DOCUMENTO SOBRE LA SENTENCIA DE LULA EN BRASIL


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AMERICA LATINA SE MIRA EN EL ESPEJO DE BRASIL


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COLOMBIA: La muerte lenta de la universidad pública de investigación : Boris Salazar[1]


La eliminación del decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial y prestacional de los profesores de la universidades públicas, no es la crónica de una muerte anunciada, sino el anuncio del inicio de la muerta lenta de la universidad pública de investigación en Colombia. Mientras que en el relato de García Márquez el desenlace coincide con el asesinato de Santiago Nassar, en el relato del futuro de la universidad pública de investigación no hay un evento final que lo resolverá todo. En su lugar, el gobierno y el estado han puesto en marcha un proceso que ya está aniquilando, poco a poco y sin afán a la universidad pública de investigación.

El fin no llegará con la mal llamada reforma al 1279. De hecho, comenzó mucho antes con el intento de reforma del primer gobierno de Santos a la Ley 30. Pero el inesperado y potente movimiento estudiantil de 2011 se interpuso entre el gobierno y el futuro y la marcha de la historia pareció detenerse de repente.  Pero no por mucho tiempo. El futuro regresó con el Acuerdo por lo Superior, tomó impulso con la aplicación del inspirado Ser Pilo Paga,  la desaparición de un golpe de más de la mitad de las revistas académicas nacionales, y la transferencia de los recursos de la educación superior pública a la privada a través del Icetex.

Mientras que el gobierno aprendió mucho y muy rápido, estudiantes, profesores y comunidades universitarias caímos en el estupor de los justos. Mientras que el movimiento estudiantil soñaba con una ilusoria ley para la educación superior,  el gobierno refinaba sus estrategias. No más leyes generales, no más debates en el congreso, no más movilización estudiantil, no más inútil deliberación pública. Sólo acciones de choque, disfrazadas de subsidios a los más inteligentes entre los más pobres. Medidas tan universales en su concepción que hasta los más brillantes líderes de la educación superior pública no dudaron en celebrarlas. No eran acciones improvisadas. Respondían a una visión de largo plazo acerca de lo que debería ser la educación superior en los países en eterno desarrollo.

Es la visión que los expertos de las grandes instituciones de crédito del mundo —casi siempre economistas sin la menor idea acerca de lo que es la educación— ha concebido en las últimas décadas para la educación superior. Pero no es una simple copia de lo pensado por el Banco Mundial. Contiene un valor agregado criollo nada despreciable. Contrario a lo que casi todo el mundo piensa, el ataque al 1279 y sus efectos presupuestales no es una posición unilateral del gobierno y sus asesores. De hecho, fue encabezado por el rector saliente de la Universidad de Antioquia, quien en un momento de inspiración descubrió que el déficit de la Universidad pública, y de su universidad en particular, se debía al excesivo crecimiento de los salarios de los profesores.

Este descubrimiento, muy bien publicitado en los medios de comunicación de masas, fue el inicio de un consenso de expertos con respecto a la inconveniencia del 1279. De pronto, hubo una nítida explicación conservadora para el déficit secular de las universidades públicas. Una explicación que no venía del gobierno, sino de un rector preocupado con la situación de su universidad. Imposible encontrar una explicación con origen más legítimo.

Los muchachos y muchachas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación habían hecho sus propias cuentas y vaticinaban y vaticinan que para 2025 se cruzarían la curva de la cuenta salarial de los profesores con la del presupuesto para la educación superior.  La catástrofe inminente como justificación de las acciones heroicas por venir.

Nadie conoce, sin embargo, los modelos en que se basan predicciones tan contundentes. Nos han dicho, con la admiración que producen las habilidades de los muchachos formados en el Norte, que sus predicciones son irrefutables y que el consenso logrado tiene una sólida base científica. Pero sin conocer esos modelos y sin replicarlos no es posible creer en sus predicciones.

Es más: hay estudios serios, realizados desde la universidad colombiana, por investigadores y profesores de universidades públicas, que han encontrado resultados opuestos. El estudio de Quimbay y Villabona (citado por Yepes 2018), por ejemplo, llega a resultados que contradicen directamente los hallazgos de los expertos de los ministerios. Los autores encontraron que no ha habido variación significativa en el salario promedio mensual de los 9926 profesores de tiempo completo de 29 de las 32 universidades públicas en el periodo 2003-2013.

Menos del 1% de los profesores de las universidades públicas tienen salarios por encima de los 20 millones mensuales. Son investigadores, en su gran mayoría de las ciencias naturales, que han obtenido esos salarios siguiendo las reglas del juego establecidas por el 1279, cuyo objetivo central era el desarrollo de la investigación científica en Colombia. La distribución de la calidad de las publicaciones científicas no es homogénea: sigue una ley de potencia en la que unos pocos investigadores publican mucho en las revistas más reconocidas, y una gran mayoría publica muy poco  o nada, y cuando lo hacen lo hacen en revistas de menor reconocimiento. Por eso, el salario promedio mensual de los profesores se ha mantenido estable, mientras que los salarios de enganche siguen siendo mucho menores que los de las universidades privadas.

Pero los hechos científicos no invalidan la efectividad política del consenso de expertos que pretende representar el conocimiento más avanzado con respecto a la educación superior. ¿Cómo podría dudar la opinión pública si los mismos rectores de las universidades públicas más importantes han encontrado que su situación deficitaria es causada por el crecimiento excesivo de los salarios profesorales, causado a su vez por unos incentivos perversos?

La efectividad política del consenso viene de la mano con el carácter tecnocrático, sin sesgos ideológicos aparentes, de las medidas concretas tomadas por los expertos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Al contrario de lo ocurrido en Chile, en donde todas las medidas privatizadoras llegaron de la mano de una ideología abierta y desafiante, en Colombia todo llega envuelto en un manto de sana tecnocracia, libre de toda ideología.

 

 

 

Las políticas detrás del consenso

Es obvio que se trata de un consenso del que participan funcionarios del gobierno y algunos directivos de universidades públicas. Por fuera de la discusión, como ha sido usual en este gobierno y en los anteriores, han quedado profesores, estudiantes y comunidades universitarias y, por supuesto, la nación colombiana. ¿Cuáles es la verdadera política del gobierno para la educación superior y  cómo la justifica?

En el centro de todo el plan de reforma está el ICETEX, como el banco que no sólo presta dinero a  estudiantes y familias, sino que financia la universidad privada –vía Ser Pilo Paga y Tú Eliges— y hasta se encarga de la promoción de programas de investigación de gran escala (con la participación de universidades acreditadas y no acreditadas, del extranjero y de Colombia) a través de Colombia Científica. (World Bank 2017) El que el ICETEX, un banco de segundo piso con poderes crecientes, sea ahora la pieza clave de la estrategia gubernamental para la educación superior no es pura coincidencia. Refleja el nuevo consenso con respecto al carácter estratificado y mixto de la educación superior y al papel crucial del estado como financiador en última instancia, a través de la oferta y la demanda, de las universidades pública y privada.

Todo esto puede ser leído en el texto de un préstamo del Banco Mundial a Colombia por 467 millones de dólares para realizar reformas sustanciales en la educación superior, teniendo como eje central al ICETEX.  De hecho, el líder del proyecto es un viejo conocido de la universidad pública colombiana: el antiguo viceministro de Educación, Javier Botero.

Para entender los alcances del préstamo y del proyecto correspondiente es recomendable conocer sus beneficiarios potenciales:

Los beneficiarios directos del proyecto incluyen los estudiantes receptores de crédito (82,399), receptores de becas (95), las instituciones de educación terciaria (IETs) y las firmas participantes en los Ecosistemas de Investigación y las que reciben préstamos institucionales (16 al menos), y los investigadores y personal de las IETs –incluyendo a quienes cubrirán un número de nuevas posiciones que serán creadas. Los beneficiarios indirectos incluye a todos los receptores de préstamos del ICETEX, ya que el componente de fortalecimiento institucional del ICETEX será el fundamento de la toda la institución. Muchas otras IETs se beneficiarán indirectamente a través de la matrícula de los receptores de préstamos del ICETEX y de esfuerzos de fortalecimiento institucional a los que se comprometen en sus contratos con ICETEX. […] Se espera que más de 287,655 estudiantes anuales, en promedio, se beneficiarían de los servicios del ICETEX. (World Bank 2017, 16)

El proyecto tiene tres grandes componentes:

El componente 1 que provee financiación a estudiantes que atienden educación terciaria y posgraduada a través de créditos estudiantiles y créditos condonables. El componente 2 que provee financiación a instituciones para llevar a cabo mejoramientos en la calidad a través de becas de investigación y préstamos para mejoramiento de la calidad conducente a la acreditación. El componente 3 que apoya la gerencia del proyecto y el fortalecimiento institucional del ICETEX. (Ibíd., 16-17)

La mayor parte del préstamo (404 millones de dólares) iría al componente 1 (financiación a través de la demanda),  mientras que el 2, que incluye Colombia Científica, y que sería administrado por Colciencias, recibiría 56 millones de dólares, y el ICETEX 7 millones dólares para mejorar su capacidad operativa como centro del sistema en su conjunto. La estructura del préstamo condensa la política del gobierno para la educación superior: financiación a través de la demanda, con préstamos del ICETEX, mejoramiento de la calidad a través de Colombia Científica y fortalecimiento del ICETEX. De hecho, la financiación de la investigación científica quedaría reducida al programa Colombia Científica.

Lo citado más arriba es la concreción contemporánea y colombiana de lo que el Banco Mundial proponía hace 18 años:

De hecho, la educación superior puede ser provista y financiada ya sea en forma enteramente pública, o enteramente privada (incluyendo organizaciones no gubernamentales). Dado que un sistema puramente público no está en posición de satisfacer las demandas por excelencia y acceso, y que un sistema puramente privado no salvaguarda adecuadamente el interés público, sistema híbridos merecen seria consideración. (World Bank 2000, 56)

Con el tiempo Colombia ha llegado al virtuosismo en la aplicación de esos mecanismos. Vean lo que decía el Banco Mundial hace casi dos décadas y compárenlo con lo que hoy hace, no sin cierta originalidad, el gobierno colombiano:

La provisión privada de educación superior es atractiva porque puede garantizar más o mejor educación al mismo costo total de la pública. Puede ser acoplada con financiación pública, como en el caso del sistema de vales en el que el gobierno da becas a los estudiantes que están en libertad de matricularse en distintas instituciones (o le da el dinero directamente a la institución después de que el estudiante se matricula). (Ibíd.)

En Colombia la reducción sistemática de la financiación de la universidad pública y el fin del objetivo de proveer educación superior a todos lo que lo puedan hacer sin importar sus ingresos se convirtió en los últimos años en su opuesto: la financiación de universidad privada con fondos públicos. Ser Pilo Paga es su concreción: subsidiar la educación superior, en instituciones privadas, de 10, 000 de los 550,000 estudiantes que terminan secundaria cada año.

El fin de la universidad pública de investigación

La separación brutal entre investigación y docencia, que ya está ocurriendo en forma acelerada en Estados Unidos y que se implementará en Colombia con la eliminación del decreto 1279 de 2002, es el golpe de gracia a la universidad pública. La Universidad de Texas en Austin, como otras grandes universidades públicas de investigación en Estados Unidos, combinaba docencia e investigación en todos orgánicos que habían permitido su supervivencia frente a las gigantescas universidades privadas de investigación, generosamente financiadas por fondos privados, fundaciones y empresas.

La estrategia central es fomentar sólo la investigación rentable que represente ingresos económicos inmediatos o a mediano plazo. Mientras que los investigadores son contratados, en forma directa por las corporaciones interesadas en líneas de investigación con  alta potencialidad de mercado, los profesores cuya investigación no tiene demanda deberán dedicarse a la docencia con salarios declinantes. Los incentivos para la investigación de consultoría son evidentes: los investigadores más productivos son pagados a precios competitivos, en línea con las ganancias que están obteniendo las corporaciones que los contratan. Con el tiempo, los investigadores más exitosos no tendrán incentivos para  permanecer en las universidades y las grandes universidades públicas de investigación tenderán a desaparecer.

William Banowsky Jr. define la situación estratégica con absoluta claridad:

Usted tiene una situación en la que las universidades privadas fuertes son tan fuertes como siempre, mientras que las públicas son débiles. El resultado más probable, si esto continuara, sería un desmantelamiento del sistema público de educación superior. En lugar de tener un número de universidades públicas de investigación de alto nivel, sólo habrá unas pocas. Degradar la calidad de las universidades públicas de investigación y separar de ellas la misión de investigar, privatizándola, las convertirá en escuelas de comercio glorificadas. (Banowsky en Douglas-Daniel 2016)

En Colombia el desmantelamiento de las universidades públicas de investigación está siendo implementado por otras vías. Después de culpar de la des financiación de las universidades públicas al crecimiento sin límite de los salarios de los profesores, impulsado por los incentivos establecidos del decreto 1279 de 2002, el gobierno intervino primero sobre el estatus de las publicaciones en las que los profesores socializaban los productos de sus trabajos de investigación. La operación fue efectiva en sus resultados: la mitad de las revistas colombianas desaparecieron del escalafón y casi todas las supervivientes terminaron en las franjas Q3 o Q4 del índice inventado por Colciencias.

Pero este sólo fue un golpe táctico con impacto  sobre quienes seguirán cobijados por el decreto 1279. El golpe decisivo está en lo que pasará con el futuro de las carreras profesorales y de la investigación. Las nuevas reglas del juego esbozadas por una comisión de los Ministerios de Educación y Hacienda, a cuyas reuniones han asistido los rectores de las tres grandes universidades públicas de investigación, incluyen el fin de los incentivos salariales por productividad intelectual, la introducción de incentivos a la docencia y a la “transferencia” –un eufemismo para nombrar la consultoría—  y el establecimiento de una escala salarial fija, como la existente en la educación primaria y secundaria con los resultados que ya conocemos.

Esta escala, según lo manifestó el señor Rector en el Consejo Académico, estaría entre los 6 y los 15 millones, lo que terminaría con todo incentivo para que los profesores investigadores permanecieran en las universidades públicas y llevaría a su migración en masa a las universidades privadas que pueden ofrecer salarios competitivos de mercado.

La escala propuesta sería el peor de los mundos posibles para los profesores de las universidades públicas. En términos comparativos los salarios promedio por categoría de las universidades privadas son mayores que los de las universidades públicas. La razón es sencilla: en las universidades privadas el mercado fija los precios de los contratos en condiciones competitivas: las universidades deben competir a través de  salarios más altos por los profesores de mayor capacidad investigativa, mayor prestigio y mayor capacidad para ganar consultorías. En las universidades públicas no hay competencia y los únicos incentivos existentes desaparecerían con la eliminación del 1279.

La comparación con los salarios promedio de profesores de productividad similar en universidades similares de América Latina muestra que los salarios de los profesores universitarios colombianos son muy inferiores que el de sus pares. La propuesta del gobierno equivale a una disminución real y abrupta de los salarios de los profesores de las universidades públicas y a la desaparición de los incentivos para realizar investigación.

Si los planes del gobierno se concretan la muerte lenta de la universidad pública de investigación en Colombia sería inevitable. A menos, claro, que la universidad colombiana resista.

 

Referencias

Douglas-Daniel, G. 2016. The future of public universities is in jeopardy, and this documentary explains why, The Washington Post, September 2.

Quimbay,  C. J. y J. Villabona. 2017. El desfinanciamiento de las universidades estatales en Colombia y su efecto sobre el salario de los profesores de carrera docente. FCE-CID No 30.

World Bank. 2017. International Bank for Reconstruction and Development Project Appraisal document on a proposed loan in the amount of US $ 160 million to the Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) with the guarantee of the Republic of Colombia for an Access and Quality in Higher Education Project – PACES (P160446).

World Bank. 2000. Higher Education in Developing Countries. Peril and Promise. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.

Yepes, J. C. 2018. Reforma inconsulta al Decreto 1279 de 2002. Una violación flagrante a principios constitucionales de participación efectiva en la elaboración de normas. Disponible en:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y29ycmVvdW5pdmFsbGUuZWR1LmNvfGNvcnB1dnxneDo3ZmFmOWFmNzJiNjZlYTY1.

[1] Profesor del Departamento de Economía; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales  y Económicas, Universidad del Valle.

¿Gafas que lo ven todo? :Silvia Ribeiro


ALAI AMLATINA, 03/04/2018.- En la novela 1984 de G. Orwell (publicada en 1949) el Gran Hermano es una entidad omnipresente que vigila a todos los ciudadanos, apoyada en una trama de instituciones  de control, que vigilan acciones, pensamientos y lenguaje, estableciendo el uso de una neolengua que reduce y elimina contenidos, con el fin de vaciar las formas de pensar en libertad. La visión de la realidad está fuertemente distorsionada por medios de comunicación.

Cualquier parecido con la realidad que vivimos, no es coincidencia. Lo que denunciaba Orwell, sigue siendo el objetivo de estados y empresas trasnacionales: conocer qué pensamos y qué hacemos para controlar a toda la población, sea para moldearla a consumir lo que vendan, para que voten a alguien, para que acepten condiciones de explotación, para adormecerla en mundos virtuales y distraerla de la realidad brutal que nos rodea, y si eso no alcanza, para reprimir a quien se rebele o no se adapte al status quo dominante.  El escándalo que sigue creciendo sobre el uso de información de millones de usuarios en Facebook y otras fuentes por parte de Cambridge Analytica es parte de ese contexto.

Orwell muestra una realidad opresiva, en la que las y los ciudadanos obedecen por miedo y formas de control agobiantes. Pero en realidad, la neolengua se está formando a través de castrar el lenguaje en mensajes hiper-sintéticos, que eliminan vocales, sustituyen palabras por unas letras que evocan una frase. En el camino desaparecen tildes, eñes, signos que abren interrogación y admiración y quizá al mismo tiempo la apertura a interrogarnos y admirar el mundo real. Los sentimientos y el tejido infinito de compartirlos en palabras, se sustituye por unas caritas estándar para todos los países, idiomas y culturas.

Orwell nunca imaginó que todo esto no sería impuesto, que usar esa neolengua y poner en público la información e imágenes de qué pensamos y hacemos, dónde estamos, qué comemos, con quién hablamos, lo que nos gusta o no, lo que opinamos de muchos temas, no sería un proceso forzado y obligatorio, sino voluntario a través de participar en lo que paradójicamente se ha dado en llamar “redes sociales”. Muchísima gente en el planeta vivimos bajo la vigilancia e influencia de las empresas que manejan esas redes de comunicación indirecta, entre las mayores las llamadas GAFA – Google, Apple, Facebook y Amazon.

La información que reúnen Google y Facebook sobre cada usuario, es mucho más de la que imaginamos. Un artículo reciente en The Guardian (aquí también en español y portugués), lista la cantidad enorme de datos que ambos cosechan, al registrar y conservar históricamente, con indicación de tiempo y lugar, el uso que hacemos de sus sitios y otras aplicaciones, las páginas de internet que vemos, los lugares donde estuvimos, dónde trabajamos, los mensajes que intercambiamos, el directorio de contactos, fotos, avisos que nos llaman la atención, la información que borramos, y un largo etcétera. (https://tinyurl.com/y97q3mg4)

Google y Facebook juntos saben más de nosotros que nuestras parejas, familias y amigos. A esto se suma la información electrónica adicional que dejamos en instituciones, tiendas, bancos, etc. Todo lo que cargamos en Facebook, va por defecto a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Pero aunque no fuera así, el caso de Cambridge Analytica muestra que toda esa información puede ser vendida, comprada o conseguida, para usarla con fines comerciales, políticos, militares o represivos. El manejo de datos masivos y el uso de inteligencia artificial es lo que permite conectar e interpretar tal cantidad de datos.

Otro elemento que aumenta la trama de vigilancia, es la omnipresencia de cámaras de seguridad, en espacios abiertos, instituciones, lugares de trabajo y educativos, y el hecho de que las propias empresas como GAFA y similares, pueden vernos y escucharnos en nuestras casas a través de micrófonos y cámaras de teléfono, computadoras, pantallas de televisión y hasta drones, que en poco tiempo serán comunes para servicios de entrega a domicilio.

A nivel mundial, el líder de las tecnologías de vigilancia es China, que ha integrado el reconocimiento facial a las cámaras de vigilancia públicas y este sistema a su vez a lentes que usan policías en lugares públicos, que conectan imágenes con el historial de cada persona en archivos policiales y de instituciones públicas. China vendió a Ecuador en 2016 el sistema de cámaras de vigilancia Ecu911, que integra parte de estas herramientas.

El laboratorio de vigilancia extrema y control masivo de la población para China parece ser la provincia de Sinkiang, donde vive la población Uygur, mayoritariamente musulmanes, que han protagonizado protestas contra el gobierno desde 2009. Allí instalaron estrategias y tecnologías de vigilancia de punta. A la recolección de datos por cámaras y redes sociales –las permitidas en China, que no son de GAFA– han integrado la identificación de ADN, a partir de bancos genéticos recolectados y el muestreo obligatorio de los Uygur.   Un dato significativo es que han cambiado su política de internet y redes móviles. Mientras que en 2009, silenciaron las redes por meses, ahora la estrategia es la opuesta. Necesitan que exista mayor conectividad para que la red de control pueda extenderse. (https://tinyurl.com/yars2nef)

El ejemplo de Sinkiang parece extremo, pero es el modelo que piensan seguir en el resto de China, además de venderlo a otros países. Estados Unidos, Europa, Rusia tienen ya opciones similares.

Ya conscientes de esta realidad, se torna opresiva, como pensó Orwell, y eso es un buen paso. No es una ruta sin salida. Pero tenemos mucho que pensar y actuar para enfrentarla.

– Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/191984

OJO, LEA PARA QUE SE INFORME, IMPORTANTE: A la hora de comprar vivienda no olvide preguntar por su nivel de sostenibilidad.


  • En los planes estratégicos territoriales de algunos municipios del área metropolitana se incorporan ya normas de sostenibilidad que no atropellen la naturaleza. Foto: EL COLOMBIANO.

    En los planes estratégicos territoriales de algunos municipios del área metropolitana se incorporan ya normas de sostenibilidad que no atropellen la naturaleza. Foto: EL COLOMBIANO.

 POR NATALIA CUBILLOS MURCIA | PUBLICADO HACE 21 HORAS
 La cadena de la construcción debe estar involucrada en la sostenibilidad, pero de la ciudadanía debe venir el interés de adquirir y transformar edificaciones “verdes”.

¿En los próximos años está pensando en tener una vivienda propia? Si la respuesta es afirmativa, sepa que a 2030 todas las edificaciones deben ser sostenibles sin importar si son nuevas o usadas.

Así lo exige el documento del Consejo Nacional de Política Económica (Conpes) 3919, que orienta un plan de doce años para que se dé este proceso de manera organizada: en dos años debe haber una estrategia pública para definir los caminos de la sostenibilidad en viviendas nuevas y usadas. En cinco debe existir un plan de seguimiento y control de estas edificaciones y, a 2030, ya todas deben cumplir con estas características (ver Antecedentes).

Prepárese y busque proyectos que de una vez estén al día con estas iniciativas, para después no tener que pagar cuotas extraordinarias de administración para ajustarse a estos estándares.

“La implementación de una política nacional de edificaciones sostenibles es prioritaria (…) no existe una estrategia unificada que consolide acciones en las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, articule las iniciativas de inclusión de criterios de sostenibilidad y haga seguimiento a los resultados de las acciones implementadas en las políticas”, aseguró el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.

El costo de implementar este proyecto sería 579.625 millones de pesos entre 2018 y 2025, sin contar el plan específico de la región Caribe que está tramitando un préstamo con la banca multilateral de 200 millones de dólares.

Financiación

Más allá de las preferencias que otorga la banca privada a proyectos sostenibles hoy (una entidad), el documento exige que, tanto Findeter como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), deberán tener tasas de preferenciales, que “podrán ser extendidas a los hogares”, incluidos proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario, tanto en el área rural, como urbana.

En Colombia ya se han venido dando pasos en este aspecto, según explicó Ana María Zambrano, directora regional del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). Por ejemplo, con la certificación LEED, de “edificios verdes”. Hoy existen 122 proyectos inmobiliarios certificados, de los cuales 16 están en Antioquia (358.562 metros cuadrados), y 42 más del departamento están en proceso de certificación, de un total nacional de 229 en el mismo estado.

Otro aspecto a resaltar es que Medellín ya planteó incentivos tributarios en el impuesto de delineación urbana y el predial unificado, que varía según el estrato entre 10 % (1 y 2), 8 % (3), 6 % (4), 4 % (5), 2 % (6).

Finalmente, “los ciudadanos deben reconocer que pese a que en algunos casos este tipo de proyectos pueden ser más costosos en la inversión, en el largo plazo significan ahorros significativos”, sostuvo Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Una proyección del DNP dice que con las tecnologías ecoeficientes (ahorro de agua y energía) se ahorrarán 152 mil millones de pesos (134 mil millones a los usuarios y 18 mil millones al Gobierno) solo en un plan con 800 mil viviendas.

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/con-el-ojo-puesto-en-edificaciones-sostenibles-XJ8469514

LA DERROTA DEL DISCURSO URIBISTA. SARA TUFANO


Que la derecha esté usando como principal estrategia electoral la crisis venezolana y la amenaza “castrochavista” es la más clara manifestación de la pobreza y fracaso de su discurso. Y no es que antes hubiera tenido un discurso muy elaborado, pero es que ahora ya parece haber tocado fondo.

Por muchos años, la derecha gobernó con el pretexto de combatir el “narcoterrorismo”. Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se implementó la política de “seguridad democrática”, usada para justificar los ataques a la guerrilla y para perseguir a quienes eran considerados sus auxiliadores o simpatizantes. Los colombianos parecen haber olvidado la polarización que vivió el país durante esos años. Las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos’, se inscribieron en esa política.

Un proceso de paz hubiera invalidado automáticamente la política de “seguridad democrática”, de ahí que Uribe nunca se hubiese sentado a negociar con la guerrilla. Y por lo mismo, nunca le perdonó al presidente Santos el haber negociado con las Farc.

Venezuela empezó a ser el caballo de batalla de la oposición después del inicio de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, con más énfasis durante la campaña presidencial del 2014. La oposición repitió insaciablemente que todo en el acuerdo y en el proceso de paz con las Farc conduciría al castrochavismo.

Colombia está cambiando. El cambio se ve reflejado en la pobreza ideológica y política de los líderes de la derecha.

En otra columna mostré cómo el “castrochavismo” es un comodín que se ajusta a las necesidades del momento o de la coyuntura política. Además depende de los conocimientos e intereses de quién lo usa. Por ejemplo, una foto de Gustavo Petro al lado de Hugo Chávez puede denotar gran cercanía entre los dos y por lo tanto significar que Petro es castrochavista. Cualquier comentario favorable hacia Hugo Chávez o Nicolás Maduro también puede ser una manifestación del “castrochavismo”. Pero para otros puede significar el ejercicio arbitrario del poder, la dependencia de un país a la renta petrolera, la falta de garantías políticas, y así sucesivamente, según lo que el interlocutor entienda por “castrochavismo”.

En ese sentido, la discusión alrededor de ese término no puede sino resultar estéril. En realidad, lo más importante para la derecha es que tenga un efecto visual; que sirva como una fotografía de lo que los medios colombianos transmiten sobre la crisis venezolana: familias queriendo huir del país, niños con hambre escarbando en las basuras, estantes de los supermercados vacíos, largas filas, inseguridad ciudadana, entre otras imágenes. Es la manipulación del dolor y miseria de un pueblo hermano, como si no bastara con la pobreza de nuestro propio país y con la manipulación mediática que vivimos a diario.

Sin embargo, quisiera agregar otro elemento. Algunos han afirmado que el “castrochavismo” sí existe, pues ¿quién puede negar la existencia de Fidel Castro (castrismo) y Hugo Chávez (chavismo)? Aun así, el término sigue careciendo de lógica.

En efecto, tanto el castrismo como el chavismo hacen referencia a la ideología política de Fidel Castro y de Hugo Chávez, mas no al aspecto económico o político, que en ambos casos es el socialismo. El castrismo es empleado sobre todo de forma despectiva, pero en su origen se relaciona con la “teoría del foco” o “foquismo”. El castrismo fue una táctica de lucha guerrillera que, tras el triunfo de la Revolución cubana (1959), consideraba posible exportar la revolución en un país, a través de un “foco” o pequeño grupo guerrillero, sin que las condiciones estuvieran dadas para ello.

Así, unir el castrismo con el chavismo como si fuera una fórmula matemática denota un completo desconocimiento de la historia del ciclo político inaugurado por la Revolución francesa (1789), la Revolución rusa (1917) o la insurrección de Budapest (1956), según las periodizaciones más usadas. Un ciclo político que, independientemente de su inicio, culmina con la caída del muro de Berlín, en 1989.

Los acuerdos de paz en América Central pusieron fin a la estrategia de la toma de poder por la vía insurreccional. Colombia es el último país, en América Latina, en dejar a un lado la lucha armada. La única guerrilla activa es el Eln que, a pesar de los altibajos, decidió iniciar un proceso de negociación. Así, que el Eln esté dispuesto a negociar y que las Farc hayan entregado las armas es haber puesto un punto final a este gran paradigma de la izquierda del siglo XX que fue la guerra de guerrillas. Es justamente en este momento cuando menos deberíamos estar hablando de castrismo.

El chavismo, en cambio, no es una táctica militar que se pueda exportar como el castrismo, sino una ideología que combina varios de los intereses de la ‘nueva izquierda’ posterior a 1989. Es una reevaluación de las doctrinas y de las estrategias de la izquierda desde el inicio del siglo XX.

Colombia está cambiando. Ese cambio se ve reflejado en la pobreza ideológica y política de los líderes y portavoces de la derecha. Si no es a través del miedo –el temor a convertirnos en una segunda Venezuela o la inseguridad urbana – no saben cómo conquistar a sus electores. Los invito a que sigamos refutando todas las mentiras divulgadas en la actual campaña.

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sara-tufano/la-derrota-del-discurso-uribista-185656

EE.UU.Las 22 senadoras piden al Congreso que combata el acoso sexual


En una carta, los senadores dicen que sintieron “decepción porque el Senado no haya promulgado reformas significativas” sobre cómo se manejan las quejas
Senador Kirsten Gillibrand de Nueva York.
 Senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York. Ella se encuentra entre las 22 senadoras que escribieron una carta a los líderes de la mayoría del Senado alegando acoso sexual: “la inacción es inaceptable”. Fotografía: Jim Lo Scalzo / EPA

El Senado debe comenzar a debatir sobre la legislación que ayuda a las personas que trabajan en el Congreso a presentar denuncias de acoso o discriminación sexual, las 22 senadoras dijeron el miércoles en una carta a los líderes de la cámara.

“La inacción es inaceptable”, escribió el grupo al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y al líder de la minoría, Chuck Schumer, en una inusual exhibición bipartidista de presión pública sobre los líderes del partido.

Hay 18 senadoras demócratas y cuatro republicanas.

La Cámara de Representantes aprobó en febrero una legislación que exige que los legisladores que sean culpables de infracciones reembolsen al tesoro en un plazo de 90 días si han utilizado dinero federal para pagar reclamaciones contra ellos. Las listas de oficinas que llegan a acuerdos de acoso sexual se publicarán dos veces al año.

La legislación también aceleraría los procesos promulgados en 1995 para las denuncias de acoso, eliminando el asesoramiento y la mediación requeridos antes de que las personas puedan presentar casos. Los empleados pueden trabajar fuera de la oficina mientras se investigan sus quejas.

David Popp, un portavoz de McConnell, dijo que no sabía cuándo un grupo bipartidista terminaría de elaborar un proyecto de ley del Senado. Añadió que McConnell “ayuda a los miembros a ser personalmente y financieramente responsables de la conducta sexual inapropiada en la que se hayan comprometido”.

En una declaración escrita, Schumer dijo: “Estamos totalmente de acuerdo en que el Senado debe tomar rápidamente una legislación para combatir el acoso sexual en el Capitolio”.

Las denuncias de acoso sexual han barrido el Congreso y el entretenimiento, los medios y otras industrias. Al menos siete miembros del Congreso renunciaron o decidieron no buscar la reelección tras denuncias de conducta sexual inapropiada.

Una de las mujeres que firmó la carta del miércoles, Tina Smith de Minnesota, reemplazó a uno de esos hombres en enero: el ex senador Al Franken, que renunció después de haber sido acusado de conducta indebida por varias mujeres.

“Los sobrevivientes que se han presentado valientemente para compartir sus historias han sacado a la luz cuán generalizados siguen siendo el hostigamiento y la discriminación en todo el Capitolio”, escribieron los 22 senadores.

Agregaron: “Ya no podemos permitir que los perpetradores de estos crímenes se oculten detrás” de los lentos procesos promulgados en 1995.

Ambas cámaras del Congreso han promulgado medidas que requieren que los legisladores y el personal realicen periódicamente un entrenamiento contra el acoso. Pero en su carta, los senadores dijeron que se sentían “profundamente decepcionados de que el Senado no haya podido promulgar reformas significativas” sobre cómo se manejan las quejas.

Los legisladores dijeron que el esfuerzo para presentar la carta fue encabezada por los senadores demócratas Amy Klobuchar de Minnesota, Patty Murray de Washington y Kirsten Gillibrand de Nueva York.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/28/all-female-senators-call-on-congress-to-combat-sexual-harassment

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