MEDELLIN: UNICLARETIANA. GESTION DE PROCESOS SOCIALES.


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COLOMBIA: VIDEO SOBRE LA SITUACIÓN DEL PACIFICO!


El empujón de Trump al primer ministro de Montenegro


Cuando se percató de que el grupo de líderes de la OTAN lo había dejado atrás, el presidente de Estados Unidos se abrió camino y apartó al líder montenegrino para situarse al frente del grupo.

El comportamiento protocolario de Donald Trump no deja de sorprender al mundo. Este miercoles, mientras se realizaba el encuentro anual de líderes de la OTAN, una reacción del presidente estadounidense fue tendencia en redes sociales por su aparente falta de etiqueta. Cuando caminaba con el resto de mandatarios, el magnate se percató de que el grupo de mandatarios lo había dejado relegado mientras caminaba. Trump, aparentemente para quedar en primera fila, golpea desde atrás el brazo de Dusko Markovic, primer ministro de Montenegro, que se aparta sorprendido.

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PAROS CIVICOS Y LABORALES: LOS MOTIVOS Y LAS RESPUESTAS.


Marchas por la educación.

Boris DuarteAnte la ola de protestas y movilizaciones sociales, el gobierno sigue respondiendo con una mezcla de represión, concesiones y promesas que incumple. Pero la firma de los acuerdos de paz podría hacernos entender que la protesta social es saludable.

Boris Duarte*

Tratamiento represivo

Aun cuando en muchas sociedades existen normas que regulan el ejercicio de la protesta, muy pocas se comparan con los mecanismos, muchas veces violentos, de normalización y de control que restringen la protesta ciudadana en países como el nuestro.

En Colombia la protesta y el conflicto social son vistos y tratados por el Estado y las élites políticas como una amenaza e incluso como un “enemigo interno”. La legislación vigente  – el nuevo Código de Policía, por ejemplo – no solo no garantiza la libertad de expresión sino que reprime y penaliza la protesta ciudadana como un delito.

Para muestra, dos botones. El pasado mes de marzo fue capturada Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del César, acusada por la Fiscalía de Cartagena  de organizar marchas “de alta peligrosidad al orden del Estado”. Huber Ballesteros fue capturado cuando encabezaba el paro agrario en 2013.

Estos casos son ejemplos, entre muchos, del tratamiento represivo que recibe la protesta ciudadana en Colombia, no obstante su definición oficial como un “Estado Social de Derecho” y su autoproclamación como una democracia en proceso de “apertura política”. Lo más grave es el hecho de que la Fiscalía trate una y otra vez de asociar las actividades de protesta social con las acciones de la insurgencia, y de este modo vincule la protesta ciudadana con los delitos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

Cada vez hay más protestas

¿Es el ESMAD la fuerza que debería “controlar” la protesta social en el posconflicto?
¿Es el ESMAD la fuerza que debería “controlar” la protesta social en el posconflicto?
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

Pero a pesar del control y de la estigmatización – legal e ilegal –, la protesta social en Colombia aumenta de manera progresiva. Su capacidad no debe medirse tanto por el número de participantes en las marchas o eventos en las calles -que suelen ser muy cambiantes- sino por su grado de influencia sobre los asuntos públicos del país.

Para empezar menciono algunas de las movilizaciones más importantes del pasado cercano:

  • La década que estamos viviendo comenzó con dos de las convergencias de movimientos sociales de izquierda más importantes de los últimos años – el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica- que recogieron el legado de una larguísima historia de protestas, y lanzaron sus propuestas en medio de sendas movilizaciones. En el año 2010 estos dos movimientos lograron la unión de numerosos organizaciones campesinas, indígenas, afro, estudiantiles, de mujeres, ambientalistas y urbanas de todo el país.

Las banderas principales de estos movimientos han girado alrededor del derecho a la tierra y la reforma agraria, la defensa de la riqueza natural, la solución política del conflicto armado, la reparación integral de las víctimas,  y la soberanía popular.

  • En 2011 y 2012 tuvimos el paro nacional universitario y las masivas movilizaciones de estudiantiles encabezadas por la MANE, que contaron con el apoyo de los rectores de las universidades públicas y de las familias colombianas, y que lograron tumbar el proyecto de contrarreforma de la ley 30 que había sido presentado por el gobierno nacional y que buscaba privatizar la educación superior pública.
  • En 2013 la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones conformaron la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La Cumbre Agraria, como se denominó este movimiento, convocó en 2014 el famoso paro agrario (que paralizó al país aunque a juicio del presidente Santos no existió).

El paro reclamaba  mayor atención a la crisis del campo colombiano, lo cual obligó al gobierno a expedir el decreto 870 de 2014 para formalizar una mesa única de interlocución con las organizaciones de la Cumbre Agraria, y lo obligó además a destinar 250 mil millones de pesos mediante una línea especial con el Fondo de Fomento Agropecuario, para el fomento de la economía campesina, indígena y afro.

  • Pero no todas las protestas son convocadas por la oposición de izquierda. En 2014 el turno fue para los sectores influenciados por el uribismo, que convocaron marchas en las principales ciudades para protestar contra la “entrega del país” que el gobierno le estaba haciendo a las FARC. Estos sectores han sido muy activos y constantes, y aun cuando alguno de sus métodos sean muy discutibles (por ejemplo su idea de “resistencia civil”), no cabe duda de que han tenido una influencia decisiva, como ocurrió con el triunfo del “no” en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y con su oposición constante al desarrollo normativo de los  acuerdos de paz en el Congreso.
  • Más recientemente, a mediados de 2016, los trasportadores lograron paralizar el país. Su protesta, que incluyó bloqueos de las principales vías del país, buscaba que el Estado controlara la sobreoferta de vehículos de carga, y bajara los costos sobre todo en los peajes y los combustibles, además de algunos programas sociales para los conductores y mayor seguridad en las vías.
  • En marzo del presente año, y gracias a las protestas de años atrás, se llevó a cabo una consulta popular que les dio la posibilidad a los habitantes de Cajamarca para rechazar la actividad minera en su municipio. Y en esto no están solos: en otros seis municipios de cinco departamentos, los ciudadanos votaron o se aprestan a votar contra proyectos auríferos, petroleros o hidroeléctricos que habían sido aprobados por el gobierno nacional.
  • No por menos conocidas debo dejar de mencionar las acciones de protesta de los artistas y trabajadores de circo que hace poco reclamaron una jornada de trabajo (sin precedentes en nuestra legislación), la baja en los impuestos a su actividad y mayor apoyo del Estado a su forma de subsistencia.
  • Por otra parte, los habitantes del Chocó convocaron a un paro cívico por los incumplimientos del gobierno a los acuerdos que había suscrito en 2016 y en relación con distintos asuntos (vías, salud, educación y cultura, autonomía administrativa del departamento, derecho al trabajo, servicios públicos, entre otros).
  • También en Buenaventura, los sindicatos, los gremios empresariales y la ciudadanía en general se han declarado en paro por las “promesas inconclusas” y el abandono del Estado que tiene sumido al puerto en la pobreza, la corrupción y la violencia.
  • Los taxistas que protestan contra Uber, los trabajadores del Estado y funcionarios de la rama judicial  que reclaman reajustes atrasados…. Y la protesta más importante de los últimos días ha corrido por cuenta de los educadores liderados por Fecode, que reclaman por incumplimientos del gobierno al pliego presentado el año paso en protestas similares a las de este año.

Razones y nuevo clima

Marchas en apoyo al Paro Agrario.
Marchas en apoyo al Paro Agrario.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Al estudiar las razones de esas distintas protestas ciudadanas se encuentran dos motivos invariables: por una parte la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de la población, y por otra parte los incumplimientos de acuerdos hechos en el pasado con los mismos sectores que hoy protestan.  Hechos estos que develan la realidad de un país desigual y excluyente en alto grado, donde las élites y el Estado oscilan entre la represión, el cuentagotas y el engaño.

Pero las cosas pueden cambiar de tono. El  Acuerdo Final para la terminación del conflicto con las FARC establece garantías adicionales para la protesta social y para la oposición política. Y por su parte el literal c del punto 2 del acuerdo de diálogos entre el gobierno y ELN alude a las garantías para la manifestación pública y al tratamiento de los sindicados o condenados por actos en desarrollo de la movilización social.

Todavía más importante: la solución política del conflicto armado evitará en lo sucesivo las fáciles asociaciones entre protesta social y acciones guerrilleras o terroristas que hacen los funcionarios del gobierno y los medios masivos de comunicación.

La protesta es saludable

Las sociedades son como el cuerpo humano, están compuestas por diversos órganos, que cumplen diferentes funciones, que tejen una inmensa red de conexiones vitales y que integran un sistema hipercomplejo donde las partes dependen del todo y el todo de las partes. Cuando un virus – la corrupción, por ejemplo – ataca alguno de estos órganos sus funciones son alteradas, y si la enfermedad avanza pueden afectarse otros órganos, la organización y el funcionamiento general del sistema, e incluso puede comprometerse la vida del organismo.

Ante cualquier amenaza externa los organismos vivos entran en alerta y activan sus mecanismos de defensa – o de protesta podríamos decir-. Si las amenazas son débiles los anticuerpos pueden repeler rápidamente un ataque y la enfermedad no durará muchos días, pero si las amenazas son intensas se desatarán épicas luchas microscópicas que pueden extenderse por todo el cuerpo y por largos periodos de tiempo.

La protesta social es a la sociedad como los anticuerpos al cuerpo humano: un mecanismo de defensa de la vida. Muchas veces la enfermedad es tan grave que el cuerpo no puede enfrentarla y muere, pero el cuerpo hará todo lo necesario para resistir y preservar la vida hasta el último aliento.

Las protestas ciudadanas son la principal forma de expresión y denuncia de los grupos  sociales que no cuentan con los recursos de poder político, económico y mediático para incidir sobre los asuntos públicos y sobre la toma de decisiones que los afectan.

En países como Finlandia, Holanda o Noruega la protesta ciudadana, como una forma de la libertad de expresión, junto con la libertad de prensa, constituye un derecho fundamental y cuenta con plenas garantías constitucionales, pero además es un valor cultural cultivado y estimulado por la familia, la escuela y las organizaciones sociales, en el interés de establecer límites y control a la gestión pública y de garantizar los derechos democráticos. Podemos concluir diciendo que la protesta social es sinónimo de cordura y buena salud en una sociedad moderna.

 

* Politólogo y docente de la Universidad Nacional.

twitter1-1@Boris_Duarte

http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10269-paros-c%C3%ADvicos-y-laborales-los-motivos-y-las-respuestas.html

“UNO NO DESARMA UNA GUERRILLA PARA LUEGO INCUMPLIR, ESE ES UN ACTO DE PERFIDIA”: HUMBERTO DE LA CALLE


“Uno no desarma una guerrilla para luego incumplir, ese es un acto de perfidia”: Humberto de la Calle

El exjefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, habló en Medellín sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó dos numerales esenciales del fast-track; e invitó a los ciudadanos y a la academia a unir voluntades y a no dar marcha atrás frente a lo pactado. La discusión, según De la Calle, ya no debe centrarse en los literales y los parágrafos del Acuerdo, sino en el rumbo que tomará Colombia: “¿para dónde vamos, qué es lo que hay que preservar y defender?”

Por Natalia Maya Llano

El 17 de mayo fue un día crucial para la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, radicó con entusiasmo el texto de la Reforma Política que se discutiría vía fast-track en lo que restaba del actual periodo legislativo en el Congreso. Sin embargo, unas horas más tarde, la Corte Constitucional emitió un fallo inesperado que tumbó dos literales esenciales del mismo fast-track, poniendo en riesgo, según Humberto de la Calle, la implementación rápida y la esencia de lo acordado entre el gobierno y las Farc en La Habana, entre ellos la Reforma Política y la Reforma Rural, consideradas “el corazón del Acuerdo de Paz”.

El alto tribunal tumbó los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016 (procedimiento legislativo especial para la paz o fast-track), al considerar que violaban el principio de separación de poderes: la exigencia de que las modificaciones que se le hicieran a los proyectos de ley y a las reformas constitucionales contaran con el aval previo del gobierno, y la obligatoriedad que tenía el Congreso de votar en bloque y no artículo por artículo.
En cinco meses de fast track habían sido aprobadas tres reformas a la Constitución y tres leyes de un paquete de al menos 50 proyectos que pensaba presentar el gobierno y que lo obligarían a hacer uso de la prórroga del mecanismo de vía rápida por seis meses más. Con la decisión de la Corte –que no afectará lo ya aprobado–, surgen muchas preguntas en medio de un panorama de incertidumbre que de la Calle intentó aclarar en su conferencia “Construcción de paz en Colombia”, evento organizado en el marco de la celebración de los 25 años de la Revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

A continuación presentamos sus principales argumentos.

El golpe de la Corte Constitucional al fast track
“El pueblo, como constituyente primario, decidió en 1991 que un mandato inherente de la estructura constitucional es la consecución de la paz, como deber y derecho de obligatorio cumplimiento, en su artículo 22. La Corte Constitucional, en su momento, aprobó el trámite extraordinario de una constituyente sencillamente porque la Constitución es un tratado de paz, citando al jurista italiano Norberto Bobbio. ¿Cómo entonces la implementación legislativa del Acuerdo de Paz vía fast track va a sustituir la Constitución?”.

“No quiero ser melodramático, pero esta es una situación que debe examinarse muy bien. Cuando el alto tribunal tumba la obligatoriedad que tenía el Congreso de votar en bloque al considerar que esto violaba el principio de separación de poderes, y afirma además que el permiso o consentimiento del gobierno para modificar lo acordado burla la estructura central de la Constitución, estamos hablando de un argumento absolutamente falso. Ya hoy en la Constitución ocurre lo mismo cuando se trata de adicionar partidas al presupuesto o cambiar el plan de inversiones del plan de desarrollo, nada de esto se puede hacer si no se tiene el permiso del gobierno; y, adicionalmente, los tratados internacionales se votan en bloque, ¿por qué hasta ahora nadie había dicho nada? Frente a la paz que, insisto, es el designio originario del constituyente de 1991, cómo nos van a decir que eso viola la Constitución, realmente aquí lo que hay es una enorme exageración, el fast track no ha impedido la deliberación, ha habido discusiones, propuestas”.

“La vía rápida de implementación legislativa consultaba dos valores: el primero, la rapidez, en un examen comparado muchos procesos de paz exitosos se han caído por incapacidad de cumplir rápidamente lo acordado, aquí no podemos estar con una guerrilla ingresando a unas zonas de normalización y en proceso de dejación de armas, esperando una tortuosa discusión en el Congreso, y no podemos ser ingenuos creyendo que bastará con tener las mayorías en el Congreso cuando asistimos a un ambiente de tanta polarización y con la cercanía del debate electoral. No quiero exagerar, pero esto ya implica un riesgo”.

“Y el segundo valor, que para mí es más importante, es que las leyes y reformas recojan y desarrollen de manera genuina todo lo acordado, y es aquí donde viene un enorme error de perspectiva: no estamos hablando de un acuerdo nuevo, no es que ahora nos tengamos que sentar a discutir con el Congreso o con la Corte cuáles son las características de un nuevo acuerdo, no. El Acuerdo existe, por lo tanto, la democracia colombiana debe garantizar que su implementación corresponda genuinamente a lo que ambas partes en La Habana discutieron y acordaron, es aquí donde está el eslabón perdido en la caracterización que hizo la Corte en su fallo, porque cuando digo que hay un Acuerdo, estoy hablando de un Acuerdo de Estado, este ya no es un acuerdo parcial de un ejecutivo que simplemente fue a La Habana a firmar un papel, fue suscrito por el ejecutivo y refrendado por el Congreso siguiendo los lineamientos de la misma Corte Constitucional”.

Un problema jurídico, político y principalmente ético
“Hablo de un problema jurídico derivado del fallo de la Corte porque estamos ante un Acuerdo que existe y que tiene que ser cumplido e implementado sin traicionar su espíritu. También me refiero a un enorme problema político porque no es una invención nuestra que sectores políticos, como el Centro Democrático, han dicho que al Acuerdo hay que volverlo trizas. Pero más allá de esto, que de por sí es preocupante, en mi opinión se trata además de un problema con una profunda raigambre ética porque el Estado colombiano no puede suscribir un acuerdo para luego empezar, punto por punto, detalle por detalle, a ver cómo lo reacondiciona al interés de las mayorías esporádicas en el Congreso de la República”.

“Es decir, el riesgo ético es enorme. A mí me parece, sinceramente, un contrasentido histórico que procedamos de esa manera cuando la historia de Colombia está plagada de acontecimientos semejantes con las consecuencias que ya sabemos. José Antonio Galán hizo un pacto con monseñor Caballero y Góngora y después de eso lo mataron; la guerrilla liberal, Guadalupe Salcedo, entrega las armas y lo matan; lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica; esto va mucho más allá del derecho o de la política, me parece que hay un elemento ético en virtud del cual los pactos son para cumplirlos. Uno no desarma una guerrilla para luego incumplir, ese es un acto de perfidia, y a mí me parece que no solo es un riesgo sino que tiene una muy profunda deficiencia ética obrar de esa manera”.

El nuevo escenario de la implementación del Acuerdo de Paz
“Tenemos a un grupo político que asume como bandera hacer trizas el Acuerdo, y tenemos el nuevo mensaje de la Corte Constitucional que, en mi opinión, sugiere que asistiremos a una nueva negociación que pasará por ellos. El control constitucional automático lo pactamos nosotros con las Farc, y obviamente hay que acatar el fallo, en ningún momento diré lo contrario, pero en una democracia podemos discutir y, sobre todo, advertir que retrotraer lo que está ocurriendo ahora, una paz que apenas es incierta y comienza, tiene enormes riesgos. Y más cuando lo que se pactó en La Habana fueron seis puntos concretos para terminar el conflicto, que no es equivalente a alcanzar la paz sino al contrario, que abre la puerta para la búsqueda de una paz que ya no depende de las Farc ni del gobierno sino de todos los colombianos, de multiplicidad de actores, empezando por las propias víctimas que necesitan satisfacción de sus derechos.

“Definir que lo que se iba a negociar era el fin del conflicto impidió que ocurriera lo que hacía fracasar los procesos en el pasado, que se pensara que una mesa de negociaciones era para hablar de lo divino y lo humano, eso no fue lo que se hizo y, también por eso, la idea de incorporar la totalidad del Acuerdo al llamado bloque de constitucionalidad no prosperó, lo que se hizo fue limitarnos al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, que son los elementos dentro del Acuerdo que sí tienen una preminencia jurídica, incluso por normas y jurisprudencia muy anterior a lo que se dijo en el propio Acuerdo”.

Calendario de dejación de armas
“En diciembre terminó la labor de la delegación del gobierno, mi opinión frente a este tema es personal y no oficial. La última vez que me reuní con los miembros de las Farc, en enero, se mantenía vigorosamente la preservación del calendario de los 180 días, pero ahora, con los acontecimientos recientes, ha surgido la duda por un cierto congelamiento del proceso, que sería extraordinariamente preocupante. A mí me parece que lo razonable desde la perspectiva de las Farc es continuar cumpliendo ese plazo, sería un revés muy grande para los colombianos que eso no ocurriera, pero también el Estado tiene que ponerse las pilas, y hablo del Estado, no solo del gobierno, primero frente a las decisiones de la Corte y segundo en la práctica. ¿Qué va a ocurrir el día 181 con los miembros de las Farc? Esa es la gran incertidumbre. Hace poco unos excomandantes de las fuerzas militares manifestaron que se estaban reproduciendo las repúblicas independientes, que las Farc se iban a quedar en las zonas de normalización y que eso sería una tragedia nacional, yo francamente disiento de eso. La concentración de las Farc se hace bajo un mecanismo tripartito, cubierto por la sombrilla de Naciones Unidas, a través del apoyo del Consejo de Seguridad, el día 181 cesa cualquier restricción y harán presencia las autoridades ordinarias, esa afirmación es exagerada. Pero además, yo creo que el deseo de las Farc de mantener cierta unidad organizacional es lo que más beneficia al país, es lo más razonable, para evitar que nos suceda lo mismo de Centroamérica, disolver súbitamente a las Farc genera un riesgo de diáspora, de criminalidad que se situará en las ciudades. Por eso tenemos que ser cuidadosos con la forma de asumir la reincorporación de la guerrilla a la vida ordinaria y cumplir con lo pactado, así fue que se pensaron los planes de desarrollo con enfoque territorial, para que los miembros de las Farc se involucren a la vida civil y con la comunidad desarrollen dichos planes”.

Constituyente
“Con toda prudencia no quisiera precipitarme a afirmar que la salida es una constituyente, no se pueden desestimar los riesgos de un paso de esta naturaleza y no hay tampoco que descartarla, pero me parece que lo que hay que hacer es entender y hacer entender con una muy fuerte movilización ciudadana, que los mensajes que provienen del constituyente originario del año 1991 son suficientemente vigorosos”.

Coalición nacional
“Ante este mensaje negativo que envía la Corte, la respuesta obvia ha sido apelar a las mayorías en el Congreso que han apoyado lealmente el Acuerdo, pero yo considero que hay que ir mucho más allá, porque precisamente los riesgos también van mucho más allá. Eso significa que tenemos que aunar voluntades, lograr una enorme coalición que no solo incluya a los partidos que están votando en el Congreso, sino a estudiantes, independientes, a la gente que se tomó las calles después del 2 de octubre. Me parece que tenemos que dar el mensaje claro y categórico de que vamos a preservar lo que apenas nace y que la discusión ya no debe ser tanto frente a los literales y los parágrafos del Acuerdo, sino sobre el camino de Colombia, ¿para dónde vamos, qué es lo que hay que preservar y defender? Detrás del debate ya no están las Farc únicamente sino la idea de país que queremos, y el Acuerdo es una oportunidad, un proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana cuyo principal obstáculo es el statu quo”.

Mi invitación es a que no demos marcha atrás, no nos dejemos arrebatar lo que tenemos, congreguemos voluntades, el papel de la academia es fundamental, hay que crear consciencia, hay que tratar de combatir las mentiras infundadas y vergonzosas de las redes sociales, y eso se logra generando opinión pública, haciendo presencia, teniendo consciencia de los riesgos pero también de las verdades para el futuro de Colombia”.

http://hacemosmemoria.org/2017/05/23/uno-no-desarma-una-guerrilla-para-luego-incumplir-ese-es-un-acto-de-perfidia-humberto-de-la-calle/

DOCUMENTAL: LA SINFONÍA DE LOS ANDES: MARTA RODRIGUEZ


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Marta Rodríguez CineastaMe gusta esta página

Richard Escobar es el profesor de la Orquesta de Instrumentos Andinos en el resguardo de Huellas – Caloto (Cauca)
Su objetivo es quitarle niños a la guerra y hacer por medio de la música memoria a los niños víctimas del conflicto armado.
Apoya este importante documental LA SINFÓNICA DE LOS ANDES de Marta Rodríguez Marta Rodríguez Cineasta por medio de Indiegogo en el siguiente link:

https://www.indiegogo.com/…/los-andes-symphony-o…/x/6225290…

Fotografía: Felipe Colmenares Sánchez

COLOMBIA: Cuarenta años del Paro Cívico de 1977 Por: Arturo Charria


 

24 Mayo 2017

 

En septiembre de este año se cumplen 40 años del Paro Cívico de 1977. Aquella jornada terminó en Bogotá con 19 muertos, con más de 300 heridos y con un número tan grande de detenidos que fue necesario habilitar la Plaza de Toros para retenerlos a todos.

En septiembre de 1977 terminaba el gobierno de Alfonso López Michelsen y su política del “mandato claro”. El “pollo” López, como se le conocía por su precocidad política, había llegado a la presidencia gracias al uso ambivalente de la letra “R”. Usó la “R” de la Revolución en marcha de su padre, Alfonso López Pumarejo. También la usó como recuerdo de sus años de confrontación durante el Frente Nacional, cuando creó el partido Movimiento Revolucionario Liberal. Sin embargo, en la campaña presidencial de 1974, aligeró el peso de la “R” para presentarse como un candidato Reformista, que “no veía enemigos a la izquierda”.

López Michelsen, que llegó a la presidencia con la votación más alta de la historia: (2.929.719 votos), terminó su “mandato claro”, encerrado en palacio bajo el estado de sitio. El Paro Cívico del 14 de septiembre de 1977 fue una explosión generalizada no sólo de descontento, sino de frustración colectiva de sectores sociales que desde el 9 de abril de 1948, habían permanecido pasando hambre y rezando cada noche para que su porvenir fuera diferente el siguiente día.

López llegó a la presidencia con los votos y la maquinaria del partido liberal, pero también con la esperanza de cambio de amplios sectores de la izquierda y de la clase media. Sin embargo, su “mandato claro” fue cuestionado desde los primeros meses de gobierno por periodistas como Klim, columnista que sin salir de su casa hacía temblar al “camarada primo”, título con que se refería al presidente López. También fue centro de críticas de la revista Alternativa, la revista más leída por la izquierda colombiana de la época. En su portada de la edición N°31 aparecía el rostro del “pollo” López bajo un cartel de SE BUSCA, luego se podía leer “desaparecido desde el 21 de abril de 1974 llevándose 3 MILLONES de votos”.

Aquella “huelga de masas” del 14 de septiembre de 1977 explotó porque el candidato que habló de cambios sociales gobernó con una tasa de inflación del 32%. El candidato que habló de transformaciones laborales, no negoció reformas estructurales con las centrales obreras. El candidato, famoso por su afición al Whisky, fue el presidente que no llevó agua y alcantarillado a los hogares de las clases populares.

Se cumplen 40 años del Paro Cívico de 1977 y hoy Colombia y el presidente Santos viven una situación que no está muy lejos de parecerse a la que vivió López Michelsen al final de su gobierno. Al igual que López, Juan Manuel Santos logró su reelección con los votos de una parte de la izquierda. En campaña se acercó a amplios sectores sociales, se comprometió con sus causas y con muchas de sus reivindicaciones históricas. Esos mismos sectores hoy le cobran en las calles su apoyo. El discurso dura poco cuando las necesidades son tan grandes como la frustración de un país que exige cambios reales.

El país está viviendo explosiones sociales por todas partes. Los maestros llevan dos semanas en paro, Buenaventura y Chocó están detenidas; los indígenas del Cauca pronto comenzarán un levantamiento. Y, por decisión de la corte constitucional, la paz también está en suspenso.

El presidente Santos se equivoca si al igual que López termina gobernando atrincherado en medio del toque de queda, como el impuesto en estos días en Buenaventura, en donde el agua potable sólo parece estar en las tanquetas del Esmad. De ser así, es posible que se repita la historia, no sólo de un Paro Cívico como el de 1977, sino que Santos termine dando paso, una vez más, a un gobierno como el de Turbay Ayala, con su represivo Estatuto de Seguridad.

Fuente: http://www.elespectador,com

 

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