- Categoría: Edición 85 – Junio 2013
- Fecha de publicación
- Escrito por Antonio Nuñez
Cuando, en décadas pasadas, comenzó a proyectarse la subregión del oriente antioqueño como una de las principales despensas energéticas del país y se iniciaron las construcciones de las centrales hidroeléctricas de Guatapé y el Peñol, se inició también un crudo escenario de intolerancia estatal, barbarie, persecución, muerte y desplazamiento. Hoy, cuando vuelven a ponerse en la región los ojos codiciosos de sus recursos energéticos, la catástrofe humanitaria amenaza con repetirse.
El incumplimiento por parte del Estado a la hora de indemnizar a los afectados por los daños ocasionados por la inundación de los terrenos, a la compra de las fincas y al inicio de las obras de mitigación, agravó el problema y desbordó el descontento de la gente. Pero en lugar de ser escuchada, fue tachada de subversiva y tratada como delincuencia. Por eso, todavía sobre estos territorios gravita el crudo recuerdo de quienes tuvieron que salir de sus fincas y sus casas y dejar atrás sus cultivos, sus tierras y sus animales, para que todo quedara sepultado bajo toneladas de agua.
Hoy, sin embargo, los problemas de los habitantes de la región siguen siendo los mismos: cantidades de familias sin conexión eléctrica, pobreza, miseria y, lo que es aun más grave, los ojos de grandes empresas energéticas y mineras están puestos en la región, con nuevos megaproyectos que afectarían directamente la vida de sus habitantes. Está proyectada la construcción de más de 100 hidroeléctricas en todo el oriente antioqueño, entre centrales y microcentrales, además de los proyectos mineros que se están pensando y proyectos de infraestructura vial, como el túnel de oriente.
Este panorama que, según la óptica oficial traería abundancia, progreso y desarrollo para toda la región, en realidad esconde un grave problema que ya está afectando a los habitantes de los municipios que han sido intervenidos para el desarrollo de tales proyectos. De más de 100 proyectos energéticos que se tienen pensados, 50 ya se están ejecutando: 4 centrales hidroeléctricas, 24 microcentrales, 20 bocatomas a filo de agua y 2 a pie de agua con concesiones hechas a empresas como Emgea, Generamos Energía S.A HMV Ingenieros, EPM, Accien Fiduciaria S.A, Javier Londoño ,e Integral Ingenieros S.A e ISA.
Cornare, la autoridad ambiental de la región, ha hecho las concesiones de las aguas a todas esas empresas de manera secreta y sin consultar a las comunidades, teniendo en cuenta que son las más afectadas. En algunos casos da a conocer las concesiones y los proyectos cuando todo está listo para ejecutar y no hay nada qué hacer, y en otros casos, cuando las comunidades piden información sobre dichas concesiones, la respuesta es que la ley no obliga a Cornare a informarle a nadie sobre las mismas.
Como ejemplo de las concesiones exageradas de las aguas de los municipios y veredas donde se ejecutan dichos proyectos, tenemos el caso del municipio de San Luis, donde se concesionó a la empresa Integral Ingenieros S.A, el 75% del caudal del río Dormilón para la construcción de una microcentral. En el año 2008 y en el año 2010 se amplió la concesión supuestamente para un mejor el aprovechamiento y construir otra microcentral.
Igual problemática se presenta en la vereda la Aurora, del municipio de Cocorná, donde Cornare concesionó el 75% de las aguas de la vereda, construyendo unos túneles para acaparar el agua en una microcentral. En esta decisión no tuvo en cuenta que la construcción de dichos túneles resumió el agua que no fue acaparada y en este momento la vereda se está quedando sin agua. La empresa se había comprometido a destinar el 1% del valor de la obra para la construcción de un acueducto para la vereda, pero hasta el momento no ha cumplido.
Aun más grave es la situación de la construcción de la central PORVENIR I, en jurisdicción de los municipios de San Francisco, San Luis, Cocorná y Sonsón. Para tal proyecto se requiere inundar más de 5.000 hectáreas en un área de influencia que abarca 37 veredas de los 4 municipios, donde 23 de ellas pertenecen a San Francisco. Por otra parte, las obras se iniciaron sin decirle nada a la gente y sin resolver el problema de la inundación de sus predios. A esta situación se le suma que a pesar de que la propiedad de buena parte de los predios en este territorio está protejida jurídicamente porque sus dueños han sido desplazados; el Estado y las empresas están promoviendo el retorno de sus habitantes para poderles comprar sus tierras a bajos precios y poder continuar la construcción.
Igualmente en el municipio de Granada, con la construcción de una micro central en el río Tafetanes, cuya concesión esta parada por presión de la comunidad, acarreará problemas similares a los antes descritos. Así mismo pasará en Sonsón, donde Hidroarmas construye una microcentral sobre el río Armas, y en Argelia con los proyectos Paloma I y Paloma II.
Sumado al tema de los proyectos hidroeléctricos, la minería preocupa sobremanera a los habitantes de la región, pues en este caso las concesiones hechas por CORNARE son exageradas también. Por ejemplo, el 80% del municipio de San Carlos está siendo pedido para la explotación minera, además del proyecto PORVENIR II, que represaría la cuenca del rio Samaná norte. En la zona de páramos, en límites entre Argelia y Sonsón, se ha contaminado la quebrada la mina, aparte de los demás estragos que causa la utilización de maquinaria pesada de propiedad de la empresa ANGLO GOLD ASHANTI. También en municipios como Granada, Marinilla y Guarne se han entregado títulos mineros a empresas multinacionales para la explotación.
Otro mega proyecto que desde sus inicios ha generado grandes inconvenientes es el de la construcción del túnel de oriente, destinado a intercomunicar la subregión del oriente antioqueño con el Valle de Aburrá, debido al daño ambiental que acarrea su construcción. Además de las irregularidades en la concesión y los problemas de corrupción que se han detectado, las comunidades juzgan que es una obra totalmente innecesaria en términos prácticos, debido a que la región cuenta con vías suficientemente adecuadas para asegurar la transitabilidad entre ambos sectores, teniendo en cuenta que dicho túnel sólo reduciría el tiempo de recorrido entre la ciudad de Medellín y el Aeropuerto en quince minutos.
La situación es sumamente preocupante, pues estos ejemplos son apenas una muestra de la magnitud del problema. La inundación de extensas áreas, implica la reubicación de sus habitantes, la supresión de sus cultivos, la pérdida del aprovechamiento de las tierras para la producción agrícola. Pero sobre todo significa un cambio drástico en los micro climas de la región, que afectaría la producción agrícola general, debido a que las centrales y microcentrales se construirán en masa, porque los proyectos que hay en ejecución son más de 50 y los proyectados a corto y mediano plazo son más de 100. Las consecuencias ambientales a nivel de microclimas son nefastas, afectando la producción de la tierra directamente.
Evangelizadoras de los apóstoles 