguas por los numerosos y costosos requerimientos. El 59% de los usuarios tiene concesiones inferiores a 100.000 metros cúbicos, es decir el 1,3% del volumen asignado. En cambio, hay un 1,1% de las concesiones que acapara el 62% del volumen de agua concedido en el país.

La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes. Las luchas legales y legítimas por la defensa del agua, hoy no sólo tienen que ver con el cuidado y la conservación del ambiente, sino sobre la construcción de un país para todos, en donde la decisión del manejo y uso de las aguas se conviertan en escenarios más democráticos y equitativos”, apunta Martínez Zambrano, quien señala que en el actual escenario de posconflicto debe contemplar el medio ambiente y el agua no solo como un desafío creciente, sino como víctima en su doble condición de “botín y de escenario de guerra”.

COLOMBIA. MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO. UN PROFETA DE AMÉRICA LATINA. TERTULIAS MISIONERAS VIDEOS. MISIONEROS DE YARUMAL.


Soldados de EE.UU. vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia


Publicado: 2 may 2015 22:06 GMT | Última actualización: 2 may 2015 22:09 GMT

El portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, Chris Grey, señaló recientemente el desarrollo de una investigación en respuesta a las acusaciones de un informe, encargado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que afirma que militares de EE.UU. abusaron sexualmente de al menos 54 niñas colombianas entre 2003 y 2007 y que “vendieron las cintas como material pornográfico”.

Soldados de EE.UU. vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia

Soldados de EE.UU.
REUTERS/Kim Hong-Ji

El informe lo ha elaborado la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, que tiene como objetivo establecer “las causas y los agravantes de la violencia” en el conflicto en Colombia, y se centra en las horribles acciones de los soldados norteamericanos en el país latinoamericano.

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“En Melgar y en la vecina Girardot 53 menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de mercenarios, que filmaron los abusos y vendieron las cintas como material pornográfico. También en Melgar, un contratista y un sargento de Estados Unidos violaron a una niña de 12 años en 2007. Tanto sus acciones como su inmunidad contribuyeron a la inseguridad de la población en zonas de conflicto”, cita al reporte el portal The Daily Beast.

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“Existen abundantes pruebas de violencia sexual y de total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos”, continúa el documento.

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El documento subraya: “Los casos de agresiones sexuales perpetradas por soldados y contratistas militares de Estados Unidos en toda Colombia deben ser investigados y los culpables deben ser castigados”.

El senado de Colombia debería pronunciarse por las 54 niñas colombianas violadas por soldados de EE.UU. http://www.radiosantafe.com/2015/04/09/sodados-estadounidenses-grabaron-y-vendieron-videos-de-54-ninas-que-violaron-en-colombia-ejercito-de-eeuu-investiga-el-caso/ 

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Soldados estadounidenses grabaron y vendieron videos de 54 niñas que violaron en Colombia; Ejército…

— Chris Grey, portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, anunció el desarrollo de una investigación en torno a las denuncias hechas por la “Comisión Histó…

radiosantafe.com

 https://actualidad.rt.com/sociedad/173703-soldados-eeuu-vender-videos-54-ninas-violacion-sexual-colombia

COLOMBIA. Cacao, la fórmula de los campesinos en Chocó para acabar con la guerra y los cultivos ilícitos


Noticiascaracol.com

La iniciativa, que hace parte de la ruta seguida por la Iglesia menonita en el departamento, busca alternativas para las comunidades que viven bajo la amenaza del conflicto.

El cacao es uno de los productos que la fundación Tejiendo Esperanzas seleccionó para adelantar un plan de sustitución de cultivos. El proyecto avanza pese a las dificultades.

“Estamos haciendo el bien a las comunidades. No estamos haciendo el mal, no participamos de la violencia, sino que estamos construyendo paz”, dice el pastor Rutilio Rivas.

Pese a los avances, los beneficiarios se sienten solos y piden al Gobierno apoyar iniciativas similares.

http://noticias.caracoltv.com/colombia/cacao-la-formula-de-los-campesinos-en-choco-para-acabar-con-la-guerra-y-los-cultivos-ilicitos

EL ASESINATO ES EL PRECIO QUE PAGAN A SUS TRABAJADORES. DEBEN ESTAR EN LA PRESIÓN.


A nivel nacional, en todos los lugares de trabajo, un empleado se mata en el trabajo cada dos horas.

Crédito de la imagen: Zivica Kerkez / Shutterstock.com

Cada 12 días, un miembro de mi sindicato, United Steelworkers (USW), o una de sus no sindicalizados compañeros de trabajo, muere en el trabajo. Cada 12 días. Y ha sido así durante años.

Estos son horribles muertes. Los trabajadores son aplastados por la maquinaria masiva. Se ahogan en tinas de productos químicos. Están envenenados por gas tóxico, quemado por el metal fundido. La empresa paga una multa sin sentido. Nada cambia. Y otro trabajador se mató a 11 días más tarde.

Por supuesto, no son sólo los miembros de la RSU A nivel nacional, en todos los lugares de trabajo, un empleado se mató en el trabajo cada dos horas. Doce de un día .

Estos no son todos los accidentes. Demasiados son tragedias previsibles y evitables, evitables. Con la llegada del 28 de abril de Trabajadores Memorial Day 2017, el USW está buscando en los Estados Unidos lo que los trabajadores en Canadá tiene que prevenir estas muertes. Esa es una ley de la celebración de los supervisores y los funcionarios de las empresas responsables penalmente y exigente penas graves cuando los trabajadores mueren en el trabajo.

Las corporaciones pueden tomar precauciones para evitar muertes en el trabajo. Con demasiada frecuencia no lo hacen. Eso es porque los gerentes saben si los trabajadores son asesinados, es muy probable que la única penalización será una pequeña multa. Para ellos, es sólo otro costo de hacer negocios, un coste infinitamente menor que el pagado por los trabajadores muertos y sus familias.

Este año es el 25 aniversario del incidente que llevó a Canadá para establecer la responsabilidad penal de las empresas federales. Fue el desastre Westray mina de carbón de 1992, que mató a 26 trabajadores. El Plymouth, Nueva Escocia, los mineros había solicitado la ayuda de la United Steelworkers para organizar, en parte debido a las condiciones deplorables de la empresa se negó a remediar, incluyendo la acumulación de polvo de carbón explosivo y gas metano.

Nueva Escocia empanelled una comisión para investigar. Su informe, titulado La historia Westray: una trayectoria previsible de Desastres , condena el propietario de la mina, Curragh Resources Inc., para la colocación de la producción – es decir las ganancias – antes de la seguridad.

El informe dice Curragh “aparece un cierto desdén por la seguridad y apareció a considerar a los trabajadores conscientes de la seguridad como los débiles”. De hecho, Curragh abiertamente frustrado requisitos de seguridad. Por ejemplo, los investigadores encontraron, “equipos de detección de metano en Westray fue frustrado ilegalmente en los intereses de la producción.”

Se produjo el desastre, porque Curragh ignoró cruelmente su deber de proteger a los trabajadores, dijeron los investigadores. “La responsabilidad fundamental y básico para el funcionamiento seguro de una mina subterránea de carbón, y de hecho de cualquier empresa industrial, se apoya claramente con la administración”, dice el informe.

El USW presionado por cargos criminales, y los fiscales acusado administradores de la mina. Pero el caso fracasó debido a las débiles leyes no tienen supervisores responsables de poner en peligro a los trabajadores sin motivo.

Los trabajadores del acero respondió exigiendo una nueva legislación, una ley federal que impida que los gerentes se escape la responsabilidad por la muerte de los trabajadores. Tomó una década, pero la ley, llamada Ley de Westray, aprobada en 2003. En ella, los jefes se enfrentan a multas ilimitadas y penas de cadena perpetua si su imprudencia causa de muerte del trabajador.

En los últimos 13 años, desde que la ley entró en vigor en 2004, los fiscales han raramente utilizado. Aunque miles de trabajadores han muerto, ningún administrador ha ido a la cárcel.

El primer supervisor acusado en virtud de la Ley de Westray escapó una pena de prisión cuando él accedió a declararse culpable en virtud de una ley provincial y pagar una multa de $ 50.000. Esta era la pena por un derrumbe de zanja en 2005 que mató a un trabajador. Hay muchos métodos para evitar el problema común de la zanja derrumbes, pero los jefes habitualmente envían a los trabajadores en los agujeros sin protección.

En 2008, la compañía Transpavé en Quebec fue acusado en virtud de la Ley de Westray después de una máquina de envasado aplastó uno de sus trabajadores a la muerte. Hubo una convicción criminal y multa de $ 100,000 . Pero nadie fue encarcelado.

En otro caso, un contratista del paisaje fue condenado penalmente en 2010 por la muerte de un trabajador, pero el tribunal permitió que el contratista para cumplir la condena de dos años en el hogar con toques de queda y servicio a la comunidad.

Pronto, sin embargo, la prisión puede ser más que una posibilidad teórica . Un gerente de proyecto de Toronto fue condenado el año pasado a tres años y medio de cárcel por permitir que los trabajadores a bordo de una etapa de oscilación, que es un andamio que fue suspendido de un techo de edificio de apartamentos, sin necesidad de conectar los arneses de pecho a las líneas de seguridad. El andamio se derrumbó, y cuatro trabajadores se desplomó 13 historias a sus muertes. Un quinto trabajador sobrevivió a la caída con lesiones graves. Otro trabajador, que había hecho clic en una línea de seguridad, estaba ilesa.

Antes del inicio del proyecto, el director tomó un curso de seguridad en la que se hizo hincapié en las consecuencias de vida o muerte de las cuerdas de seguridad que utilizan indefectiblemente.

El gerente describe pidiendo al jefe de obra, ya que el capataz y los trabajadores se subió al andamio al final de la jornada de trabajo el 24 de diciembre de 2009, razón por la que no había suficientes líneas de seguridad para todos los trabajadores. Cuando el capataz le dijo que no se preocupe, el director del proyecto, que estaba a cargo de la tarea, no hizo nada. Unos segundos más tarde, la planta dividida por la mitad del andamio, el vertido del capataz y otros cuatro hombres sin líneas de seguridad en tierra.

El fiscal dijo que el fracaso del gerente para detener el andamiaje de descender con los trabajadores sin garantía demostró “sin sentido y temerario desprecio por la vida y la seguridad de los trabajadores.” El juez dijo que la posición del gerente le confirió la responsabilidad de proteger a los trabajadores y que su conducta constituida negligencia criminal bajo los términos de la Ley de Westray.

El gerente ha recurrido la sentencia. El trabajador que se conecta a sí mismo a la línea de vida, dijo el gerente le pidió ese día a mentir sobre lo sucedido porque, el administrador le dijo: “Tengo una familia.” Por supuesto, que ignora por completo las familias de los muertos.

Es lo demasiados jefes y directores hacen. Ellos creen que sus vidas son preciosas y de trabajadores no lo son. Es por eso por lo que muchos supervisores desafían las reglas de seguridad de los trabajadores.

En la mayoría de las muertes en el trabajo de los Estados Unidos, la compañía sufre nada más que una multa. El año pasado, por ejemplo, una Everett, Washington, compañía de jardinería pagó $ 100,000 por la muerte de un trabajador de 19 años de edad, aplastado en una barrena en su segundo día en el trabajo. Su padre, Alan Hogue, dijo a The Seattle Times, “Es sólo una gota en el mar. Es como multar a mí $ 10 para disparar a un vecino.”El Estado citó a la compañía durante 16 violaciónes graves y deliberadas de seguridad.

sanciones penales federales para matar a un trabajador en los Estados Unidos son tan bajos que son ofensivos. La pena máxima bajo OSHA es de seis meses; en virtud de MSHA, un año. Los fiscales casi nunca traen estos casos, ya que las sanciones son tan bajos y la carga de la prueba tan alto.

Supervisores de Estados Unidos han ido a la cárcel por las leyes penales estatales, aunque es poco frecuente. Un capataz de la construcción de Nueva York fue condenado por homicidio por negligencia y condenado en 2016 a por lo menos 1 año tras las rejas por el envío de un trabajador de 22 años de edad en una zanja sin garantía y por no dejar de trabajar cuando un ingeniero advirtió que era demasiado peligroso. La zanja se derrumbó minutos más tarde.

En un caso similar, el propietario de un Fremont, Calif., Empresa constructora y su jefe de proyecto fueron declarados culpables de homicidio y condenados a dos años de prisión después de una zanja se derrumbó sobre un trabajador. El incidente de enero de 2012 se produjo tres días después de que un inspector de edificios ordenó el trabajo que parar porque la excavación carecía de apuntalamiento. El gerente ignoró la orden.

“Estos hombres, los trabajadores, fueron tratados al igual que sus vidas no importa”, el vicefiscal de distrito Bud Porter dijo a un reportero en el momento de la condena.

La única manera de hacer la vida de los trabajadores cuestión es hacer que la prisión una posibilidad real para los CEOs y supervisores. avaricia letal debe ser atemperada por ramificaciones aterradoras. Las multas no son una amenaza. Sólo prisión es. Estados Unidos necesita su propia aplicación de la ley Westray y agresivo.

Leo W. Gerard es presidente del sindicato United Steelworkers. El presidente Barack Obama lo nombró al Comité Asesor del Presidente sobre Política y Negociaciones Comerciales. Síguelo en Twitter  @USWBlogger .

http://www.alternet.org/labor/price-killing-workers-must-be-prison

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