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- Categoría: Economía y Sociedad
- Creado: Domingo, 17 Julio 2016 23:52
- Escrito por Natalia Pérez
Parece que se trata de promover el bienestar de las mayorías campesinas, pero un análisis detenido de sus propuestas muestra que esta iniciativa acabaría por favorecer a los grandes productores agroindustriales.
Natalia Pérez*
Desigualdades en el campo
Hace pocos días empezó a circular en redes sociales una iniciativa conocida como el referendo por el agro nacional, que espera recoger 4,5 millones de firmas. La promoción de esta iniciativa es liderada por una organización llamada Dignidad Agropecuaria Colombiana.
Este referendo quiere ser un aporte a la solución de las necesidades de miles de pobladores rurales colombianos que participaron y apoyaron el paro nacional agrario de 2013, una movilización social masiva donde campesinos, indígenas y líderes de diversos sectores se unieron para protestar por sus malas condiciones de vida.
Dignidad Agropecuaria Colombiana tuvo su origen en dichas movilizaciones y, de la mano del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y de su principal líder, el senador Jorge Robledo, ha propuesto el referendo por el agro nacional como respuesta a las que considera las causas de la crisis:
• La adopción de políticas neoliberales;
• La entrada en vigencia de los tratados de libre comercio (TLC) con Europa y Estados Unidos.
No cabe duda de que las políticas neoliberales han tenido efectos nefastos sobre las condiciones de vida de pequeños productores campesinos, indígenas y afrocolombianos. Sin embargo esta es solo una parte de la historia, pues las comunidades rurales también han sido afectadas por el conflicto armado, que ha dejado millones de víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras.
En contraste, los grandes productores agroindustriales nacionales han tenido diversos mecanismos especiales de protección otorgados por el Estado colombiano, como decir:
• Contratos de estabilidad jurídica y creación de zonas francas unipersonales para empresas agroindustriales;
• Adjudicación de subsidios directos y créditos blandos a sectores agroindustriales específicos como los palmicultores y los procesadores de aceite de palma;
• Multimillonarios subsidios concedidos de forma irregular a arroceros, azucareros, bananeros, palmicultores y otros grandes productores través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Asimismo, al tiempo que el conflicto armado expulsaba campesinos, indígenas y afrocolombianos de los campos colombianos, numerosos productores agroindustriales expandían sus dominios, algunos de ellos en complicidad directa con los grupos armados. Por esto se puede decir que los intereses de los grandes agroindustriales son contrarios a los de los pequeños productores campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Desafortunadamente, establecer la diferencia entre los intereses de los pequeños y grandes productores colombianos no hace parte de los objetivos de los promotores del referendo por el agro nacional, para quienes el mayor interés es proteger el país de la producción extranjera.
Una revisión cuidadosa del referendo muestra que este no favorecería los intereses de los campesinos y las comunidades indígenas y afrocolombianas, sino que, por el contrario, buscaría crear condiciones ideales para la expansión del modelo agroindustrial en el país y darle legitimidad a los grandes productores agroindustriales nacionales ante la opinión pública.
Con esto no se haría sino consolidar el proceso de transformación (que empezó hace años) de pequeños productores campesinos, indígenas y afrocolombianos en trabajadores rurales sin tierra y desplazados urbanos.
Lo que propone el referendo
 Manifestantes del Paro Agrario en la vía Bogotá – Tunja. Foto: Defensoría del Pueblo |
La iniciativa propone que, a través de una modificación a los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, sea obligación del Estado garantizar en el campo el acceso a servicios de educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad social, recreación, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, así como garantizar el acceso al crédito de fomento y promoción y seguros de cosecha.
Adicionalmente, el Estado deberá promover la investigación, la transferencia de tecnología y dar prioridad a la construcción de obras de infraestructura física, distritos de riego y adecuación y recuperación de tierras.
Sin embargo estos bienes públicos y servicios estarían a disposición no solo de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, sino también de ‘los demás productores nacionales agropecuarios’ y de ‘las empresas colombianas’, lo que abre la puerta para que grandes productores agroindustriales nacionales se apropien de estos beneficios bajo el auspicio de un mandato constitucional.
El artículo 64 de la Constitución señala que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra (y a otros servicios) por parte de los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Este artículo es el pilar de leyes como la Ley 160 de 1994, que limita la acumulación de baldíos y señala que las tierras baldías deben destinarse a campesinos que carecen de ellas.
Por su parte, el artículo 58 establece la función social de la propiedad, reconoce la función ecológica inherente de la propiedad y el deber del Estado de proteger y promover formas asociativas y solidarias de propiedad, entre otras disposiciones. La función social de la propiedad es considerada por algunos juristas como la herramienta clave que le permite al Estado colombiano intervenir la propiedad para alcanzar fines dejusticia redistributiva.
Escándalos mediáticos como el de la empresa Riopaila Castilla e informes publicados por la Contraloría General de la República, o las ONG Oxfam y Grain indican que numerosas empresas habrían acumulado cientos de miles de hectáreas de baldíos en los Llanos Orientales y en otras regiones del país. Algunas empresas extranjeras como Cargill, así como filiales de empresas extranjeras con domicilio en Colombia, como Mónica Colombia, Agrifuels Colombia S.A.S y Poligrow Colombia Ltda, han tenido un papel importante en estos sucesos.
Pero también es cierto que empresas nacionales, como la Organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Corficolombiana, Riopaila Castilla, Aceites Manuelita S.A. y la Reforestadora Guacamayas S.A, también han jugado un papel protagónico en esta acumulación.
En Colombia el acaparamiento de tierras es llevado a cabo por empresas nacionales y extranjeras.
Dudosos propósitos
 El Senador por el Polo Democrático, Jorge Robledo. Foto: Congreso de la República de Colombia |
De no ser por las restricciones legales sobre la acumulación de baldíos, las transacciones de acaparamiento de tierras probablemente se habrían consolidado sin ningún inconveniente, lejos del conocimiento de la opinión pública.
La pretensión del referendo por el agro nacional de modificar el artículo 64 e incluir que “la función social de la propiedad rural implica obligaciones como promover la producción y el trabajo nacional, el desarrollo agropecuario y agroindustrial” removería el obstáculo que ha entorpecido el avance del acaparamiento de tierras en el país. Además, abriría la posibilidad para que las tierras baldías se repartan exclusivamente entre los grandes productores agroindustriales colombianos.
Como sostiene el Transnational Institute (TNI), el acaparamiento de tierras debe analizarse en el contexto del poder del capital nacional y transnacional y su deseo de obtener ganancias, que prevalece por encima de los usos, significados y sistemas de manejo actuales de la tierra que están en las comunidades locales.
En este mismo sentido, la Declaración de Nyéléni sobre Soberanía Alimentaria, en 2007, hizo referencia al derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, así como a su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esta declaración sitúa a quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.
La verdadera amenaza para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, para quienes las tierras no son solo un factor productivo sino también el espacio donde se configuran sus relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, es el modelo de producción agroindustrial a gran escala.
Esto es así independientemente de si el capital que lo financia es colombiano, extranjero o mixto. Además, como nos mostró el escándalo de los “papeles de Panamá’, con frecuencia resulta difícil establecer estas diferencias. Ese modelo se basa en el control sobre grandes extensiones de tierra y el acceso a mano de obra barata y tiende a producir efectos sociales, ambientales y culturales devastadores.
El referendo por el agro nacional obedece a una agenda política alineada con los intereses de los grandes productores agroindustriales, y va en detrimento de la supervivencia de las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas y de la preservación de su vínculo directo con la tierra.
Por esta razón, resulta paradójico que el referendo se difunda como un mecanismo de redención para estas comunidades y es muy lamentable que organizaciones con agendas progresistas, como Oxfam en Colombia y el Comité de Impulso Nacional de la Agricultura Familiar, respalden esta iniciativa.
* Economista de la Universidad de los Andes, magister en Política Social y Desarrollo del London School of Economics and Political Science y estudiante de doctorado en Geografía Humana en Simon Fraser University.
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Evangelizadoras de los apóstoles 
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