Asesinatos de líderes sociales: el eterno retorno de la muerte


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Imagen: Corporación Latinoamericana SurImagen: Corporación Latinoamericana Sur

Por José Hilario López Rincón

21 de febrero, 2017.- Entre el 6 de enero y el 4 de febrero de 2017, es decir en menos de un mes, ocho líderes sociales fueron asesinados en diversos y distantes sitios del país: Edilberto Cantillo, el 4 de febrero en El Copey, Cesar; Porfirio Jaramillo Bogallo, el 29 de enero en Turbo, Antioquia; Hernán Enrique Agamez Flórez, el 19 de enero en Puerto Libertador, Córdoba; Emilsen Manyoma, el 14 de enero en Buenaventura, Valle del Cauca; Edmiro León Alzate Londoño, el 12 de enero en Sonsón, Antioquia; José Yimer Cartagena Úsuga, el 10 de enero en Carepa, Antioquia; Aldemar Parra García, el 7 de enero en El Paso, Cesar; y, Olmedo Pito García, el 6 de enero en Caloto, Cauca.

Que los asesinatos ocurran en sitios distantes, en contra de líderes de diferentes sectores (indígenas, comunitarios, movimientos políticos, reclamantes de tierras), en un período marcado por la implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito entre el gobierno colombiano y las Farc, y el inicio de la fase pública de los diálogos con el ELN, significa que no se trata de crímenes espontáneos, ajenos al contexto social y político que vive el país, o aislados entre sí y que por el contrario se caracterizan por su generalidad.

Que tales asesinatos hagan parte del panorama general de persecución, amenazas y violencia en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, significa que los asesinatos hacen parte de la metodología criminal utilizada por quienes se empeñan en cerrarle el paso a la posibilidad de una sociedad menos injusta y menos inequitativa.

Con el asesinato de Porfirio Jaramillo Bogallo, son 73 los campesinos que han perdido su vida, esperando que el Estado colombiano, en sus distintas instancias burocráticas, atendiera sus reclamos de restitución de sus tierras y sin que el gobierno nacional pase del anuncio de investigaciones exhaustivas a medidas efectivas de protección del derecho a la vida.

Para el gobierno en boca de su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, no se puede hablar de sistematicidad en la ocurrencia de los crímenes y además, estos no tienen coincidencias entre sí.

Por su parte, el Movimiento social y político, Marcha Patriótica, en reciente informe sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia durante los últimos seis meses, llama la atención sobre cómo a la par que disminuyen las muertes en razón del conflicto armado, se acrecienta la violencia contra líderes comunitarios por sus actividades sociales y políticas. De acuerdo con esa organización, entre agosto de 2016 y enero de 2017 se presentaron 419 casos de violaciones y atentados contra los derechos humanos.

Independientemente de que se trate de crímenes sistemáticos o generalizados, lo relevante y que debería preocupar al gobierno nacional es desenmascarar a los perpetradores de los mismos; lo que subyace en el fondo de ese embate de violencia, es la historia que se repite cada vez que se intenta acordar nuevos horizontes para la sociedad colombiana: el asesinato de Guadalupe Salcedo Unda el 6 de junio de 1957, tras la amnistía decretada por Rojas Pinilla y la desmovilización de las guerrillas liberales del llano; el asesinato de los hermanos Oscar William y Jairo de Jesús Calvo Ocampo, el 20 de noviembre de 1985 y el 15 de febrero de 1987 respectivamente, luego de la firma de los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional entre el gobierno de Belisario Betancur y el EPL en Medellín el 23 de agosto de 1984; el asesinato de Carlos Toledo Plata el 10 de agosto de 1984 días antes de que se firmaran los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur en Corinto Cauca el 24 de agosto de 1984; el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez el 26 de abril de 1990, unas semanas después de que se firmara el “Acuerdo político” entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco Vargas.

Y también es la historia repetida del genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica tras la firma de  los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en agosto de 1984.

Lo que está ocurriendo es, ni más ni menos, que los sectores que han hecho de la guerra un lucrativo negocio, pugnan por mantener intactas sus ganancias; quienes han acaparado las mejores tierras se esmeran en mantener sus privilegios; quienes han hecho del ejercicio de la política un acto de malabarismo entre corrupción y enriquecimiento personal quieren continuar con su inmunidad.

Para que ese sinnúmero de ataques y asesinatos ocurra en todo el país se requiere que haya articulación, coordinación entre los criminales, en sitios tan remotos como Caloto, Cauca y El Paso, Cesar; o Buenaventura, Valle del Cauca y Sonsón, Antioquia.

Y esa orquestación criminal solo puede darse mediante una estructura compleja propia de las bandas organizadas, llámense bandas criminales o paramilitares, que el ministro de Defensa se ha apresurado a desconocer

Y esa orquestación criminal solo puede darse mediante una estructura compleja propia de las bandas organizadas, llámense bandas criminales o paramilitares, que el ministro de Defensa se ha apresurado a desconocer: “No hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”.

Se equivoca el ministro al negar la presencia de bandas paramilitares y se equivoca al pensar que si acepta su existencia les otorga reconocimiento político. El accionar paramilitar, continuo o esporádico, indica que el proceso de “desmovilización” que impulsó Uribe Vélez fue un fracaso o una farsa y que ahora se aprestan a ocupar las zonas que tradicionalmente fueron copadas por la insurgencia, en cuyo propósito utilizan métodos criminales ya conocidos de asesinatos selectivos, amenazas, hostigamientos. No hay tal reconocimiento político en tanto su accionar no busca subvertir el orden constitucional o derrocar al gobierno; por el contrario continúa de su lado para silenciar las voces que disienten de las voces oficiales.

La cesación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera van más allá del silenciamiento de los fusiles. No basta crear comisiones, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para detener la ola de asesinatos de líderes sociales. Se requieren medidas efectivas que socaven las causas que generan el conflicto social, político y armado; más que medidas punitivas contra la corrupción se requiere desterrar de por vida a los corruptos; mientras el narcotráfico y el microtráfico generen los inmensos márgenes de ganancia, continuará siendo el combustible que alimente la guerra y el afán de riqueza rápida.

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Fuente: Corporación Latinoamericana Sur: https://www.sur.org.co/asesinatos-de-lideres-sociales-el-eterno-retorno-de-la-muerte/

¡Alerta! En 2017 los feminicidios aumentan en América Latina


  • La violencia de género en América Latina, a pesar de los avances en programas y leyes que la penalicen, va en ascenso.

    En Profundidad

    21 FEBRERO 2017

    La violencia de género en América Latina, a pesar de los avances en programas y leyes que la penalicen, va en ascenso.

En lo que va del año 2017 en Paraguay se registraron seis asesinatos de mujeres, en México diez y solamente en Argentina existen 57 casos de feminicidio.

Miles de mujeres son asesinadas en América Latina simplemente por ser mujer. Los feminicidios en la región han crecido en los últimos años y más del 90 por ciento de los casos permanecen impunes.

Aunque muchos de los Gobiernos de Latinoamérica impulsan leyes para evitar la violencia de género, las acciones son insuficientes. A esto se suma la falta de estadísticas oficiales: los feminicidios se contabilizan de manera dispar y los procesos judiciales suele ser lentos.

1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento d su vida.Ayúdanos a construir un futuro sin violencia

Los feminicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

2017: se duplica el feminicidio y la violencia de género en América Latina


Apenas han transcurrido dos meses de 2017 y ya se registran en varias naciones de la región cifras elevadas de feminicidios o de actos de violencia contra las mujeres, lo que demuestra que aún se está lejos de acabar con estos crímenes.

Tan solo en Ecuador se han registrado 19 homicidios, ocho más que en el mismo período del pasado año, según datos oficiales. Las investigaciones por parte de las autoridades arrojan que la mayoría de los casos los asesinos utilizan el cuchillo como arma homicida.

Paraguay también registró el doble de feminicidios en lo que va de año. Varias marchas se han protagonizado para denunciar seis asesinatos de mujeres, solo por su condición de ser mujeres. La cifra representa un  promedio de un asesinato cometido cada cuatro días.

 

Similar situación se vive en Argentina, donde un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei reveló que durante los primeros 43 días de este año se produjo un total de 57 feminicidios, una de las cifras más altas del área.

Ante la falta de registros oficiales del Gobierno argentino, el instituto obtuvo esa cifra a partir del cruce de datos que ofrecen comisarías y fiscalías especializadas en el área. Si hasta 2016 se calculaba que cada 30 horas moría una mujer en la Argentina, ahora la cifra aumentó, pues una mujer es asesinada cada 18 horas.

Por su parte, México, uno de los países con más alto índice de asesinatos por día, no queda rezagado en cuanto a feminicidios. De hecho en ese país, los homicidios, violaciones contra las mujeres resultan una constante.

El equipo editorial de Nueva Mujer inició una recopilación semana tras semana de los casos de feminicidios que se documentan a través de los medios de comunicación. Desde enero de este año, se han registrado diez casos de asesinatos de mujeres.

Combatiendo el femicidio en América Latina


Movimientos sociales en distintos países de la región se han organizado para salir a las calles a exigir el fin de la violencia contra las mujeres. A pesar de las medidas que toman los Gobiernos y los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos, la cantidad de víctimas demuestran lo lejos que está de resolverse este flagelo llamado feminicidio.

>> Uruguay exige retomar ley contra feminicidio

En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos promovieron el Modelo de Protocolo para llevar a cabo las investigaciones por parte de las autoridades policiales, de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

El apoyo de esta organización a los Gobiernos de la región para la adopción de esta herramienta ha resultado positivo. En 2008, nueve países de América Latina tenían legislación especializada sobre feminicidio, actualmente suman 16 países.

La violencia de género en América Latina, a pesar de los avances en programas y leyes que la penalicen, va en ascenso. Se manifiesta de diversas formas: violencia económica, psicológica, física, acoso sexual o intimidación, entre otras manifestaciones. El feminicidio es la forma más grave y extrema de las violencias contra las mujeres.

>> Incrementan índices de feminicidio en Paraguay

La debilidad de las instituciones locales, la falta de voluntad de los líderes políticos, entre otros factores, impiden enfrentar en su totalidad y erradicar la violencia de género y feminicidios.

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Alerta-En-2017-los-feminicidios-aumentan-en-America-Latina-20170221-0012.html

Defensor de la iglesia: Nuevas propuestas de inmigración reflejan ‘histeria colectiva’ sobre las personas sin papeles


Una madre y su hija en Los Ángeles reaccionan después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una fracción gobernante 23 de de junio de bloquear las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para detener temporalmente las deportaciones.  (CNS foto / Eugene García, EPA)Una madre y su hija en Los Ángeles reaccionan después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una fracción gobernante 23 de de junio de bloquear las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para detener temporalmente las deportaciones. (CNS foto / Eugene García, EPA) 

Los detalles de los planes revisados del presidente Donald J. Trump para deportar a personas que viven en los Estados Unidos sin la documentación apropiada veían con más claridad el 21 de febrero Un par de memos del Departamento de Seguridad Nacional proponen contratar hasta 15.000 agentes federales adicionales para centrarse en violaciónes de inmigración y en términos generales se expanden directrices sobre los tipos de delitos que pueden desencadenar la expulsión. Un abogado senior de la Red de Inmigración Legal Católica dice que la ansiedad estos movimientos probablemente provocarán entre las comunidades inmigrantes hace que la situación “una receta para el desastre.”

Las notas indican que los agentes de inmigración “ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros removibles de la aplicación potencial” y que los agentes de “plena autoridad para arrestar o detener a un extranjero a quien un agente de inmigración tiene causa probable para creer que está en violación de las leyes de inmigración “.

De acuerdo con un documento de preguntas y respuestas en el sitio del Departamento de Seguridad Nacional, incluso los crímenes violentos, tales como conducir sin licencia, podría conducir a la deportación.

Durante la administración de Obama, las personas indocumentadas en Estados Unidos enfrentan la deportación inmediata en caso de ser declarados culpables de ciertos delitos o si habían entrado en los Estados Unidos menos de 14 días antes de la captura y fueron detenidos a 100 millas de la frontera con Estados Unidos.

Un abogado senior de la Red Católica de Inmigración Legal describe las nuevas reglas como “innecesariamente draconianas” y predijo que iban a dividir familias.

Sin embargo, bajo las reglas establecidas por el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly, casi cualquier persona que vive ilegalmente en Estados Unidos podrían ser deportados. Las personas indocumentadas que han sido acusados o condenados por ningún delito – e incluso los sospechosos de un crimen – ahora serán una prioridad de la fuerza. Esto podría incluir a las personas detenidas por robo o delitos menores de tráfico o los que se consideran una amenaza para una comunidad por la policía local.

Además, en lugar de centrarse en un área determinada de la frontera para las personas que cruzan ilegalmente, los funcionarios estarían facultados para efectuar detenciones en todo el país. Las notas también amplían el plazo de una llegada de “reciente” de dos semanas a dos años y especifican que los indocumentados pueden ser deportados a México más que llevan a cabo y luego repatriados a sus países de origen. Esta última es la práctica actual, un proceso lo suficientemente lenta como para permitir que muchos mantenidos para la expulsión a apelar sus determinaciones.

Michelle Méndez, un abogado de alto nivel de la Red Católica de Inmigración Legal , o clínica, describe las reglas establecidas en las notas como “innecesariamente draconianas” y predijo que iban a dividir familias. Se refirió a las nuevas normas sobre asociaciones con la policía local y los cambios en la forma en que el gobierno federal clasifica a los menores no acompañados como particularmente preocupante.

“Tenemos tantos defensores que están recibiendo mensajes de texto y llamadas telefónicas de los clientes [] preguntando si deben ir a la tienda de comestibles, ir a la iglesia o enviar a sus hijos a la escuela porque tienen miedo de que van a ser recogidos” , dijo Méndez.

Esos temores son actualmente justificados, dijo la señora Méndez. Ella se preocupa de que la ansiedad generada por los últimos decretos del señor Trump, junto con las nuevas notas de Seguridad Nacional, significará que las personas indocumentadas caerá víctima de estafadores que prometen asistencia en los penales de inmigración.

“No es la histeria de masas y las personas que tratan de sacar provecho de que la histeria”, dijo. “Es una receta para el desastre.”

Las notas también se ocupan de la promesa del Sr. Trump para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los compromisos de campaña de la firma del presidente, a pesar de que sugieren que en algunas zonas, una cerca o incluso sensores se pueden utilizar en lugar de una pared.

El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que ha identificado lugares para construir un muro, incluyendo El Paso, Texas, y cerca de Tucson, Az., Donde vallas fronterizas existentes han sido ya no se considera eficaz. También está evaluando otras áreas en las que actualmente no hay vallas con el fin de “construir un muro o barrera física similar en la frontera donde actualmente no existe.”

Las nuevas políticas aún se rigen por las excepciones de Obama de la era de los aproximadamente 750.000 personas sin papeles que viven en Estados Unidos traídos como los niños, conocidos como Dreamers, y funcionarios de Seguridad Interna han dicho que incluso con las nuevas normas , las redadas de inmigración a gran escala no son esperado.

COLOMBIA: Niña de 11 años habría sido violada por sus compañeros en Medellín


Redacción Web

Foto Agence France Press

Las autoridades se encuentran investigando la presunta violación de una niña de 11 años, al parecer cometida por dos menores y compañeros de colegio, ambos de 12 años, a la salida de su colegio en la comuna Buenos Aires, en Medellín.

“La estudiante salió del colegio y no fue recogida por el transporte escolar que tiene contratado, por lo que los dos niños la llevaron a una zona despoblada y habrían cometido el abuso sexual”, denuncia la madre de la menor abusada.

El hecho se presentó sobre las 6 de la tarde, el pasado 16 de febrero en los alrededores del colegio Merceditas Gómez Martínez. Entre tanto los tres menores reciben atención de un equipo psicológico de la Policía y fueron trasladados de instituciones.

La Secretaría de Educación de Medellín aclaró que los menores implicados en el abuso sexual no son imputables, por ser menores de 14 años. Así las cosas los padres de los dos agresores tienen en curso una investigación ya que  deben responder ante el Estado por aquellas condiciones de omisión y abandono.

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-nina-de-11-anos-habria-sido-violada-por-sus-companeros-de-colegio-en-medellin

COLOMBIA: Asesinar líderes sociales es masacrar la esperanza


Christian Peacemaker Teams

Para leer en internet presione aquí

redECAP
Febrero 17, 2017
REFLEXIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA: 
Asesinar líderes sociales es masacrar la esperanza

por Salvador Castro

Colombia es un país de realidades diversas y melancólicamente complejo, en el que la violencia es el pan de cada día y las garras de la muerte criminal oscurecen el camino. Pero como oasis en el desierto,  hay mujeres y hombres que refrescan la esperanza y la dignidad vuelve a sonreír.

Mujeres y hombres que emanan de las comunidades cansadas de sufrir, con raíces fuertes y arraigadas al territorio, que brotan alegrías y respiran libertad. Hombres y mujeres que con su fuerza y solidaridad hacen temblar al imperio, impero que envía a sus chacales para devorar.

Salvador leyendo los nombres de los líderes que han sido asesinados

Los ECAP, somos hombres y mujeres no violentos, que venimos a de distintas parte del mundo y nos encontramos aquí en un acto de solidaridad y hermandad con esos 123 líderes y lideresas sociales que con sus vidas y con sus actos han construido caminos de paz cotidiana. Y hoy sus  pasos fueron arrebatados del camino porque sus voces fueron calladas, sus raíces fueron taladas y su luz fue apagada.

Pero aun cuando la esperanza es débil, es difícil de matar.

Los chacales de la muerte no se han dado cuenta que con sus muertes siembran semillas de “resiliencia-resistencia- persistencia” con sus memorias permanecerán sus ideas y con la fuerza de sus luchas alimentara nuestras convicciones como hombres y mujeres de paz.

Hombre sosteniendo el cuadro de la acción pública en Bogotá

Por eso alzamos nuestra voz de protesta e indignación, rechazando la muerte criminal como única opción de paz, y exigimos al gobierno Colombiano y a sus instituciones que en este nuevo contexto de realidad nacional, brinden garantías y medidas de protección para que sigan floreciendo  en las comunidades  cada día más hombres  y mujeres comprometidas en buscar-construir colectivamente.

“Una paz con Justicia Social” #Aúnestánaquí…Presentes ¡!!!

 

 


Christian Peacemaker Teams

PO Box 6508
Chicago, IL 60680
United States

COLOMBIA: Asesinado destacado líder social de Mercaderes, Cauca


Faiver Cerón Gómez, presidente de la JAC de Esmeraldas, recibió varios impactos de bala.

Por:  CALI |

6:37 p.m. | 19 de febrero de 2017

Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Esmeraldas, en Cauca, víctima de homicidio.

Foto: Archivo particular.

Faiver Cerón Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Esmeraldas, en Cauca, víctima de homicidio.

 Cuando regresaba a su casa, luego de reunirse con autoridades departamentales y municipales en la cabecera municipal de Mercaderes, al sur del Cauca, fue asesinado Faiver Cerón Gómez, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Esmeraldas.

“Aproximadamente, 25 minutos adelante del casco urbano de Mercaderes esta persona es interceptada, manifiestan que, por tres individuos quienes, sin mediar palabra, atentan contra su humanidad”, dijo el comandante de la Policía en el Cauca, coronel Edgar Orlando Rodríguez.

La víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptado por los sicarios.

Su cuerpo, encontrado en el sector de Sajandinga por labriegos de la región, presentaba varios impactos de bala.
“Se hallaron unas vainillas de munición calibre 9 milímetros, no se encuentran elementos materiales probatorios que indiquen de que haya sido con tiros de fusil”, dijo el coronel Rodríguez.

La víctima no había denunciado algún tipo de amenazas, según las autoridades. En la mañana del sábado había participado en un consejo comunitario de gobierno con la Alcaldía local, al que asistió el Gobernador del Cauca y delegados de su gabinete.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de Twitter que solicitó a la Policía y a la Fiscalía “esclarecer de inmediato el asesinato del presidente de la JAC del corregimiento de Esmeraldas, Cauca”.

En Mercaderes, las comunidades se han movilizado de manera activa desde el 2016 en contra de la minería ilegal que acabó con el río Sambingo. El pasado 7 de febrero realizaron una marcha que recorrió las principales calles de esa localidad contra la erradicación forzosa de cultivos de coca, lo que ha llevado a que se establezcan mesas de trabajo con los gobiernos Local, Departamental y Nacional.

(También: Asesinatos de líderes sociales, el lunar que dejó el 2016)

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/lider-social-de-esmeraldas-asesinado-en-cauca/16823537

COLOMBIA: INDÍGENAS DE PUTUMAYO GANAN PRIMERA BATALLA CONTRA PROYECTO PETROLERO


Foto: Archivo
18 Feb. 2017

La Corte Constitucional dio a conocer una decisión en la que falla a favor de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Alto Lorenzo de Puerto Asís y la Asociación del Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, como respuesta a la tutela interpuesta por las comunidades al conocer de las licencias otorgadas para el inicio de un proyecto petrolero en el territorio donde se encuentra ubicada la comunidad.

La decisión fue tomada gracias a una tutela interpuesta por estas dos comunidades indígenas contra el Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Ecopetrol S.A., entre otras instituciones, quienes según los indígenas son los responsables de la vulneración de varios derechos como la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre determinación de los pueblos indígenas.

La Corte resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa y al territorio colectivo de estos dos pueblos indígenas, por lo que ordenó al Ministerio del Interior realizar dentro de 15 días hábiles la consulta previa que deberá ser completada en máximo 4 meses.

Así mismo, le ordena a ese ministerio adelantar reuniones  con las empresas e instituciones implicadas en el proyecto petrolero, para tomar medidas inmediatas que logren subsanar y compensar lo más pronto posible los daños causados a las comunidades indígenas.

Además ordena a la ANLA verifique las afectaciones que estos proyectos han causado en el territorio, al ambiente y a los recursos naturales, daños que han sido denunciados por los órganos de control y “de estimarlo procedente adopte las medidas preventivas” agrega la sentencia. Le puede interesar: Comunidad indígena en Putumayo dijo NO a actividad petrolera de Amerisur

De igual modo, la Corte insta al Ministerio de Hacienda adelantar estudios técnicos que permitan establecer los impactos ambientales de estos proyectos petroleros en Putumayo.

Por último, ordena que la ANLA y Corpoamazonía remitan informes cada 4 meses al Tribunal Superior de Mocoa, donde dé cuenta de las actividades que se están desarrollando en el territorio, las afectaciones y las medidas de control y prevención que se están tomando. Le puede interesar: Comunidades índigenas y campesinas de Guzman y Caicedo rechazan explotación minera en Putumayo

De esta manera la Corte Constitucional da el aval para que se protejan los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la consulta previa, la participación y libre determinación de estos 2 pueblos indígenas, que se verían afectados por la industria del petróleo.

Además, manda un duro mensaje a las instituciones gubernamentales y empresas petroleras para que respeten el entorno de las comunidades que se ven afectadas por la explotación de hidrocarburos, que según la sentencia estaría generando “contaminación ambiental, comprometiéndose el derecho al medio ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible, entre otros”. 

http://www.contagioradio.com/indigenas-de-putumayo-ganan-primera-batalla-contra-proyecto-petrolero-articulo-36511/

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